STC6169-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC6169-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00749-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 27 de abril de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Eduardo Polanco Barraza contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y la Sala Segunda de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de esa ciudad, la empresa Electrificadora del Caribe (Electricaribe) SA ESP, el Fondo Nacional del Pasivo Pensional y Prestacional de la Electrificadora del Caribe SA ESP \u2013 FONECA y, citados los dem\u00e1s intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00b0 2006-00737. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que con otros compa\u00f1eros promovieron proceso ordinario laboral contra Electricaribe SA ESP, con el fin de obtener el reconocimiento y pago del reajuste de las mesadas pensionales en un 15% para los a\u00f1os 2000 a 2005, de conformidad con lo establecido en la Ley 4 de 1976 aplicable por disposici\u00f3n de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 1983-1985, as\u00ed como los intereses moratorios e indexaci\u00f3n. <\/p>\n
Relat\u00f3 que el Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Barranquilla en sentencia de 26 de enero de 2010, neg\u00f3 las pretensiones y absolvi\u00f3 a la demandada al considerar probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n y, que no eran aplicables los reajustes convencionales. <\/p>\n
Sostuvo que esa determinaci\u00f3n la revoc\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad el 30 de noviembre de 2011, para en su lugar conceder la demanda en favor de Cl\u00edmaco Zabala Morales, Jaime Utria Villanueva, Freddy Villanueva Sarmiento, Juan Vergara Ram\u00edrez, Luis Rodr\u00edguez Reales, Oscar Mariano Miranda y Jorge Jaimes Sandoval y negarla en relaci\u00f3n con Lesbia Ram\u00edrez Marenco, Alberto Manotas Flores y el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que en su caso las pretensiones las neg\u00f3, tras argumentar que \u00abrevisadas las pruebas aportadas al expediente, no se encuentra alguna de la cual se determine la fecha en que la empresa demandada le reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, criterio que es obligatorio para definir la causaci\u00f3n y disfrute del derecho reclamado, prueba que se encontraba a cargo de la parte demandante en los t\u00e9rminos del art. 177 del C.P.C; en consideraci\u00f3n a ello, se absolver\u00e1 a ELECTRICARIBE, S.A., de las pretensiones incoadas en su contra por estos demandantes\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que inconformes con ese pronunciamiento, las partes interpusieron recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, mediante sentencia SL4804-2021 de 20 de octubre de 2021 dispuso no casar el fallo de segundo grado. <\/p>\n
Adujo que las autoridades accionadas incurrieron en defecto f\u00e1ctico, procedimental absoluto y en desconocimiento del precedente, al realizar una indebida valoraci\u00f3n probatoria, que deriv\u00f3 en el contrasentido de reconocer su calidad de pensionado, establecer el monto de las mesadas pensionales canceladas, el derecho que ten\u00eda a que se le hicieran los reajustes conforme lo pactado en la convenci\u00f3n colectiva igual que a los dem\u00e1s demandantes, para en total oposici\u00f3n, no ordenar la aplicaci\u00f3n de los reajustes sobre las mesadas pensionales pese a realizar tales reconocimientos. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral ha practicado reiteradamente la prueba de oficio en diversos procesos sometidos a su conocimiento para esclarecer los hechos y resolver de fondo los proceso, raz\u00f3n por la que, al tener la certeza de que \u00e9l era pensionado convencional de Electricaribe y del valor de las mesadas pensionales canceladas desde el 6 de junio de 2002 hasta el 12 diciembre de 2007 y considerar que deb\u00eda saberse la fecha de causaci\u00f3n, debi\u00f3 oficiar a la demandada para un mejor proveer, pues no exist\u00eda duda de la existencia y reconocimiento del derecho pensional. <\/p>\n
Por \u00faltimo, manifest\u00f3 que estaban dadas las condiciones legales y jurisprudenciales al momento de proferir la decisi\u00f3n de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral para que se casara la sentencia y, en su lugar, se ordenara reajustar su mesada pensional, de conformidad con lo establecido en la Ley 4 de 1976. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar a la Sala de Casaci\u00f3n accionada dejar sin efecto la sentencia SL4804-2021 y proferir una nueva decisi\u00f3n en la que se solicite, una certificaci\u00f3n donde conste la fecha en que le fue otorgada la pensi\u00f3n convencional o subsidiariamente, realizar los reajustes pensionales, desde la fecha y sobre los valores que la demandada certific\u00f3, ordenando el reconocimiento de los derechos pretendidos tal y como se hizo en favor de los dem\u00e1s demandantes. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n Laboral n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, a trav\u00e9s del Magistrado Ponente de la decisi\u00f3n cuestionada, defendi\u00f3 la legalidad de la misma y se\u00f1al\u00f3 que el actor confunde la competencia que tiene la Sala en sede extraordinaria al resolver el recurso de casaci\u00f3n, con la competencia que cuenta la Corte al momento de proferir la decisi\u00f3n de remplazo actuando como tribunal de instancia, cuando prospera alguno de los cargos que logre quebrar el fallo reprochado. <\/p>\n
