STC5968-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5968-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02110-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Arley Totena Gir\u00f3n y Darwin Israel Ortiz Caicedo contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala Penal, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de esa ciudad y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2013-52678. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, a trav\u00e9s de apoderado, acuden al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, libertad y \u00abpresunci\u00f3n de inocencia\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades jurisdiccionales convocadas. <\/p>\n
2. Relatan en s\u00edntesis que, en su condici\u00f3n de agentes policiales, fueron procesados por el presunto delito de \u00abhomicidio agravado\u00bb por hechos acaecidos el 6 de octubre de 2013 en los que, en una estaci\u00f3n de polic\u00eda, falleci\u00f3 Henry Betancur Jaramillo. <\/p>\n
Exponen que, el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Medell\u00edn los absolvi\u00f3 de los cargos (14 de diciembre de 2016); sin embargo, apelada esa decisi\u00f3n por la fiscal\u00eda y la representaci\u00f3n de la v\u00edctima, el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial la revoc\u00f3 para en su lugar condenarlos, pero por \u00abhomicidio preterintencional en circunstancias de violaci\u00f3n del principio de posici\u00f3n de garante\u00bb, imponi\u00e9ndoles una pena de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Refieren que, contra el fallo del tribunal su defensa interpuso recurso de casaci\u00f3n, no obstante, por tratarse de una primera condena dictada en segunda instancia, la Sala de Casaci\u00f3n Penal abord\u00f3 el an\u00e1lisis bajo el tamiz de la doble conformidad, resolviendo confirmar la condena y, aunque coligi\u00f3 que las circunstancias de hecho se adecuaban de mejor manera a un \u00abhomicidio con dolo eventual, ya que [\u2026] se trata de una fenomenolog\u00eda de acci\u00f3n, m\u00e1s no de omisi\u00f3n [\u2026], no la declar[\u00f3] porque implicar\u00eda una reformatio in pejus\u00bb. <\/p>\n
Centran sus cuestionamientos en la sentencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la cual se\u00f1alan de constituir v\u00eda de hecho por defectos f\u00e1ctico y sustantivo. Del primero, alegan que, siendo la responsabilidad penal personal, fueron condenados solo ellos dos, pese a que se demostr\u00f3 que \u00aben la golpiza hab\u00edan intervenido m\u00ednimo 8 polic\u00edas (\u2026)\u00bb; adicionalmente, que \u00abno se enjuici\u00f3 individualmente a cada uno de los condenados, meti\u00e9ndolos en el mismo \u201csaco judicial\u201d, priv\u00e1ndonos de conocer cu\u00e1l fue la acci\u00f3n de fuerza concreta con la que se contribuy\u00f3 a la supuesta muerte preterintencional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Agregan que, no qued\u00f3 establecido cu\u00e1les fueron los golpes que provocaron la muerte de la v\u00edctima, pues no se midi\u00f3 el grado de intensidad de los mismos y que, \u00abtambi\u00e9n se asumi\u00f3 con ligereza que el n\u00famero de golpes fuera el factor que influy\u00f3 en la verificaci\u00f3n de la fatalidad, ya que el informe de medicina legal trajo como causa de la muerte una \u201chipertensi\u00f3n endocraneana secundaria a edema cerebral\u00bb, de manera que, afirman, \u00abse present\u00f3 una mixtura entre la ausencia de determinaci\u00f3n de si los puntapi\u00e9s que dieron [\u2026] individualmente fueron severos y, aun si\u00e9ndolos, fueron los que causaron el da\u00f1o [\u2026] y que el n\u00famero de puntapi\u00e9s y de intervinientes fue lo que fataliz\u00f3 el \u00f3rgano de la respiraci\u00f3n y de si estos pudieron representarse mentalmente una posibilidad de muerte en estas circunstancias tan m\u00faltiples y variables\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1aden que, no se tuvo en cuenta que la v\u00edctima era un hombre robusto de 33 a\u00f1os, que se mantuvo en un estado permanente de 3 posturas, \u00abalta exacerbaci\u00f3n, recia hostilidad contra los uniformados y amenazas de fuga\u00bb, lo que oblig\u00f3 a un uso racional de la fuerza leg\u00edtima de su parte, todo lo cual \u00abno fue medido a pesar de que [su defensor] lo utiliz\u00f3 en su f\u00f3rmula argumentativa, lo que configura una situaci\u00f3n de ausencia de antijuridicidad\u00bb. <\/p>\n
