STC6151-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6151-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02373-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Luis Arturo P\u00e9rez instaur\u00f3 contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey, extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia (Rad. Interno 62795) y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal, partes, autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 851626105468-2014-80012). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante pidi\u00f3 \u00abrevocar las sentencias condenatorias en su contra [del Tribunal y el Juzgado]. Ordenar rehacer el proceso\u00bb o, en subsidio \u00abdosificar nuevamente su pena por reconocer que tiene el derecho a la rebaja de pena establecida en el art\u00edculo 269 del C\u00f3digo Penal [reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas]\u00bb. <\/p>\n
De los medios de prueba y el escrito inaugural se extrae que con ocasi\u00f3n de la aceptaci\u00f3n de cargos el Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey conden\u00f3 al promotor a noventa y seis (96) meses de prisi\u00f3n por el delito de hurto calificado y agravado, a Yojan Esneider Segura Cruz y Javier Segura Bautista les impuso veinticuatro (24) meses de tratamiento intramural, mientras que a Edith Cuevas Oviedo la castig\u00f3 con doce (12) meses de internamiento en centro penitenciario (20 may. 2020), apelaron los sancionados y el Tribunal inadmiti\u00f3 por extempor\u00e1nea su alzada y confirm\u00f3 el veredicto de primer grado (14 oct. 2020), no postul\u00f3 casaci\u00f3n. <\/p>\n
Por los mismos hechos y una vez se decret\u00f3 la ruptura de la unidad procesal, tambi\u00e9n fueron judicializados y condenados Rafael Garavito G\u00f3mez (15 dic. 2015) y Juan Vicente Ram\u00edrez Segura (3 ag. 2016), a quienes s\u00ed se les reconoci\u00f3 la rebaja de pena de que trata la norma en comento por cuanto \u00ab(\u2026) el responsable del il\u00edcito hizo efectivo el valor determinado como perjuicios materiales y morales por las v\u00edctimas del injusto (…)\u00bb, sin embargo en su caso no se tuvo en cuenta la disminuci\u00f3n de la pena a pesar de que, asegur\u00f3, indemniz\u00f3 integralmente a las v\u00edctimas. Narr\u00f3 que acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n bajo la causal tercera de que trata el art\u00edculo 192 de la Ley 906 de 2004 pero fue inadmitida (CSJ AP313-2013, 8 feb.), recurri\u00f3 en reposici\u00f3n sin \u00e9xito (AP508-2023, 10 may.). <\/p>\n
2.- La Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal resisti\u00f3 los anhelos y alert\u00f3 sobre el incumplimiento del presupuesto tempestivo. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n se opuso a las pretensiones y se remiti\u00f3 a las disertaciones expuestas en los interlocutorios emitidos en sede de revisi\u00f3n. El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la capital del Casanare dijo que lo alegado le resultaba ajeno y remiti\u00f3 el enlace del proceso. Al momento de la elaboraci\u00f3n del proyecto de fallo no se hab\u00edan recibido m\u00e1s respuestas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De entrada, advierte la Sala la inviabilidad del resguardo porque no se satisfacen los postulados de inmediatez y subsidiariedad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
Pues bien, revisado el asunto objeto de escrutinio, encuentra la Sala que desde que se profiri\u00f3 por el juez plural de la alzada la decisi\u00f3n de inadmisi\u00f3n de la apelaci\u00f3n (14 oct. 2020), hasta la fecha en que se radic\u00f3 este amparo ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal (6 jun. 2023), trascurri\u00f3 un tiempo superior a los 6 meses, lapso que tanto esta Corporaci\u00f3n como la Constitucional han considerado razonable para acudir a esta senda excepcional, sin que se observen razones de fuerza mayor demostradas que impidieran al gestor acudir con la prontitud que amerita a reclamar la salvaguarda. Sobre la tardanza para instaurar el ruego, reiteradamente se ha puntualizado, que: <\/p>\n
(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, \u00e9stos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u201d (CSJ STC2007-2021, reiterada entre muchas en STC3344-2023). <\/p>\n
