STC5965-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC5965-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02294-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Oscar Londo\u00f1o Salazar contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n\u00ba 2018-00047-00 y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago. <\/p>\n
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1. Actuando por conducto de apoderado judicial, el querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, supuestamente conculcadas por la autoridad convocada al dictar el fallo de 16 de diciembre de 2022, en el juicio responsabilidad m\u00e9dica n\u00b0 2018-00047-02. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, manifiesta, en s\u00edntesis, que llam\u00f3 a juicio a Coosalud E.P.S. S.A., pretendiendo que se declara patrimonialmente responsable por los da\u00f1os causados \u00abpor la mutilaci\u00f3n y\/o cercenaci\u00f3n sufrida\u00bb en sus cuerdas vocales, y que se le condenara al pago de los perjuicios ocasionados. <\/p>\n
Relata, que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago deneg\u00f3 las pretensiones, determinaci\u00f3n que apel\u00f3, no obstante, fue confirmada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el 16 de diciembre de 2022. <\/p>\n
Afirma, que la corporaci\u00f3n convocada al proferir el aludido fallo incurri\u00f3 en una indebida valoraci\u00f3n probatoria, y como sustento de ello reitera los argumentos que sirvieron como fundamento del recurso de apelaci\u00f3n rese\u00f1ado. <\/p>\n
Aduce, que \u00abel Tribunal considera que en el recurso de apelaci\u00f3n presentado no se abord\u00f3 la l\u00ednea principal de la prueba del nexo causal, que si es revisado no s\u00f3lo el recurso presentado, sino que la sentencia emitida por el Juez 02 Civil del Circuito de Cartago, Valle del Cauca, se sustent\u00f3 debidamente, con base en la historia cl\u00ednica, las anotaciones realizadas por la m\u00e9dica tratante y la acci\u00f3n constitucional de tutela, que la demora en la autorizaci\u00f3n del procedimiento requerido presentada por Coosalud fue la que desencaden\u00f3 el da\u00f1o que actualmente padece el se\u00f1or Jos\u00e9 Oscar Londo\u00f1o. De nuevo, aunque por medio de las pruebas mencionadas en lo anterior y debidamente aportadas al proceso se logr\u00f3 comprobar el nexo causal\u00bb. <\/p>\n
Reprocha, que la magistratura acusada concluy\u00f3 que \u00abdebi\u00f3 aportarse un peritaje que lograra relacionar la causa con el resultado de la demora por parte de Coosalud EPS, resultando, de nuevo, en error puesto que se encuentra limitando la debida administraci\u00f3n de justicia ante un dictamen que no aporta al proceso, pues han sido otros m\u00e9dicos, como consta en la historia cl\u00ednica, los que avisaron de los riesgos en los que se incurre al permitir que se presentara demora alguna en la realizaci\u00f3n del procedimiento\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Pretende, que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se ordene a la corporaci\u00f3n convocada \u00absuperar los vicios presentados en la actividad probatoria durante el presente proceso, profiriendo una nueva decisi\u00f3n en la que se establezca la responsabilidad de COOSALUD EPS en los perjuicios causados, partiendo de una correcta valoraci\u00f3n del material probatorio\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago inform\u00f3 que en ese despacho se tramit\u00f3 la primera instancia del litigio al que alude el gestor del ruego, precisando que dict\u00f3 fallo desestimando las pretensiones el 29 de noviembre de 2021, el cual fue refrendado por el ad quem. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, por conducto de uno de sus magistrados, manifest\u00f3 que se remite a las consideraciones expresadas en la sentencia fustigada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Coosalud E.P.S., S.A., adujo falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por lo que pidi\u00f3 que fuese desvinculada del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga transgredi\u00f3 las prerrogativas esenciales invocadas por el promotor al desatar el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la sentencia de 29 de noviembre de 2021 en el juicio de responsabilidad m\u00e9dica n\u00ba 2018-00047. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias jurisdiccionales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
