STC6139-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6139-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Sala la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 4 de mayo de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Avelino Plazas Figueredo instaur\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior y el Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito de Conocimiento, ambos del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a las partes e intervinientes en el consecutivo 11001-60-000-49-2008-06383-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, legalidad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y al principio de \u00abprevalencia del derecho sustancial sobre lo formal\u00bb, para que \u00abse ordene a los accionados resolver en debida forma los recurso (sic) de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n respecto a la solicitud de exclusi\u00f3n, rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba que corresponde a una adici\u00f3n realizada por Edwin Andr\u00e9s S\u00e1nchez Roa mediante oficio 132-236-411-164, contentivo de una adici\u00f3n de impuestos del a\u00f1o 2007 al a\u00f1o 2012, radicado en la fiscal\u00eda el 14-03-2014, y el oficio persuasivo penalizable No. 20135056002674 de 23 de julio de 2013, por ser violatorios del principio de legalidad y debido proceso en la medida en que est\u00e1 adicionando a trav\u00e9s de un oficio hechos que deben ser materia de otra investigaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujo que en su contra se sigui\u00f3 proceso penal por el delito de \u00abomisi\u00f3n de agente retenedor\u00bb y, en la etapa correspondiente solicit\u00f3 el rechazo de algunas pruebas, entre ellas: i) El oficio persuasivo penalizable 2013\u20135056002674 de 23 de julio de 2013; ii) El testimonio del funcionario de la DIAN Edwin Andr\u00e9s S\u00e1nchez Roa; iii) El oficio 132-236-411-164 contentivo de una adici\u00f3n de impuestos del a\u00f1o 2007 al 2012 y, iv) La \u00abinclusi\u00f3n de unos oficios provenientes de este funcionario, que no est\u00e1n relacionados en la denuncia\u00bb, petici\u00f3n parcialmente desestimada por el juez de conocimiento, quien dispuso el decreto y pr\u00e1ctica de algunas de dichos elementos de convicci\u00f3n. <\/p>\n
Afirm\u00f3, que interpuso los recursos de ley, pero el superior se abstuvo de resolver la apelaci\u00f3n (10 mar. 2023), argumentando que \u00abla decisi\u00f3n de decretar o admitir la pr\u00e1ctica de pruebas solicitadas por las partes, s\u00f3lo es susceptible del recurso de reposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, en su criterio, los hechos relatados constituyen trasgresi\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales, dado que, \u00abse pretende ampliar una denuncia que nunca tubo (sic) tal car\u00e1cter\u00bb, valga decir, corresponde a un hecho diferente de los declarados inicialmente. <\/p>\n
2.- La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 asegur\u00f3 que \u00abno vulner\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental a Segundo Avelino Plazas Figueredo al interior de la actuaci\u00f3n con CUI 1100160 00049 2008 06383 01, pues no se incurri\u00f3 en acci\u00f3n u omisi\u00f3n que conduzca a la transgresi\u00f3n alegada\u00bb, como quiera que, \u00abse abstuvo de resolver el recurso de apelaci\u00f3n incoado por la defensa, mediante el cual solicit\u00f3 la inadmisi\u00f3n la prueba decretada, porque la determinaci\u00f3n objeto de recurso no era susceptible de apelaci\u00f3n, criterio adoptado en varios pronunciamientos (entre ellos CSJ AP 3805-2015 Rad 46262 8 Jul 2015, CSJ AP4812-2016 Rad 47469 27 Jul 2016) teniendo en cuenta que la decisi\u00f3n de decretar o admitir la pr\u00e1ctica de pruebas solicitadas por las partes, s\u00f3lo es susceptible del recurso de reposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de esta capital, luego de relatar las actuaciones all\u00e1 surtidas, precis\u00f3, que en la audiencia preparatoria \u00abdecret\u00f3, como prueba a la Fiscal\u00eda, entre otras, el oficio persuasivo penalizable No. 20135056002674 de 23 de julio de 2013 expedido por Edwin Andr\u00e9s S\u00e1nchez Roa, funcionario