STC6178-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6178-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-00897-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 1\u00b0 de junio de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Imprenta Nacional de Colombia contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente conculcados por la sede judicial acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse declare sin valor y sin efectos jur\u00eddicos las providencias emitidas el 6 de julio de 2021 y 17 de febrero de 2023 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, por ser emitidas por una autoridad carente de jurisdicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. La Uni\u00f3n Temporal de Servicios Archivisticos present\u00f3 demanda ejecutiva en contra de la Imprenta Nacional de Colombia, con miras a obtener el pago de la factura n\u00b0 003 por valor de $342.414.455, la que se emiti\u00f3 por cuenta del contrato 228 del 22 de diciembre de 2017; asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, que el 6 de julio de 2021 libr\u00f3 mandamiento de pago. <\/p>\n
2.2. Notificada la convocada, formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra la orden de apremio alegando, entre otras, una falta de jurisdicci\u00f3n, comoquiera que, conforme al art\u00edculo 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo, las controversias originadas en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones en los que est\u00e9n involucradas las entidades p\u00fablicas, la jurisdicci\u00f3n competente para conocer del litigio debe ser el Contencioso Administrativo. <\/p>\n
2.3. El 17 de febrero de 2023, el estrado judicial \u00abdecla[r\u00f3] no probada la excepci\u00f3n previa formulada por la parte demandada\u00bb, al considerar que la factura cumpl\u00eda con los requisitos contenidos en el art\u00edculo 774 del C\u00f3digo de Comercio; asimismo, mantuvo el mandamiento de pago y orden\u00f3 contabilizar el t\u00e9rmino del art\u00edculo 442 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n la decisi\u00f3n referida a espacio, pues no realiz\u00f3 ning\u00fan an\u00e1lisis de fondo sobre lo propuesto, \u00absino que por el contrario se bas\u00f3 en analizar la validez o requisitos que debe de cumplir una factura para ser considerada t\u00edtulo valor\u00bb, no obstante, no consider\u00f3 nada sobre la falta de jurisdicci\u00f3n alegada. <\/p>\n
2.5. Anot\u00f3 que el contrato suscrito por la demandante y la demandada es un contrato estatal y \u00abde ninguna manera puede considerarse que el r\u00e9gimen privado de los procedimientos contractuales de la demandada la excluye de su naturaleza eminentemente p\u00fablica\u00bb; adem\u00e1s, el art\u00edculo 93 de la Ley 489 de 1998 refiere que los contratos que se celebren para el cumplimiento de su objeto, se sujetaran a las disposiciones de Estatuto General de Contrataci\u00f3n de las entidades estatales. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que el estrado encausado quebrant\u00f3 sus garant\u00edas de primer grado, habida cuenta que, \u00abincurri\u00f3 en un defecto org\u00e1nico al no considerar que las obligaciones que fueron demandadas ejecutivamente devienen del Contrato Estatal 228 de 2017\u00bb, y que la Imprenta Nacional de Colombia es una entidad estatal de las establecidas en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 80 de1993. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que el proceso ingres\u00f3 al despacho el 26 de abril de 2023 con el fin de realizar un control de legalidad sobre el auto de 17 de febrero anterior, \u00abhabida consideraci\u00f3n, en dicha providencia, se omiti\u00f3 resolver la excepci\u00f3n previa de \u201cFalta de Jurisdicci\u00f3n\u201d propuesta por la parte ejecutada\u00bb, por lo que emiti\u00f3 providencia de 2 de mayo de los corrientes, pronunci\u00e1ndose al respecto; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional, en Sala Mayoritaria, neg\u00f3 el resguardo al considerar que, el estrado querellado en la decisi\u00f3n de 17 de febrero de 2023 \u00abse apoy\u00f3 en reflexiones atinentes a la autonom\u00eda del t\u00edtulo valor que deriva de un contrato que se titula de estatal, destacando que a t\u00e9rminos del art\u00edculo 621 del C\u00f3digo de Comercio \u201ces independiente del negocio econ\u00f3mico o jur\u00eddico que le dio origen\u00bb; de ah\u00ed que dicha determinaci\u00f3n no luce caprichosa. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, si bien en dicho prove\u00eddo no se indic\u00f3 minuciosamente sobre la falta de jurisdicci\u00f3n, lo cierto es que \u00abse muestran razonables de cara a la legislaci\u00f3n patria, porque ciertamente el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo no precisa que el cobro ejecutivo de facturas derivadas de contrato estatal lo deba ser en el escenario de lo contencioso administrativo, adem\u00e1s que ciertamente en jurisprudencia de \u00f3rgano de cierre de esa jurisdicci\u00f3n no se incluyen t\u00edtulos de ese linaje como de competencia de los jueces administrativos, as\u00ed emanen de un contrato de esa \u00edndole\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora insistiendo en sus argumentos iniciales, a los que adicion\u00f3 que el a quo constitucional no analiz\u00f3 de fondo los reparos, pues el Juzgado accionado no aplic\u00f3 los art\u00edculos 104, 297, 298 y 299 del CPACA, estos, en armon\u00eda con el numeral 5\u00b0 del canon 155 de la misma obra, en ese orden, dar por probada la excepci\u00f3n de falta de jurisdicci\u00f3n y remitir el conocimiento a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que, al margen de que el Juzgado criticado en la providencia dictada el 17 de febrero de 2023 no realiz\u00f3 un an\u00e1lisis profundo sobre la excepci\u00f3n de falta de jurisdicci\u00f3n propuesta, lo cierto es que, ante tal omisi\u00f3n, bajo un control de legalidad, con prove\u00eddo de 2 de mayo siguiente, adicion\u00f3 dicho auto en el sentido de \u00abdeclarar no probada la excepci\u00f3n previa de \u201cFalta de Jurisdicci\u00f3n\u201d propuesta por el apoderado de la parte ejecutada\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, en dicha providencia tras referir sobre la competencia de la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo y atender el art\u00edculo 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dijo que: <\/p>\n
Pues bien, la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo est\u00e1 instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades p\u00fablicas y de las personas privadas que desempe\u00f1en funciones propias de los distintos \u00f3rganos del Estado. Ejercida por su m\u00e1ximo tribunal, el Consejo de Estado, los Tribunales y los juzgados administrativos de conformidad con la constituci\u00f3n y la ley. Es decir, que la competencia de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, de manera general considera el factor subjetivo, aunque no exclusivo, habida cuenta tambi\u00e9n se deben considerar las reglas a tener en cuenta como la se\u00f1alada en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 104 del CPACA, norma que primeramente y de manera clara define que debe entenderse, para efectos del CPACA como \u201centidad p\u00fablica\u201d y no s\u00f3lo circunscribi\u00e9ndolo a \u00f3rganos, organismos o entidades estatales, sino tambi\u00e9n a \u201centes\u201d en su concepto amplio entendido como organismo, instituci\u00f3n o empresas, pero para que hablemos del sector p\u00fablico los aportes o participaci\u00f3n estatal debe ser igual o superior al 50%, como es el caso de la Imprenta Nacional de Colombia. <\/p>\n
Seguidamente, analiz\u00f3 la Resoluci\u00f3n n\u00b0 49 de 2016 por medio de la cual se adopta el Manual de Contrataci\u00f3n de la Imprenta Nacional, consignando que: <\/p>\n
Ahora bien, como lo expuso el apoderado de la entidad demandada, la actividad de la IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, est\u00e1 regida por las normas del derecho civil y comercial, y es que la Resoluci\u00f3n No. 49 de 2016 Por medio de la cual se adopta el Manual de Contrataci\u00f3n de la Imprenta Nacional, as\u00ed lo dispone en su art\u00edculo 3, que en su literalidad se lee: <\/p>\n
\u201cLa actividad contractual que desarrolle la Imprenta se regir\u00e1 por las normas de derecho civil y comercial vigentes y por lo dispuesto en este Manual de Contrataci\u00f3n, excepto aquellos que por expresa disposici\u00f3n legal, est\u00e9n sometidos a reg\u00edmenes especiales.\u201d (negrillas del Despacho). <\/p>\n
En suma, a pesar de que la entidad demandada obedece por su naturaleza a ser sujeto de las normas de derecho p\u00fablico, la presente controversia, no sigue esta misma l\u00ednea, pues por disposici\u00f3n especial, en su Manual de Contrataci\u00f3n se dispuso que dicha actividad se regir\u00eda por las normas de derecho privado, cabe resaltar que la g\u00e9nesis de la presente ejecuci\u00f3n tiene resorte precisamente un contrato celebrado en vigencia de dicho Manual, por lo que la Jurisdicci\u00f3n competente para conocer del presente proceso ejecutivo es la Jurisdicci\u00f3n Ordinaria y no la Contencioso Administrativa, Adem\u00e1s, debe tenerse en cuenta que, el art\u00edculo 104 del CPACA, establece que, la Jurisdicci\u00f3n Contenciosa Administrativa conocer\u00e1 de \u201clas controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que est\u00e9n involucradas las entidades p\u00fablicas, o los particulares cuando ejerzan funci\u00f3n administrativa\u2026.\u201d Como quiera que la actividad contractual de la entidad demandada no se rige por las normas del derecho administrativo, no es procedente que sus litigios de naturaleza contractual si lo sean. <\/p>\n
