STC6175-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6175-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02438-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ruth Acu\u00f1a Jim\u00e9nez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la \u00abpresunci\u00f3n de inocencia\u00bb, que dice vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse declare la cesaci\u00f3n de efectos jur\u00eddicos de la providencia (i) de 10 de septiembre de 2021, proferida por el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1 (2015-00007), (ii) de 8de abril de 2022 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1\u2026 y (iii) de 19 de abril de 2023, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia (AP1082-2023. Radicaci\u00f3n n\u00b0 62230)\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. La abogada Ruth Acu\u00f1a Jim\u00e9nez, a trav\u00e9s de un tercero, obtuvo poderes en blanco de unos extrabajadores adscritos a la Terminal Mar\u00edtima de Buenaventura de Puertos de Colombia y, sin mediar conceso, elev\u00f3 solicitud ante el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia en Liquidaci\u00f3n -Foncolpuertos, para la reliquidaci\u00f3n de los factores salariares y reajuste pensional, por lo que el 12 de agosto de 1998 concili\u00f3 con dicha entidad por la suma de $191.301.603; no obstante, con posterioridad, se estableci\u00f3 que tales pagos eran improcedentes. <\/p>\n
2.2. Por lo anterior, en contra de Ruth Acu\u00f1a Jim\u00e9nez se adelant\u00f3 un proceso penal por el delito de \u00abpeculado por apropiaci\u00f3n agravado, en la modalidad tentada\u00bb, por el que fue condenada a 42 meses de prisi\u00f3n, a trav\u00e9s de sentencia del 10 de septiembre de 2021, dictada por el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1; decisi\u00f3n confirmada, en sede de alzada, el 8 de abril de 2022 por el Tribunal. <\/p>\n
2.3. Frente a esa \u00faltima determinaci\u00f3n, la procesada formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, cuya demanda fue inadmitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, con prove\u00eddo AP1082-2023, el 19 de abril de este a\u00f1o. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de las decisiones referidas a espacio, pues, refiere, para el fallador de instancia \u00abes m\u00e1s que suficiente la presentaci\u00f3n de una petici\u00f3n, de conformidad con el marco normativo, para que diversos funcionarios p\u00fablicos (de distintas entidades) se creara un inter\u00e9s que los llevara a tomar la definitiva decisi\u00f3n de cometer el hecho delictivo. Se trata de una regla jurisprudencial que a todas luces desnaturaliza el principio de buena fe y afecta el alcance de la defensa material\u2026 toda vez que se evidencia una intenci\u00f3n del juez de instancia de condenar por condenar\u00bb; adem\u00e1s, desconoci\u00f3 los precedentes jurisprudenciales, en punto a que \u00abde conformidad con el marco normativo del derecho de petici\u00f3n, es imposible que el determinador genere en el inducido una definitiva resoluci\u00f3n de cometer un delito, ni mucho menos refuerce la idea preexistente\u00bb; as\u00ed como tampoco es posible determinar un nexo entre la conducta delictiva y el ejercicio del derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
2.6. Indic\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Penal \u00ababord\u00f3 de manera tangencial la cuesti\u00f3n de la participaci\u00f3n, permitiendo que la circunstancia de no probar la calidad de determinadora de la acusada no fuera valorada oportunamente por el superior jer\u00e1rquico\u00bb; adem\u00e1s, guard\u00f3 silencio frente a los reproches enunciados, lo que agrava la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que la supuesta conducta punible se edific\u00f3 con la conciliaci\u00f3n del 12 de agosto de 1998, momento en el que reg\u00eda el art\u00edculo 133 del decreto 190 de 1995, por lo que \u00abno cabe duda que en cuanto que la normatividad sustantiva aplicable al presente asunto\u2026 por la cuant\u00eda corresponde al precepto 397 inciso 2 