Sostienen adem\u00e1s que, su proceder en momento alguno estuvo dirigido a menoscabar la integridad f\u00edsica de la v\u00edctima, sino a debilitarla \u00aben respeto al orden social depositado en sus manos, de tal manera, que se hubiera pensado en que la respuesta oficial fuera potencial causa eficaz de muerte\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se\u00f1alan que, dej\u00f3 de considerarse acerca de la situaci\u00f3n en que se encontraba la v\u00edctima, pues el dictamen de medicina legal \u00abconfirm\u00f3 la presencia de alcohol y coca\u00edna en su corporeidad [\u2026] que puso en estado de indefensi\u00f3n a su organismo hasta llevarlo al l\u00edmite [\u2026] especialmente al coraz\u00f3n, el cerebro y, por supuesto, los pulmones [\u2026] se broncoaspiraron como fen\u00f3meno fisiol\u00f3gico detonante de la cadena de fen\u00f3menos que indujeron a la muerte\u00bb. <\/p>\n
Destacan tambi\u00e9n que no se apreciaron adecuadamente los testimonios de la auxiliar de enfermer\u00eda y la m\u00e9dica que atendi\u00f3 al afectado, quienes indicaron que el paciente ingres\u00f3 al hospital con signos vitales estables. De otro lado que, no se examin\u00f3 el hecho de que la v\u00edctima-capturado lleg\u00f3 a la estaci\u00f3n de polic\u00eda a la 01:00 p.m., y que su turno de labores en la estaci\u00f3n finaliz\u00f3 a la 01:30 p.m., luego, \u00abno es dif\u00edcil concluir que no fueron ellos los causantes de la muerte, ya que el finado fue llevado al establecimiento cl\u00ednico a las 06:30 p.m., [\u2026] y en ese interregno este \u00faltimo se encontraba vital al punto de querer saltar las vallas y agredir polic\u00edas [\u2026] por este hecho, de acuerdo a la hora en que abandonan al capturado, no pudieron ser quienes le causaron las lesiones que produjeron la muerte\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, del defecto sustantivo sostienen que se configur\u00f3 porque la Sala de Casaci\u00f3n Penal a pesar de considerar que la responsabilidad penal se encuadraba de mejor forma en un homicidio con dolo eventual, no lo defini\u00f3 as\u00ed a fin de no incurrir en una reforma en peor y por ello termin\u00f3 acogiendo la tesis del tribunal, \u00ab(\u2026) lo que se constituy\u00f3 a la postre en una providencia anfibol\u00f3gica y merecedora de un ataque por esta v\u00eda [\u2026] por llevar inmanente la contraposici\u00f3n entre su posici\u00f3n acerca de una figura delictual y su argumentaci\u00f3n en favor de otra muy distinta\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, piden que se revoque \u00abla decisi\u00f3n aqu\u00ed cuestionada y, consecuencialmente, el decreto de absoluci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Penal ponente de la providencia recriminada se opuso a la prosperidad de la demanda tutelar pues, la pretensi\u00f3n de los convocantes no es otra que \u00abrevivir discusiones que fueron materia de las instancias ordinarias del proceso, oportuna y motivadamente resueltas por los funcionarios competentes, en un mismo sentido, tanto por el Tribunal (juez de segundo grado que emiti\u00f3 la primera condena), como por esta Sala de Casaci\u00f3n Penal, al hacer efectiva la garant\u00eda de doble conformidad, lo cual hace que la declaraci\u00f3n de justicia este cobijada por la presunci\u00f3n de acierto y legalidad, as\u00ed como por los efectos de cosa juzgada, en relaci\u00f3n con la cual el peticionario no consigue demostrar situaciones que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. El Procurador Segundo Delegado para la Casaci\u00f3n Penal manifest\u00f3 que, no observa que se hayan vulnerado derechos fundamentales de los actores y, que estos lo que buscan con la acci\u00f3n constitucional es que se vuelva a revisar cada una de las instancias \u00absin precisar en qu\u00e9 fundamentan tal pretensi\u00f3n y c\u00f3mo fue que los juzgadores no lo advirtieron o que, habi\u00e9ndolo advertido, no quisieron corregirlo en perjuicio suyo\u00bb. <\/p>\n
3. El Fiscal 31 de la Unidad de Vida de Medell\u00edn, hizo un recuento de la investigaci\u00f3n surtida en el caso de los actores y solicit\u00f3 se deniegue la tutela pues, lo perseguido por aquellos es abrir una tercera instancia del juicio penal, lo cual no existe en nuestro ordenamiento, adem\u00e1s que \u00ab(\u2026) la sentencia atacada fue proferida por el \u00f3rgano de cierre\u00bb. <\/p>\n
4. El Fiscal 1\u00ba Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, se\u00f1al\u00f3 que, aunque el apoderado de los actores hizo un extenso an\u00e1lisis acerca de la incursi\u00f3n en defecto f\u00e1ctico por parte de la accionada, \u00abno concreta qu\u00e9 aspectos de la decisi\u00f3n comportan las v\u00edas de hecho que materializan la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que pretenden se le tutelen por el juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
