STC6000-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6000-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 76001-22-21-000-2023-00004-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 2 de mayo de 2023 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que concedi\u00f3 el amparo reclamado en nombre de \u00c1ngela Marcela Narv\u00e1ez Arturo contra la Superintendencia de Sociedades. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Pasto y a Victoria Administradores S.A.S. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El abogado Omar Eduardo Su\u00e1rez G\u00f3mez formul\u00f3 la tutela de la referencia, \u00abobrando en calidad de representante legal de ANGELA MARCELA NARVAEZ ARTURO\u00bb, para la protecci\u00f3n de su derecho fundamental \u00abal debido proceso por mora procesal\u00bb. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamado expuso los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 30 de diciembre de 2016 se suscribi\u00f3 escritura p\u00fablica 4627 en la Notar\u00eda Primera de Pasto, en virtud de la cual se pact\u00f3 el levantamiento de la hipoteca existente a favor de Bancolombia S.A. y se celebr\u00f3 el contrato de compraventa del bien con matr\u00edcula inmobiliaria 240-258630 entre VICTORIA ADMINISTRADORES S.A.S. (vendedora) y la se\u00f1ora Narv\u00e1ez Arturo (compradora). <\/p>\n
2.2. En 2020 se inici\u00f3 el proceso declarativo de radicado 2020-00180-00 contra esa sociedad, demanda que se inscribi\u00f3 en el folio de matr\u00edcula del inmueble; en 2022, la vendedora fue admitida a un proceso de reorganizaci\u00f3n (expediente 88573), en el cual se design\u00f3 como promotor a Jhon Jairon Bland\u00f3n Arredondo; mediante oficio del 26 de mayo de ese a\u00f1o, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto registr\u00f3 una nueva medida cautelar sobre el inmueble. <\/p>\n
2.3. El 22 de noviembre de 2022, el apoderado de la compradora pidi\u00f3 a la Superintendencia accionada que levantara las medidas cautelares que reca\u00edan sobre el referido bien, para poder registrar la escritura p\u00fablica de compraventa, y que permitiera su intervenci\u00f3n en el proceso, solicitud que reiter\u00f3 el 31 de enero del a\u00f1o en curso, reclamando el impulso del asunto. <\/p>\n
3. El censor cuestiona que la autoridad convocada no respondi\u00f3 sus requerimientos, incurriendo en mora judicial injustificada, pese a que otras solicitudes similares s\u00ed hab\u00edan sido atendidas, estimando procedente el levantamiento de las medidas cautelares, por corresponder a negocios del giro ordinario de la actividad empresarial del deudor. Afirm\u00f3 que la falta de respuesta afectaba el ejercicio del derecho a propiedad de la compradora. <\/p>\n
4. Conforme a lo narrado, en el escrito inicial se solicit\u00f3 que se declarara la vulneraci\u00f3n del debido proceso, por mora judicial, y que se ordenara levantar las medidas cautelares, seg\u00fan lo pedido en el proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Superintendencia convocada inform\u00f3 que el 21 de abril de 2023 resolvi\u00f3 la petici\u00f3n formulada por el apoderado de la accionante, negando lo pretendido. Precis\u00f3 que no hubo mora en su actuaci\u00f3n ni se desconoci\u00f3 etapa alguna del proceso concursal, que la tutelante, pese a que desde 2016 se suscribi\u00f3 la escritura p\u00fablica de compraventa, omiti\u00f3 registrarla y que el juez del concurso no tiene competencia para levantar medidas cautelares decretadas en otros procesos declarativos. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El representante legal de Victoria Administradores S.A.S. advirti\u00f3 que la empresa cumpli\u00f3 con todas las obligaciones derivadas del contrato de compraventa celebrado entre las partes y que la actora debe solicitar ante la Superintendencia accionada la autorizaci\u00f3n para registrar la escritura p\u00fablica. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional accedi\u00f3 al amparo, porque consider\u00f3 que la respuesta emitida por la autoridad accionada evidenciaba la configuraci\u00f3n de los defectos sustantivo y procedimental, porque exigi\u00f3, sin ser procedente, que la sociedad deudora hiciera la solicitud de levantamiento de medidas cautelares, aunado a que, aunque el bien en disputa figuraba a nombre de la deudor, no pod\u00eda perderse de vista que la compraventa se pag\u00f3 y elev\u00f3 a escritura p\u00fablica, quedando pendiente solo hacer el registro, por lo que el acuerdo entre las partes deb\u00eda cumplirse, m\u00e1xime que la tutelante estaba en posesi\u00f3n del inmueble desde 2016. Precis\u00f3 que la accionada incurri\u00f3 en un error al pretender darle a la solicitud de levantamiento de la medida cautelar el tratamiento propio previsto en la ley de insolvencia para los diferentes acreedores con cr\u00e9ditos privilegiados o quirografarios, quienes deben someterse a las diferentes etapas del proceso, pues la actora no ten\u00eda esa condici\u00f3n, siendo solo un tercero con inter\u00e9s leg\u00edtimo en el asunto. <\/p>\n