de la DIAN. Decisi\u00f3n contra la cual la defensa interpuso \u00fanicamente el recurso de apelaci\u00f3n (record 18:02 a 21:17), mismo que se concedi\u00f3 en efecto suspensivo (24:07 a 24:20); sin embargo, el 10 de marzo de 2023 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Penal se abstuvo de resolverlo porque contra la decisi\u00f3n que admiti\u00f3 el decreto de esa prueba ya referida, no proced\u00eda el recurso vertical de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, resalt\u00f3, que \u00abla Fiscal\u00eda, puede corregir, adicionar o modificar el escrito de acusaci\u00f3n, y el oficio persuasivo penalizable No. 20135056002674 de 23 de julio de 2013 expedido por Edwin Andr\u00e9s S\u00e1nchez Roa, funcionario de la DIAN. que se refuta por la defensa, se adicion\u00f3 antes de la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n; y, adem\u00e1s, le expuso al accionante los hechos jur\u00eddicamente relevantes para que as\u00ed ejerciera su derecho de defensa [de ah\u00ed que] el accionante no puede pretender que trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, una tercera instancia, se acceda a su pretensi\u00f3n, [m\u00e1xime cuando] el defensor cuenta con la etapa de juicio oral para poder oponerse a la incorporaci\u00f3n de la prueba de la Fiscal\u00eda\u00bb. <\/p>\n
La subdirecci\u00f3n de representaci\u00f3n externa de la DIAN se opuso a esta ayuda supralegal, por no existir evidencia de la vulneraci\u00f3n referida. <\/p>\n
El Fiscal Cincuenta y Ocho Seccional indic\u00f3 que intervino en el asunto cuestionado como Fiscal 217 Seccional adscrito a la Unidad de Delitos Contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica \u2013 Juicios; sin embargo, fue \u00abreubicado laboralmente a partir del 01-02-2023, y en mi lugar asumi\u00f3 como Fiscal 217 Seccional la Dra. ADRIANA URREA TORRES\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la salvaguarda en tanto, de un lado, extra\u00f1\u00f3 el requisito de subsidiariedad que caracteriza este mecanismo especial, dado que el gestor a\u00fan puede hacer sus postulaciones al interior de la causa objetada, puntualmente en la fase de \u00abjuicio oral\u00bb y, \u00abeventualmente, en caso de resultar una decisi\u00f3n contraria a sus intereses, podr\u00e1 debatirlo a trav\u00e9s de los recursos estipulados para ello\u00bb. <\/p>\n
Y, por el otro, porque la determinaci\u00f3n censurada es razonable, puesto que \u00ab[f]rente a la decisi\u00f3n que resuelve las solicitudes probatorias elevadas por las partes, el C\u00f3digo de Procedimiento Penal diferencia entre el auto que accede a su pr\u00e1ctica y aquel que la niega, por tanto, contra el primero solamente procede el recurso de reposici\u00f3n, de conformidad con lo establecido por el citado canon 176. Adem\u00e1s, contra el que excluya, rechace o inadmita una prueba, proceden el de reposici\u00f3n y\/o el de apelaci\u00f3n, tal como lo consagra el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 359, en concordancia con el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 177 ib\u00eddem [AP5468-2021, 17 nov. 2021, rad. 60130]\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, aunque la jurisprudencia admite excepciones a dicha regla, el caso debatido no se enmarca en ninguna de ellas, toda vez que, \u00abel actor, al recurrir la mencionada decisi\u00f3n insisti\u00f3 en la inadmisi\u00f3n de la prueba documental deprecada por la Fiscal\u00eda, relativa al oficio persuasivo penalizable 2013-5056002674 de 23 de julio de 2013\u00bb. <\/p>\n
2.- Ese desenlace fue repelido por el precursor quien, adem\u00e1s de insistir en las inconformidades y planteamientos expuestos en el pliego inaugural, critic\u00f3 que \u00aben la acci\u00f3n de tutela objeto de impugnaci\u00f3n, no se tuvieron en cuenta todos los argumentos de la apelaci\u00f3n que hiciera el abogado JHON JAIRO GONZ\u00c1LEZ HERRERA, donde claramente argumenta que se viol\u00f3 el principio de legalidad y debido proceso en la medida en que est\u00e1 adicionando a trav\u00e9s de un oficio hechos que deben ser materia de otra investigaci\u00f3n\u00bb, posici\u00f3n que, seg\u00fan lo predicado por el \u00f3rgano de cierre en esa especialidad (CSJ AP5468-2021) habilita la alzada. <\/p>\n