Ahora, si se soslayara el presupuesto tempestivo, el resultado ser\u00eda el mismo porque a pesar de que acudi\u00f3 a la \u00abacci\u00f3n de revisi\u00f3n\u00bb con el fin de que se revisara la actuaci\u00f3n de la que se duele, el gestor no logr\u00f3 demostrar los presupuestos que exige la causal tercera del art\u00edculo 192 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
Sobre el particular, en la providencia CSJ AP313-2023 (8 feb.) luego de explicar la definici\u00f3n de hecho nuevo resalt\u00f3 que dicho remedio estaba encaminado a: <\/p>\n
(i) controvertir los elementos de juicio que sirvieron para emitir condena en su contra por el delito de hurto calificado agravado, por considerar que no eran suficientes para tener por demostrada su responsabilidad, <\/p>\n
(ii) pedir que se acepte la retractaci\u00f3n del allanamiento a cargos, realizado en la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, <\/p>\n
(iii) solicitar que se tengan en cuenta sus condiciones personales, familiares y laborales, <\/p>\n
(iv) cuestionar la legalidad de la pena impuesta y <\/p>\n
(v) deslegitimar el tr\u00e1mite impartido al proceso penal. <\/p>\n
Sin embargo, una vez analiz\u00f3 todas y cada una de las pruebas aportadas con el fin de acreditarla rese\u00f1o que el demandante, <\/p>\n
(\u2026) lo que pretende es retractarse de los hechos que de manera voluntaria, libre y asesorada por su abogado defensor acept\u00f3 en la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, es decir, que orienta la solicitud rescisoria a deshacer los efectos de la aceptaci\u00f3n de su responsabilidad en el delito atribuido, por vicios en la formaci\u00f3n del consentimiento, lo cual no se erige en motivo de revisi\u00f3n en materia penal. <\/p>\n
Sin perjuicio de lo dicho, lo que el expediente revela es que la legalidad a la aceptaci\u00f3n de los cargos fue un aspecto verificado inicialmente por el juez de control de garant\u00edas y luego corroborado por el funcionario de conocimiento, quien en la audiencia pertinente constat\u00f3 que el tr\u00e1mite se adelant\u00f3 con respeto del debido proceso y sin violaci\u00f3n de los derechos fundamentales de los procesados. <\/p>\n
Y en esa l\u00ednea de pensamiento infiri\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) las aludidas entrevistas resultan insuficientes para acreditar la configuraci\u00f3n de la causal invocada, en tanto la responsabilidad del accionante en el delito de hurto calificado y agravado se tuvo por demostrada no solo con la aceptaci\u00f3n que \u00e9ste hiciera de los hechos, sino con los elementos de juicio aportados por la fiscal\u00eda para soportar la pretensi\u00f3n condenatoria, tales como la entrevista de la v\u00edctima, quien dio cuenta de su participaci\u00f3n en el punible atribuido. <\/p>\n
De igual manera al ocuparse de la pretensi\u00f3n de rebaja de pena por la reparaci\u00f3n que se hizo a las v\u00edctimas adujo que, <\/p>\n
(\u2026) [c]on las sentencias condenatorias emitidas contra Rafael Garavito G\u00f3mez y Juan Vicente Ram\u00edrez Segura el 15 de diciembre de 2015 y el 3 de agosto de 2016, respectivamente, por los mismos hechos objeto del proceso cuya definici\u00f3n se cuestiona, se pretende demostrar que la v\u00edctima fue indemnizada integralmente y, por tanto, que el accionante es acreedor de la rebaja de pena prevista en el art\u00edculo 269 del c\u00f3digo penal. <\/p>\n
Esta alegaci\u00f3n tampoco tiene cabida en el marco de la causal de revisi\u00f3n alegada, ni de ninguna otra, porque que lo discutido es que se dej\u00f3 de aplicar al accionante una rebaja de pena, situaci\u00f3n que no guarda correspondencia con ninguna de las causales de revisi\u00f3n previstas por la normatividad legal. <\/p>\n
Y en esa l\u00ednea argumentativa concluy\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) los fundamentos en que se apoya la solicitud de revisi\u00f3n solo muestran el inequ\u00edvoco prop\u00f3sito de reabrir una discusi\u00f3n en torno a la responsabilidad de LUIS ARTURO P\u00c9REZ en el delito de hurto calificado y agravado, por el cual fue condenado, a partir de medios de prueba que no acreditan ninguno de los supuestos f\u00e1cticos que se exigen para la configuraci\u00f3n de la causal 3\u00aa de revisi\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) En la fundamentaci\u00f3n de esta causal tambi\u00e9n se sostiene que las entrevistas de Ana Matilde Guerrero Chaparro, Javier Bautista Segura y el procesado LUIS ARTURO P\u00c9REZ son trascendentales porque demuestran que los se\u00f1alamientos de la v\u00edctima con falsos, con lo cual pareciera invocarse tambi\u00e9n la causal sexta, que habilita acudir en revisi\u00f3n cuando se demuestra que el fallo se fundament\u00f3 en todo o en parte en prueba falsa fundante para sus conclusiones. <\/p>\n