primigenia de la Ley 599 de 2000, que debe aplicarse por favorabilidad\u00bb, esto, en punto a la dosificaci\u00f3n punitiva; adem\u00e1s, tampoco se atendi\u00f3 en punto a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, toda vez que \u00absi la pena que deb\u00eda imponerse\u2026 solo podr\u00eda tasarse dentro del primer cuarto, la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal operaba cuando transcurriera el m\u00e1ximo del lapso que se identifica como tope de dicho cuarto\u00bb, en ese orden, no se atendi\u00f3 que la acci\u00f3n hab\u00eda expirado antes de que quedara ejecutoriada la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n. <\/p>\n
2.8. Agreg\u00f3 que los estrados querellados vulneraron el contenido normativo del derecho fundamental a la presunci\u00f3n de inocencia; asimismo, que \u00abla distorsi\u00f3n en los hechos generada por la aceptaci\u00f3n del contexto metodol\u00f3gicamente incorrecto presentado por el juez de primera instancia deriv\u00f3 en que la comprensi\u00f3n del injusto penal, que se realiz\u00f3 en [su] caso, no se realizara de manera adecuada y, por ende, vulnerando sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisi\u00f3n condenatoria no luce arbitraria, a m\u00e1s que, las premisas alegadas est\u00e1n alejadas de la realidad procesal; que con la sentencia de segunda instancia claramente se indic\u00f3 que con promover la suscripci\u00f3n de la conciliaci\u00f3n con la representante de Foncolpuertos, constituy\u00f3 el mecanismo id\u00f3neo para el menoscabo del erario y por esa v\u00eda intentar la defraudaci\u00f3n del tesoro p\u00fablico, adem\u00e1s, la procesada pact\u00f3 montos sin respaldo jur\u00eddico alguno. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, manifest\u00f3 que se remite a las consideraciones expuestas en la decisi\u00f3n emitida en esa instancia, inobserv\u00e1ndose defecto alguno que haga procedente el amparo solicitado; remiti\u00f3 copia de dicha determinaci\u00f3n (AP1082-2023). <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1 cont\u00f3 las actuaciones adelantadas en el proceso criticado; refiri\u00f3 que la solicitud de amparo es improcedente para censurar decisiones judiciales que reviste de acierto y legalidad, sumado a que no se acredito un perjuicio irremediable; remiti\u00f3 copia del fallo emitido en esa instancia. <\/p>\n
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4. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013 UGPP, manifest\u00f3 que la salvaguarda no cumple con el presupuesto de perjuicio irremediable o afectaci\u00f3n al debido proceso, pues en la v\u00eda judicial se le respecto la contradicci\u00f3n y defensa; que la decisi\u00f3n controvertida est\u00e1 en firme y lo ahora pretendido ya fue ventilado ante el juez natural, sin que saliera avante a sus intereses. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Fiscal\u00eda 397 delegada \u2013 Grupo Foncolpuertos Ley 600 de 2000 inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que no existe vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas invocadas y menos a la presunci\u00f3n de inocencia, toda vez que los fallos criticados contienen todos los elementos integrales que llevaron a esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En primer lugar, en lo que ata\u00f1e al prenombrado auto del 19 de abril de 2023, se advierte que en esa providencia, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tras advertir las formalidades de la demanda de casaci\u00f3n, estudi\u00f3 el primer cargo formulado, considerando que: <\/p>\n
2.1. Primer cargo \u2013 violaci\u00f3n directa de la ley por falta de aplicaci\u00f3n <\/p>\n
De la argumentaci\u00f3n expuesta por el libelista, en armon\u00eda con lo reglado por el art\u00edculo 207 de la Ley 600 de 2000, se deduce que acude a la causal primera de casaci\u00f3n, motivo primero, por falta de aplicaci\u00f3n de una norma de derecho sustantivo. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La violaci\u00f3n directa a la ley sustancial en su primer modalidad o sentido (falta de aplicaci\u00f3n o exclusi\u00f3n evidente) tiene lugar cuando a partir de los hechos legal y oportunamente acreditados dentro del proceso, los falladores omiten aplicar la disposici\u00f3n que se ocupa de la situaci\u00f3n en concreto, en cuanto yerran acerca de su existencia (falta de aplicaci\u00f3n o exclusi\u00f3n evidente). <\/p>\n