2. El Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Barranquilla, efectu\u00f3 un recuento de las actuaciones del proceso y expuso que la acci\u00f3n de tutela no puede ser utilizada con la finalidad de resolver cuestiones que fueron materia de pronunciamiento en las respectivas instancias judiciales o como tercera instancia para modificar decisiones judiciales que hayan hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada. <\/p>\n
3. Electricaribe SA ESP en liquidaci\u00f3n, manifest\u00f3 que el Fondo Nacional del Pasivo Pensional y Prestacional de esa Electrificadora -FONECA asumi\u00f3 todos los asuntos referentes a pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional, siendo el llamado a responder frente a cualquier eventualidad de car\u00e1cter pensional con ocasi\u00f3n del proceso laboral cuestionado, y, en ese orden, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. Fiduciaria La Previsora SA, en calidad de vocera del Patrimonio Aut\u00f3nomo Fondo Nacional del Pasivo Pensional y Prestacional de Electricaribe SA ESP \u2013 FONECA, destac\u00f3 el incumplimiento del requisito de la inmediatez, al haber transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o desde que fue proferida la sentencia cuestionada y la inexistencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, luego de exponer que no se conclu\u00eda el incumplimiento del requisito de la inmediatez puesto que el debate estaba relacionado con asuntos pensionales, neg\u00f3 el amparo al determinar que la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral surgi\u00f3 de la aplicaci\u00f3n de su l\u00ednea jurisprudencial, que exige la necesidad de acreditar la fecha de vinculaci\u00f3n pensional, carga probatoria que no pod\u00eda trasladarse al juez de casaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos que pretende el accionante, de manera que, la sentencia cuestionada, no pod\u00eda entenderse como inconsulta o constitutiva de un defecto espec\u00edfico. <\/p>\n
Adem\u00e1s, destac\u00f3 que el accionante sustent\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n con los mismos argumentos que eleva ahora la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, quien adem\u00e1s de insistir en los reparos iniciales, se\u00f1al\u00f3 que lo cuestionado es el exceso ritual manifiesto y la falta de aclaraci\u00f3n de la misma duda que tuvieron las accionadas, \u00abcuando frente a los derechos ciertos e indiscutibles de car\u00e1cter pensional opera la obligaci\u00f3n de establecer la verdad, pues ante la claridad de un aspecto y no del derecho, no es \u00f3bice negarlo bajo el entendido de que el demandante no acredit\u00f3 desde cuando era pensionado, cuando la misma demandada Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. fue quien acredit\u00f3 al plenario los pagos que le hab\u00eda realizado como pensionado con el libro de n\u00f3mina que transcribi\u00f3 la Sala, demostr\u00e1ndose con ellos que le comenz\u00f3 a pagar mesada pensional desde el per\u00edodo 6 del a\u00f1o 2.002\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de remediar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Eduardo Polanco Barraza cuestiona la sentencia SL4804-2021 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 20 de octubre de 2021, a trav\u00e9s de la cual dispuso no casar la del Tribunal Superior de Barranquilla, en la que neg\u00f3 el reajuste pensional que reclam\u00f3 de conformidad con lo establecido en la Ley 4 de 1976, en el proceso ordinario que inici\u00f3 contra Electricaribe SA ESP. <\/p>\n
3. De manera preliminar debe se\u00f1alarse que si bien la acci\u00f3n de tutela fue formulada en abril de 2023, es decir transcurridos alrededor de 1 a\u00f1o y 6 meses despu\u00e9s de proferida la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, lo cierto es que el presupuesto temporal que ha establecido la jurisprudencia para la procedencia del amparo se tiene por superado, teniendo en cuenta que la controversia recae sobre derechos pensionales que revelan el car\u00e1cter de irrenunciables e imprescriptibles, cuya presunta afectaci\u00f3n se considerara actual (CSJ. STC6492-2021 reiterada en la STC7852-2022). <\/p>\n