Adem\u00e1s, refut\u00f3 que, aun cuando es cierto que la tem\u00e1tica que motiv\u00f3 el amparo puede ser expuesta en el \u00abjuicio oral\u00bb, tambi\u00e9n lo es que no han sido resueltos los medios de oposici\u00f3n all\u00e1 formulados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio se anuncia el decaimiento del socorro y la consecuente ratificaci\u00f3n de lo opugnado, ya que: i) Ninguna arbitrariedad emerge de la providencia emitida por el Tribunal convocado; ii) Fue incurioso el impulsor a la hora de utilizar los medios de defensa con que contaba para rebatir el veredicto confutado; y, iii) Constituye un hecho nuevo la discusi\u00f3n en torno al presunto desconocimiento, del juzgador de conocimiento, frente a los \u00abargumentos\u00bb esbozados para hacer ver la configuraci\u00f3n de uno de los escenarios en que se puede apelar el \u00abdecreto de pruebas\u00bb. <\/p>\n
2. Afirmase as\u00ed porque, la determinaci\u00f3n criticada (10 mar. 2023) no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal, como quiera que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, no s\u00f3lo se apoy\u00f3 en los preceptos aplicables al caso concreto, valga decir, el inciso final del canon 359 de la Ley 906 de 2004, el art\u00edculo 176 y el numeral 4\u00b0 del 177 del mismo estatuto, sino tambi\u00e9n, en los precedentes jurisprudenciales sentados por la m\u00e1xima autoridad en la materia, que restringen la \u00abapelaci\u00f3n\u00bb cuando con ella se busca derruir el \u00abdecreto\u00bb de los \u00abelementos\u00bb demostrativos (CSJ AP 3805-2015 Rad 46262 8 Jul 2015, CSJ AP4812-2016 Rad 47469 27 Jul 2016). <\/p>\n
Ello porque, en primer lugar, carece de veracidad la aserci\u00f3n seg\u00fan la cual, embisti\u00f3 horizontalmente tal interlocutorio, como as\u00ed se pudo verificar del material audiovisual contentivo de la audiencia preparatoria (mins: 18:04 a 21:25), el cual revela que, \u00fanicamente propuso la alzada, para que \u00abel superior jer\u00e1rquico entonces revoque para modificar su decisi\u00f3n en el entendido que se inadmita el oficio ya referido\u00bb; y, en segunda medida, en tanto que, aunque no estudi\u00f3 de fondo la acometida vertical, dada la improcedencia declarada, el ad quem s\u00ed se pronunci\u00f3 frente a su planteamiento. <\/p>\n
De ese modo, resulta desatinado que Segundo Avelino trate de remediar por la v\u00eda constitucional su equivocaci\u00f3n en el uso de la herramienta (reposici\u00f3n) que, como lo explic\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en su prove\u00eddo, era la \u00fanica que, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 176 de la Ley 906 de 2004 le permit\u00eda replicar \u00abla decisi\u00f3n de decretar o admitir la pr\u00e1ctica de pruebas solicitadas por las partes\u00bb pues, como en reiteradas oportunidades lo ha dicho esta Colegiatura: <\/p>\n
(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. (STC6663-2018, citada en STC3496-2022 y en la STC371-2023). <\/p>\n
Ello, en virtud, a que <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (STC6663-2018, citada en STC3496-2022 y en la STC371-2023. <\/p>\n
4. Ahora, en relaci\u00f3n con la pretermisi\u00f3n de los razonamientos aparentemente invocados al proponer la \u00abalzada\u00bb y que le daban v\u00eda libre en el evento tantas veces mencionado, basta decir que, aquella circunstancia no fue puesta de presente desde la radicaci\u00f3n del pliego tuitivo, es decir, se trata de un hecho nuevo no susceptible de ser analizado en esta etapa, como quiera que, a m\u00e1s de no haber sido sometido a escrutinio del a quo, su definici\u00f3n en sede de impugnaci\u00f3n afectar\u00eda el derecho de defensa de quienes no tuvieron la oportunidad de debatirlo (STC175-2017, 19 en., rad. 2016-02054 y STC8838-2021, reiteradas en STC3157-2022, 17 mar., rad. 2021-02113 y STC4995-2022, 27 abr., rad. 2022-00006). <\/p>\n
5.- Como colof\u00f3n, se ratificar\u00e1 la resoluci\u00f3n opugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
EN COMISION DE SERVICIO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
. <\/p>\n
<\/p>\n
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