STC6159-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6159-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Paloma Sandoval Acevedo quien act\u00faa en nombre propio y como representante legal de la empresa Representaciones GANG S.A.S. instaur\u00f3 contra la Sala Civil Especializada de Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, extensiva al Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Antioquia y a las autoridades partes e intervinientes en el proceso de restituci\u00f3n de tierras No. 05000312100120190004701. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante pretende que se deje sin valor y efecto la sentencia emitida en el proceso en comento, para que, en su lugar, se emita una nueva decisi\u00f3n en la que se acojan los postulados de la oposici\u00f3n y la buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
En sustento adujo que Beatriz Fonnegra Agudelo, Tatiana Garc\u00eda Fonnegra y Karen Garc\u00eda Fonnegra promovieron demanda de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras respecto del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 029-185 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Sopetr\u00e1n (Antioquia). El proceso le correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Antioquia. En dicho asunto la gestora del amparo formul\u00f3 oposici\u00f3n en calidad de segunda ocupante, toda vez que adquiri\u00f3 el derecho real de dominio de dicho bien trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica N\u00famero 4232 del 27 de julio del a\u00f1o 2010, protocolizada en la Notar\u00eda 29 de Medell\u00edn (Antioquia), la cual fue registrada en el folio respectivo el d\u00eda 3 de septiembre del a\u00f1o 2010; sin embargo, el Tribunal declar\u00f3 impr\u00f3spera dicha defensa y accedi\u00f3 a la restituci\u00f3n (25 mayo 2023). <\/p>\n
A juicio de la actora la magistratura incurri\u00f3 en \u00abdefecto f\u00e1ctico, al haber valorado en indebida forma las pruebas que hubieran llevado a declarar la buena fe exenta de culpa y, en consecuencia, ordenar a favor de mi representada una compensaci\u00f3n debidamente tarifada aunada a la posibilidad de continuar administrando el proyecto productivo desarrollado en el predio\u00bb; adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que la motivaci\u00f3n de la providencia censurada es deficiente, toda vez que llega a conclusiones contrarias a derecho, basado en suposiciones y especulaciones. Adujo que el Tribunal le exigi\u00f3 un imposible, pues le pidi\u00f3 que tuviera conocimiento completo de hechos que solo se esclarecieron despu\u00e9s del a\u00f1o 2018, como: \u00ab1. Saber que uno de los propietarios, en particular el se\u00f1or ELKIN HUMBERTO GARC\u00cdA GIRALDO hab\u00eda sido asesinado. 2. La causa por la cual hab\u00eda sido asesinado dicho caballero a pesar del archivo de las investigaciones al respecto por parte de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. 3. Saber que el se\u00f1or MARCO ANTONIO GONZ\u00c1LEZ URREGO era integrante de las AUC cuando no ha cursado nunca una actuaci\u00f3n judicial en su contra y figura sin antecedentes penales frente al Estado Colombiano. 4. Asumir como hecho notorio la presencia de las AUC entre los a\u00f1os 2000 a 2004 en la zona en la cual est\u00e1 ubicado el inmueble, cuando la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n tard\u00f3 m\u00e1s de quince a\u00f1os en llevar a juicio a los presuntos autores del crimen y solamente pudieron hacerlo por la propia confesi\u00f3n de \u00e9stos\u00bb. <\/p>\n
2. La Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras alegaron su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
Las demandantes en el proceso de restituci\u00f3n mencionado defendieron la razonabilidad de la actuaci\u00f3n surtida. <\/p>\n
La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia solicit\u00f3 que se declare improcedente el amparo invocado, toda vez que la decisi\u00f3n accionada fue soportada en la valoraci\u00f3n de los medios suasorios obrantes en el plenario. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo solicitado ser\u00e1 negado, toda vez que la sentencia censurada es razonable. <\/p>\n
Revisada la actuaci\u00f3n surtida por el cuerpo colegiado convocado no se evidencia la ocurrencia de v\u00eda de hecho alguna toda vez que el Tribunal accionado dio aplicaci\u00f3n a los presupuestos de la buena fe exenta de culpa, por lo que al advertir que en la zona en donde se encuentra el predio objeto de restituci\u00f3n tuvo notoria presencia de grupos paramilitares, le exigi\u00f3 a la empresa opositora que, previo a la adquisici\u00f3n del inmueble efectuara indagaciones adicionales, sobre los titulares del derecho de dominio, con el fin de establecer si su salida del bien fue violenta o no. Sobre el particular el Tribunal precis\u00f3: <\/p>\n
