STC5969-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC5969-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00640-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 del Carmen Saavedra Pinz\u00f3n contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, la cual se hizo extensiva a la Comisi\u00f3n Seccional de Santander y a los intervinientes reconocidos en el disciplinario 2019-01125. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso, administraci\u00f3n de justicia\u2026 trabajo\u2026 seguridad jur\u00eddica\u2026 igualdad\u2026 m\u00ednimo vital en conexidad con la salud y vida en condiciones dignas\u00bb que estima vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la demanda y los elementos de convicci\u00f3n allegados, se puede extractar que en contra del quejoso se adelant\u00f3 la actuaci\u00f3n disciplinaria referida en p\u00e1rrafos precedentes, producto de la queja formulada por Argemiro P\u00e9rez Blanco, en la cual la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Santander, lo sancion\u00f3 con suspensi\u00f3n por dos meses para el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado tras hallarlo responsable de \u00abincurrir a t\u00edtulo de culpa en la falta contemplada en el art\u00edculo 37 numeral 1\u00ba de la Ley 1123 de 2007 y desconocer el deber vertido en el art\u00edculo 28 numeral 10\u00ba ibidem\u00bb. <\/p>\n
Contra la anterior determinaci\u00f3n el procesado interpuso recurso de apelaci\u00f3n, siendo resuelto por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial el pasado 22 de marzo en el sentido de confirmarla. <\/p>\n
3. Para el accionante, la decisi\u00f3n de segundo grado \u00abno est\u00e1 acorde a derecho\u2026 al configurarse un defecto f\u00e1ctico y desconocimiento del precedente\u00bb habida cuenta que la Colegiatura querellada, al valorar el material probatorio recopilado en la actuaci\u00f3n, no tuvo en cuenta que obr\u00f3 diligentemente al \u00abhaber adelantado todas las acciones a [su] alcance para honrar lo pactado\u00bb con su cliente; sin embargo, no pudo llevar a cabo la gesti\u00f3n, encomendada dado que no recibi\u00f3 el respectivo poder para incoar la demanda a la que se hab\u00eda comprometido. <\/p>\n
En torno a ello, asegur\u00f3 que \u00absabido es que el mandato es obligatorio para iniciar la acci\u00f3n judicial\u2026 y en este asunto nunca me fue otorgado por el se\u00f1or Argemiro Perez Blanco [sic], a pesar de los m\u00faltiples requerimientos para ello\u00bb. <\/p>\n
4. Solicit\u00f3 ordenar a la Comisi\u00f3n accionada \u00abestudie nuevamente lo de su competencia para que efect\u00fae una decisi\u00f3n acorde a derecho, y congruente con las pruebas adosadas al plenario y la normativa vigente [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
2. El magistrado ponente de la sentencia de primer grado resalt\u00f3 que el tr\u00e1mite judicial \u00abse adelant\u00f3 en garant\u00eda de los derechos de contradicci\u00f3n y defensa del sujeto disciplinable, quien desde el inicio de las diligencias tuvo la posibilidad de participar activamente de las audiencias a las que siempre fue notificado y ejercer debidamente su defensa\u00bb. <\/p>\n
Pidi\u00f3 declarar improcedente el resguardo, habida cuenta que \u00abno se evidencia irregularidad alguna, m\u00e1xime cuando la decisi\u00f3n de fondo proferida en el asunto fue objeto de revisi\u00f3n por parte de nuestro superior jer\u00e1rquico en sede de apelaci\u00f3n confirmando la responsabilidad del profesional del derecho investigado\u00bb. <\/p>\n
3. Argemiro P\u00e9rez Blanco, vinculado al presente tr\u00e1mite por el inter\u00e9s que le podr\u00eda asistir dada su condici\u00f3n de quejoso en el proceso escrutado, se limit\u00f3 a ratificar los hechos que sirvieron de soporte a la denuncia formulada ante las autoridades disciplinarias en contra del abogado Jos\u00e9 del Carmen Saavedra Pinz\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Sala dilucidar si la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial vulner\u00f3, dentro del proceso disciplinario 2019-01125, las garant\u00edas invocadas por Jos\u00e9 del Carmen Saavedra Pinz\u00f3n, al sancionarlo con dos meses de suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado como responsable, a t\u00edtulo de culpa, de la falta descrita en el ordinal 1\u00ba del art\u00edculo 37 de la Ley 1123 de 2007, realizando, supuestamente, una indebida valoraci\u00f3n del material probatorio que daba cuenta de la diligencia con la que obr\u00f3. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Auscultados los argumentos en que se fundamenta la presente salvaguarda, as\u00ed como los medios de convicci\u00f3n allegados, la Corte resalta que ninguna irregularidad se deriva de la determinaci\u00f3n cuestionada, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y de las disposiciones legales aplicables, as\u00ed como de las pruebas v\u00e1lidamente aportadas en el tr\u00e1mite procesal. <\/p>\n
