STC6005-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6005-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-03-000-2023-02302-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Blanca Oliva Trujillo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso reivindicatorio de radicado no. 73001310300220190015500. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas en el asunto referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Luz Mila Merch\u00e1n, promovi\u00f3 en su contra y de Israel Merch\u00e1n, proceso reivindicatorio, en el que, despu\u00e9s de agotadas las etapas correspondientes, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 profiri\u00f3 sentencia el 20 de agosto de 2021, incurriendo en un error judicial, toda vez que a partir del 9 de noviembre de 2020 perdi\u00f3 la competencia funcional, y la decisi\u00f3n la adopt\u00f3 por fuera del a\u00f1o que establece el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Explic\u00f3 que apelada la decisi\u00f3n, el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 igualmente cometi\u00f3 cuatro errores judiciales en el fallo de 3 de noviembre de 2022, puesto que, i) omiti\u00f3 declarar la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia funcional del a quo, ii) profiri\u00f3 la sentencia de segunda instancia por fuera de los doce meses, previa prorroga de seis meses, de que trata la citada norma, por lo que tambi\u00e9n perdi\u00f3 autom\u00e1ticamente su competencia funcional para emitir esa decisi\u00f3n, iii) esas omisiones pretermiten completamente la segunda instancia del magistrado que sigue en turno y, iv) olvid\u00f3 que lo anterior, por ser de derecho, deben ser asumidas de oficio por los jueces. <\/p>\n
Afirm\u00f3, que todas estas irregularidades vulneraron sus garant\u00edas constitucionales, por cuanto las sentencias de primera y segunda instancia est\u00e1n viciadas de nulidad insaneable, \u00abpor la falta de competencia funcional autom\u00e1tica en que incurrieron cada uno de los operadores judiciales, porque erraron judicialmente al fallar por fuera del t\u00e9rmino judicial indicado en la ley\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, adujo que, dadas las particularidades del caso, era necesario realizar inspecci\u00f3n judicial sobre el predio de mayor extensi\u00f3n material del proceso, porque no existe unidad de identidad entre \u00e9ste y el inmueble en discusi\u00f3n, prueba fundamental que, por su ausencia, \u00abrompi\u00f3 la verdad de los hechos permitiendo al Ad-quem fallar por fuera de la realidad de los mismos y ser enga\u00f1ado por la demandante. Prueba que est\u00e1 llamada a su urgente realizaci\u00f3n una vez se resuelva en esta tutela la prosperidad de la misma, en aras a la valoraci\u00f3n sistem\u00e1tica (\u2026)\u00bb (sic). <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 ordenar al Tribunal Superior accionado que \u00abrevoque su sentencia del d\u00eda 3 de noviembre de 2022, por estar inmersa en las nulidades de falta de competencia funcional y pretermitir la segunda instancia al Magistrado de turno\u00bb (sic). <\/p>\n
Igualmente pidi\u00f3, que declare la nulidad \u00aben la actuaci\u00f3n procesal a partir del 9 de noviembre de 2020, fecha para la cual el A-quo ya hab\u00eda perdido autom\u00e1ticamente su competencia funcional (\u2026)\u00bb (sic), y, adem\u00e1s, que disponga el env\u00edo del proceso al juez que siga en turno \u00abpara que proceda de conformidad, ordenando en aras a la verdad a la pr\u00e1ctica de Inspecci\u00f3n Judicial a todo el terreno al cual pertenece la matr\u00edcula inmobiliaria ac\u00e1 identificada (\u2026)\u00bb (sic). <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a las autoridades accionadas y a los vinculados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 se atuvo a lo considerado y resuelto en su sentencia de 3 de noviembre de 2022 y qued\u00f3 atento a la decisi\u00f3n que se adopte en esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, adem\u00e1s de compartir el link del expediente rad. 2019-00155, manifest\u00f3 que estar\u00e1 presto a acatar lo que aqu\u00ed se resuelva. <\/p>\n
