STC6158-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6158-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-03-000-2023-02442-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela presentada por Aviatur SAS, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial – Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, y citadas las partes e intervinientes en el proceso de responsabilidad civil extracontractual No. 2016-00039. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Arrecifes SA promovi\u00f3 en su contra, de Passarola Tours SAS y la C\u00e1mara de Comercio de Santa Marta, proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual, en el que el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en providencia de 23 de mayo de 2022, neg\u00f3 la solicitud de llamar en garant\u00eda a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, decisi\u00f3n que apel\u00f3. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en auto de 22 de marzo de 2023 confirm\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n, prejuzgando sobre el asunto, pues realiz\u00f3 un estudio de fondo del contrato para concluir que \u00abno hay raz\u00f3n para predicar que, por virtud de la concesi\u00f3n, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales debe reembolsar los dineros por los que pudieran resultar condenados los accionados conforme al art\u00edculo 64 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que ambas decisiones desconocieron los derechos que reclama, porque las pretensiones de la demandante en el proceso se refieren al cumplimiento de un contrato de concesi\u00f3n suscrito entre quien se pretende llamar en garant\u00eda y las sociedades demandadas, \u00abas\u00ed como otras alegaciones que son del resorte espec\u00edfico de dicha entidad, en virtud de su funci\u00f3n de administradora y supervisora del territorio en donde surgi\u00f3 el conflicto. Por tanto, la ausencia de la Unidad en el proceso no solo afectar\u00e1 el derecho a la defensa de mi mandante, y el de la misma entidad, sino que devendr\u00e1 en enormes ineficiencias para la Rama Judicial\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que, si la Unidad Administrativa citada debe dejar indemne a los contratistas concesionados, en el evento en que lleguen a ser condenados patrimonialmente \u00abpor virtud de haber incumplido el contrato, ello se traduce en responsabilidad civil del llamado en favor de los llamantes\u00bb. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 las providencias por insuficiente motivaci\u00f3n, pues, adem\u00e1s de debatirse sobre la facultad de las demandadas de repetir contra aquella entidad, tambi\u00e9n se discute sobre el acatamiento de normas que esa misma entidad tiene el deber de supervisar, situaci\u00f3n que no fue considerada por los accionados. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que, de admitirse el llamamiento, la competencia no se alterar\u00eda de conformidad con lo preceptuado en el art\u00edculo 27 del C\u00f3digo General del Proceso. luego no habr\u00eda necesidad de remitir el expediente al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 \u00ab(\u2026) revocar el auto de 23 de mayo de 2022 del Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y el auto del 22 de marzo de 2023 [de] la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 (sic.)\u00bb, para que, en su lugar, se admita el llamamiento en garant\u00eda de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales \u2013 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a las autoridades judiciales accionadas y a los vinculados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, comparti\u00f3 el link del expediente rad. 2016-00039 y se remiti\u00f3 a las motivaciones de la decisi\u00f3n reprochada. <\/p>\n
2. El apoderado judicial de la C\u00e1mara de Comercio de Santa Marta -demandada en el proceso en cuesti\u00f3n-, coadyuv\u00f3 la pretensi\u00f3n de tutela, tras considerar que en las providencias atacadas no se tuvo en cuenta que \u00ablas pretensiones de declaraci\u00f3n de incumplimiento de la normatividad ambiental aplicable, de suyo, implican aseverar la omisi\u00f3n del incumplimiento de la funci\u00f3n de vigilancia y control que le compete a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, raz\u00f3n por la cual dicha entidad en ese evento est\u00e1 llamada a responder por esa omisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, inform\u00f3 que no es parte del proceso que origin\u00f3 esta solicitud constitucional, que las llamadas a pronunciarse sobre los hechos y pretensiones debatidas son las autoridades judiciales accionadas y record\u00f3 que la Unidad Administrativa Especial Parques Naturales de Colombia es una entidad con autonom\u00eda administrativa, conforme el Decreto 3572 de 2011. <\/p>\n
4. El Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 comparti\u00f3 el link del expediente y defendi\u00f3 la legalidad de las actuaciones reprochadas. <\/p>\n
5. Camilo Valenzuela Bernal, quien dijo actuar en representaci\u00f3n judicial de Arrecifes SAS -demandante en el proceso de responsabilidad mencionado-, se opuso a la prosperidad de la tutela en raz\u00f3n a que no se cumplen los requisitos de procedencia contra providencias judiciales, ni se acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos reclamados por la accionante, resaltando que las providencias emitidas por las autoridades judiciales accionadas est\u00e1n debidamente motivadas. <\/p>\n