Sin embargo, para la alegaci\u00f3n de esta causal es necesario acreditar la existencia de una decisi\u00f3n judicial en firme1 que haya declarado la falsedad de la prueba, exigencia que tampoco se demuestra por parte del demandante. <\/p>\n
De otra parte, al desatar el recurso de reposici\u00f3n en CSJ AP508-2023 (10 may.), luego de reiterar los argumentos expuestos en el inadmisorio explic\u00f3, <\/p>\n
En cuanto a la legalidad del allanamiento en la imputaci\u00f3n, se explic\u00f3 que, adem\u00e1s de no erigirse en motivo de revisi\u00f3n en materia penal, fue un aspecto verificado por los jueces de instancia, quienes en la audiencia pertinente constataron que el procesado acept\u00f3 su responsabilidad en la comisi\u00f3n de los hechos, de manera libre, expresa, informada y con la asesor\u00eda de un defensor t\u00e9cnico, lo cual le signific\u00f3 un descuento punitivo. <\/p>\n
Sobre la participaci\u00f3n del sentenciado en los hechos, se dijo que las declaraciones que soportan la causal invocada no ten\u00edan la aptitud demostrativa requerida para poner en duda la verdad declarada en los fallos, dado que su responsabilidad se declar\u00f3 demostrada no solo a partir de la aceptaci\u00f3n expresa que \u00e9ste hiciera de los cargos, sino de los elementos de juicio aportados por la fiscal\u00eda para soportar la pretensi\u00f3n condenatoria, entre ellos las entrevistas de la v\u00edctima, qui\u00e9n, adem\u00e1s de identificarlo por ser una persona a quien de antemano conoc\u00eda, dio cuenta de su participaci\u00f3n en el punible atribuido. <\/p>\n
Finalmente se indic\u00f3 que criticar el m\u00e9rito demostrativo de los medios de conocimiento que sirvieron a los juzgadores para emitir condena, a partir de: (a) cuestionar el contenido de las entrevistas rendidas por Luz Estella Ch\u00e1vez Segura y Ana Matilde Guerrero Chaparro en la fase de investigaci\u00f3n, al sostener que lo all\u00ed consignado no corresponde a lo declarado, y (b) la veracidad de las declaraciones de la v\u00edctima, por considerar que incriminan falsamente a un inocente, constitu\u00edan cuestionamientos que escapaban a la causal invocada, porque si el recurrente pretend\u00eda demostrar que el fallo se fundament\u00f3, en todo o en parte, en prueba falsa, le correspond\u00eda invocar la causal 6\u00aa de revisi\u00f3n y demostrar la falsedad de la prueba a trav\u00e9s de una decisi\u00f3n judicial que hubiera hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada, lo cual tampoco hace. <\/p>\n
Como puede verse, el recurrente, adem\u00e1s de insistir en argumentos que ya fueron analizados y desestimados por la Sala en el auto impugnado, lo que en realidad pretende es propiciar un nuevo espacio de an\u00e1lisis probatorio y una conclusi\u00f3n jur\u00eddica diversa de la que contienen los fallos, sin acreditar los supuestos f\u00e1cticos de la causal invocada, ni los que estructuran la causal sexta, que indirectamente termina tambi\u00e9n proponiendo. <\/p>\n
Con ese panorama, f\u00e1cilmente se logra establecer que la decisi\u00f3n emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal no luce irreflexiva. Todo lo contrario. Est\u00e1 basada en argumentos respetables que no pueden ser desconocidos mediante la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En ese orden de ideas, decaer\u00e1 el amparo tal como fue anunciado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Luis Arturo P\u00e9rez. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 As\u00ed lo ha entendido la Sala, en reiterada jurisprudencia: CSJ SP, 6 mar. 2008. rad. 26103; CSJ SP, 2 dic. 2008, rad. 30638; CSJ SP, 24 feb. 2010, rad. 31292; CSJ SP, 21 sep. 2011, rad. 36602, entre otras. <\/p>\n
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