No obstante, lo anterior, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en la informaci\u00f3n y piezas procesales adosadas al expediente, establece la Corte que habr\u00e1 de negarse el auxilio por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
Razonabilidad de la providencia acusada. <\/p>\n
Al examinar el fallo de 16 de diciembre de 2022 por medio del cual la magistratura acusada, en sede de apelaci\u00f3n, confirm\u00f3 la sentencia que despach\u00f3 desfavorablemente las pretensiones, en el aludido juicio de responsabilidad m\u00e9dica, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n denunciada, en raz\u00f3n a que la referida providencia se ajusta a una hermen\u00e9utica respetable. <\/p>\n
En efecto, para arribar a la citada determinaci\u00f3n la autoridad convocada, en primer lugar, hizo referencia al r\u00e9gimen de la pretensi\u00f3n impugnaticia, precisando que de ella deriva el l\u00edmite de la competencia del juez de segunda instancia. <\/p>\n
Seguidamente, se\u00f1al\u00f3 que \u00abuna de las columnas torales del fallo apelado, quiz\u00e1s la m\u00e1s relevante, consisti\u00f3 en que la parte demandante no prob\u00f3 el nexo causal entre el retardo imputado a la EPS demandada [en la autorizaci\u00f3n de los servicios m\u00e9dicos que requer\u00eda el paciente] y el da\u00f1o padecido por \u00e9ste en sus cuerdas vocales, toda vez que no existe prueba alguna de \u201c\u2026una siquiera probable relaci\u00f3n de causalidad en que retrasar el acto m\u00e9dico \u201cresecci\u00f3n de tumor en la laringe\u201d\u2026\u201d haya ocasionado la \u201c\u2026p\u00e9rdida de las cuerdas vocales\u2026\u201d. Y que la falta de ese presupuesto axiol\u00f3gico de la responsabilidad [el nexo causal] es suficiente para negar las pretensiones de la demanda\u00bb (Negrilla en texto). <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que \u00abcontra ese concreto y claro discernimiento de la juzgadora, los recurrentes no ofrecieron un argumento de contraste serio y coherente. Toda su plataforma impugnaticia gir\u00f3 alrededor de que la historia cl\u00ednica -y el hecho de haber tenido que acudir a una acci\u00f3n de tutela para que COOSALUD EPS brindara servicios m\u00e9dicos NO POS que requer\u00eda el paciente- demuestran que s\u00ed hubo \u201c\u2026una demora (..) una omisi\u00f3n en los tiempos\u2026\u201d. Y que esa \u201c\u2026desidia administrativa\u2026\u201d fue lo que \u201c\u2026origin\u00f3 que las condiciones de salud del se\u00f1or Londo\u00f1o variara de tal forma que como opci\u00f3n terap\u00e9utica solo pudiera realizar una Laringotom\u00eda total y vaciamiento izquierdo de cuello\u2026\u201d. Pierden de vista, aquellos, que la a-quo no neg\u00f3 sus pretensiones por falta de prueba de la demora [falta de atenci\u00f3n oportuna] enrostrada de la EPS convocada. De hecho, hasta hipot\u00e9ticamente la dio por probada para explicar que ni siquiera en tal supuesto habr\u00eda lugar a deducir responsabilidad, pues ello solo es posible, en \u00e9sta materia, cuando en el proceso se demuestra \u201c\u2026que la conducta activa o pasiva [del demandado] fue la causante del da\u00f1o\u2026\u201d (CSJ SC Sentencia del 30-01-2001. Exp. 5507) (Resaltado en texto). <\/p>\n