En tal caso, el yerro denunciado recae sobre la normatividad, situaci\u00f3n que sit\u00faa el debate en un \u00e1mbito estrictamente jur\u00eddico, porque se dej\u00f3 de lado el precepto regulador de la situaci\u00f3n espec\u00edfica demostrada, lo cual exige del censor la aceptaci\u00f3n de la realidad f\u00e1ctica declarada en las instancias. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior, que al acudir a esta modalidad de defecto, no es viable arg\u00fcir que los hechos son de tal o cual modo, porque ante la naturaleza de la causal invocada, se entiende que el impugnante est\u00e1 aceptando los hechos tal y como los entendi\u00f3 el fallador, debi\u00e9ndose trabar una discusi\u00f3n en derecho y no probatoria. <\/p>\n
En tal sentido, se impone al demandante, adem\u00e1s de exponer los hechos tal como fueron declarados en la sentencia de segunda instancia, identificar la norma excluida, explicar por qu\u00e9 aquella identificada no fue aplicada y demostrar la trascendencia del error, especificando la manera en que la aplicaci\u00f3n de la norma beneficiar\u00eda a la parte representada. <\/p>\n
2.1.2. En el sub-i\u00fadice, el apoderado de RUTH ACU\u00d1A aleg\u00f3 la inaplicaci\u00f3n de la normativa relativa a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal (art\u00edculos 82, 83 y 84 del C\u00f3digo Penal), la que de haber sido tenida en cuenta, refiere, hubiese conducido a la cesaci\u00f3n del procedimiento al haber operado el fen\u00f3meno extintivo de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
Seguidamente, como respuesta a tal reparo, en punto a la argumentaci\u00f3n de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, dijo que: <\/p>\n
Desbord\u00f3 as\u00ed el recurrente la l\u00f3gica formal de la modalidad y sentido de la causal invocada, pasando por alto que de acuerdo con la naturaleza de \u00e9sta, el alegato se debe circunscribir a un escenario rigurosamente jur\u00eddico, lo cual exige del censor la aceptaci\u00f3n de la realidad f\u00e1ctica declarada en las instancias. <\/p>\n
De pretender censurar, como se deduce de la demanda, una errada valoraci\u00f3n probatoria producto de la alteraci\u00f3n del sentido objetivo de la prueba y que llev\u00f3 a los jueces de instancia a concluir erradamente el grado de participaci\u00f3n de la procesada, la senda del ataque no pod\u00eda ser otra que la violaci\u00f3n indirecta de la ley, en la modalidad del falso juicio de identidad por tergiversaci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
En todo caso, atenta el demandante en contra del principio de correcci\u00f3n material, al no ser fiel a lo actuado en el proceso, argumentando una falta de aplicaci\u00f3n de las normas penales que regulan la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, cuando, verifica la Sala, los jueces de instancia en sus respectivos fallos se ocuparon de estudiar bajo la \u00e9gida de los art\u00edculos 83 y 84 de la Ley 599 de 2000, el fen\u00f3meno prescriptivo invocado por el apoderado de la procesada. As\u00ed, en la sentencia de primer grado, que constituye una unidad jur\u00eddica inescindible con la del Tribunal, en todo aquello que no se contradigan, se consider\u00f3: <\/p>\n
\u00abObserva el despacho que las reglas 83, 84 y 86 del CP regulan la figura de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, y establecen que \u00e9sta se materializa en un tiempo igual al m\u00e1ximo de la sanci\u00f3n fijada en la ley, y que en las conductas punibles que lograron ser consumadas, el lapso respectivo comenzar\u00e1 a correr desde la perpetraci\u00f3n del \u00faltimo acto, En cuanto a la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino prescriptivo, el canon 86 del CP establece que \u00e9ste se interrumpe con la ejecutoria de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n. <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
