STC6147-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6147-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02342-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Se resuelve la acci\u00f3n de tutela que Impala Terminals Colombia S.A.S. -IMPALA- le formul\u00f3 a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y al Juzgado Noveno Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva a los intervinientes en el declarativo que la Sociedad Colombiana de Servicios Portuarios S.A., y otra compa\u00f1\u00eda, le promovieron a la actora (rad. n\u00b0 13001-31-03-009-2019-00173-00). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista solicit\u00f3 que se dejar\u00e1 sin efecto la resoluci\u00f3n mediante el cual el juzgado neg\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso acusado, por desistimiento t\u00e1cito, y fij\u00f3 fecha para la audiencia inicial (18 ag. 2022), e igualmente, las providencias que, v\u00eda reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n respaldaron esa determinaci\u00f3n (1\u00b0 dic. y 21 mar. 2023). Y, en su reemplazo, conmine al funcionario de primer grado a finiquitar el litigio. <\/p>\n
Adujo, en s\u00edntesis, que se cumpl\u00edan con los requisitos previstos en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 317 del estatuto adjetivo, para decretar el desistimiento t\u00e1cito del asunto. Lo anterior, comoquiera que luego de cumplido el t\u00e9rmino de suspensi\u00f3n del proceso, correspondiente a un mes, del 30 de abril al 30 de mayo de 2022, el expediente permaneci\u00f3 en la secretar\u00eda del despacho por m\u00e1s de un a\u00f1o sin actividad alguna. Por tal raz\u00f3n, el 1\u00b0 de julio de 2022 solicit\u00f3 su aplicaci\u00f3n, sin embargo, el juzgado se rehus\u00f3, pues, a su juicio el pleito estuvo suspendido hasta que lo reanud\u00f3 por auto de 18 de agosto de 2022. Del mismo modo procedi\u00f3 el Tribunal, pero ahora, bajo el argumento de que la carga de impulsar el litigio le correspond\u00eda al juzgado y no a la parte demandante. <\/p>\n
Precis\u00f3 que dichas posturas desconocen los art\u00edculos 163 y 164 de la citada codificaci\u00f3n, por cuanto establecen que la suspensi\u00f3n del proceso cuando las partes lo solicitan, es por un tiempo determinado. Asimismo, dejan de lado el alcance del precepto 317 y la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n sobre la materia, quien ha establecido que \u00abno importa a qui\u00e9n sea imputable la inactividad del expediente, pues la condici\u00f3n establecida en numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso es objetiva\u00bb. Para ello, cit\u00f3 las siguientes providencias: STC7547-2017, STC7032-2018, STC11748-2018, STC11191-2020. <\/p>\n
2.- No hubo pronunciamientos para el momento en que esta determinaci\u00f3n fue proyectada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Preliminarmente, se precisa que la Sala circunscribir\u00e1 su atenci\u00f3n al interlocutorio de 21 de marzo de 2023, a trav\u00e9s del cual el juez plural ratific\u00f3 la negativa a terminar el juicio, por desistimiento t\u00e1cito. Ello, por cuanto defini\u00f3 la controversia sobre el punto, y como lo ha dicho la Sala, <\/p>\n
(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada (STC2242-2015, reiterada, entre otras, en STC5150-2023). <\/p>\n
2.- Dicho lo anterior, se advierte que la protecci\u00f3n solicitada no puede salir avante, ya que la determinaci\u00f3n criticada obedece a una hermen\u00e9utica razonable del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, e igualmente se ajusta a los lineamientos jurisprudenciales sobre la materia, y a las circunstancias particulares de la controversia. <\/p>\n
2.1.- En efecto, el juez plural estim\u00f3 que era inviable finiquitar, por desistimiento t\u00e1cito, el declarativo censurado, porque concluy\u00f3 que, si bien hubo inactividad procesal por m\u00e1s de un a\u00f1o, la misma no era atribuible, exclusivamente, al demandante, tambi\u00e9n era responsabilidad del juzgado, a quien le correspond\u00eda oficiosamente la causa. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, la Corporaci\u00f3n denunciada tras destacar que a voces del inciso tercero del art\u00edculo 163 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abvencido el t\u00e9rmino de la suspensi\u00f3n solicitada por las partes se reanudar\u00e1 de oficio el proceso\u00bb, puntualiz\u00f3 <\/p>\n
Si bien la norma en cita indica que la suspensi\u00f3n se reanudar\u00e1 de oficio, es decir, que es una actuaci\u00f3n que recae enteramente en cabeza del juez para poder continuar con el tr\u00e1mite del proceso, no significa esto que el operador judicial podr\u00e1 reanudar la actuaci\u00f3n cuando quiera de manera arbitraria, porque precisamente por eso las partes establecen un t\u00e9rmino para la suspensi\u00f3n. Sin embargo, ante tal omisi\u00f3n, tras no haberse reanudado el proceso vencido el t\u00e9rmino acordado por las partes, no considera el despacho que deba aplicarse de manera irrestricta la figura del desistimiento t\u00e1cito, ya que, si bien transcurri\u00f3 un a\u00f1o desde que se venci\u00f3 el plazo de la suspensi\u00f3n, ir\u00eda en contrav\u00eda del principio de la confianza leg\u00edtima de las partes en el proceso, quienes conf\u00edan en que el operador judicial respetando sus garant\u00edas actuar\u00e1 acorde a sus derechos de conformidad con las normas aplicables al caso. <\/p>\n
Luego, destac\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) no se puede declarar el desistimiento t\u00e1cito, pues al recaer dicha carga en cabeza del operador judicial se genera una expectativa y confianza en las partes en el sentido de que no pueden ser sorprendidas por actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un fundamento jur\u00eddico, pero que al compararlas, resulten contradictorias y que tengan como consecuencia afectaci\u00f3n a sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
