STC6155-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6155-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02414-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Guillermo Varela Romero contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 y Segundo Civil Municipal de Ch\u00eda, extensiva a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo con radicado N\u00b0 2009-00336. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y vivienda digna, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, en el proceso ejecutivo promovido por Luis Javier Ortiz Cruz contra Rodrigo Lancheros y Clara In\u00e9s Cendales, se opuso en la diligencia de entrega del inmueble cautelado y aleg\u00f3 su condici\u00f3n de poseedor por m\u00e1s de 12 a\u00f1os, sin embargo, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ch\u00eda, comisionado por el Juzgado Primero (sic) Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, la neg\u00f3. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que si bien recurri\u00f3 la decisi\u00f3n que neg\u00f3 su oposici\u00f3n, la reposici\u00f3n se desestim\u00f3 y sobre la apelaci\u00f3n \u00abno se encuentra ninguna actuaci\u00f3n (\u2026) en la rama judicial\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el 5 de junio de 2023 se le remiti\u00f3 un oficio inform\u00e1ndole que la diligencia de \u00ablanzamiento\u00bb ser\u00e1 llevada a cabo por el Juzgado comisionado, sin que est\u00e9 enterado de la definici\u00f3n \u00abdel recurso de apelaci\u00f3n, pero, adem\u00e1s, desconoci\u00e9ndose\u00bb sus 12 a\u00f1os de posesi\u00f3n y las mejoras plantadas en el inmueble. <\/p>\n
Expuso que adquiri\u00f3 el inmueble mencionado \u00abinvirtiendo el capital de sus ahorros\u00bb seg\u00fan se desprende de la promesa de compraventa que suscribi\u00f3 con William Zamir Pinz\u00f3n, y advirti\u00f3 que con sustento en la posesi\u00f3n que ejerce, promovi\u00f3 proceso de pertenencia contra Jes\u00fas Rivera Cort\u00e9s del que conoce el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, aqu\u00ed accionado, tr\u00e1mite que \u00abse encuentra ya con notificaci\u00f3n al demandado Jes\u00fas Rivera Cort\u00e9s que es quien remat\u00f3 el inmueble y adem\u00e1s t\u00edo de quien les vende inicialmente el inmueble\u00bb, lo que evidencia que \u00abexiste una componenda entre los vendedores iniciales y el rematante\u00bb. <\/p>\n
Adujo que la entrega del inmueble ordenada vulnera sus derechos y los de su familia, \u00abdonde existen menores de edad\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 ordenar \u00aba los JUZGADOS SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ZIPAQUIR\u00c1 Y SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE CH\u00cdA, NO realizar el desalojo ordenado (\u2026) PUES NO SE ACUDIO AL PROCESO REIVINDICATORIO A PESAR DE [SU] POSESI\u00d3N (\u2026) Y DEL PROCESO QUE CURSA DE PERTENENCIA\u00bb (sic). <\/p>\n
3. Mediante providencia de 15 de junio de 2023, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca remiti\u00f3 el amparo rese\u00f1ado a esta Sala, al considera que no era competente para resolverlo, toda vez que \u00abla queja constitucional incluye la actuaci\u00f3n del Tribunal respecto del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el accionante contra la negativa a la oposici\u00f3n que formul\u00f3 en la diligencia de entrega frente al inmueble que dice poseer, providencia que fue confirmada por esta Corporaci\u00f3n mediante auto de 6 de marzo de 2023\u00bb. <\/p>\n
4. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en los procesos mencionados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, indic\u00f3 que conoce del proceso ejecutivo cuestionado, en el que el aqu\u00ed accionante acumul\u00f3 su demanda como acreedor hipotecario y, adem\u00e1s, formul\u00f3 oposici\u00f3n en la diligencia de entrega, la que negada por el comisionado recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n y el Tribunal Superior de Cundinamarca confirm\u00f3 el 6 de marzo de 2023. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en ese despacho tambi\u00e9n se tramita la pertenencia que propuso el solicitante, actuaci\u00f3n en la que se encuentra pendiente \u00absurtir la notificaci\u00f3n a la parte demandada, toda vez que las diligencias de notificaci\u00f3n que fueron aportadas no fueron tenidas en cuenta por el Despacho, y que se encuentra pendiente del emplazamiento a las personas que se crean con derecho y la fijaci\u00f3n de la valla\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Ch\u00eda indic\u00f3 que fue comisionado en el proceso reprochado para la entrega del inmueble rematado, en favor del rematante. Relat\u00f3 lo ocurrido en la diligencia y sostuvo que el amparo resultaba improcedente, dado que al actor le fueron garantizados sus derechos al debido proceso y defensa y \u00abla tutela no est\u00e1 constituida como una instancia adicional que sustraiga los procedimientos establecidos para esta clase de asuntos\u00bb. <\/p>\n
3. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido otros pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Guillermo Varela Romero se queja por la negativa a la oposici\u00f3n que manifest\u00f3 en la diligencia de entrega del inmueble rematado, adelantada en el proceso ejecutivo N\u00b0 2009-00336, pues, seg\u00fan se\u00f1ala, se pas\u00f3 por alto la calidad de poseedor que ejerce sobre el predio. Advirti\u00f3, adem\u00e1s, que desconoce la definici\u00f3n de la apelaci\u00f3n que propuso contra esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Revisados los soportes allegados a este tr\u00e1mite, se advierte que el Tribunal Superior de Cundinamarca en providencia de 6 de marzo de 2023 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 2 de diciembre de 2022, con la que el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ch\u00eda, comisionado para la entrega del inmueble en el proceso ejecutivo referido, desestim\u00f3 la oposici\u00f3n alegada por el solicitante, providencia que, seg\u00fan se observa, fue correctamente publicada en el estado N\u00ba 38 de 7 de marzo de 2023, sin que el accionante hubiese concurrido ante esa Corporaci\u00f3n a manifestar alguna inconformidad. <\/p>\n
4. Ahora, examinados los argumentos en la decisi\u00f3n del Tribunal Superior, no se observa irregularidad, pues la adopt\u00f3 teniendo en cuenta lo ocurrido en la ejecuci\u00f3n y sin desconocer las pruebas y las normas aplicables. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, tras referirse a los antecedentes del caso y a lo alegado por el opositor para ser reconocido como poseedor del predio rematado, se\u00f1al\u00f3 que de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 456 del C\u00f3digo General del Proceso, secuestrado el predio materia de un proceso ejecutivo, no pueden admitirse oposiciones en la diligencia de entrega. <\/p>\n
(\u2026) el inconforme bien pudo exigir el amparo de su posesi\u00f3n, dentro del secuestro que afect\u00f3 el predio, si se tiene que lo ocup\u00f3 antes de que se consumara, son as\u00ed las cosas porque la cl\u00e1usula octava de la promesa de venta de 5 de febrero de 2010 aportada en la oposici\u00f3n y que aqu\u00e9l firm\u00f3 como promitente comprador para adquirir el activo, informa que recibi\u00f3 ese fundo el 3 de marzo de 2010, fecha que es anterior al secuestro, si se tiene que esa captura se practic\u00f3 6 meses despu\u00e9s, a saber, el 21 de octubre de 2010. <\/p>\n
Ese panorama patentiza que seg\u00fan lo dicho por el opositor, \u00e9ste ocupaba el bien cuando fue secuestrado, deducci\u00f3n que asimismo puede obtenerse a partir del acta que describe esa diligencia, si se tiene que lo menciona, de donde se sigue que desperdici\u00f3 la oportunidad para defender su prerrogativa en el espacio previsto por el legislador, no pudiendo ahora recuperar esa oportunidad, menos cuando el precepto 456 del C\u00f3digo General del Proceso y la jurisprudencia proh\u00edbe resistir la entrega de predios rematados\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que aun si se estudiara la promesa de compraventa que el accionante alleg\u00f3 para demostrar su posesi\u00f3n sobre el inmueble rematado, tal se\u00f1or\u00edo no se hallaba acreditado, pues en ese instrumento \u00abel promitente vendedor se reserv\u00f3 el dominio del bien hasta que se haga efectivo el justiprecio convenido; en esa direcci\u00f3n y con amparo en convenciones de ese linaje, el comprador debe considerarse como un simple tenedor, en virtud de que admiti\u00f3 que el otro contratante quedase ligado con el dominio hasta el desembolso cabal de los pagos concertados\u00bb, postura que reforz\u00f3 citando jurisprudencia de esta Sala sobre tal tem\u00e1tica \u2013CSJ SC de 7 de mayo de 1968 y SC de 11 de noviembre de 2014-. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que en la promesa suscrita por el actor no se le transfiri\u00f3 \u00abanticipadamente\u00bb la posesi\u00f3n, m\u00e1xime si el \u00abel vendedor antepuso el perfeccionamiento del negocio a que \u201cel comprador haya cancelado la hipoteca\u201d\u00bb, lo que no ocurri\u00f3. <\/p>\n