6. La Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, solicit\u00f3 negar el amparo invocado en la medida que, <\/p>\n
Lo anterior, sumado a que la sociedad AVIATUR dentro del contrato de concesi\u00f3n 02 del 4 e julio de 2005 se oblig\u00f3 para con la hoy Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, mantenerla indemne frente a cualquier acci\u00f3n judicial instaurada por un tercero (cl\u00e1usula 419, tanto es as\u00ed que se comprometi\u00f3 a constituir p\u00f3lizas de seguro, prueba adicional de ello, es el modificatorio 1 de fecha 19 de agosto de 2005 del referido contrato de concesi\u00f3n (sic)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como mecanismo preferente y sumario, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando sean amenazados o vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad, o de un particular -en casos excepcionales-, siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y que concurran los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha manifestado, <\/p>\n
\u00abel Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ. STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015, reiterada en STC10401 de 2021). <\/p>\n
Sobre el punto, se resalta que, para la procedencia de amparos como el presente, deben observarse las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela frente a providencias judiciales, entre \u00e9stas: <\/p>\n
\u00abque la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas; y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela\u00bb (CSJ. STC075-2022). <\/p>\n
A las anteriores, deben sumarse las causales espec\u00edficas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, las cuales, seg\u00fan la jurisprudencia de esta Corte, siguiendo la l\u00ednea de la Corte Constitucional, se contraen a la revelaci\u00f3n de defectos o vicios, org\u00e1nico, procedimental absoluto, f\u00e1ctico, material o sustantivo, error inducido, decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. Inicialmente debe se\u00f1alarse que el an\u00e1lisis que se efectuar\u00e1 en esta instancia se circunscribir\u00e1 a la providencia proferida el 22 de marzo de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, mediante la cual confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de esta ciudad que neg\u00f3 el llamamiento en garant\u00eda realizado por Aviatur SAS, en el proceso de responsabilidad civil extracontractual que en su contra y de Passarola Tours SAS y la C\u00e1mara de Comercio de Santa Marta, promovi\u00f3 Arrecifes SA, toda vez que, esa decisi\u00f3n fue la que defini\u00f3 el debate planteado en lo concerniente a la admisi\u00f3n del referido llamamiento. <\/p>\n
3. En sentir de la sociedad accionante, en la aludida determinaci\u00f3n no se realiz\u00f3 un estudio completo y pormenorizado de todos los argumentos expuestos, como sustento en la viabilidad del llamamiento reclamado, por cuanto las pretensiones de la demanda se refieren al cumplimiento de un contrato de concesi\u00f3n suscrito entre quien se pretende llamar en garant\u00eda -Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parqueas Nacionales Naturales- y las sociedades demandadas, adem\u00e1s de otras circunstancias de hecho que vinculan a dicha entidad, en su calidad de administradora y supervisora del territorio en dado en concesi\u00f3n y donde surgi\u00f3 el conflicto. <\/p>\n
4. Al examinar la determinaci\u00f3n cuestionada, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, porque el auto atacado no luce arbitrario, en atenci\u00f3n a que el Tribunal Superior accionado expuso las razones por las que consideraba que no era viable dar curso al referido llamamiento. <\/p>\n
4.1 As\u00ed, para decidir como lo hizo, comenz\u00f3 por recordar que mediante la concesi\u00f3n No. 002 de 4 de julio de 2005, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales otorg\u00f3 por 10 a\u00f1os a la Uni\u00f3n Temporal Tayrona, conformada por las sociedades demandadas, la facultad para prestar servicios ecotur\u00edsticos, mantenimiento, rehabilitaci\u00f3n, adecuaci\u00f3n, mejoramiento y construcci\u00f3n de infraestructura f\u00edsica del Parque Nacional Natural Tayrona, contrato en el que se prohibieron las conductas que alteraran el ambiente natural y las \u00e1reas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, las comunidades \u00e9tnicas y las zonas de influencia, \u00abanot\u00e1ndose que la concedente no ser\u00eda responsable por los deberes, derechos u obligaciones que debiera asumir el concesionario\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que la demanda se contrae a declarar responsable extracontractualmente a las demandadas por el deterioro sufrido por los inmuebles denominados Arrecifes, Playa Luna y El Diamante, accediendo al pago de los perjuicios generados a t\u00edtulo de da\u00f1o emergente y lucro cesante, \u00abpor haber ejecutado actividades ajenas al ecoturismo que generaron graves da\u00f1os ambientales, en tanto que no conservaron la naturaleza, no proporcionaron beneficios tangibles a las comunidades locales y no aportaron ning\u00fan tipo de educaci\u00f3n a los usuarios sobre el entorno del Parque Tayrona\u00bb. <\/p>\n
