{"id":74231,"date":"2024-05-20T22:42:58","date_gmt":"2024-05-20T22:42:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/stc5956-2023\/"},"modified":"2024-05-20T22:42:58","modified_gmt":"2024-05-20T22:42:58","slug":"stc5956-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/stc5956-2023\/","title":{"rendered":"STC5956 2023"},"content":{"rendered":"<p>STC5956-2023<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>Magistrado &nbsp;ponente &nbsp;<\/p>\n<p>STC5956-2023 &nbsp;<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n &nbsp;n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00764-01 &nbsp;<\/p>\n<p>(Aprobado en Sala &nbsp;de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) &nbsp;<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, &nbsp;D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintitr\u00e9s &nbsp;(2023). &nbsp;<\/p>\n<p>Decide &nbsp;la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por Sala &nbsp;de Casaci\u00f3n Penal el &nbsp;4 de mayo de 2023, que neg\u00f3 la tutela de Luis &nbsp;Alberto Matiz Torres frente &nbsp;a la Sala &nbsp;Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio y &nbsp;el &nbsp;Juzgado &nbsp;Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de &nbsp;Acac\u00edas. &nbsp;<\/p>\n<p>ANTECEDENTES &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;El &nbsp;solicitante, obrando en su propio nombre, acude al mecanismo de &nbsp;amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos &nbsp;fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente &nbsp;vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Se &nbsp;extrae del escrito inicial y los anexos que, el accionante se &nbsp;encuentra descontando una pena de 20 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n &nbsp;por el delito de \u00abhomicidio\u00bb &nbsp;en calidad de c\u00f3mplice y al pago de perjuicios morales y &nbsp;materiales por la suma de \u00ab$53\u2019001.867.\u00bb &nbsp;a las v\u00edctimas indirectas, condenas impuestas en sentencia del &nbsp;18 de noviembre de 1997. &nbsp;<\/p>\n<p>Al &nbsp;actor se le otorg\u00f3 la libertad &nbsp;condicional &nbsp;el 2 de septiembre de 2009, con el compromiso de efectuar el pago de &nbsp;la indemnizaci\u00f3n a la que fue condenado en favor de las &nbsp;v\u00edctimas; sin embargo, en virtud del incumplimiento de esa &nbsp;obligaci\u00f3n, el 1\u00ba de febrero de 2016 le fue revocado el &nbsp;beneficio, siendo recapturado el 9 de abril de 2021. &nbsp;<\/p>\n<p>Luego &nbsp;de su recaptura, elev\u00f3 en dos ocasiones solicitudes de &nbsp;libertad &nbsp;condicional &nbsp;y declaratoria de insolvencia econ\u00f3mica, ambas denegadas por &nbsp;el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas de Acac\u00edas; la &nbsp;primera de ellas el 20 de abril de 2022, frente a la cual Matiz &nbsp;Torres no interpuso recursos; y la segunda, el 2 de enero de 2023, &nbsp;esta s\u00ed, objeto de apelaci\u00f3n, confirmada en su &nbsp;integridad por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio &nbsp;con auto del 24 de marzo de 2023. &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;las referidas determinaciones, el subrogado pretendido fue negado &nbsp;bajo las mismas consideraciones, esto es, porque el penado \u00abno &nbsp;acredit\u00f3 la insolvencia econ\u00f3mica y porque que &nbsp;incumpli\u00f3 el compromiso adquirido respecto al pago de los &nbsp;perjuicios derivados de la condena\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Acudi\u00f3 &nbsp;Matiz Torres a la presente tutela cuestionando las referidas &nbsp;decisiones y afirm\u00f3 que, se le est\u00e1 vulnerando el &nbsp;derecho a la igualdad, pues a su compa\u00f1ero de causa, condenado &nbsp;por los mismos hechos, se le concedi\u00f3 la libertad definitiva &nbsp;desde el 13 de diciembre de 2022. &nbsp;<\/p>\n<p>Adicionalmente, &nbsp;porque el mismo tribunal accionado en otro caso que resolvi\u00f3 &nbsp;(apelaci\u00f3n 2007-00123), en el que el sentenciado aleg\u00f3 &nbsp;no tener capacidad econ\u00f3mica para sufragar la condena al pago &nbsp;de perjuicios y que desconoc\u00eda a qui\u00e9n ten\u00eda que &nbsp;indemnizar, esa corporaci\u00f3n \u00abdeclar\u00f3 &nbsp;la nulidad