3. Israel Merch\u00e1n, demandado en el proceso reivindicatorio, y Dalila Merch\u00e1n, quien dijo estar interesada en este asunto, expusieron que, han construido viviendas en el predio materia de este asunto, en donde habitan con sus familias en calidad de se\u00f1ores y due\u00f1os, cancelan los recibos de impuesto predial y los servicios p\u00fablicos de agua, luz y gas, \u00abcon la complacencia y agrado de nuestra hermana Luz Mila Merch\u00e1n quien tambi\u00e9n aportaba y siempre ha guardado el recibo de pago de a cada a\u00f1o (\u2026)\u00bb. Adicionalmente aportaron un video, seg\u00fan ellos, del predio objeto de estudio a fin de que se corroboren sus afirmaciones. <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como mecanismo preferente y sumario, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que sean amenazados o vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad, o de un particular -en casos excepcionales-, siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y que concurran los requisitos de la subsidiariedad e inmediatez. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, son dos las pretensiones elevadas por la se\u00f1ora Blanca Oliva Trujillo, que se declare la nulidad de las sentencias proferidas el 20 de agosto de 2021 y 3 de noviembre de 2022 respectivamente por el Juzgado Segundo Civil del Circuito y el Tribunal Superior, ambos de Ibagu\u00e9, por vencimiento del t\u00e9rmino que contempla el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso en el proceso reivindicatorio que se adelanta en su contra y de Israel Merch\u00e1n y, como consecuencia de lo anterior, se remita el expediente al Juzgado que sigue en turno para que avoque su conocimiento y practique la inspecci\u00f3n judicial del predio. <\/p>\n
3. De la revisi\u00f3n de las piezas digitales allegadas a este tr\u00e1mite, advierte la Corte la improcedencia del amparo solicitado, al no observarse v\u00edas de hecho que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional, tal como pasa a exponerse, <\/p>\n
3.1 En el proceso reivindicatorio promovido por Luz Mila Merch\u00e1n, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 admiti\u00f3 la demanda fue admitida el 28 de octubre de 2019. <\/p>\n
Posteriormente en auto de 18 de febrero de 2020 se tuvieron por notificados los demandados Blanca Oliva Trujillo e Israel Merch\u00e1n, quienes contestaron la demanda, solicitaron pruebas, formularon excepciones y propusieron demanda de reconvenci\u00f3n -pertenencia por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio-. <\/p>\n
3.2 El 9 de diciembre de 2020 el Juzgado acept\u00f3 la renuncia del abogado al poder que le fuera conferido por Israel Merch\u00e1n. <\/p>\n
3.3 Mediante providencia de 9 de abril de 2021 se abri\u00f3 a pruebas el proceso, el 20 de agosto de 2021 despu\u00e9s de evacuar las audiencias de que tratan los art\u00edculos 372 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, la inicial y de instrucci\u00f3n y juzgamiento, el Juzgado de conocimiento profiri\u00f3 sentencia en la que neg\u00f3 las pretensiones tanto de la reivindicaci\u00f3n como de la pertenencia. Decisi\u00f3n que solo fue apelada por la parte demandante. <\/p>\n
3.4 Por auto de 20 de septiembre de 2021, el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 admiti\u00f3 el recurso, el que en tiempo fue sustentado por el apoderado de la se\u00f1ora Luz Mila Merch\u00e1n. <\/p>\n
3.5 En providencia de 25 de febrero de 2022, la Corporaci\u00f3n accionada prorrog\u00f3 por seis meses el t\u00e9rmino para resolver la instancia, conforme lo preceptuado en el inciso 5\u00ba del art\u00edculo 121 ib\u00eddem. <\/p>\n
3.6 Mediante auto de 20 de mayo de 2022, el Tribunal Superior decret\u00f3 como prueba oficiosa un dictamen pericial, para que se identificara a plenitud tanto el predio de mayor extensi\u00f3n, como la porci\u00f3n de cada uno de los demandados, se determinara el valor de los frutos civiles y naturales percibidos por los demandados, y se estableciera qui\u00e9n realiz\u00f3 las mejoras plantadas en las porciones de terreno que detentan los se\u00f1ores Blanca Oliva Trujillo e Israel Merch\u00e1n. <\/p>\n
3.7 Presentado el dictamen pericial por el experto, el 23 de agosto anterior se puso en conocimiento de las partes. <\/p>\n
