STC5955-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5955-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02261-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carmen Yolanda Chala P\u00e9rez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, Torres Aqua P.H., Edna Mireya Parra Caballero, Mario Fernando Acero Hern\u00e1ndez, Ang\u00e9lica Librada Monta\u00f1ez, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en la causa que origin\u00f3 la queja: rad. n.\u00ba 2021-00240. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, la solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al debido proceso, igualdad, propiedad privada y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulneradas por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2.1. La accionante afirma que \u00ab[goza] de la calidad de Poseedora regular de buena Fe por Justo T\u00edtulo Traslaticio de Dominio del apartamento 104, garaje 8 con uso exclusivo de la Bodega 18 de TORRES AQUA P.H. (\u2026), acreditado por la Escritura 756 de Mayo 10 de 2013 de la Notar\u00eda Segunda de Ch\u00eda, por compra del inmueble realizada a los due\u00f1os Leg\u00edtimos, se\u00f1ora LAURA ANDREA CEBALLOS SANTOS y al se\u00f1or DIEGO ALEJANDO ROJAS SABOGAL\u00bb, por lo que mediante \u00abEscritura 756 de Mayo 10 de 2013, se registra en la Cl[\u00e1]usula QUINTA, la declaraci\u00f3n de voluntad expresa de la suscrita de subordinaci\u00f3n ante el reglamento de Propiedad Horizontal de TORRES AQUA P.H.\u00bb; sin embargo, la mencionada copropiedad \u00abh[a] desconocido reiterativamente mi calidad de poseedora por Justo Titulo Traslaticio de Dominio (\u2026). Se me ha negado el Acceso a las actas de Asamblea para conocer las decisiones\u00bb. <\/p>\n
2.2. Aduce que \u00ab[l]as autoridades de TORRES AQUA P.H. de manera deliberada ocultaron ante las autoridades Judiciales que la Sra. EDNA MIREYA PARRA CABALLERO, no tiene m\u00e9rito Legal como Representante Legal, porque estas mismas autoridades infringieron la normatividad aplicada en su elecci\u00f3n como administradora sin realizar el registro ante la Alcald\u00eda Municipal de Ch\u00eda bajo los art\u00edculos 8 7 y 508 de la Ley 675\/01, e infringieron los estatutos en los Art\u00edculos 54-7 9 y 56\u00bb. <\/p>\n
2.3. A partir de lo anterior, dice que \u00ab[e]l 29 de Marzo de 2021 la Sra. EDNA MIREYA PARRA CABALLERO, sin merito Legal, envi\u00f3 por correo electr\u00f3nico la convocatoria extempor\u00e1nea de Asamblea Ordinaria NO PRESENCIAL del 14 de Abril de 2021, efectuada en infracci\u00f3n del Art. 39 de la Ley 675\/01 y del Art. 39 y 69 de los estatutos. (\u2026) [L]a Sra. EDNA MIREYA PARRA CABALLERO firma el acta No. 13 de Asamblea Ordinaria NO PRESENCIAL del 14 de Abril de 2021 en calidad de Secretara (sic) junto con el SR. MARIO FERNANDO ACERO en calidad de Presidente de Asamblea, sin tener ninguno merito Legal para cumplir dichas facultades. (\u2026) Las autoridades de TORRES AQUA P.H. en infracci\u00f3n del Art. 47 de la Ley 675\/01 se negaron a entregar el acta (\u2026), la cual obtuve sin anexos hasta el mes de Abril de 2022, por medio de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de Ch\u00eda, [donde] registra que los [referidos] Sres. (\u2026) se hicieron nombrar de manera Fraudulenta como miembros del Consejo de la Administraci\u00f3n, siendo locatarios y no propietarios de los apartamentos 409 y 212 respectivamente\u00bb. <\/p>\n
2.4. Adem\u00e1s de precisar que no fue convocada en debida forma a la mencionada asamblea, indica que \u00ab[t]eniendo m\u00e9rito y legitimaci\u00f3n en mi calidad de \u201cSe\u00f1ora y due\u00f1a\u201d del apto 104, afectada por las decisiones que se tomaron en la convocatoria y Asamblea Ordinaria No presencial del 14 de Abril de 2021, decid\u00ed impugnar los Actos de Asamblea, para controlar la Legalidad de las decisiones (\u2026) y para detener los actos ilegales y fraudulentos dentro de la Copropiedad\u00bb; asunto que fue asignado al Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, despacho judicial que \u00ab[e]n la Audiencia del 22 de Agosto de 2022 (\u2026) resolvi\u00f3 proferir sentencia en la cual, entre