Indic\u00f3, que \u00abla causa del resultado adverso de cualquier procedimiento o tratamiento m\u00e9dico no es cuesti\u00f3n librada a los razonamientos, juicios especulativos o deducciones emp\u00edricas de las partes o el juez, desde luego que adem\u00e1s de no ser especialistas en la compleja ciencia m\u00e9dica, ante un asunto de tanta cientificidad \u201c\u2026no es el sentido com\u00fan o las reglas de la vida los criterios que exclusivamente deben orientar la labor de b\u00fasqueda de la causa jur\u00eddica adecuada, dado que no proporcionan elementos de juicio en vista del conocimiento especial que se necesita, por lo que a no dudarlo cobra especial importancia la dilucidaci\u00f3n t\u00e9cnica que brinde al proceso esos elementos propios de la ciencia \u2013no conocidos por el com\u00fan de las personas y de suyo s\u00f3lo familiar en menor o mayor medida a aquellos que la practican- y que a fin de cuentas dan, con car\u00e1cter general, las pautas que ha de tener en cuenta el juez para atribuir a un antecedente la categor\u00eda jur\u00eddica de causa\u00bb. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3 que \u00abla HISTORIA CLINICA, por s\u00ed sola, no prueba el nexo de causalidad ni el error imputado. A la saz\u00f3n, como el juez es ajeno al conocimiento m\u00e9dico, al emprender el labor\u00edo de determinar la existencia del nexo causal necesita del auxilio de pruebas que provengan de expertos en esa ciencia, pues aun contando con historias cl\u00ednicas impecablemente elaboradas, \u201c\u2026sin la ayuda de otros medios de convicci\u00f3n que las interpretara, andar\u00eda el juez a tientas en orden a determinar \u201c(..) si lo que se estaba haciendo en la cl\u00ednica era o no un tratamiento adecuado y pertinente seg\u00fan las reglas del arte (..)\u2026\u201d5, o cu\u00e1l fue \u201c\u2026la causa probable o cierta de la producci\u00f3n del da\u00f1o que se investiga\u00bb. <\/p>\n
Y concluy\u00f3, que \u00aben el caso concreto, en consecuencia, la PRUEBA del nexo causal (elemento axiol\u00f3gico de la responsabilidad civil) no puede emerger de la mera comprobaci\u00f3n del retardo imputado a COOSALUD EPS y el da\u00f1o padecido por el paciente, sino de un parang\u00f3n entre la mentada omisi\u00f3n y la posibilidad real, ver\u00eddica, seria y actual de curaci\u00f3n DEL ENFERMO (\u201c\u2026\u00e9xito remanente\u2026\u201d), expectativa \u00e9sta que debe aflorar a trav\u00e9s de prueba id\u00f3nea, la cual no es otra que la que proviene del conocimiento cient\u00edfico a trav\u00e9s de un dictamen pericial o de testimonios t\u00e9cnicos que en el presente proceso brillan por su ausencia (\u2026) la responsabilidad m\u00e9dica basada en imputaciones de retardo en la atenci\u00f3n o en la autorizaci\u00f3n de determinados servicios medica depende no solo de la prueba de la omisi\u00f3n y del da\u00f1o, sino fundamentalmente \u201c\u2026del esclarecimiento de la fuerza del encadenamiento causal \u2018entre el acto imputado al m\u00e9dico y el da\u00f1o sufrido por el cliente\u2026\u201d, correspondi\u00e9ndole al demandante \u201c\u2026probar esa relaci\u00f3n de causalidad, o en otros t\u00e9rminos, debe demostrar los hechos de donde se desprende aquella\u2026\u201d\u00bb. <\/p>\n
Conforme con lo transcrito, no se advierte la vulneraci\u00f3n denunciada por el querellante en raz\u00f3n a que la referida providencia se ajusta a una hermen\u00e9utica respetable que no puede ser objeto de alteraci\u00f3n a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo, pues cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una determinaci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, sin que devenga procedente, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
En todo caso, ante contextos como el estudiado, la Corte ha resaltado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (Sentencia de 27 de septiembre de 2013, exp. 02177-00, reiterada en la STC8557-2017, 15 de junio, rad. 2017-00475-01). <\/p>\n
Ahora, frente a las cr\u00edticas formuladas por v\u00eda de tutela sobre la forma en que los jueces efect\u00faan la valoraci\u00f3n de las pruebas, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 abr. 2016, rad. 00052-01); y, de otro, que, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 abr. 2016, rad. 00696-00). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la negativa del auxilio implorado puesto que esta la providencia acusada no constituye v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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