3.8 Surtida la contradicci\u00f3n de la experticia (resolviendo las solicitudes de aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n que fueron solicitadas), el Tribunal Superior accionado profiri\u00f3 sentencia el 3 de noviembre de 2022, en la que revoc\u00f3 el fallo de primera instancia accediendo a la pretensi\u00f3n reivindicatoria y manteniendo la negativa respecto a la pertenencia pues sobre ese tema no vers\u00f3 la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3.9 La demandada -aqu\u00ed accionante- pidi\u00f3 aclaraci\u00f3n del fallo, puntualmente \u00aben lo correspondiente a la condena de frutos civiles a cargo de la demandada representada por y mi y c\u00f3mo quedar\u00edan respecto de la condena a la demandante tambi\u00e9n\u00bb, petici\u00f3n que fue negada el 18 de noviembre de 2022, en el que se se\u00f1al\u00f3 que ni en la parte considerativa y tampoco en la resolutiva de la decisi\u00f3n se advierten frases dudosas, confusas o imprecisas. <\/p>\n
4. Del anterior recuento se extrae, que la accionante no propuso la nulidad por p\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia en ninguna de las instancias y, adem\u00e1s, que realiz\u00f3 varias actuaciones que convalidaron o sanearon la posible nulidad que en ese sentido pudo haberse estructurado. <\/p>\n
No se olvide que, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso, las nulidades se consideran saneadas en los siguientes casos, i) cuando la parte que pod\u00eda alegarla, a) no lo hizo oportunamente, b) actu\u00f3 sin proponerla y\/o, c) convalid\u00f3 en forma expresa antes de haber sido renovada la actuaci\u00f3n anulada y, ii) cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se tiene que, en efecto, la nulidad por p\u00e9rdida de competencia que alega la se\u00f1ora Blanca Oliva Trujillo en este amparo qued\u00f3 saneada, puesto que, con posterioridad a noviembre de 2020, cuando seg\u00fan afirm\u00f3 se configur\u00f3 la misma, continu\u00f3 actuando en el proceso, pues particip\u00f3 activamente en las distintas audiencias celebradas en el proceso y efectu\u00f3 algunas peticiones, sin que en ninguna de esas oportunidades manifestara la irregularidad aqu\u00ed alegada. <\/p>\n
En casos similares al estudiado, esta Sala ha sostenido, <\/p>\n
(…) la extinci\u00f3n del marco temporal para el ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional no conduce inexorablemente a la p\u00e9rdida de competencia del funcionario cognoscente, ni a la nulidad de los actos proferidos con posterioridad, pues en los casos en que haya saneamiento expreso o t\u00e1cito se quebrantar\u00e1n tales consecuencias, dentro del marco del art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso (…). Dicho de otra manera, queda fuera de dubitaci\u00f3n que (…) para que se produzcan los efectos invalidantes despu\u00e9s de agotado el tiempo para sentenciar, es indispensable que alguno de los sujetos procesales invoque este hecho antes de que act\u00fae o de que se profiera el veredicto, pues en caso contrario se sanear\u00e1 el vicio y se dar\u00e1 prevalencia al principio de conservaci\u00f3n de los actos procesales. <\/p>\n
(…) <\/p>\n
Se tiene por admitido que la \u2018posibilidad de saneamiento, expreso o t\u00e1cito (…), apareja la desaparici\u00f3n del error de actividad, salvo los casos donde no cabe su disponibilidad por primar el inter\u00e9s p\u00fablico, pues si el agraviado no lo alega, se entiende que acepta sus consecuencias nocivas\u2019 (SC, 1\u00b0 mar. 2012, rad. n\u00b0 2004-00191-01). De manera que, como el art\u00edculo 136 de la nueva codificaci\u00f3n procesal estableci\u00f3 \u00fanicamente como insaneables las \u2018nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia\u2019, qued\u00f3 por fuera de esta categor\u00eda la causada por el vencimiento del plazo m\u00e1ximo para fallar (…). Explicado de otra forma, en tanto el mandato 121 nada dispuso sobre el saneamiento de la p\u00e9rdida de competencia temporal (…) deber\u00e1 acudirse al marco general de las nulidades, compuesto por un listado taxativo de motivos que no la admiten, dentro de los cuales no se encuentra aqu\u00e9lla, siendo aplicable, entonces, el principio general de la convalidaci\u00f3n\u00bb (CSJ. SC3377 de 2021, SC845-2022, STC10011 de 2022 y STC1276-2022) (se destaca). <\/p>\n
Entonces, al haberse convalidado y saneado la nulidad por p\u00e9rdida de competencia, las autoridades judiciales accionadas manten\u00edan las facultades para continuar con el conocimiento del asunto, cada uno en la instancia correspondiente, y proferir las decisiones que en derecho consideraron para definir el litigio, como lo hicieron, situaci\u00f3n que descarta la vulneraci\u00f3n invocada en este aspecto. <\/p>\n