Es necesario tener en cuenta que la sanci\u00f3n corporal m\u00e1xima imponible para la conducta de peculado por apropiaci\u00f3n agravado corresponde a 22.5 a\u00f1os, pero en atenci\u00f3n a lo establecido en el art\u00edculo 83 sustancial no puede exceder 20 a\u00f1os durante la instrucci\u00f3n o su mitad durante el juicio; sin embargo, como quiera que el proceder enrostrado seg\u00fan qued\u00f3 plasmado en el pliego acusatorio qued\u00f3 en grado de frustraci\u00f3n, los l\u00edmites de la pena var\u00edan atendiendo lo establecido en el precepto 27 del CP, el cual reza que cuando el comportamiento no se consume por circunstancias ajenas a la voluntad del agente, se incurrir\u00e1 en pena menor de la mitad del m\u00ednimo ni mayor de las tres cuartas partes, as\u00ed las cosas, los extremos punitivos van de 36 meses a 202.5 meses, ultima que equivale a 16 a\u00f1os, 10 meses y 15 d\u00edas. <\/p>\n
Dado que en este evento la ejecutoria de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n se cristalizo el 04 de diciembre de 2014, y que el lapso prescriptivo corresponde a 16 a\u00f1os, 10 meses y 15 d\u00edas, no ofrece duda que entre el 12 de agosto de 1998, que es la fecha de suscripci\u00f3n de la conciliaci\u00f3n y el 04 de diciembre de 2014, transcurrido el lapso de 16 a\u00f1os, 3 meses y 22 d\u00edas, de alii que no opero la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal.\u00bb <\/p>\n
Argumentos que fueron ratificados por el ad-quem, al realizar el c\u00e1lculo del t\u00e9rmino prescriptivo bajo igual marco normativo. <\/p>\n
Luego, respecto a la alegaci\u00f3n de imponer como t\u00e9rmino prescriptivo el l\u00edmite m\u00e1ximo del cuarto punitivo para tasar la pena, precis\u00f3 que: <\/p>\n
2.1.2.2. As\u00ed mismo, falt\u00f3 el mandatario judicial a la l\u00f3gica formal de la modalidad y sentido de la causal invocada, al pretender, amparado en la misma, imponer como t\u00e9rmino prescriptivo el l\u00edmite m\u00e1ximo del cuarto punitivo seleccionado por el juez para tasar la pena en el proceso de individualizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, debiendo haber acudido no a falta de aplicaci\u00f3n de la norma, sino al error de sentido o interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. <\/p>\n
En todo caso, se equivoca el impugnante al pretender dar su particular interpretaci\u00f3n del inciso 5\u00ba del art\u00edculo 83 del C\u00f3digo Penal. Conforme lo se\u00f1ala el inciso 1\u00ba de la citada norma, \u00abLa acci\u00f3n penal prescribir\u00e1 en un tiempo igual al m\u00e1ximo de la pena fijada en la ley [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
Y cuando el inciso 5\u00ba ordena para realizar el c\u00e1lculo prescriptivo tener en cuenta las \u2018causales sustanciales modificadoras de la punibilidad\u2019, se refiere a circunstancias que por ministerio de la ley, objetiva y expresamente, aten\u00faan o agravan las penas respecto de cada delito, en s\u00ed mismo considerado. Ejemplo de ellas, la agravaci\u00f3n punitiva establecida en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 397 CP cuando lo apropiado supera los 200 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, la diminuente del art\u00edculo 37 CP para los casos en que la conducta punible queda en tentativa, las circunstancias de agravaci\u00f3n del punible de homicidio (art\u00edculo 104 CP) o las circunstancias de agravaci\u00f3n y de atenuaci\u00f3n para los delitos contra el patrimonio econ\u00f3mico (art\u00edculos 267 y 268 CP), entre muchos. <\/p>\n
No se refiere la aludida expresi\u00f3n, a las especiales situaciones referentes a cada procesado en particular o circunstancias se\u00f1aladas para individualizar la pena imponible en la sentencia, como resultan ser aquellas referidas por el art\u00edculo 61 del Estatuto Penal. <\/p>\n
En suma, el cargo no re\u00fane los presupuestos de l\u00f3gica formal y coherencia para su admisi\u00f3n. <\/p>\n