otros, declar\u00f3 oficiosamente fundada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de la demandante CARMEN YOLANDA CHALA P\u00c9REZ, sin apreciar y valorar bajo la sana critica, el Justo Titulo Traslaticio de Domino que acredita a la suscrita como poseedora regular de buena Fe y las dem\u00e1s pruebas allegadas en la demanda, sin interpretar el Art. 49 de la Ley 675\/01 a la luz de la sentencia Constitucional C-318 de 2002, omitiendo la interpretaci\u00f3n de la normatividad aplicada para la posesi\u00f3n Art. 762 y 765 del C\u00f3digo Civil, sin verificar las infracciones legales y reglamentarias registradas en el Acta No. 13 de la Asamblea Ordinaria no presencial del 14 de Abril de 2021, en la que adem\u00e1s se evidencia los temas en los que estoy directamente afectada y de los que fui excluida\u00bb. <\/p>\n
2.5 Inconforme, se\u00f1ala que apel\u00f3 la decisi\u00f3n, pero el tribunal accionado la confirm\u00f3 incurriendo en \u00abincongruencia entre lo declarado en la parte motiva en la que ratifica la falta de la Legitimaci\u00f3n por activa de la suscrita y en la parte resolutiva declara que existe la falta de Legitimaci\u00f3n por pasiva de la suscrita. (\u2026) El fallo fue emitido en lesi\u00f3n del Art. 230 CP\/91 al separarse de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia que reconocen los derechos jur\u00eddicos de los poseedores fundamentados en la interpretaci\u00f3n de los art\u00edculos 762 y 765 del C\u00f3digo Civil y de la Corte Constitucional, en sentencia C-318 de 2002 que extiende los derechos de impugnaci\u00f3n (Art. 49 de la Ley 675\/01) a los moradores no propietarios, poseedores, que est\u00e1n involucrados directamente en las decisiones de la Asamblea\u00bb; adicionalmente, reclama que la corporaci\u00f3n convocada no se pronunci\u00f3 acerca de cada una de las pretensiones solicitadas en el recurso interpuesto y adem\u00e1s desconoci\u00f3 \u00ablos derechos jur\u00eddicos de un Poseedor otorgados por la Corte Suprema de Justicia\u00bb, mediante sentencia STC8807-2020. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide \u00abREVOCAR EN SU TOTALIDAD\u00bb las sentencias emitidas, as\u00ed como \u00abDECLARAR la NULIDAD, del total de los Actos de Asamblea Ordinaria NO PRESENCIAL del 14 de Abril de 2021 de TORRES AQUA P.H. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
x <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 remiti\u00f3 el enlace que contiene el expediente digital objeto de queja. <\/p>\n
2. La magistratura accionada pidi\u00f3 que \u00abse niegue la procedencia del amparo formulado porque en la decisi\u00f3n atacada, emitida por la Sala (\u2026), se explica porque la sentencia de constitucional C-318 de 2002, cuya aplicaci\u00f3n reclama el all\u00e1 demandante y ac\u00e1 accionante desde la presentaci\u00f3n de la demanda, no tiene el alcance que pretende aqu\u00e9l que se le d\u00e9 para tener por superada la falencia en la legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb y destac\u00f3 que \u00ab[l]a sola inconformidad del recurrente con ese ejercicio de autonom\u00eda e independencia judicial que no puede calificarse de arbitrario ni absurdo, no resulta suficiente para dar paso a la tutela, pues no configura un defecto de la entidad que requiere la excepcional procedencia del amparo contra providencia judicial\u00bb. <\/p>\n
3. A trav\u00e9s de apoderado, Torres Aqua P.H. se pronunci\u00f3 indicando que la accionante \u00abpretende (fiel a su desafortunada conducta en otras acciones similares) usar la tutela, distorsionando sus magnos fines, para procurar (\u2026), una modificaci\u00f3n acomodada de las decisiones proferidas\u00bb, esperando as\u00ed obtener una nueva instancia judicial, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional. Por lo anterior, solicit\u00f3 denegar el amparo deprecado \u00abpor ser abiertamente improcedente y carente de fundamento tanto f\u00e1ctico como legal\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal convocado lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales de la gestora, en el asunto de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea que promovi\u00f3 (rad. n.