4.2 En lo que tiene que ver con el llamamiento en garant\u00eda, mencion\u00f3 que la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales que se pretende citar asumi\u00f3 exclusivamente los riesgos atribuibles a fuerza mayor y caso fortuito, en tanto que los concesionarios adquirieron los dem\u00e1s riesgos que pudieren identificarse en el proyecto. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, enfatiz\u00f3 en que, al analizar la convenci\u00f3n referida, no evidenciaba que, en caso de ser condenados los demandados, habr\u00eda lugar a transferir a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales las consecuencias pecuniarias que le sean desfavorables a los llamantes. <\/p>\n
4.3 Luego se refiri\u00f3 a los reparos formulados por los apelantes, frente a los que, con apoyo en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo General del Proceso y en precedentes de esta Sala acerca de la figura jur\u00eddica referida (AC2900-2017, SC1304-2018 y SC4066-2020), dijo que no se constata en el sub examine la justificaci\u00f3n del llamamiento, \u00aben tanto no hay estipulaci\u00f3n inequ\u00edvoca con la que la entidad amparara el deterioro ambiental que se le pudiere ocasionar a los inmuebles Arrecifes, Playa Luna y El Diamante, y mucho menos, la condena eventual que se le pudiera asignar al concesionario por ello\u00bb. <\/p>\n
Y es que como la parte llamante justific\u00f3 la convocatoria de la entidad mencionada en el contrato de concesi\u00f3n aducido, para el Tribunal Superior de esa convenci\u00f3n no se desprende que aqu\u00e9lla deba reembolsar el dinero por el que pudieran ser condenadas las demandadas, teniendo en cuenta que en el contrato se pact\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Cl\u00e1usula 22. Responsabilidad por la concesi\u00f3n. A partir de la fecha de inicio de ejecuci\u00f3n del contrato, el CONCESIONARIO tomar\u00e1 la concesi\u00f3n bajo su cuenta y riesgo. Por consiguiente, la UNIDAD no ser\u00e1 responsable por los deberes, derechos y obligaciones que deba asumir el CONCESIONARIO a partir del inicio de la ejecuci\u00f3n contractual, ni por las lesiones o acciones que puedan sufrir las personas y embarcaciones que ingresen al Parque, salvo las disposiciones pactadas en este contrato. <\/p>\n
Cl\u00e1usula 23. Responsabilidad por los bienes. El CONCESIONARIO asumir\u00e1 y ser\u00e1 totalmente responsable por todos y cada uno de los da[\u00f1]os, deterioros, perjuicios, o p\u00e9rdidas en los bienes que integran la concesi\u00f3n, as\u00ed como del deterioro y da\u00f1os causados a los recursos naturales y el Medio Ambiente, sin perjuicio de su facultad de la UNIDAD, de exigir a los responsables, la reparaci\u00f3n o indemnizaci\u00f3n de los da\u00f1os causados, cuando a ello haya lugar\u00bb (se resalta). <\/p>\n
En cuanto a la facultad sancionatoria referida en la \u00faltima cl\u00e1usula de las mencionadas, en armon\u00eda con la Ley 1333 de 2009, especific\u00f3 que es la que ejercen las autoridades ambientales que confieren licencias, autorizaciones, permisos y concesiones, con el \u00e1nimo de prevenir, evitar e impedir la realizaci\u00f3n de actividades que amenacen el medio ambiente, \u00abque no es lo aqu\u00ed cuestionado\u00bb. <\/p>\n
5. De lo expuesto se concluye que la decisi\u00f3n censurada se motiv\u00f3 y sustent\u00f3 en una razonada interpretaci\u00f3n, que con independencia de que se comparta o no por la sociedad Aviatur SAS, no se muestra irrazonable, por lo que no quebranta los derechos de los que se busca su protecci\u00f3n, lo que descarta la posibilidad de que el juez de tutela pueda intervenir para modificarla, pues a \u00e9ste <\/p>\n
\u00able est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ. STC, 20 sep. 2013, rad. 00297-01; criterio reiterado en STC12953-2014, STC9884-2015, STC5007-2017 y STC1161-2021). <\/p>\n
Tampoco puede olvidarse que, <\/p>\n
\u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ. STC 7 mar. 2008, Rad. 00514-01, reiterada, entre otros en STC7950-2014; STC8572-2014; STC8880-2014; STC9717-2014; STC11408-2014; STC12953-2014; y STC9884-2015). <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, la providencia impugnada est\u00e1 lejos de ser antojadiza, puesto que resolvi\u00f3 de manera congruente los inconformismos planteados por la sociedad accionante, y contiene una interpretaci\u00f3n respetable del ordenamiento, frente a lo que es bueno recordar que la divergencia de criterio, no es raz\u00f3n para que salga avante el amparo constitucional, puesto que este no es un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb (CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00, STC825-2020, STC10259-2021, STC2621-2022, STC11814-2022 y STC4373-2023 entre muchas). <\/p>\n
6. De otra parte, la sociedad reclamante tampoco demostr\u00f3 un detrimento de tal magnitud que haga viable otorgar el amparo pedido, as\u00ed fuera como mecanismo transitorio, v\u00e9ase que en relaci\u00f3n con lo anterior la Corte ha dicho que, \u00abno se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ, 11 may. 2010, rad. 00249-01, reiterada en STC1782-2014, STC15617-2014, STC15970-2016 y STC5007-2017, entre otras). <\/p>\n