Seguidamente, analiz\u00f3 el segundo cargo formulado por la defensa de la promotora, el cual se inco\u00f3 como violaci\u00f3n indirecta de la ley por falso raciocinio, el que, tras citar jurisprudencia sobre la materia, desecho consignando que: <\/p>\n
Para la Corte, el censor confunde una presunci\u00f3n de derecho y principio constitucional, con el concepto de m\u00e1xima de la experiencia, \u00faltima, que contrario a las primeras se construyen f\u00e1cticamente y demuestran emp\u00edricamente; en tanto los principios y presunciones de derecho constituyen disposiciones legales que crean una ficci\u00f3n jur\u00eddica de obligatorio acatamiento, cuya infracci\u00f3n, justamente, en algunos casos, puede acarrear, con el lleno de los presupuestos legales, responsabilidad penal. <\/p>\n
En efecto, conforme lo establece el art\u00edculo 83 de la Constituci\u00f3n Nacional, \u00abLas actuaciones de los particulares y de las autoridades p\u00fabicas, deber\u00e1n ce\u00f1irse a los postulados de buena fe, la cual se presume en todas las gestiones de aquellos ante \u00e9sta\u00bb. <\/p>\n
De tal forma, el principio o presunci\u00f3n de la buena fe, ha entendido la Corte Constitucional, \u00abexige a los particulares y a las autoridades p\u00fablicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podr\u00edan esperarse de una \u201cpersona correcta\u201d (vir bonus\u201d). As\u00ed la buena fe presupone la existencia de relaciones rec\u00edprocas con trascendencia jur\u00eddica, y se refiere a la \u201cconfianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada\u00bb. <\/p>\n
Es as\u00ed que en desarrollo del juicio penal, fue carga de la Fiscal\u00eda demostrar que tal principio fue infringido por la procesada, y de ello derivar la responsabilidad penal, tal como as\u00ed lo hizo. En efecto, en punto a este aspecto consider\u00f3 la Corporaci\u00f3n de segunda instancia: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] lo que resulta penalmente reprochable es que la abogada haya propiciado una actuaci\u00f3n persiguiendo unas prestaciones sociales que ya hab\u00edan sido en su momento debidamente canceladas. <\/p>\n
Comportamiento que dista de constituir la actividad propia de la \u201cmisi\u00f3n de asesorar\u201d, patrocinar y asistir a las personas en la ordenaci\u00f3n y desenvolvimiento de sus relaciones jur\u00eddicas\u201d en la medida en que motiv\u00f3 en la apoderada de la compa\u00f1\u00eda la entrega arbitraria del erario, con fundamento en pretensiones a todas luces improcedentes incoadas de manera consciente y voluntaria. <\/p>\n
No a otra conclusi\u00f3n se arriba, cuando se trataba de una togada experimentada -seg\u00fan su propio dicho, para la fecha del hecho punible contaba con m\u00e1s de diez a\u00f1os de pr\u00e1ctica en la abogac\u00eda-, a quien por mandato directo de once extrabajadores, le fueron conferidas expresas facultades para agenciar intereses desmedidos con la finalidad de acrecentar las asignaciones de liquidaci\u00f3n y jubilaci\u00f3n, en un escenario, ciertamente, de corrupci\u00f3n que no pod\u00eda, por ente, desconocer la imputada\u00bb. <\/p>\n
Consideraciones que tuvieron como contexto las pruebas legalmente aportadas al proceso, de acuerdo con las cuales RUTH ACU\u00d1A JIM\u00c9NEZ obtuvo los poderes firmados por los trabajadores, a trav\u00e9s de un familiar en Buenaventura, quien los hizo firmar a sus excompa\u00f1eros de trabajo, dejando en blanco las prestaciones sociales a reclamar ante la entidad estatal en liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