procesal\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Por &nbsp;lo anterior, pidi\u00f3 que, \u00abse &nbsp;falle la tutela a mi favor y que la parte accionada restablezca el &nbsp;subrogado penal de la libertad condicional\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>RESPUESTA &nbsp;DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;El Juez Primero &nbsp;de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas &nbsp;relacion\u00f3 las decisiones de instancia emitidas al interior del &nbsp;proceso penal seguido contra Matiz Torres y, se\u00f1al\u00f3 que &nbsp;revoc\u00f3 la libertad condicional porque aqu\u00e9l no cumpli\u00f3 &nbsp;con los compromisos que adquiri\u00f3 en su momento para obtener el &nbsp;subrogado. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;El Juez Penal &nbsp;del Circuito de esa ciudad inform\u00f3 que, por hechos acaecidos &nbsp;el 31 de octubre de 1993, en fallo de 18 de noviembre de 1997 conden\u00f3 &nbsp;al ac\u00e1 accionante a la pena de 20 a\u00f1os, 6 meses de &nbsp;prisi\u00f3n y al pago solidario de perjuicios materiales por &nbsp;$30\u2019199.445., y morales por $22\u2019802.422 por el delito de &nbsp;homicidio &nbsp;en calidad de c\u00f3mplice. Solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n &nbsp;por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Un magistrado &nbsp;de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio dijo que Luis &nbsp;Alberto Matiz Torres no es acreedor al restablecimiento del subrogado &nbsp;penal, dado el incumplimiento de las obligaciones que le fueron &nbsp;impuestas para disfrutar de \u00e9l, por lo que pidi\u00f3 se &nbsp;desestime las pretensiones de la demanda. &nbsp;<\/p>\n<p>FALLO &nbsp;DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL &nbsp;<\/p>\n<p>Neg\u00f3 &nbsp;la salvaguarda porque los pronunciamientos reprochados los advirti\u00f3 &nbsp;razonables y se apoyaron en la normativa y precedentes aplicables &nbsp;sobre la materia. &nbsp;<\/p>\n<p>IMPUGNACI\u00d3N &nbsp;<\/p>\n<p>El &nbsp;accionante, en el acta de notificaci\u00f3n del fallo de tutela de &nbsp;primer grado, manifest\u00f3 impugnarlo sin agregar argumentaci\u00f3n &nbsp;adicional. &nbsp;<\/p>\n<p>CONSIDERACIONES &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Problema &nbsp;jur\u00eddico. &nbsp;<\/p>\n<p>Corresponde a la &nbsp;Corte establecer si las autoridades judiciales accionadas vulneraron &nbsp;las garant\u00edas reclamadas por el actor al negarle la libertad &nbsp;condicional &nbsp;deprecada (autos de 3 de enero y 24 de marzo de 2023, en primera y &nbsp;segunda instancia, respectivamente); y, si con esas decisiones se le &nbsp;est\u00e1 tratando de forma desigual en relaci\u00f3n con otros &nbsp;reclusos a quienes s\u00ed les fue otorgado el citado beneficio &nbsp;punitivo. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp; &nbsp;Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias &nbsp;judiciales. &nbsp;<\/p>\n<p>Las sentencias de &nbsp;los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n &nbsp;consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, &nbsp;excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en &nbsp;eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, &nbsp;producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda &nbsp;de hecho, &nbsp;obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de &nbsp;un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los &nbsp;remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con &nbsp;miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 &nbsp;en presencia de un perjuicio irremediable. &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Decisi\u00f3n &nbsp;que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. &nbsp;<\/p>\n<p>Si &nbsp;bien el reclamo se dirige contra los autos de primera y segunda &nbsp;instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al &nbsp;proferido el 24 de marzo de 2023 por el Tribunal Superior del &nbsp;Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Penal, por cuanto fue el que &nbsp;defini\u00f3 el asunto. &nbsp;<\/p>\n<p>Sobre la &nbsp;determinaci\u00f3n que habr\u00e1 de abordar la Sala se ha dicho &nbsp;que: &nbsp;<\/p>\n<p>\u00ab(\u2026) &nbsp;aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de &nbsp;primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en &nbsp;ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue &nbsp;sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez &nbsp;natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron &nbsp;los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al &nbsp;pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en &nbsp;una instancia paralela a la ya superada\u00bb &nbsp;(CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. &nbsp;2015). &nbsp;<\/p>\n<p>4. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Caso &nbsp;concreto. El &nbsp;prove\u00eddo cuestionado. &nbsp;<\/p>\n<p>Atendidos &nbsp;los argumentos que fundan la decisi\u00f3n del tribunal censurado, &nbsp;no se advierte procedente el amparo, puesto que la misma no es &nbsp;resultado de un subjetivo criterio que conlleve notoria desviaci\u00f3n &nbsp;del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para &nbsp;lesionar las garant\u00edas superiores invocadas.&nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>4.1. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;En efecto, &nbsp;la colegiatura accionada, para confirmar el auto de primer grado que &nbsp;neg\u00f3 el pedimento aludido, de libertad condicional y de &nbsp;declaratoria de insolvencia econ\u00f3mica, preliminarmente destac\u00f3 &nbsp;que, id\u00e9nticas postulaciones fueron abordadas y resueltas &nbsp;negativamente en prove\u00eddo del 20 de abril de 2022 por el &nbsp;juzgado ejecutor, el cual no fue controvertido por el interesado a &nbsp;trav\u00e9s de los recursos procedentes. &nbsp;<\/p>\n<p>Por lo tanto, &nbsp;advirti\u00f3 el tribunal que, a la nueva solicitud, Luis Alberto &nbsp;Matiz Torres no aport\u00f3 elementos novedosos que permitieran &nbsp;adoptar una decisi\u00f3n diferente, es decir, el de la viabilidad &nbsp;del subrogado y\/o la declaratoria de insolvencia, por lo que &nbsp;correspond\u00eda al a &nbsp;quo simplemente &nbsp;decidir estarse a lo resuelto en esa primera oportunidad. &nbsp;<\/p>\n<p>No obstante, &nbsp;indic\u00f3 que el procesado encaus\u00f3 la argumentaci\u00f3n &nbsp;de la alzada &nbsp;frente al auto de 3 de enero de 2023 con apoyo en que, la &nbsp;documentaci\u00f3n allegada resultaba suficiente para ratificar su &nbsp;dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica, y que, se &nbsp;trasgredi\u00f3 su derecho a la igualdad en raz\u00f3n a que, en &nbsp;favor de su compa\u00f1ero de causa \u00abse &nbsp;decret\u00f3 la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal y se &nbsp;acept\u00f3 la insolvencia econ\u00f3mica (\u2026)\u00bb; &nbsp;frente a dichas alegaciones, la magistratura accionada destac\u00f3-, &nbsp;en primer lugar-, en cuanto a la igualdad &nbsp;que, &nbsp;<\/p>\n<p>\u00ab(\u2026) &nbsp;es el mismo juzgado quien le aclara en la resoluci\u00f3n del &nbsp;recurso de reposici\u00f3n, pues de ello no reposa prueba en el &nbsp;expediente, que al se\u00f1or Manuel Antonio Matiz Torres &nbsp;[coprocesado] &nbsp;con auto interlocutorio del 13 de diciembre de 2022 se le decret\u00f3 &nbsp;la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n, &nbsp;y por ello se abstuvieron de continuar con el tr\u00e1mite previsto &nbsp;en el art\u00edculo 486 de la ley 600 de 2000 y la verificaci\u00f3n &nbsp;de la insolvencia econ\u00f3mica solicitada por aqu\u00e9l. Es &nbsp;decir, que ninguna decisi\u00f3n ha adoptado el Juzgado Primero de &nbsp;Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas &nbsp;frente al mismo asunto, de la cual se pueda advertir un trato &nbsp;discriminatorio\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>De otro lado, &nbsp;complement\u00f3 que, la documentaci\u00f3n aportada por el &nbsp;condenado, a efectos de demostrar su insolvencia e imposibilidad de &nbsp;pagar la indemnizaci\u00f3n a la que fue condenado, no era &nbsp;suficiente para ese prop\u00f3sito, y que, &nbsp;<\/p>\n<p>\u00ab(\u2026) &nbsp;no es posible, sin m\u00e1s, aceptar la manifestaci\u00f3n del &nbsp;condenado, m\u00e1xime cuando la misma fue valorada previamente por &nbsp;el a quo, previo a negar en una primera oportunidad la declaratoria &nbsp;de insolvencia, sin que nada diferente allegada o solicitara. &nbsp;<\/p>\n<p>As\u00ed &nbsp;mismo, le asiste raz\u00f3n al a quo al se\u00f1alar que el &nbsp;penado no demostr\u00f3 ning\u00fan inter\u00e9s en cancelar &nbsp;los perjuicios a los que fue condenado, pese a que permaneci\u00f3 &nbsp;en libertad 11 a\u00f1os, 7 meses y 7 d\u00edas, y afirm\u00f3 &nbsp;que era persona asalariada. Dentro del expediente no reposa elemento &nbsp;de prueba que lleve a determinar que los ingresos que pudo percibir &nbsp;durante dicho lapso fueran insuficientes para, verbi gracia, efectuar &nbsp;abonos para el pago de perjuicios o que, de haberlo hecho, pondr\u00eda &nbsp;eventualmente en riesgo su subsistencia o la de su familia. &nbsp;<\/p>\n<p>Razones &nbsp;suficientes para confirmar el auto del 3 de enero de 2023 que neg\u00f3 &nbsp;la declaratoria de insolvencia econ\u00f3mica y consecuente &nbsp;restablecimiento del subrogado de la libertad condicional\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>4.2. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;De &nbsp;conformidad con lo anterior, no &nbsp;se encuentra incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho que amerite &nbsp;la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, porque la &nbsp;pretensi\u00f3n del tutelante se circunscribi\u00f3, de modo &nbsp;exclusivo, a un subjetivo disenso frente a las razones que el &nbsp;tribunal demandado tuvo para confirmar el auto apelado en torno a la &nbsp;negativa de la libertad &nbsp;condicional &nbsp;y &nbsp;declaratoria de insolvencia econ\u00f3mica, &nbsp;inconformidad que, naturalmente excede el \u00e1mbito del juez de &nbsp;tutela, pues constitucional y legalmente los funcionarios judiciales &nbsp;tienen potestad para realizar una libre hermen\u00e9utica de las &nbsp;normas y valoraci\u00f3n probatoria, con el preciso l\u00edmite &nbsp;de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente evento no se &nbsp;vislumbran. &nbsp;<\/p>\n<p>En tal sentido, ha &nbsp;dicho la Corte que, &nbsp;<\/p>\n<p>\u00abal &nbsp;juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que &nbsp;le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y &nbsp;autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables &nbsp;postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, &nbsp;228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la &nbsp;determinaci\u00f3n &nbsp;sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un &nbsp;admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente &nbsp;interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de &nbsp;los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las &nbsp;razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb &nbsp;(ver &nbsp;entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016). &nbsp;<\/p>\n<p>As\u00ed mismo, &nbsp;se ha indicado: &nbsp;<\/p>\n<p>\u00ab(\u2026) &nbsp;que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no &nbsp;descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con &nbsp;entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para &nbsp;llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial &nbsp;sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del &nbsp;accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y &nbsp;violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no &nbsp;concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb &nbsp;(CSJ &nbsp;SC, 5 abr. 2010, rad. 00006-01, reiterada en STC2713-2015). &nbsp;<\/p>\n<p>En conclusi\u00f3n, &nbsp;no es procedente el resguardo constitucional deprecado al apreciarse &nbsp;razonable la decisi\u00f3n discutida, ya que \u00e9sta se centr\u00f3 &nbsp;en cuestiones que fueron tratadas de manera razonable en el marco de &nbsp;la fase de ejecuci\u00f3n de la condena, como se precis\u00f3. &nbsp;<\/p>\n<p>5. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;De &nbsp;la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad. &nbsp;<\/p>\n<p>Con &nbsp;especial \u00e9nfasis, el tutelante recrimin\u00f3 en la demanda &nbsp;que se le desconoci\u00f3 esta garant\u00eda esencial por cuanto, &nbsp;al otro enjuiciado bajo la misma causa penal, se declar\u00f3 &nbsp;recientemente en su favor la extinci\u00f3n &nbsp;de la sanci\u00f3n penal, &nbsp;adem\u00e1s de que, se le reconoci\u00f3 la situaci\u00f3n de &nbsp;precariedad econ\u00f3mica para solventar el pago de los perjuicios &nbsp;a los que fue condenado. &nbsp;<\/p>\n<p>Frente &nbsp;a ese planteamiento, es oportuno advertir que no podr\u00eda &nbsp;admitirse tal afectaci\u00f3n bajo la premisa de existir decisiones &nbsp;judiciales en las cuales han prosperado pretensiones como las que &nbsp;aqu\u00ed se exponen, pues, resulta leg\u00edtimo que la &nbsp;interpretaci\u00f3n de una norma o de un espec\u00edfico contexto &nbsp;jur\u00eddico lleve a diferentes conclusiones, todas las cuales &nbsp;podr\u00edan ser acertadas, mientras sean cotejadas estrictamente &nbsp;con la ley aplicable. &nbsp;<\/p>\n<p>Y, &nbsp;adem\u00e1s, los principios de independencia y autonom\u00eda que &nbsp;le confiere a los operadores jur\u00eddicos el art\u00edculo 228 &nbsp;de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, permiten un amplio margen &nbsp;de apreciaci\u00f3n en sus determinaciones, de modo que, los casos &nbsp;a los que aludi\u00f3 el censor, no tienen la fuerza vinculante del &nbsp;precedente judicial como para hacer extensivos sus efectos al proceso &nbsp;que lo involucra, por lo que, se itera, &nbsp;no se advierte un trato diferencial con incidencia en la prerrogativa &nbsp;suplicada. &nbsp;<\/p>\n<p>6. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Conclusiones. &nbsp;<\/p>\n<p>6.1. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;La &nbsp;decisi\u00f3n cuestionada no &nbsp;constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta &nbsp;excepcional v\u00eda y porque lo &nbsp;pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de &nbsp;la autoridad accionada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. &nbsp;<\/p>\n<p>6.2. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;No &nbsp;se demostr\u00f3 la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda &nbsp;esencial consagrada en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n &nbsp;Pol\u00edtica, dado que, las decisiones y casos ponderados no &nbsp;constituyen la inobservancia enrostrada, por cuanto, corresponden a &nbsp;una valoraci\u00f3n concreta y particular de esos contextos &nbsp;judiciales espec\u00edficos. &nbsp;<\/p>\n<p>DECISI\u00d3N &nbsp;<\/p>\n<p>En m\u00e9rito &nbsp;de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n &nbsp;Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica &nbsp;y por autoridad de la ley, CONFIRMA &nbsp;la sentencia impugnada. &nbsp;<\/p>\n<p>Comun\u00edquese &nbsp;lo resuelto a las partes y al a-quo &nbsp;por telegrama u otro medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase &nbsp;el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. &nbsp;<\/p>\n<p>MARTHA PATRICIA &nbsp;GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ &nbsp;<\/p>\n<p>Presidente de Sala &nbsp;<\/p>\n<p>HILDA GONZ\u00c1LEZ &nbsp;NEIRA &nbsp;<\/p>\n<p>AROLDO WILSON &nbsp;QUIROZ MONSALVO &nbsp;<\/p>\n<p>LUIS ALONSO &nbsp;RICO PUERTA &nbsp;<\/p>\n<p>OCTAVIO AUGUSTO &nbsp;TEJEIRO DUQUE &nbsp;<\/p>\n<p>FRANCISCO &nbsp;TERNERA BARRIOS &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>STC5956-2023 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Magistrado &nbsp;ponente &nbsp; STC5956-2023 &nbsp; Radicaci\u00f3n &nbsp;n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00764-01 &nbsp; (Aprobado en Sala &nbsp;de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) &nbsp; Bogot\u00e1, &nbsp;D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintitr\u00e9s &nbsp;(2023). &nbsp; Decide &nbsp;la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por Sala &nbsp;de Casaci\u00f3n Penal el &nbsp;4 de mayo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74231","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74231","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74231"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74231\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74231"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74231"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74231"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}