5. El Juez Diecisiete Penal del Circuito de Medell\u00edn, se\u00f1al\u00f3 que, comoquiera que los accionantes no dirigieron ning\u00fan reproche a la actuaci\u00f3n que adelant\u00f3, solicit\u00f3 se le desvincule del tr\u00e1mite. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las corporaciones convocadas vulneraron las garant\u00edas fundamentales denunciadas por los accionantes, al condenarlos a la pena de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el delito de \u00abhomicidio preterintencional\u00bb (fallos de, segunda instancia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn proferido el 5 de diciembre de 2017; y, de impugnaci\u00f3n especial del 30 de noviembre de 2022 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal) incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra ambas sentencias condenatorias, es decir, la de segunda instancia y la que resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n especial, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a esta \u00faltima, proferida el 30 de noviembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, por cuanto fue la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242-2015). <\/p>\n
4. Caso concreto \u2013 La providencia atacada. <\/p>\n
Realizado el examen pertinente a los argumentos de la queja constitucional y a la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de la Corte, con l\u00edmite propio del juez constitucional, no se observa la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados por los accionantes, tras advertir que el fallo atacado (SP3984-2022, de 30 de noviembre de 2022) se aprecia razonable y motivado. <\/p>\n
En efecto, colige la Sala que, lo decidido por la Hom\u00f3loga accionada en sede de la doble conformidad, se bas\u00f3 en un respetable an\u00e1lisis de las pruebas obrantes en la actuaci\u00f3n, testimonios, una prueba de referencia de un testigo fallecido y el dictamen pericial de necropsia del occiso, frente a las cuales, en lo pertinente, concluy\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(i) Atendidas las circunstancias de modo tiempo y lugar en que los acusados desplegaron la agresi\u00f3n contra Henry Betancur Jaramillo, es palmario que obraron con conocimiento y voluntad de infligirle lesiones en su humanidad, y no simplemente de ejecutar un acto policial leg\u00edtimo de \u201creducci\u00f3n\u201d o \u201ccontenci\u00f3n\u201d de una persona exaltada y violenta. <\/p>\n
(ii) La realizaci\u00f3n de esa acci\u00f3n dolosa dirigida a menoscabar la integridad f\u00edsica de la v\u00edctima, trascendi\u00f3 esa inicial intenci\u00f3n de los agentes, al producir la muerte de aquella, resultado que era previsible para los acusados, no solo por la cantidad de golpes asestados y n\u00famero de participantes, sino por las mismas condiciones en que se hallaba el agraviado, las regiones vulneradas en su cuerpo y la intensidad de la agresi\u00f3n. <\/p>\n
(iii) Ahora bien, establecido como est\u00e1 que con su actuar los procesados originaron un peligro jur\u00eddicamente desaprobado para el bien jur\u00eddico, la comprobaci\u00f3n de que el riesgo fue el mismo que se concret\u00f3 en el resultado, fluye del hecho de que con los medios de prueba allegados no se acredit\u00f3 que, simult\u00e1neamente o con posterioridad al suceso, se presentara otro curso causal extraordinario y ajeno al actuar de los acusados, al que pueda ser imputable el mismo producto final. <\/p>\n
(iv) En relaci\u00f3n con lo anterior, a pesar del esfuerzo argumentativo del impugnante, indistintamente de que no se estableci\u00f3 cu\u00e1les y cu\u00e1ntas de las lesiones halladas en el cuerpo de Betancur Jaramillo fueron provocadas por cada uno de los procesados, la prueba t\u00e9cnica si es concluyente en cuanto a que fueron esos traumas m\u00faltiples asociados a los golpes propinados a aquel por los acusados, los que produjeron, como lo indic\u00f3 el perito, el da\u00f1o en ambos pulmones (no en uno solo), determinante de la falta de ox\u00edgeno por cesaci\u00f3n de flujo sangu\u00edneo al cerebro; de all\u00ed la hipertensi\u00f3n endocraneana y el subsiguiente paro cardio respiratorio en el centro de salud, cuando se dispon\u00edan a practicarle la tomograf\u00eda, como lo informa la historia cl\u00ednica. <\/p>\n