Es por ello que en el fallo de primera instancia, el cual constituye una unidad jur\u00eddica inescindible con aqu\u00e9l de segunda instancia en todo aquello que no se contradigan, se resalt\u00f3 la falta de diligencia de la profesional del derecho ahora procesada, quien sin entrevistarse con sus poderdantes, no solamente procedi\u00f3 a reclamar conceptos laborales luego de fenecido el tiempo para realizarlo, sino que tambi\u00e9n solicit\u00f3 el reconocimiento de factores oportunamente cancelados o no debidos y carentes de fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] no emerge duda en cuanto que la abogada RUTH ACU\u00d1A JIM\u00c9NEZ despleg\u00f3 comportamientos que reportaban desviaci\u00f3n de los principios de lealtad, buena fe y veracidad, realizando una interpretaci\u00f3n distorsionada del ordenamiento, de modo que salta a la vista que en dicho proceder es admisible pregonar que se acometi\u00f3 una actuaci\u00f3n temeraria, tendenciosamente dolosa y enderezada a obtener una su dineraria con cargo al erario sin justificaci\u00f3n alguna, siendo claro que los conceptos solicitados desbordaban lo contemplado en la CCT. [\u2026] a lo que suma que no fueron oportunamente reclamados los conceptos, ya que en todos los casos hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de 3 a\u00f1os desde cuando se retiraron de la empresa, lo que fortalece la apreciaci\u00f3n del Juzgado en cuanto que lo pretendido por los extrabajadores mediante apoderada resultaba abiertamente ilegal. <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
Por manera que se advierte de cara a la finalidad defraudatoria fraguada, ning\u00fan beneficio reportaba hacer honor a la verdad poniendo de presente en dicha conciliaci\u00f3n todos los pagos recibidos previamente, a lo que se suma, que el reconocimiento de los valores [\u2026] se realiz\u00f3 por fuera del t\u00e9rmino contemplado en la Ley o por factores que no correspond\u00edan a los contemplados en la ley\u00bb. <\/p>\n
Comportamiento doloso que los jueces tanto de primera como de segunda instancia, reforzaron, a trav\u00e9s de la menci\u00f3n del conocimiento p\u00fablico para la fecha de los hechos del entorno de corrupci\u00f3n que rodeaba a FONCOLPUERTOS y del cual daba cuenta la jurisprudencia rese\u00f1ada por los jueces, que si bien fue emitida con posterioridad la situaci\u00f3n f\u00e1ctica objeto de juzgamiento en la presente actuaci\u00f3n, tal como lo anota el demandante en casaci\u00f3n, aquella hace referencia a \u00e9pocas anteriores (a los hechos) en las que ya se develaba el \u00e1nimo defraudatorio de trabajadores, litigantes, apoderados de la empresa estatal y jueces, sobre la entidad en liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
A manera de ejemplo, el fallador de primer grado cit\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] hac\u00eda por lo menos dos a\u00f1os (noviembre de 1996) desde cuando los diversos medios de comunicaci\u00f3n escrita y oral de Colombia ven\u00edan registrando en forma profusa noticias en torno a la millonaria defraudaci\u00f3n, precisamente con ocasi\u00f3n del masivo cobro irregular de obligaciones laborales ya pagadas o reliquidaciones infundadas, que se sustentaron en resoluciones espurias, mediante la connivencia entre extrabajadores, abogados litigantes quienes los representaban, as\u00ed como apoderados de la empresa, ex directivos de Colpuertos, directivos de Foncolpuertos y lo m\u00e1s importante, funcionarios judiciales <\/p>\n
[\u2026]\u00bb <\/p>\n
En tanto el Tribunal trajo a colaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] los Tribunales y los jueces no pueden hacer abstracci\u00f3n de la realidad, ni a ellos resultarles indiferentes casos de escandalosa corrupci\u00f3n administrativa como la que hizo carrera en las reclamaciones laborales en contra de COLPUERTOS y de FONCOLPUERTOS, pues por decir lo menos, no se compadece con el imperativo \u00e9tico de dar vigencia aun orden justo que, a causa de sus interpretaciones, los intereses de la colectividad, parad\u00f3jicamente, terminen sin protecci\u00f3n; m\u00e1xime cuando, en casos como el presente, hay evidencia plena de la urgencia con que, los m\u00e1s altos intereses nacionales, exigen actuaci\u00f3n decidida de las autoridades. <\/p>\n