4. Ahora bien, analizados los fundamentos de la inconformidad del peticionario se anticipa la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada, teniendo en cuenta que una vez examinados los argumentos expuestos por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, no se identific\u00f3 el ejercicio de una actividad judicial arbitraria susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
4.1 En efecto, tras relatar los antecedentes del caso, procedi\u00f3 a estudiar el cargo \u00fanico formulado por Eduardo Polanco Barraza, y plante\u00f3 como problema jur\u00eddico, establecer s\u00ed en el expediente estaba demostrada la fecha a partir de la cual al demandante le fue reconocida la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional. <\/p>\n
Enseguida, se\u00f1al\u00f3 que el Tribunal Superior no incurri\u00f3 en yerro f\u00e1ctico alguno con el car\u00e1cter de evidente, pues no distorsion\u00f3 el contenido de las pruebas que valor\u00f3, ni les hizo decir algo que de su texto no se concluyera. En ese orden, procedi\u00f3 a efectuar un examen objetivo de las pruebas acusadas por el recurrente, entre ellas, la demanda inicial y su respuesta, frente a la cual se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
\u00abAl remitirse la Sala a la pieza procesal con la cual se dio inicio el proceso, se advierte que en el hecho decimo la parte actora plasm\u00f3 lo siguiente: \u00ab10. Los demandantes hacen parte de la n\u00f3mina de pensionados de la sociedad privada Empresa de Servicios P\u00fablicos \u201cElectrificadora del Caribe S.A. E.S.P.\u201d \u201cElectricaribe S.A. E.S.P.\u201d\u00bb; frente a tal supuesto f\u00e1ctico la accionada contest\u00f3: \u00abEs cierto\u00bb. <\/p>\n
De lo que se acaba de transcribir aflora que el juez de apelaciones no pudo cometer el yerro enrostrado, pues lo \u00fanico que all\u00ed reconoce la accionada fue que el actor hace parte de la n\u00f3mina de pensionados, pero la raz\u00f3n del juez de alzada para negar el reajuste deprecado por dicho actor, estrib\u00f3 en que no estaba acreditada la \u00abfecha\u00bb en la que le fue reconocida la prestaci\u00f3n, aspecto este al cual no se refiere las piezas procesales que se acaban de analizar\u00bb. (Se destaca) <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el libro auxiliar de n\u00f3mina indic\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) En la aludida foliatura [399 a 417] consta los pagos efectuados al se\u00f1or Polanco Barraza desde el \u00abperiodo 6\u00bb del a\u00f1o 2002 hasta el periodo 12 del a\u00f1o 2007 en su condici\u00f3n de pensionado. Se identifica el valor de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n y las sumas deducidas. En efecto, figuran los siguientes valores en la mesada pensional por esos a\u00f1os, as\u00ed: 2002 $1.408.121; 2003 $1.506.549; 2004 $1.604.324; 2005 $1.692.562; 2006 $1.774.651; y 2007 $1.783.972. <\/p>\n
No obstante, de esa documental no emerge con suficiente claridad la fecha en que al aqu\u00ed recurrente comenz\u00f3 a disfrutar o percibir la aludida pensi\u00f3n de vejez, ya que, se itera, solo son unas constancias de pago. <\/p>\n
Incluso, cabe agregar que no siempre los pagos de n\u00f3mina de pensiones coinciden con la fecha a partir de la cual la persona comienza a disfrutar de la prestaci\u00f3n pensional, pues, por ejemplo, en el caso de otro accionante Jorge Enrique Jaimes Sandoval, aparece acreditado en el plenario que le fue otorgada la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a partir del 25 de noviembre de 1994 (f.o 517), empero en libro auxiliar de n\u00f3mina solo figuran pagos desde el periodo 12 de 1999\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3, que para poder efectuar el reajuste pensional reclamado por el demandante, era indispensable conocer con exactitud la fecha desde la cual se reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional, teniendo en cuenta que es a partir de la misma que se aplica el 15 % del reajuste y, dependiendo el valor que arroje, se podr\u00eda determinar para los a\u00f1os subsiguientes si el monto de la prestaci\u00f3n se manten\u00eda o no en el tope de los cinco salarios m\u00ednimos legales vigentes para tener derecho al incremento, circunstancia que en el caso de Eduardo Polanco Barraza era imposible establecerlo, precisamente porque no se acredit\u00f3 esa informaci\u00f3n en el expediente, tal como lo advirti\u00f3 el Tribunal Superior, afirmaci\u00f3n que soport\u00f3 con la sentencia SL3409-2021 en la que se hizo referencia a la importancia de conocer el momento preciso en que se comienza a disfrutar de la prestaci\u00f3n. <\/p>\n
