STC6174-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6174-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02223-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jorge Iv\u00e1n Valencia Torres contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00ablos principios de legalidad y no reforma en peor\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad convocada, <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin efectos la sentencia fallo del 25 de octubre de 2022\u00bb y, en consecuencia, se ordene \u00abal Tribunal Superior de Antioquia Sala Civil \u2013 Familia, que en el t\u00e9rmino de esta providencia, profiera una nueva sentencia dentro del proceso de declaraci\u00f3n de Uni\u00f3n Marital de Hecho, con radicado 05376318400120180047002, en respeto a los derechos fundamentales y valoraci\u00f3n integral de las pruebas obrantes en el expediente\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mar\u00eda Elsy Sosa Pineda promovi\u00f3 demanda contra Jorge Iv\u00e1n Valencia Torres, con la finalidad de que se declarara que entre los contendientes existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho desde el 9 de enero de 2007 hasta que se demuestre su terminaci\u00f3n, asimismo, la sociedad patrimonial entre los compa\u00f1eros permanentes; como sustento, refiri\u00f3 que desde esa data conviven como pareja y con la intenci\u00f3n de formar un hogar para la hija de la pareja, no obstante, no soporta m\u00e1s maltratos verbales ni humillaciones por parte de su pareja; asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo de Familia de La Ceja \u2013 Antioquia. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 10 de diciembre de 2020 el estrado judicial declar\u00f3 la uni\u00f3n reclamada entre el 1\u00b0 de enero de 2007 al 30 de noviembre de 2018, as\u00ed como la sociedad patrimonial; decisi\u00f3n recurrida en alzada por el promotor. <\/p>\n
2.3. El 21 de octubre de 2022 el Tribunal enjuiciado confirm\u00f3 el fallo recurrido, al tiempo que, adicion\u00f3 a lo resuelto \u00abconde[nar] en abstracto al pago de alimentos al se\u00f1or Jorge Iv\u00e1n Valencia Torres en favor de la se\u00f1ora Mar\u00eda Elsy\u2026, de \u201calimentos\u201d definidos en el\u2026 numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
2.4. Contra la referida decisi\u00f3n, el actor formul\u00f3 recurso de casaci\u00f3n; recepcionadas las diligencias en esta Corte, el 1\u00b0 de febrero de 2023 se admiti\u00f3 tal impugnaci\u00f3n extraordinaria, empero, con prove\u00eddo de 5 de mayo siguiente, se declar\u00f3 desierto, habida cuenta que, no se present\u00f3 la demanda de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la sentencia de 21 de octubre de 2022 emitida por el Tribunal, pues, a su parecer, existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, toda vez que, \u00abversa en la apreciaci\u00f3n exclusiva de las declaraciones efectuadas\u2026 de los testigos presentados por la parte demandante\u00bb, adem\u00e1s, \u00abomiti[\u00f3] considerar actuaciones procesales que podr\u00edan influir en su decisi\u00f3n, en especial la contestaci\u00f3n de la demanda efectuada a mutuo propio\u2026 y dentro del t\u00e9rmino procesal establecido en la norma, que en caso de haberse valorado podr\u00eda haber variado la sentencia confirmatoria de segunda instancia\u00bb, toda vez que all\u00ed rehus\u00f3 la convivencia reclamada, en la medida en que ten\u00eda otra convivencia con Adriana Fl\u00f3rez y luego con Manuela Granada, personas de las que pretendi\u00f3 su testimonio, pero no fueron decretados. <\/p>\n
2.6. Anot\u00f3 que, si bien no present\u00f3 la contestaci\u00f3n de la demanda a trav\u00e9s de apoderado, fue por falta de recursos para sufragar los honorarios profesionales, raz\u00f3n por la que con posterioridad pretendi\u00f3 amparo de pobreza, no obstante, los falladores no atendieron esa situaci\u00f3n particular, desechando sus argumentos iniciales, lo que conllev\u00f3 al quebranto de sus garant\u00edas. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que se vulnero el principio de \u00abno reforma en peor\u00bb, comoquiera que, el Tribunal adicion\u00f3 el fallo disponiendo una condena en abstracto de pago de alimentos a su cargo y a favor de Mar\u00eda Elsy, situaci\u00f3n que, adem\u00e1s de que no contempl\u00f3 el a quo, no fue objeto de alzada, pues el actu\u00f3 como apelante \u00fanico. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991 (folio 188). <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia, remiti\u00f3 link para la consulta del expediente criticado. <\/p>\n
2. Susana Patricia Cruz Torres, quien indic\u00f3 actuar como apoderada judicial de Mar\u00eda Elsy Sosa Pineda, alleg\u00f3 escrito sin aportar el poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Del escrito de demanda y de los elementos de prueba recaudados, extracta la Corte que el actor cuestion\u00f3 la providencia calendada 21 de octubre de 2022, que confirm\u00f3 el fallo dictado el 10 de diciembre de 2020, adicionando una condena en abstracto al pago de alimentos a su cargo y a favor de Mar\u00eda Elsy Sosa Pineda. <\/p>\n
Con base en tal premisa, descendiendo al caso de autos, se concluye que la solicitud de resguardo resulta inviable, por cuanto para exponer las quejas que ac\u00e1 aleg\u00f3 el gestor, atinente a que el ad quem querellado valor\u00f3 erradamente el caudal probatorio acopiado, as\u00ed como el quebranto a la \u00abno reformatio in pejus\u00bb, tuvo a su alcance el recurso de casaci\u00f3n contra la providencia criticada, conforme lo contempla el par\u00e1grafo del art\u00edculo 3341 del C\u00f3digo General del Proceso, mecanismo al que, si bien acudi\u00f3, se declar\u00f3 desierto ante la falta de presentaci\u00f3n de la demanda, conforme se verific\u00f3 en el registro de actuaciones. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos. <\/p>\n
En otras palabras, cuando no se utilizan los medios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterada en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01; STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n rogada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de aprovechamiento del referido medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela, destacando que esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n del interesado, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo. <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, declara improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Dispone la referida disposici\u00f3n que \u00ab[t]rat\u00e1ndose de asuntos relativos al estado civil s\u00f3lo ser\u00e1n susceptibles de casaci\u00f3n las sentencias sobre impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y la declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho\u00bb (resaltado ajeno al texto). <\/p>\n
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