A este respecto, es del caso recordar que la Sala Quinte de Revisi\u00f3n de esta Corte, en sus sentencias T-01 de 1997, T-126 de 1997, T-207 de 1997 y T-575 de 1997, con ocasi\u00f3n de la revisi\u00f3n de numerosos fallos de tutela intentados por extrabajadores de COLPUERTOS directamente o por conducto de apoderados o de agentes oficiosos, advirti\u00f3 anomal\u00edas e irregularidades que originaron la remisi\u00f3n de los expedientes revisados y de copia de las sentencias, tanto al se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n como al se\u00f1or Contralor General de la Rep\u00fablica, para que se efectuaran las investigaciones pertinentes. <\/p>\n
En estas condiciones, las falencias que han propiciado la corrupci\u00f3n en el caso de las reclamaciones laborales contra FONCOLPUERTOS, bien podr\u00edan detectarse y eficazmente corregirse mediante la consulta de las sentencias de primera instancia, que le han sido adversas total o parcialmente, con lo cual, las autoridades judiciales custodiar\u00edan una cifra cuantiosa de recursos p\u00fablicos\u00bb <\/p>\n
Se concluye de lo hasta aqu\u00ed expuesto, que el recurrente a trav\u00e9s del cargo propuesto por falso raciocinio incumpli\u00f3 con la carga argumentativa y l\u00f3gica formal que le corresponde, pues no s\u00f3lo utiliz\u00f3 como m\u00e1xima de la experiencia un postulado que no responde a tal calidad, falt\u00f3 al principio de correcci\u00f3n material que gobierna la casaci\u00f3n, al no ser fiel a las pruebas obrantes en el proceso y las consideraciones al respecto realizadas por el ad-quem, sino que adem\u00e1s, se abstuvo de acreditar que las dem\u00e1s pruebas obrantes en la actuaci\u00f3n no desvirtuaban la apreciaci\u00f3n probatoria propuesta, dejando al margen las consideraciones del Tribunal en tal sentido. <\/p>\n
Luego, estudi\u00f3 el tercer cargo postulado en la falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 63 del C\u00f3digo Penal, indicando que: <\/p>\n
Si bien el censor acert\u00f3 en la formulaci\u00f3n del cargo, encuentra la Sala que el defecto demandado carece de la trascendencia necesaria, que permita su admisi\u00f3n, habi\u00e9ndose inobservado, adicionalmente, por el demandante, el principio de unidad de fallos. <\/p>\n
Tiene dicho por la Corte que en la formulaci\u00f3n de los reproches es necesario tener en cuenta que la simple denuncia y constataci\u00f3n de incorrecciones en el fallo no es suficiente, en tanto se debe demostrar c\u00f3mo tal defecto afect\u00f3 de manera importante las garant\u00edas de los sujetos (principio de trascendencia). <\/p>\n
As\u00ed mismo, ha reiterado la Sala, que si las sentencias de primera y segunda instancia han sido dictadas en un mismo sentido, constituyen una unidad y en consecuencia, quien acude en casaci\u00f3n, debe atacar los argumentos de las dos sentencias, en tanto la segunda es confirmatoria de aquella (principio de unidad de fallos). <\/p>\n
En desacuerdo con la anterior determinaci\u00f3n, el apoderado de RUTH ACU\u00d1A JIM\u00c9NEZ la impugn\u00f3. En la sustentaci\u00f3n del recurso vertical, solicit\u00f3 dar aplicaci\u00f3n a los principios que rigen la imposici\u00f3n de la sanciones penales (art\u00edculos 3 del C\u00f3digo Penal) y a los art\u00edculos 10, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, as\u00ed como tambi\u00e9n, 5, numeral 6\u00ba, del Pacto de San Jos\u00e9 (reforma y readaptaci\u00f3n como finalidad de la pena privativa de la libertad), concluyendo que para el caso concreto, la ejecuci\u00f3n efectiva de la pena carec\u00eda de toda razonabilidad, de cara a lograr la reincorporaci\u00f3n social. En este sentido y sin citar fundamento legal adicional, solicit\u00f3 conceder a favor de su representada, la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena. <\/p>\n
El Tribunal, al resolver el recurso revis\u00f3 la procedencia del sustituto penal, err\u00f3neamente, lo hizo bajo los presupuestos establecidos por el art\u00edculo 471 de la Ley 600 de 2000, en concordancia con el precepto 362 ibidem, normativa aplicable exclusivamente en la etapa de ejecuci\u00f3n de las sentencias. <\/p>\n