En punto al informe de afiliaci\u00f3n a Famisanar, indic\u00f3 que esa prueba documental daba constancia que ante la EPS Famisanar se radic\u00f3 la afiliaci\u00f3n del demandante el 17 de julio de 2006 y se indica que es pensionado, sin embargo, no obra la fecha en que comenz\u00f3 a disfrutar la prestaci\u00f3n, y frente a las dem\u00e1s pruebas, se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) 4. Liquidaci\u00f3n final de prestaciones sociales. <\/p>\n
Al remitirse la Corte a la foliatura indicada por la censura se observa que all\u00ed consta la liquidaci\u00f3n realizada a favor de Lesbia Rodr\u00edguez Marenco y Alberto Morato Fl\u00f3rez, personas diferentes al aqu\u00ed recurrente, por tanto, esas documentales denunciadas nada aportan a efectos de verificar si se cometi\u00f3 el error endilgado en esta acusaci\u00f3n. <\/p>\n
5.Conciliaci\u00f3n 5277 del 30 de diciembre de 1998 suscrita por Lesbia Rodr\u00edguez Marenco; y carta dirigida por la accionada a Alberto Morato Fl\u00f3rez. <\/p>\n
Las aludidas documentales, al igual que la liquidaci\u00f3n de prestaciones sociales, se refieren a personas distintas al accionante, de all\u00ed que la Sala se abstendr\u00e1 de analizarlos. <\/p>\n
6. Compilaci\u00f3n de convenios colectivos y la constancia de afiliaci\u00f3n a Sintraelecol. <\/p>\n
Como se recuerda, la colegiatura neg\u00f3 el reajuste pretendido al considerar que no estaba acreditada la calenda a partir de la cual, a este demandante, le fue reconocida la prestaci\u00f3n, y dichos medios de convicci\u00f3n no aportan la informaci\u00f3n del caso, para estructurar los errores de hecho enrostrados\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, concluy\u00f3 que al analizar en su contexto e integralidad las pruebas acusadas en casaci\u00f3n por el demandante, no apareci\u00f3 acreditada la fecha a partir de la cual Eduardo Polanco Barraza comenz\u00f3 a disfrutar de su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, por tanto, no era posible atribuirle al Tribunal Superior un error protuberante y evidente en su valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
4.2 Con fundamento en lo anterior, determin\u00f3 que el fallador de segundo grado no incurri\u00f3 en los errores de hecho endilgados, de modo que el cargo no prosperaba y resolvi\u00f3 no casar la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla el 20 de noviembre de 2021. <\/p>\n
5. Puestas, as\u00ed las cosas, la sentencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que no se evidenci\u00f3 arbitrariedad manifiesta que revele los defectos alegados por Eduardo Polanco Barraza y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas aplicables al caso concreto, la jurisprudencia de esa Corporaci\u00f3n que rige la materia y las pruebas aportadas, y determin\u00f3 que el Tribunal Superior no incurri\u00f3 en los errores f\u00e1cticos endilgados por el recurrente, en tanto, al examinar las pruebas acusadas evidenci\u00f3 que no acreditaban con exactitud la fecha a partir de la cual el demandante comenz\u00f3 a disfrutar de su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, lo que imped\u00eda efectuar el reajuste pensional reclamado, porque dependiendo del valor arrojado se podr\u00eda determinar para los a\u00f1os siguientes si el monto de la prestaci\u00f3n se manten\u00eda o no en el tope de los cinco salarios m\u00ednimos legales vigentes para tener derecho al incremento. <\/p>\n
6. En ese orden, las divergencias exteriorizadas por Eduardo Polanco Barraza a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente, m\u00e1xime cuando los reparos expuestos en sede constitucional se asemejan a lo reprochado en casaci\u00f3n. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
Se resalta que la diferencia de criterio que pudiera tener el solicitante con la argumentaci\u00f3n de los accionados, no permite predicar arbitrariedad, como lo ha advertido esta Sala en m\u00faltiples oportunidades (CSJ. STC825-2020 y, STC2260-2022, entre otras). <\/p>\n
Asimismo, como lo ha reiterado esta Corporaci\u00f3n, la valoraci\u00f3n probatoria es donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, pues es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica, cuesti\u00f3n que refuerza el fracaso de la protecci\u00f3n aqu\u00ed reclamada (CSJ. STC7065-2019, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC802-2022 y STC2622-2022, entre otras). <\/p>\n
8. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC6169-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC6169-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00749-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74295","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74295","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74295"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74295\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74295"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74295"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74295"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}