2.2.- Ahora, dicha tesitura, contrario a lo alegado por la sociedad promotora, armoniza con la reciente jurisprudencia de la Sala, al respecto de que \u00abel desistimiento t\u00e1cito de que trata el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso solo puede predicarse respecto de asuntos que hayan permanecido inactivos en la secretar\u00eda del despacho por causa de las partes, y no de las omisiones de los funcionarios y empleados judiciales\u00bb (se destaca). <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte en STC152-2023 se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Por tanto, el ad quem criticado err\u00f3 al confirmar la decisi\u00f3n del a quo de dar por terminado el proceso objeto de reproche constitucional, habida cuenta que desconoci\u00f3 que el juicio permanec\u00eda inactivo por causa atribuible al juzgado de conocimiento, teniendo en cuenta que la designaci\u00f3n de curador, para que representara a los demandados indeterminados, es una actuaci\u00f3n del resorte exclusivo del fallador, quien debi\u00f3 nombrar un nuevo auxiliar de la justicia, al percatarse que el designado no acept\u00f3 el encargo y as\u00ed poder proseguir con el curso del proceso. <\/p>\n
En este punto, cabe agregar, que la tesis expuesta en esta providencia constituye la postura consolidada de la Sala, por lo que se recoge cualquier otra que, en sentido contrario, se haya expuesto con anterioridad (se enfatiza). <\/p>\n
En armon\u00eda con lo anterior, en CSJ STC314-2023 se anot\u00f3: <\/p>\n
Al tenor de la citada disposici\u00f3n, la terminaci\u00f3n de una causa por desistimiento t\u00e1cito procede, <\/p>\n
[c]uando un proceso o actuaci\u00f3n de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretar\u00eda del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuaci\u00f3n durante el plazo de un (1) a\u00f1o en primera o \u00fanica instancia, contados desde el d\u00eda siguiente a la \u00faltima notificaci\u00f3n o desde la \u00faltima diligencia o actuaci\u00f3n, a petici\u00f3n de parte o de oficio, se decretar\u00e1 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito sin necesidad de requerimiento previo. <\/p>\n
Es decir, la condici\u00f3n para que se imponga la citada consecuencia es la inactividad procesal, la cual, conforme lo ha dicho la Corte, en reiterados pronunciamientos, debe ser atribuible a los part\u00edcipes de la controversia, pues si la falta de impulso es a causa del despacho por el incumplimiento de sus funciones, la aplicaci\u00f3n de la figura es improcedente. <\/p>\n
As\u00ed es, porque, como tambi\u00e9n lo ha explicado esta Corporaci\u00f3n al indagar por los principios que justifican el desistimiento t\u00e1cito, la figura \u00abconsiste en \u00abla terminaci\u00f3n anticipada de los litigios\u00bb a causa de que los llamados a impulsarlos no efect\u00faan los \u00abactos\u00bb necesarios para su consecuci\u00f3n\u00bb (STC11191-2020). De suerte que si el tr\u00e1mite no depende de la ejecuci\u00f3n de alguna carga de las partes, sino del cumplimiento de las funciones del juzgado, quien por mandato del art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia (Ley 270 de 1996), debe ser diligente en la sustanciaci\u00f3n de los asuntos a su cargo, su aplicaci\u00f3n es inviable. <\/p>\n
En ese sentido, el C\u00f3digo General del Proceso, en la parte inicial, donde est\u00e1n insertos los principios llamados a regir su aplicaci\u00f3n, dispone que \u00ab[l]os procesos solo podr\u00e1n iniciarse a petici\u00f3n de parte, salvo los que la ley autoriza promover de oficio. Con excepci\u00f3n de los casos expresamente se\u00f1alados en la ley, los jueces deben adelantar los procesos por s\u00ed mismos y son responsables de cualquier demora que ocurra en ellos si es ocasionada por negligencia suya\u00bb. <\/p>\n
En armon\u00eda con lo anterior, el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 42 del estatuto mencionado se\u00f1ala que es deber del juez, \u00abdirigir el proceso, velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del proceso y procurar la mayor econom\u00eda procesal\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que cuando la par\u00e1lisis del pleito se origina en la infracci\u00f3n del deber de los servidores judiciales de atender con diligencia los asuntos a su cargo o su imperfecta ejecuci\u00f3n, la conducta que debe reprocharse es la de aquellos, y no la de los intervinientes, quienes luego de cumplidas las cargas y los actos procesales que les incumben quedan a merced del tr\u00e1mite impartido por la agencia judicial <\/p>\n
Entonces, si como lo advirti\u00f3 la Magistratura, tras la suspensi\u00f3n del juicio, le correspond\u00eda al fallador reanudarlo oficiosamente, no puede afirmarse que la inactividad procesal es atribuible a las sociedades demandantes, ni, por tanto, imponerse la consecuencia contemplada en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 317 comentado. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, como lo dictaminado por el Tribunal de Cartagena no es arbitrario ni caprichoso, por el contrario, tiene sustento en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, as\u00ed como en las circunstancias particulares del caso, se descarta la lesi\u00f3n denunciada. Por tal raz\u00f3n, la ayuda implorada deviene inf\u00e9rtil. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela instada por Impala Terminals Colombia S.A.S. -IMPALA-. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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