Pese al defecto advertido, encuentra la Sala en primer lugar, como se rese\u00f1\u00f3 en precedencia, que aqu\u00e9l resulta intrascendente, en tanto la negativa a la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena \u2013 regulada por el art\u00edculo 63 del estatuto penal \u2013 en primera instancia se fundament\u00f3 en la prohibici\u00f3n legal, expresa y vigente contenida en el art\u00edculo 68A del C\u00f3digo Penal. <\/p>\n
As\u00ed mismo, como se dijo anteriormente, no tuvo en cuenta el censor que en sede de casaci\u00f3n, en virtud del principio de unidad jur\u00eddica inescindible, los fallos de primera y segunda instancia forman un solo cuerpo, raz\u00f3n por la cual para desvirtuar la presunci\u00f3n de acierto y legalidad de la sentencia es necesario proceder a quebrantar todos y cada uno de sus fundamentos de \u00e9sta, pues si alguno se mantiene en pie, el ataque extraordinario se reputa intrascendente. <\/p>\n
Y concluy\u00f3 que: <\/p>\n
En s\u00edntesis, la demanda estudiada no cumple las exigencias m\u00ednimas de forma y contenido requeridas para su estudio de fondo, por lo que ser\u00e1 inadmitida, no sin antes advertir que revisada la actuaci\u00f3n en lo pertinente, no se advierte la vulneraci\u00f3n de garant\u00eda fundamental alguna, que imponga superar los defectos del libelo en orden a decidir de fondo, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 216 de la Ley 600 de 2000. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, la referida autoridad interpret\u00f3 las normas que regulan el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, concluyendo que la demanda g\u00e9nesis de ese tr\u00e1mite incumpl\u00eda las exigencias que para esos efectos contempla el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, por lo que no hab\u00eda lugar a darle curso; sin que se observara la presencia de alguna eventualidad que hiciera operantes las potestades oficiosas que en dicha materia tiene la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, al no verificarse la violaci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales del condenado. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que el criterio del juzgador no puede ser desaprobado de plano o calificado de absurdo o arbitrario, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
3. Por otra parte, en este caso se cuestiona el juicio penal que culmin\u00f3 con sentencia de 8 de abril de 2022 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso seguido en contra del accionante, mediante la cual se confirm\u00f3 el fallo condenatorio que dict\u00f3 el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de esta ciudad, el 10 de septiembre anterior. <\/p>\n
En este orden de ideas, concluye la Sala que la solicitud de resguardo es inviable, toda vez que al alcance del promotor estuvo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, para exponer las quejas que por v\u00eda de tutela aleg\u00f3, medio de defensa que no aprovech\u00f3 adecuadamente, pues su libelo fue inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte el 19 de abril de 2023, siendo ese el escenario id\u00f3neo para rebatir la supuesta indebida valoraci\u00f3n probatoria, la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n y la presunci\u00f3n de inocencia. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos. <\/p>\n
Lo anterior significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico o no se hace uso de los mismos en debida forma, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor del resguardo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC6175-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC6175-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02438-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ruth Acu\u00f1a Jim\u00e9nez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74301","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74301","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74301"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74301\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74301"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74301"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74301"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}