(v) De suerte que la intervenci\u00f3n m\u00e9dica en el Hospital San Vicente de Paul para tratar de restablecer o estabilizar al procesado, tampoco se erige como un curso causal excluyente del iniciado o desencadenado por los acusados, porque, en cualquier caso, la bronco-aspiraci\u00f3n que los facultativos advirtieron durante las respectivas maniobras, igual fue provocada por la hemorragia derivada de las heridas inherentes a los golpes recibidos. <\/p>\n
(vi) Por \u00faltimo, la progresividad en la lesi\u00f3n al bien jur\u00eddico es palmaria, como que las lesiones dolosas infligidas a la integridad f\u00edsica de la v\u00edctima, finalizaron en el resultado muerte, que aun cuando era no querido, si era previsible para los implicados. <\/p>\n
De otro lado, la accionada dej\u00f3 la salvedad de que, la gravedad de la conducta no estaba dada por la omisi\u00f3n o por la infracci\u00f3n a la posici\u00f3n de garantes en raz\u00f3n de sus funciones constitucionales y legales como agentes del orden, sino todo lo contrario, por acciones contrarias a su deber misional, ya que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) incurrieron en un atentado contra la integridad f\u00edsica de Betancur Jaramillo, que en \u00faltimas caus\u00f3 su deceso en modo preterintencional; en consecuencia, esa conducta resulta atribuible a aquellos por acci\u00f3n, no por omisi\u00f3n, como es consustancial en los delitos imputables por desatenci\u00f3n de la posici\u00f3n de garante (de comisi\u00f3n por omisi\u00f3n)\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, complement\u00f3 la tutelada que, de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaecieron los hechos y del proceder de los gendarmes, se advert\u00eda que el comportamiento concordaba m\u00e1s con un homicidio con dolo eventual, empero, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en observancia de la prohibici\u00f3n de reforma en peor, merced a la cual no se puede desmejorar la situaci\u00f3n del impugnante \u00fanico, desde una perspectiva cuantitativa o cualitativa, la Sala respaldar\u00e1 la reflexi\u00f3n del fallador de segundo grado, seg\u00fan la cual, como los procesados obraron con dolo directo de lesionar a la v\u00edctima, y el resultado finalmente concretado, la muerte de esta, excedi\u00f3 su intenci\u00f3n, les es atribuible, por lo tanto, el delito de homicidio en modalidad preterintencional\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como puede observarse de lo rese\u00f1ado, la accionada tom\u00f3 cada uno de los elementos centrales objeto de discusi\u00f3n del recurso impetrado, las pruebas aportadas y practicadas en el juicio penal para examinarlas y darles el alcance demostrativo que seg\u00fan su criterio era menester conferirles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la arbitrariedad denunciada. <\/p>\n
Y es que, sobre la pretensi\u00f3n de hacer prevalecer un determinado raciocinio probatorio a efectos de que coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
De manera que esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en la esfera probatoria, cuando eventualmente el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
Ahora bien, el solo hecho de no compartir el m\u00e9rito probatorio dado a las declaraciones de los testigos y la apreciaci\u00f3n de las dem\u00e1s pruebas practicadas, no convierte ese veredicto en una v\u00eda de hecho apto de ser revisado por el juez de tutela; es decir, la sola divergencia conceptual no puede ser fuente para demandar el amparo constitucional; al respecto, esta Sala ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2010, rad. 00367-00, reiterado, STC6924-2017, 18 may. 2017, rad. 2017-00443-01). <\/p>\n
Y an\u00e1logamente, sobre la acci\u00f3n de tutela, ha dicho la Corte, <\/p>\n
\u00ab[N]o est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC4967, 21 abr. 2016, rad. 2016-00322-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, porque lo pretendido por los ac\u00e1 querellantes es anteponer su propio criterio al de las autoridades accionadas en lo que a la valoraci\u00f3n de las pruebas se refiere, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC5968-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC5968-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02110-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Arley Totena […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74238","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74238","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74238"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74238\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74238"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74238"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74238"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}