Pues bien, lo primero es manifestar que la parte opositora tiene la carga de acreditar buena fe en su grado \u00abexento de culpa\u00bb para los efectos compensatorios, ya que, aunque manifest\u00f3 ser v\u00edctima de la violencia por un intento de secuestro, salvarse de dos \u00abpescas milagrosas\u00bb (retenes ilegales aleatorios con fines de extorsi\u00f3n o secuestro), y haber sido v\u00edctima de una bomba que le dej\u00f3 problemas auditivos, a la postre la Sala comprueba que no es v\u00edctima de desplazamiento del mismo predio reclamado o del alg\u00fan otro, ni tampoco en ella convergieron elementos que la tornaran una persona vulnerable a la hora de su vinculaci\u00f3n con la tierra, por ende, no se encuentran acreditados los presupuestos legales o jurisprudenciales vistos para flexibilizar el est\u00e1ndar probatorio a su favor. <\/p>\n
Con lo anterior claro, debe decirse que los argumentos tra\u00eddos por la parte antagonista y los actos que se adujeron haber desplegado, con los cuales pretende demostrar haber obrado de buena fe exenta de culpa, no logran el umbral de diligencia y probidad a que alude el citado art\u00edculo 88 de la Ley 1448 de 2011, lo cual trae como consecuencia ineludible la improsperidad de la oposici\u00f3n en ese aspecto, quedando por fuera de acceder a una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica. <\/p>\n
Ciertamente, qued\u00f3 decantado que el paramilitarismo de las AUC fue el principal actor armado en el municipio entre los a\u00f1os 2000 a 2004, siendo el encargado de generar violencia con base, entre otros, en secuestros, extorsiones y asesinatos selectivos. Se trataba de un hecho notorio, y, como tal, los dirigentes de la empresa estaban enterados impl\u00edcitamente del mismo, y en ese sentido deb\u00edan realizar averiguaciones adicionales a la hora de comprar para descartar que el predio no estuviese inmerso en alguna situaci\u00f3n conflictual o an\u00f3mala. Con mayor raz\u00f3n si ya ten\u00edan otro predio en la zona y sab\u00edan que all\u00ed hab\u00eda personas extra\u00f1as que ped\u00edan \u00abvacunas\u00bb (extorsi\u00f3n). <\/p>\n
Como se anticip\u00f3, si se quiere acreditar buena fue cualificada no basta conformarse con un estudio de t\u00edtulos o verificar que quienes aparec\u00edan en el FMI no tuviesen antecedentes penales en la p\u00e1gina de la polic\u00eda. Los anteriores son actos tendientes a lograr consolidar tal buena fe, pero no son suficientes. De cara a aquello \u00faltimo, debe destacarse que hab\u00eda otros medios, tambi\u00e9n humanos y accesibles, que de haberse adelantado hubiesen llamado la atenci\u00f3n de la parte compradora y seguramente la hubieren llevado a no comprar el fundo. Si se quer\u00eda descartar que las personas que figuraron en la tradici\u00f3n del inmueble no tuviesen problemas legales, f\u00e1cilmente se pod\u00eda acudir a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, tal y como lo hizo la Unidad de Tierras, y comprobar que Marco Antonio Gonz\u00e1lez Urrego fue militante de las AUC, desmovilizado y que estaba siendo investigado, informaci\u00f3n que de inmediato prende las alarmas en cualquier persona prudente a la hora de adquirir un bien inmueble. <\/p>\n
Se requer\u00eda, entonces, que la empresa desplegara actos adicionales a los que hizo para corroborar y convencerse de que el inmueble no pod\u00eda estar afectado por el conflicto armado, pues su actuaci\u00f3n deb\u00eda ir m\u00e1s all\u00e1 de la simple prudencia que cualquier persona juiciosa emplear\u00eda en sus negocios. <\/p>\n
De otro lado, en cuanto a su condici\u00f3n o no de segundo ocupante, tampoco hay lugar a tomar medidas adicionales a su favor en los t\u00e9rminos preceptuados por la Corte Constitucional en las providencias C-330 de 2016, A-373 de 2016, T-315 de 2016, T-367 de 2016 y T-646 de 2016, por cuanto, como lo corrobor\u00f3 su representante legal, la empresa adquiri\u00f3 ese inmueble por lucro, para ampliar la tierra y sus negocios. Tampoco se observa, ni menos se aleg\u00f3, que una eventual entrega pueda afectar el derecho a la vivienda de los socios de la empresa, mucho menos a su m\u00ednimo vital. <\/p>\n
En suma, la magistratura dio aplicaci\u00f3n a las exigencias propias de la buena fe exenta de culpa y, adem\u00e1s, advirti\u00f3 que no estaban configurados los requisitos para reconocer a la gestora del amparo como segunda ocupante, habida cuenta que no tiene dependencia econ\u00f3mica del predio. De manera que, se concluye que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
En consecuencia, se desestimar\u00e1 el resguardo reclamado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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