7. En adici\u00f3n, para esta Sala es importante recordar que, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo General del Proceso, el interesado estaba en la obligaci\u00f3n de fundamentar el llamamiento en garant\u00eda bien sea en un derecho legal o contractual existente y vigente, con la finalidad \u00abde exigir de otro la indemnizaci\u00f3n del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior se desprende que el Tribunal estaba facultado para establecer de fondo la viabilidad del llamamiento, en armon\u00eda con las pruebas que obran en el expediente, pues es esa la oportunidad pertinente para determinar si subsiste alguna relaci\u00f3n legal o contractual que permita que la entidad que se pretende vincular, se haga parte en el juicio como llamada en garant\u00eda. <\/p>\n
Ahora, pese a lo considerado por la sociedad accionante en relaci\u00f3n con que el objeto del contrato de concesi\u00f3n, en su criterio, hace viable el llamamiento en garant\u00eda, tambi\u00e9n se advierte el fracaso de este amparo, pues lo cierto que, como bien lo determin\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, revisado el texto del contrato, no se evidencia que la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, sea quien efectivamente deba responder por los da\u00f1os y perjuicios a que eventualmente pueda ser condenada la parte demandada, por la responsabilidad civil extracontractual que se le atribuye, por cuanto en el referido contrato se estipul\u00f3, que \u00ab[e]l CONCESIONARIO asumir\u00e1 y ser\u00e1 totalmente responsable por todos y cada uno de los da[\u00f1]os, deterioros, perjuicios, o p\u00e9rdidas en los bienes que integran la concesi\u00f3n, as\u00ed como del deterioro y da\u00f1os causados a los recursos naturales y el Medio Ambiente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Refuerza lo anterior, que al examinarse la cl\u00e1usula 24 de la convenci\u00f3n, se observa que all\u00ed se especific\u00f3 que: \u00abpara todos los efectos de este contrato, se entender\u00e1n incluidos dentro de los riesgos propios del negocio del CONCESIONARIO, todos aquellos que no sean asumidos en forma expresa en este contrato por LA UNIDAD, as\u00ed como los dem\u00e1s que no sean expl\u00edcitamente excluidos de la responsabilidad del CONCESIONARIO, seg\u00fan lo pactado en este contrato\u00bb (\u00e9nfasis de la Sala). <\/p>\n
En seguida, en la cl\u00e1usula 26, se se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
\u00abLA UNIDAD asume \u00fanica y exclusivamente los riesgos atribuibles a la fuerza mayor y caso fortuito que a continuaci\u00f3n se se\u00f1alan: <\/p>\n
1. Actos de sabotaje por terrorismo.<\/p>\n
2. Guerra declarada o no declarada, guerra civil, golpe de Estado, conspiraci\u00f3n y huelgas nacionales o regionales, en las cuales no participe el Concesionario ni sean promovidas por \u00e9ste o sus empleados de direcci\u00f3n, manejo o confianza.<\/p>\n
3. Los riesgos atribuibles a la fuerza mayor y caso fortuito que no puedan ser asegurados por el CONCESIONARIO, para lo cual este deber\u00e1 acreditarlo mediante senadas certificaciones expedidas por las compa\u00f1\u00edas aseguradoras (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, aunado a lo considerado por el Tribunal, para la Corte ser\u00edan los concesionarios quienes responder\u00edan exclusivamente por las afectaciones que llegaren a sufrir los bienes que integran la concesi\u00f3n, as\u00ed como las causados a los recursos naturales y al medio ambiente, motivo por el cual la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales no tendr\u00eda raz\u00f3n alguna para acudir al juicio en calidad de llamado en garant\u00eda. <\/p>\n
8. Resta indicar acerca de la queja de la sociedad accionante en cuanto a la aplicaci\u00f3n de la Ley 1333 de 2009 y el Decreto 3572 de 2011, que de estas no se desprende que las sociedades demandadas puedan exigirle a la referida entidad, \u00abel reembolso y\/o indemnizaci\u00f3n de la cantidad de dinero a la que eventualmente llegare a ser condenada como consecuencia de este proceso\u00bb como lo reclama la accionante, lo que evidencia ausencia de arbitrariedad en la actuaci\u00f3n del Tribunal al negar la intervenci\u00f3n de la llamada garant\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por Aviatur SAS, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de esta ciudad. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6158-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC6158-2023 Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-03-000-2023-02442-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela presentada por Aviatur SAS, contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74284","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74284","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74284"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74284\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74284"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74284"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74284"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}