Adicionalmente, indic\u00f3 que, con todo, exist\u00eda una \u00abcausahabiencia de tipo sustancial\u00bb entre el opositor y el ejecutado Rodrigo Lancheros Rivera, conforme al numeral 1\u00ba del art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que tampoco proced\u00eda la oposici\u00f3n aducida, porque <\/p>\n
(\u2026) de acuerdo con el prenombrado contrato preparatorio, aquel demandado vendi\u00f3 al promitente vendedor (William Zamir Pinz\u00f3n Murcia) el feudo contendido y, m\u00e1xime cuando, a la luz de la convenci\u00f3n 6 de ese ajuste, el perfeccionamiento de ese negocio tambi\u00e9n depend\u00eda de dicho enjuiciado, si se tiene que ese canon estableci\u00f3 que \u201cla escritura p\u00fablica que deber\u00e1 hacerse para el presente contrato\u2026 se extender\u00e1 en la notar\u00eda\u2026 siempre y cuando el se\u00f1or Rodrigo Rancheros Rivera realice el traspaso el cual est\u00e1 pendiente de levantar la hipoteca\u201d; en esa direcci\u00f3n este demandado deber\u00eda ser considerado como uno de los causahabientes del opositor, quien actu\u00f3 como promitente comprador y, por ende, subsistir\u00eda entre ellos una identidad jur\u00eddica que impedir\u00eda al apelante considerarse como un tercero ajeno a los efectos jur\u00eddicos que dimanar\u00e1n de la sentencia definitoria de este caso\u00bb. <\/p>\n
5. Puestas as\u00ed las cosas, la Sala no evidencia desafuero en las anteriores consideraciones, pues el Tribunal Superior de Cundinamarca valor\u00f3 en detalle no solo la procedencia de la oposici\u00f3n alegada, la que estim\u00f3 extempor\u00e1nea por omitirse su formulaci\u00f3n en el momento del secuestro del bien reclamado, sino que, adem\u00e1s, analiz\u00f3 los argumentos del actor para demostrar su posesi\u00f3n, afirmaciones que no acogi\u00f3 porque evidenci\u00f3, razonablemente, que el se\u00f1or\u00edo aducido por aqu\u00e9l no le fue transferido con la suscripci\u00f3n de la promesa de compraventa que aport\u00f3 y que, con todo, pod\u00eda extraerse una \u00abcausahabiencia\u00bb entre \u00e9l y uno de los ejecutados, lo que imped\u00eda acceder a la nombrada oposici\u00f3n. <\/p>\n
6. Se destaca que, como lo ha indicado esta Sala en m\u00faltiples oportunidades el punto donde se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, es en la apreciaci\u00f3n del material probatorio, actividad que se fundamenta en el principio de la sana cr\u00edtica y que, en este caso, est\u00e1 lejos de ser caprichosa o injusta. (CSJ STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC859-2022 y STC2622-2022, entre otras). <\/p>\n
7. Resta indicar que la realizaci\u00f3n de la diligencia de entrega ya fijada por el Juzgado comisionado, no constituye un perjuicio irremediable, pues la misma es resultado de la actuaci\u00f3n censurada la que, como se vio, no contiene irregularidad que le abra paso a este mecanismo extraordinario. Sobre lo expuesto, esta Sala ha se\u00f1alado que la acci\u00f3n de tutela, <\/p>\n
\u00abno se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales (\u2026). Tampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, como quiera que seg\u00fan ha advertido esta Corte, \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019 (sentencia de tutela de 29 de noviembre de 2006, Exp. No. 8001-2213-000-2006-00079-01)\u00bb (CSJ. STC791-2021, STC17333-2021, STC1330-2022, STC2021-2022, STC2354-2022 y STC2793-2022, entre muchas). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por Guillermo Varela Romero contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 y Segundo Civil Municipal de Ch\u00eda, extensiva a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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