En efecto, la Comisi\u00f3n accionada, luego de rememorar los hechos en que se fund\u00f3 la queja y de realizar un breve recuento tanto de la actuaci\u00f3n surtida como de los reparos formulados en la alzada, se ocup\u00f3 del estudio de la responsabilidad disciplinaria del ac\u00e1 accionante, de cara al material de convicci\u00f3n recopilado. <\/p>\n
Inicialmente abord\u00f3 el an\u00e1lisis de la supuesta duda razonable que, a juicio del abogado, se present\u00f3 dado que la existencia de un \u00abpoder sin firmar y la demanda ejecutiva en las mismas condiciones, lejos de demostrar su responsabilidad, evidenciaba diligencia\u00bb; frente a lo cual, se\u00f1al\u00f3 que tal disertaci\u00f3n se tornaba contradictoria puesto que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) primero dirige sus esfuerzos en insistir que nunca fue contratado para incoar la demanda ejecutiva contra el se\u00f1or Argemiro P\u00e9rez Blanco, y luego afirma que en un ejercicio diligente elabor\u00f3 el mandato y el libelo, pero nunca lo radic\u00f3 por culpa exclusiva de su cliente. <\/p>\n
N\u00f3tese que no guarda coherencia y pugna con el sentido com\u00fan, que si el profesional nunca estuvo encargado de promover el proceso ejecutivo, se tomara el trabajo y tiempo necesarios para elaborar una demanda, cuya presentaci\u00f3n estar\u00eda supeditada a la eventual aceptaci\u00f3n del mandato necesario para acudir ante la jurisdicci\u00f3n. En ese orden de ideas, lejos de configurar una duda razonable, por el contrario, la documental contentiva del poder y el libelo incoatorio sin firmar refuerzan el juicio de reproche (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se detuvo en la censura relativa a que la colegiatura de primer grado consider\u00f3 \u00aberr\u00f3neamente\u00bb que la no devoluci\u00f3n a su cliente de cierta documentaci\u00f3n recopilada para formular una demanda ejecutiva, le impidi\u00f3 a este adelantar el respectivo cobro a trav\u00e9s de otro profesional del derecho, advirtiendo que <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, si bien tal t\u00f3pico fue objeto de an\u00e1lisis en el fallo sancionatorio, el mismo \u00abno corresponde a un argumento sobre el cual se haya cimentado la responsabilidad, fue una consideraci\u00f3n adicional para descartar los argumentos exculpatorios, por lo que su menci\u00f3n no altera el sentido del prove\u00eddo ni desvirt\u00faa la falta atribuida\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, al enfocarse en el reproche dirigido contra el ejercicio hermen\u00e9utico de la Comisi\u00f3n Seccional, sobre el cual el impugnante dijo que consisti\u00f3 en \u00abapreciaciones subjetivas\u00bb, concluy\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) todos los raciocinios en los cuales se edific\u00f3 la responsabilidad gozan de soporte probatorio, pues inclusive se valoraron las declaraciones que echa de menos en el recurso, no obstante, los se\u00f1ores Pedro Jos\u00e9 Camacho Rivero -ex Secretario de Planeaci\u00f3n de Charal\u00e1-, y Fabio Le\u00f3n Ardila -ex Alcalde del mismo municipio-, afirmaron que no conoc\u00edan de las relaciones laborales entre el togado y el quejoso, y adem\u00e1s de asegurar que identificaban al primero nombrado como un buen profesional, limitaron sus intervenciones a aclarar que nunca ordenaron a Argemiro P\u00e9rez Blanco a trabajar sin vinculaci\u00f3n con el municipio, situaciones que en nada se relacionan con el cargo por indiligencia. <\/p>\n
Ahora bien, Gabriel Andr\u00e9s Saavedra R\u00edos -hijo del disciplinado-, coadyuv\u00f3 las manifestaciones de la versi\u00f3n libre, atinentes a la falta de firma del poder para interponer el proceso ejecutivo, empero, tambi\u00e9n refiri\u00f3 que no sab\u00eda c\u00f3mo era el tr\u00e1mite de los procesos que llevaba su progenitor. As\u00ed las cosas, ninguna de estas declaraciones goza de la contundencia suficiente para desacreditar lo probado mediante la ampliaci\u00f3n de queja, el testimonio de Margarita Guevara Mu\u00f1oz, y la copia del proceso penal Nro. 2014-00120 <\/p>\n
Es claro, pues, que en el fallo objeto de reproche la autoridad disciplinaria consign\u00f3 con claridad las razones jur\u00eddicas en que fundament\u00f3 la declaratoria de responsabilidad del ac\u00e1 accionante, de cara a los elementos de juicio recaudados en la actuaci\u00f3n, de all\u00ed que no se observe la incursi\u00f3n en v\u00eda de hecho alguna que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, entre otras cosas, porque la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar el amparo, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que m\u00e1s all\u00e1, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen del criterio que la Sala pudiera tener frente al razonamiento expresado por la colegiatura querellada en torno al asunto debatido, mientras el mismo no se observe infundado, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de indiscutible desafuero judicial <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se negar\u00e1 el amparo porque, seg\u00fan se verific\u00f3, la decisi\u00f3n cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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