STC6002-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6002-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-01633-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de junio de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la tutela promovida, con apoderada, por Jazmine Mart\u00ednez D\u00edaz -Insumequi Distribuciones- contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla y el Juzgado Catorce Civil del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte S.A., la Fiduprevisora S.A., el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Barranquilla y las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso ejecutivo 08001315301420190030300 (01). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demanda la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes. <\/p>\n
2.1. La parte actora inici\u00f3 un proceso ejecutivo contra la Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte S.A., para el pago de unas facturas de suministro de medicamentos, por $3.111.419.025, m\u00e1s los intereses corrientes y de mora, originadas en desarrollo del contrato de prestaci\u00f3n de servicios de salud 12076-008-2017\/G-0084, suscrito el 10 de enero de 2018, aduciendo que no fueron objetadas ni pagadas. El 15 de diciembre de 2020, el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla libr\u00f3 mandamiento de pago por la suma pretendida, m\u00e1s los intereses de mora1. <\/p>\n
2.2. La ejecutada formul\u00f3 excepciones de fondo, entre otras, las que denomin\u00f3: i) inexistencia de obligaci\u00f3n legal y\/o contractual para el cobro de las facturas de venta 77648, 77650, 77682, 77683, 77685, 77701, 77708, 77718, 77719, 77720, 77686 y 77721, por cuanto estas no correspond\u00edan al contrato que suscribieron Insumequi Distribuciones y la Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte, sino al que celebraron aqu\u00e9lla y la Sociedad M\u00e9dica Cl\u00ednica Riohacha; ii) inexistencia de los soportes legales y\/o contractuales, dado que la ejecutante no aport\u00f3 las evidencias exigidas en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios de salud 12076-008-2017\/G-0084; iii) inexistencia del t\u00edtulo ejecutivo complejo; y iv) ausencia de obligaciones claras, expresas y exigibles, en tanto la ejecutada rechaz\u00f3, en el t\u00e9rmino de ley -Decreto 4747 de 2007 y Ley 1438 del 2011-, las facturas atr\u00e1s relacionadas y las 77686 y 77721. <\/p>\n
2.3. Con sentencia del 7 de abril de 2022, corregida el 31 de mayo siguiente2, el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla declar\u00f3 probadas las excepciones propuestas por la ejecutada y neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, toda vez que, de un lado, 10 facturas fueron rechazadas en los 3 d\u00edas siguientes a su recepci\u00f3n y, de otro, no se acredit\u00f3 el t\u00edtulo ejecutivo complejo base de recaudo respecto de las dem\u00e1s, en la medida en que \u00fanicamente se aportaron al proceso el contrato de prestaci\u00f3n de servicios de salud 12076-008-2017\/G-0084 que suscribieron las partes y varias facturas de venta, pero no los soportes exigidos en dicho contrato, tales como el comprobante recibido por el usuario. <\/p>\n
2.4. El 23 de noviembre de 2022, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla revoc\u00f3 el fallo anterior. Y declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de ausencia de exigibilidad de las facturas 77648, 77650, 77682, 77683, 77685, 77701, 77708, 77718, 77719, 77720, 77686 y 77721, por cuanto no fueron aceptadas y se devolvieron oportunamente. En consecuencia, dispuso no seguir adelante con su ejecuci\u00f3n. Tambi\u00e9n declar\u00f3 no probadas las excepciones de total inexistencia de los soportes legales y\/o contractuales y total inexistencia del t\u00edtulo ejecutivo complejo. Y orden\u00f3 seguir adelante el recaudo, por $36.709.238, por concepto del capital contenido en las facturas 75200, 75987, 75278, 77391, 75372, 77394, 75374, 77402, 75393, 77470, 75394, 77471, 75402, 77510, 75407, 77637, 75737, 75571, 75836, 75328, 75887, 75395, 75888, 75396 y 75890 -dado que no fueron objetadas-. <\/p>\n