\u00ba 2021-00240-01), por cuanto decidi\u00f3 \u00abCONFIRMAR por las razones expuestas la sentencia proferida el 22 de agosto de 2022, por el juzgado primero civil del circuito de Zipaquir\u00e1, que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de falta de legitimaci\u00f3n en causa por pasiva (sic) y neg\u00f3 las pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, debido a que, si bien el reclamo se dirige contra las sentencias de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a la proferida el 13 de marzo de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. Razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, no se advierte la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que dicha providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, el tribunal comenz\u00f3 memorando que \u00ab[l]a demandante reclama contra la conclusi\u00f3n del juez de que ella en su condici\u00f3n de poseedora regular carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en causa para elevar la pretensi\u00f3n de impugnaci\u00f3n de actos de la asamblea\u00bb. <\/p>\n
A partir de lo anterior, el ad-quem tuvo en cuenta para ratificar la providencia de primera instancia que el \u00abel C\u00f3digo Civil distingue la propiedad de la posesi\u00f3n, el propietario es el titular del derecho de dominio, definido, a voces del art\u00edculo 669, como \u201cel derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno\u201d; mientras que el poseedor es aqu\u00e9l sujeto que ostenta \u201cla tenencia de una cosa determinada con \u00e1nimo de se\u00f1or o due\u00f1o, sea que el due\u00f1o o el que se da por tal, tenga la cosa por s\u00ed mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de \u00e9l\u201d, seg\u00fan lo prev\u00e9 el art\u00edculo 762 de la misma obra\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, continu\u00f3 anotando que \u00ab[no] es cierto que ese trato igualitario entre propietario y poseedor para obtener legitimaci\u00f3n en causa activa para el inicio de este tipo de acciones se pueda deducir de los fallos que cita expedidas por la Corte Constitucional. As\u00ed, trae a colaci\u00f3n un apartado de la Sentencia C-318 de 2002, (\u2026). Sin embargo, como reconoce el mismo recurrente, se trata de un apartado del fallo que resume el concepto emitido por el Procurador General de la Naci\u00f3n dentro del tr\u00e1mite de la demanda de inconstitucionalidad, pero no de una consideraci\u00f3n ni menos de una decisi\u00f3n de la Corte Constitucional, pues al exponer su argumentaci\u00f3n sustento de su decisi\u00f3n lo que el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional expone es lo contrario: \u201c4.8 Finalmente, s\u00f3lo hay que decir, como lo pusieron de presente el interviniente y el se\u00f1or Procurador, el actor asimila las nociones de propietario con las de poseedor, tenedor, arrendatario, y, en general, con la de cualquier persona, y que, bajo cualquier t\u00edtulo, que sea morador de un edificio o conjunto bajo el r\u00e9gimen de propiedad horizontal. Como las diferencias son obvias, basta remitirse al C\u00f3digo Civil, para descartar que con la expedici\u00f3n de la Ley 675 se viole el derecho de quienes no son iguales, como es el caso que se examina\u201d. De igual forma, tanto en la sentencia T-078 de 19938 como en la T-494 de 1992, a que hace referencia el apelante y demandante, si bien en ellas se concluye que \u201cla posesi\u00f3n es un derecho fundamental\u201d y que \u201ctiene una conexi\u00f3n \u00edntima con el derecho de propiedad\u201d, no puede de ello derivarse que sean equiparadas plenamente las categor\u00edas de propiedad y posesi\u00f3n. Pues que para los efectos del caso all\u00e1 en estudio se d\u00e9 alcance a la protecci\u00f3n de la posesi\u00f3n como un \u201cderecho fundamental\u201d no significa que la jurisprudencia considere que haya equivalencia entre posesi\u00f3n y dominio, pues es necesario observar el contexto y alcance en que se da tal tratamiento a la posesi\u00f3n, se trata de eventos en los que los all\u00e1 actores reclamaban protecci\u00f3n del derecho de posesi\u00f3n ante el riesgo de ser de ella despojados. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Ante tales circunstancias, puntualiz\u00f3 \u00absiendo posesi\u00f3n la relaci\u00f3n jur\u00eddica existente entre la accionante y el bien inmueble que integra la propiedad horizontal y que tal condici\u00f3n es distinta no equiparable a la de propietaria, resta determinar si al no ser propietaria no estaba legitimada para interponer la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea, como lo concluy\u00f3 el a-quo\u00bb; as\u00ed, defini\u00f3 entonces que \u00abes necesario acudir a lo dispuesto en el art\u00edculo 49 de la Ley 675 de 2001, fuente de la legitimaci\u00f3n en causa en estos asuntos, que atribuyendo facultad de impugnar las actas del m\u00e1ximo \u00f3rgano decisorio de la propiedad horizontal se\u00f1ala: \u201cEl administrador, el Revisor Fiscal y los propietarios de bienes privados, podr\u00e1n impugnar las decisiones de la asamblea general de propietarios, cuando no se ajusten a las prescripciones legales o al reglamento de la propiedad horizontal\u201d. Consagraci\u00f3n expresa de la legitimaci\u00f3n en causa que no incluye a los poseedores ni de buena o de mala fe, ni a los tenedores, pues se la otorga a \u201clos propietarios de bienes privados\u201d, condici\u00f3n que no acompa\u00f1a a los poseedores, no equiparables para dichos efectos a los propietarios (\u2026), Luego ni la ley, ni el condicionamiento contenido en la parte resolutiva de la sentencia de constitucionalidad, habilitaron a moradores distintos al propietario para el ejercicio de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n, estatuida en la Ley 675 de 2001, [por lo que] los poseedores no cuentan con legitimaci\u00f3n en la causa para instaurar este tipo de acci\u00f3n, como lo concluy\u00f3 el juez y ello impone la confirmaci\u00f3n de la sentencia recurrida\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, precis\u00f3 que las dem\u00e1s irregularidades en el tr\u00e1mite de la asamblea de copropietarios y contenidas en el acta que da cuenta de ella \u00abson cuestionamientos del fondo del asunto que no fueron ni ten\u00edan por qu\u00e9 ser estudiados por el a-quo, ante la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa que es requisito para una sentencia de fondo\u00bb. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para intentar hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza la independencia judicial. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
3.3. Igualmente, cabe agregar que, al referirse a un caso de condiciones an\u00e1logas al que ahora es objeto de estudio, esta Corporaci\u00f3n sostuvo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la autoridad judicial accionada s\u00ed valor\u00f3 los medios suasorios obrantes en el plenario, los cuales fueron contrastados con lo previsto en el art\u00edculo 49 de la ley 675 de 2001. T\u00e9ngase en cuenta que, contrario a lo aducido por el gestor, con lo dispuesto en la sentencia cuestionada no se desconocen sus derechos como poseedor, sino que se distinguen de aquellas prerrogativas exclusivas de quienes tienen la calidad de propietarios, lo cual no resulta arbitrario o irrazonable\u00bb (STC9061-2021, 21 jul.). <\/p>\n
4. Consideraciones adicionales. <\/p>\n
4.1. El error puramente aritm\u00e9tico que la accionante advierte qued\u00f3 contenido en la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia revisada, no var\u00eda la conclusi\u00f3n anterior; aunado a que, en virtud de lo previsto en el art\u00edculo 286 del C\u00f3digo General del Proceso, la providencia, en ese sentido, \u00abpuede ser corregida por el juez que la dict\u00f3 en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto\u00bb. <\/p>\n
4.2. Finalmente, el precedente mencionado por la gestora (sentencia STC8807-2020), no resulta aplicable, pues los supuestos f\u00e1cticos all\u00ed estudiados distan, sustancialmente, de los aqu\u00ed propuestos, en tanto el asunto que fue objeto de estudio constitucional en esa oportunidad, se refiere a un juicio coactivo por cuotas de administraci\u00f3n. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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