En consecuencia, el Tribunal orden\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades que, en las 48 horas siguientes, aplicando el 20 de la Ley 1116 de 2016 y para resolver la solicitud de levantamiento de medidas cautelares formulada por la tutelante, requiriera o consultara al promotor del proceso de reorganizaci\u00f3n sobre la conveniencia o no de levantar las cautelas decretadas en los procesos ejecutivos que cursaron ante los Juzgados Primero y Segundo Civil del Circuito de Pasto, concedi\u00e9ndole para ello un t\u00e9rmino no superior a 10 d\u00edas, y que, en los 10 d\u00edas siguientes, decidiera lo peticionado por la actora \u00abcon observancia de las directrices trazadas sobre el particular en esta sentencia por parte de la Sala\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la Intendente Regional de Cali de la Superintendencia de Sociedades, argumentando que el problema jur\u00eddico planteado en la tutela fue la mora en resolver una solicitud de la accionante, la cual qued\u00f3 desvirtuada con el auto emitido el pasado 21 de abril, negando lo peticionado, y que, como lo resuelto en esa providencia no fue el hecho que origin\u00f3 la tutela, la actora debi\u00f3 recurrir esa decisi\u00f3n, por lo que no era viable que el Tribunal analizara ese aspecto, pues con ello desbord\u00f3 el objeto de la acci\u00f3n constitucional de la referencia. <\/p>\n
A su vez, defendi\u00f3 la legalidad de lo establecido en el auto del 21 de abril, dado que el proceso concursal no es oficioso y que el juez del concurso no estaba llamado a hacer los requerimientos ordenados por el Tribunal, aunado que la medida cautelar cuestionada, al haberse emitido en un proceso declarativo y no de ejecuci\u00f3n, no pod\u00eda ser levantada por la Superintendencia, pues esa facultad no estaba prevista en el art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006. Indic\u00f3 que el procedimiento fijado por el a quo constitucional, para que se requiera al promotor y se resolviera lo reclamado no estaba contemplado en dicha norma. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el abogado accionante pretende el amparo del derecho fundamental al debido proceso de \u00c1ngela Marcela Narv\u00e1ez Arturo, que considera vulnerado por la mora judicial en que adujo incurri\u00f3 la Superintendencia accionada, en pronunciarse sobre el requerimiento radicado el 22 de noviembre de 2022, pidiendo el levantamiento de unas medidas cautelares y su vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite respectivo. Concedida la salvaguarda propuesta por el a quo constitucional, la autoridad accionada impugn\u00f3 la decisi\u00f3n. <\/p>\n
2. Revisado el asunto de la referencia, la Sala que la tutela invocada es improcedente. Y, por tanto, se impone revocar el fallo impugnado, por cuanto el abogado no alleg\u00f3 poder especial para actuar en representaci\u00f3n de \u00c1ngela Marcela Narv\u00e1ez Arturo. Referente a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. Al respecto, esta Sala ha establecido que la persona habilitada para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales, de manera que el profesional del derecho que la representa en el proceso rebatido o en otro asunto \u00abes un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho\u00bb (CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611- 2018, CSJ STC1042-2019). Igualmente, la Sala ha se\u00f1alado que la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando \u00abtenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb y que tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
2.1. En cuanto al mandato requerido, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-001-1997, manifest\u00f3 que <\/p>\n
todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb. As\u00ed las cosas, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia CC T-1025-2006, el poder especial debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto del poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n1. <\/p>\n
2.2. En el presente asunto, con la tutela se allegaron os poderes otorgados por la se\u00f1ora Narv\u00e1ez Arturo al abogado accionante, uno dirigido a la Superintendencia de Sociedades, para actuar ante esa autoridad, con el fin de vincularse al proceso de reorganizaci\u00f3n de Victoria Administradores S.A.S. (expediente 88573); y otro dirigido al Juez Civil (Reparto), para realizar los tr\u00e1mites necesarios para el registro de la escritura p\u00fablica 4627. A su vez, se alleg\u00f3 un correo electr\u00f3nico enviado al apoderado, indicando que remit\u00eda los poderes anteriores, para que se \u00ablleven a cabo las gestiones relacionadas en los poderes que se adjuntan al presente correo, ante la Superintendencia de sociedades, y Ante los jueces de la jurisdicci\u00f3n\u00bb. Esto es, ninguno de los referidos documentos re\u00fane los requisitos de especialidad exigidos para promover la acci\u00f3n de tutela, en los t\u00e9rminos de la jurisprudencia en cita. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6000-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC6000-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 76001-22-21-000-2023-00004-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s). Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74242","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74242","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74242"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74242\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74242"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74242"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74242"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}