3. La tutelante alega que las sentencias del 7 de abril y del 23 de noviembre de 2022 se profirieron con base en normas no aplicables al caso, en tanto consideraron err\u00f3neamente que la aceptaci\u00f3n o el rechazo de las facturas presentadas como t\u00edtulo base de recaudo deb\u00eda darse con fundamento en lo dispuesto por el Decreto 4747 de 2007, modificado por la Ley 1438 de 2011, que contempla un t\u00e9rmino de 20 d\u00edas. Y no con lo regulado en el art\u00edculo 773 del C\u00f3digo de Comercio, que prev\u00e9 3 d\u00edas, lo cual condujo a declarar probadas las excepciones formuladas por el ejecutado, supuestamente porque propuso las glosas oportunamente. Adujo que la actividad econ\u00f3mica de Insumequi Distribuciones es la distribuci\u00f3n de medicamentos a otras personas naturales o jur\u00eddicas y, por tanto, no es prestadora de servicios de salud y tampoco una entidad responsable de los servicios de salud, raz\u00f3n por la cual estaba por fuera del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del Decreto 4747 de 2007. A su vez, destac\u00f3 que, de conformidad con el art\u00edculo 430 de la Ley 1564 de 2012, los requisitos formales de los t\u00edtulos base de la ejecuci\u00f3n s\u00f3lo pod\u00edan discutirse a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo, en los 3 d\u00edas h\u00e1biles siguientes a su notificaci\u00f3n, lo cual no ocurri\u00f3. <\/p>\n
4. Con sustento en lo narrado, pretende que se ordene la revocatoria parcial de la sentencia del 23 de noviembre del 2022, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, para que se declaren no probadas la totalidad de las excepciones y se siga adelante con la ejecuci\u00f3n, por $ 3.111\u00b4419.025, m\u00e1s los intereses moratorios, desde que se hizo exigible la obligaci\u00f3n hasta su pago total, y se condene en costas a la parte ejecutada. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla pidi\u00f3 negar la tutela, porque ning\u00fan derecho fundamental se vulner\u00f3, ya que la decisi\u00f3n controvertida cuenta con sustento legal y probatorio. <\/p>\n
2. La Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte S.A. solicit\u00f3 negar el amparo, en tanto la tutelante pretende desconocer el contrato de prestaci\u00f3n de servicios de salud suscrito entre las partes, bajo cuyo clausulado se defini\u00f3 el proceso ejecutivo cuestionado. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora procura la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados con la sentencia del 23 de noviembre de 2022, a trav\u00e9s de la cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla revoc\u00f3 la que emiti\u00f3 el Juzgado Catorce Civil del Circuito de esa misma ciudad el 7 de abril del citado a\u00f1o. De manera preliminar, resulta indispensable se\u00f1alar que esta acci\u00f3n es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, no s\u00f3lo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces. <\/p>\n
2. Centrado el an\u00e1lisis en la sentencia proferida por la Sala accionada, en lo que respecta a la orden de no seguir adelante con la ejecuci\u00f3n sobre determinadas facturas, que es lo reprochado en esta oportunidad, se advierte que, luego de explicar cu\u00e1l es el fin del proceso ejecutivo y de citar doctrina y normatividad aplicable, el Colegiado precis\u00f3 que los t\u00edtulos ejecutivos aportados -como base de recaudo- consist\u00edan en 37 facturas, derivadas de la prestaci\u00f3n de servicios de salud a favor de Jazmine Mart\u00ednez D\u00edaz y a cargo de la Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte S.A. Asegur\u00f3, con fundamento en jurisprudencia de esta Sala (CSJ STC3203-2019), que las facturas por prestaci\u00f3n de servicios de salud constituyen t\u00edtulos valores, no obstante, cuentan con unas disposiciones especiales, que permiten determinar su aceptaci\u00f3n y exigibilidad. Y, por tanto, la posibilidad de su ejecuci\u00f3n, toda vez que, como all\u00ed se estableci\u00f3, le son aplicables, en materia de glosas y devoluci\u00f3n, las reglas establecidas en el art\u00edculo 57 de la Ley 1438 de 2011. <\/p>\n
Seguidamente, destac\u00f3 que la ejecutada propuso, entre otras, la excepci\u00f3n de m\u00e9rito que denomin\u00f3 falta de exigibilidad de las facturas 77648, 77650, 77682, 77683, 77685, 77701, 77708, 77718, 77719 y 77720, y la de ausencia de requisitos sobre estas y las 77686 y 77721, dado que, una vez se presentaron para su pago, no fueron aceptadas en el t\u00e9rmino de ley y, en su lugar, se rechazaron. <\/p>\n
Sobre el particular, dijo que era un hecho pac\u00edfico que entre las partes se celebr\u00f3 el contrato de prestaci\u00f3n de servicios de salud 12076-008-2017\/G-0084, en virtud del cual Insumequi Distribuciones se comprometi\u00f3 con la Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte S.A. a prestar los servicios de suministro ininterrumpido de medicamentos, con la capacidad instalada, para los afiliados y sus beneficiarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en los municipios de Riohacha, Barrancas, Fonseca, Maicao, San Juan del Cesar, Uribia y Villanueva, en el Departamento de La Guajira y que, en la cl\u00e1usula sexta (Forma de Pago), par\u00e1grafo segundo del referido acuerdo, las partes establecieron que lo relativo a la notificaci\u00f3n, resoluci\u00f3n y pago de glosas se regir\u00eda por lo previsto \u00aben el Decreto 4747 de 2007 y la Ley 1438 de 2011 y dem\u00e1s normas que modifiquen, adicionen o aclaren o sustituyan en la materia y en lo no previsto o ante cualquier diferencia, conforme las Circulares y la Jurisprudencia\u00bb. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, precis\u00f3 que, de conformidad con lo contemplado en el art\u00edculo 57 de la Ley 1438 de 2011, que modific\u00f3 el art\u00edculo 23 del Decreto 4747 de 2007, las glosas sobre las facturas deb\u00edan formularse en los 20 d\u00edas h\u00e1biles siguientes a su presentaci\u00f3n, siendo esta la norma aplicable al caso estudiado, por cuanto se trataba de facturas expedidas con ocasi\u00f3n de la prestaci\u00f3n de servicios de salud, seg\u00fan lo establecido en el contrato 12076-008-2017\/G-0084. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, al existir una norma especial que regulaba las relaciones entre prestadores de servicios de salud, como era el caso de la ejecutante, dado que se encargaba del suministro de medicamentos, y las entidades del pago de los servicios de salud de las poblaciones a su cargo, como era el caso de la Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte S.A., no resulta aplicable el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas se\u00f1alado en el C\u00f3digo de Comercio para la no aceptaci\u00f3n de las facturas, como lo aleg\u00f3 la demandante, sino el de 20 d\u00edas, previsto en el art\u00edculo 57 de la Ley 1438 de 2011. Por tanto, al constatar que las facturas que la ejecutante present\u00f3 para el cobro ante la sociedad demandada fueron rechazadas en los 20 d\u00edas siguientes a su recibo, toda vez que se radicaron el 4 de junio de 2019 y se devolvieron el 10 y el 19 de esos mismos mes y a\u00f1o, resultaba evidente de que su no aceptaci\u00f3n se produjo en el t\u00e9rmino de ley y, por consiguiente, al faltar ese requisito en las doce facturas en menci\u00f3n, la excepci\u00f3n de inexigibilidad del t\u00edtulo propuesta deb\u00eda prosperar y no seguir adelante con su ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
3. Analizados los anteriores razonamientos, se observa que la decisi\u00f3n censurada, independientemente de que sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues se motiv\u00f3 razonadamente y se sustent\u00f3 en las pruebas, en la normativa y en jurisprudencia relacionada. Se precis\u00f3 que el t\u00e9rmino para no aceptar las facturas derivadas del contrato denominado de prestaci\u00f3n de servicios de salud no era el contemplado en el C\u00f3digo de Comercio, por la naturaleza del contrato y por lo expresamente convenido por las partes en dicho acuerdo. <\/p>\n
3.1. En ese sentido, en un asunto con alguna similitud, la Sala estableci\u00f3 que <\/p>\n
la copiosa normativa y requisitos especiales en seguridad social para exigir el pago de bienes y servicios m\u00e9dicos, impiden identificar a los medios en comento con los principios de autonom\u00eda, incorporaci\u00f3n y literalidad propios de los t\u00edtulos valores (art. 619 del C.Co); en el sector salud los beneficiarios y adquirentes de los bienes y servicios son por regla diferentes de los destinatarios de las facturas y por ende obligados al pago, particularidad que desmarca a los comentados documentos del instrumento mercantil\u2026 (Se subraya. CSJ STC7875-2022). <\/p>\n
Adicionalmente, debe resaltarse que el estudio del Colegiado accionado se centr\u00f3 en las condiciones de exigibilidad del t\u00edtulo, an\u00e1lisis que, acorde con el criterio pac\u00edfico de la Sala, es oficioso y puede realizarse incluso en segunda instancia. En efecto, la Sala ha establecido la <\/p>\n
pertinencia y necesidad de examinar los t\u00edtulos ejecutivos en los fallos, incluidos los de segundo grado, pues, se memora, los jueces tienen dentro de sus deberes, escrutar los presupuestos de los documentos ejecutivos, \u201cpotestad-deber\u201d que se extrae no s\u00f3lo del antiguo Estatuto Procesal Civil, sino de lo consignado en el actual C\u00f3digo General del Proceso (CSJ STC290-2021, reiterada en CSJ STC2706-2023). <\/p>\n
3.2. En una palabra, entre la providencia controvertida y lo argumentado por la parte accionante, se evidencia una disparidad de criterios, sin que sea el juez constitucional el llamado a dirimir la controversia, como si fuera un juez de instancia. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se negar\u00e1 la tutela. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Mediante auto del 20 de mayo de 2021, el Juzgado Catorce del Circuito de Barranquilla admiti\u00f3 la reforma de la demanda. <\/p>\n
2\u0002 En cuanto orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares y conden\u00f3 en costas a la parte ejecutante, pues en la parte resolutiva del fallo se dijo que el condenado era el ejecutado. <\/p>\n
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