Y concluy\u00f3 que: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y en aplicaci\u00f3n a las normas antes referenciadas, concluye este despacho que no le asiste raz\u00f3n al apoderado de la parte ejecutada, en sostener que el competente para conocer de la presente controversia es la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, por lo que se declarar no probada la excepci\u00f3n de \u201cFalta de Jurisdicci\u00f3n\u201d como argumento del recurso de reposici\u00f3n interpuesto en contra del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago de fecha 6 de julio de 2021. Adicionando en tal sentido al auto de fecha 17 de febrero de 2023. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, al margen de la irregularidad de falta de motivaci\u00f3n en el auto de 17 de febrero de 2023, lo cierto es que la misma se super\u00f3 con el prove\u00eddo de 2 de mayo siguiente que adicion\u00f3 el anterior, donde el Juzgado analiz\u00f3 la normatividad aplicable al caso concreto y valor\u00f3 las pruebas recaudadas, concluyendo que, si bien la accionante es una entidad p\u00fablica, lo cierto es que dicho factor no es exclusivo para determinar la competencia de las controversias, por lo que revisado el r\u00e9gimen contractual, espec\u00edficamente la Resoluci\u00f3n n\u00b0 49 de 2016 por medio del cual se adopta el Manual de Contrataci\u00f3n de la Imprenta Nacional de Colombia, se advierte que all\u00ed se indic\u00f3 que toda actividad contractual que desarrolle se regir\u00e1 por las normas del derecho civil y comercial vigente, raz\u00f3n por la que no es aplicable el canon 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo, ya que lo all\u00ed reglado dispone a las controversias sujetas al derecho administrativo. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Al respecto tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Finalmente, en un caso con similitud f\u00e1ctica, donde la Imprenta Nacional tambi\u00e9n censuraban la falta de jurisdicci\u00f3n, esta Corte encontr\u00f3 razonable la decisi\u00f3n criticada, consignado que: <\/p>\n
\u2026hay que ver que el estrado censurado encontr\u00f3 que la \u00abexcepci\u00f3n de falta de jurisdicci\u00f3n\u00bb no ten\u00eda forma de ser acogida porque, seg\u00fan dilucid\u00f3, siendo la Imprenta Nacional de Colombia una empresa industrial y comercial del estado, sus actos est\u00e1n sometidos a las disposiciones del derecho privado. <\/p>\n
Para afianzar tal enfoque se apoy\u00f3 en el canon 93 de la Ley 489 de 1998 y con base en \u00e9l se\u00f1al\u00f3 que \u00ab(\u2026) los actos que expidan las empresas industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o de gesti\u00f3n econ\u00f3mica se sujetar\u00e1n a las disposiciones del derecho privado\u00bb (se resalta). <\/p>\n
Adicionalmente, resalt\u00f3 que el pacto contractual que origin\u00f3 la emisi\u00f3n de las \u00abfacturas materia de cobranza\u00bb est\u00e1 regido por las \u00abreglas del derecho privado\u00bb, toda vez que la Imprenta Nacional de Colombia, que fue la contratante, obr\u00f3 en \u00abejercicio de una actividad de esa naturaleza\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, apuntal\u00f3 que \u00abel contrato No. 142 de 2017 (\u2026) tuvo por objeto la prestaci\u00f3n de servicios de BTL \u2013Operaci\u00f3n log\u00edstica, tiquetes, alojamiento, traslados y dem\u00e1s servicios relacionados que permitan la ejecuci\u00f3n y desarrollo del \u201cPlan de Formaci\u00f3n de la Rama Judicial para la anualidad 2017\u201d\u00bb y, por tanto, era inviable \u00abaplicar el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 104 de la Ley 1437 de 2011\u00bb al no tratarse de un \u00abasunto contractual en los que la entidad demandada ejerza funciones estatales, pues (\u2026) se est\u00e1 en ejercicio de una actividad de car\u00e1cter privado\u00bb (se resalta). <\/p>\n
Como se puede ver, la interpretaci\u00f3n confrontada no es antojadiza ni derivada de la mera subjetividad, ya que est\u00e1 acorde con el Decreto 960 de 2013, que define a la \u00abentidad p\u00fablica contratante\u00bb (Imprenta Nacional de Colombia) como una \u00abempresa industrial y comercial del Estado\u00bb; adem\u00e1s que armoniza con los c\u00e1nones 93 de la Ley 489 de 1998 y 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), tanto as\u00ed que fueron esos los par\u00e1metros que orientaron el pensamiento de la \u00abjuzgadora\u00bb en el sentido de que el elenco incumbe a la \u00abjurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb y dentro de esta a la civil, debido a que la requerida actu\u00f3 en \u00abejercicio de una actividad de car\u00e1cter privado\u00bb y no estatal, sin que tal deducci\u00f3n luzca descabellada o contradiga el ordenamiento positivo. (CSJ, STC8280-2019). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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