5. La misma suerte corre la inconformidad de la accionante, relacionada con que en el proceso debi\u00f3 practicarse la inspecci\u00f3n judicial al inmueble en disputa, debido a que no existe identidad o correspondencia entre el predio de mayor extensi\u00f3n y las porciones objeto de reivindicaci\u00f3n, prueba fundamental que, por su ausencia, \u00abrompi\u00f3 la verdad de los hechos permitiendo al Ad-quem fallar por fuera de la realidad de los mismos y ser enga\u00f1ado por la demandante. Prueba que est\u00e1 llamada a su urgente realizaci\u00f3n una vez se resuelva en esta tutela la prosperidad de la misma, en aras a la valoraci\u00f3n sistem\u00e1tica\u00bb (sic). <\/p>\n
En punto a ese tema, es relevante destacar que mediante auto de 9 de abril de 2021, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 dio apertura a la etapa probatoria, decretando las que fueron solicitadas por las partes, no obstante, neg\u00f3 la inspecci\u00f3n judicial pedida por Israel Merch\u00e1n \u00abpor considerarse como innecesaria en virtud de que dentro del proceso se encuentra la prueba documental pertinente, sin embargo es de aclarar que en cualquier momento del tr\u00e1mite procesal de ser necesaria esta prueba ser\u00e1 decretada de oficio\u00bb, decisi\u00f3n que cobr\u00f3 firmeza y ejecutoria, como quiera que la accionante no propuso recurso alguno. <\/p>\n
Lo anterior evidencia la improcedencia de la protecci\u00f3n invocada, pues la se\u00f1ora Blanca Oliva Trujillo cont\u00f3 con la oportunidad de exponer al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 las razones de su inconformidad e insistir en la necesidad de practicar la inspecci\u00f3n judicial que por esta v\u00eda extraordinaria reclama, pero no lo hizo, puesto que omiti\u00f3 presentar los medios legales que tuvo a su alcance contra la determinaci\u00f3n censurada, cuales eran, el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n, de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculo 318 y 321, numeral 3\u00ba, del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Es m\u00e1s, bien pudo haber solicitado la pr\u00e1ctica ante el Tribunal Superior accionando, en la forma y t\u00e9rminos dispuestos en los art\u00edculos 327 ib\u00eddem y 12 de la Ley 2213 de 2022, sin embargo, en esa oportunidad tambi\u00e9n guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
6. En esa medida, las omisiones advertidas imposibilitan y descartan la procedencia de este medio extraordinario, teniendo en cuenta que es un mecanismo subsidiario, que no puede utilizarse como una instancia adicional para subsanar la falta de interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que esta Corte ha explicado que la acci\u00f3n de tutela no se instituy\u00f3 en busca de oportunidades defensivas adicionales o con el fin de que se revivan t\u00e9rminos para la formulaci\u00f3n de mecanismos ordinarios, y, que, la falta de proposici\u00f3n de los medios de impugnaci\u00f3n legalmente establecidos, evidencia una desidia procesal que no puede sanearse por v\u00eda constitucional, por cuanto, al dejar las partes de utilizar los recursos previstos por el orden jur\u00eddico para controvertir las decisiones judiciales, quedan sujetas a las consecuencias que de estas se desprendan con ocasi\u00f3n a su propia incuria, sin olvidar que al Juez de tutela le est\u00e1 vedado interferir en las determinaciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y discrecional (CSJ. STC11177-2018, STC10847-2020, STC1560-2022 y STC6025-2022, entre otras). <\/p>\n
7. Ahora bien, en relaci\u00f3n con las intervenciones de Dalila Merch\u00e1n e Israel Merch\u00e1n, se advierte que la primera no fue parte ni intervino en el proceso primigenio, tanto as\u00ed que ninguna declaraci\u00f3n o condena en su contra se efectu\u00f3 en las sentencias cuestionadas, por lo que ning\u00fan perjuicio grave e irremediable se observa. <\/p>\n
En cuanto al segundo quien fue demandado en el proceso reivindicatorio, se observa que ejerci\u00f3 su derecho a la defensa y plante\u00f3 la situaci\u00f3n f\u00e1ctica de la que ahora se duele, frente a la que se pronunci\u00f3 oportuna y en debida forma tanto el Juzgado de primera instancia, como el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, sin que, como se afirm\u00f3 anteriormente, el Juez de tutela pueda interferir en las determinaciones de los Jueces naturales, como si se tratara de una instancia adicional. <\/p>\n
8. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Blanca Oliva Trujillo, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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