STC6182-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6182-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-03-000-2023-00207-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de mayo de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luz Stella V\u00e9lez Orrego contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito y Noveno Civil Municipal de Medell\u00edn, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso e igualdad, presuntamente conculcadas por las autoridades acusadas con las decisiones proferidas dentro del proceso ejecutivo radicado 2021-01265-00, en el cual fueron demandantes Alexandra Mar\u00eda Escobar Trujillo y Alejandro Cardona Holgu\u00edn. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, dejar sin efectos las providencias del 24 de junio de 2022 y del 18 de abril de 2023 emitidas por el Juzgado Noveno Civil Municipal y el Juzgado Quinto Civil del Circuito ambos de Medell\u00edn, respectivamente. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el Juzgado D\u00e9cimo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 curs\u00f3 proceso ejecutivo en el cual, Alexandra Mar\u00eda Escobar Trujillo y Alejandro Cardona Holgu\u00edn solicitaron la ejecuci\u00f3n del valor de la clausula penal pactada en la promesa de compraventa, tras considerar que existi\u00f3 incumplimiento por parte de la promitente vendedora, toda vez que para la fecha en que se deb\u00eda firmar la escritura p\u00fablica, esto es, el 9 de julio de 2021, al cotejar los linderos y el plano que se pretend\u00eda protocolizar con los pactados en la promesa, no correspond\u00edan. Tales inconsistencias s\u00f3lo fueron corregidas mediante resoluci\u00f3n expedida por la alcald\u00eda municipal de El Retiro, el 19 de octubre de 2021. <\/p>\n
Una vez cumplidas las etapas procesales correspondientes, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 24 de junio de 2022, se declar\u00f3 no probada la oposici\u00f3n formulada por la ejecutada y se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n de conformidad con el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago. <\/p>\n
2.2. La anterior decisi\u00f3n fue apelada por la actora, recurso que fue resuelto el 18 de abril de 2023, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medell\u00edn, el cual resolvi\u00f3 confirmar \u00edntegramente la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
2.3. Critic\u00f3 la promotora que, las autoridades judiciales accionadas no respetaron sus garant\u00edas fundamentales, toda vez que desconocieron el material probatorio aportado por ella, con la cual, a su juicio, se logr\u00f3 demostrar que no hubo incumplimiento de la promesa de compraventa por su parte, por lo que no se podr\u00eda pregonar la existencia de una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medell\u00edn, indic\u00f3 que conoci\u00f3 el tr\u00e1mite en segunda instancia, en el cual se resolvieron todos y cada uno de los reparos formulados por la accionante, arribando a la conclusi\u00f3n que se daban los presupuestos para tener como titulo ejecutivo la promesa de compraventa, evidenciado, adem\u00e1s, que la parte ejecutada hab\u00eda cumplido con sus obligaciones, situaci\u00f3n que no sucedi\u00f3 con la ejecutada, lo que hac\u00eda exigible v\u00eda coercitiva la cl\u00e1usula penal pactada. <\/p>\n
2. El Juzgado Noveno Civil Municipal de Medell\u00edn, se opuso a las pretensiones invocadas, indicando que no se vislumbra ning\u00fan tipo de actuaci\u00f3n temeraria o que permita concluir la existencia de una v\u00eda de hecho puesto que todas se encuentran ajustadas a la legalidad. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo deneg\u00f3 el amparo tras considerar que las determinaciones adoptadas en el proceso debatido, se sustentaron en las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite, en las pruebas allegadas y en las normas aplicables al caso, raz\u00f3n por la cual no se vislumbr\u00f3 que fueran arbitrarias ni alejadas del ordenamiento legal. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La actora insisti\u00f3 en sus planteamientos iniciales, los que adujo desatendidos por el juzgador constitucional de primer grado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, advierte la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto en el prove\u00eddo del 18 de abril de 2023, que confirm\u00f3 el dictado por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Medell\u00edn el 24 de junio de 2022, el Juzgado convocado resolvi\u00f3 uno a uno los reclamos realizados por la actora en contra de la sentencia de primera instancia, realizando un an\u00e1lisis de las pruebas obrantes en el plenario, llegando a la conclusi\u00f3n que era menester la confirmaci\u00f3n en su integridad de la misma, en virtud de la existencia de incumplimiento del contrato de promesa de compraventa y otros\u00ed del 15 de febrero y 13 de mayo de 2021, respectivamente. <\/p>\n
Lo anterior, bajo el argumento que, para la fecha de la firma de la escritura p\u00fablica, esto es el 9 de julio de 2021, el predio prometido en venta conten\u00eda errores en las cotas y linderos, evidenci\u00e1ndose una inconsistencia entre lo estipulado en la promesa de compraventa y el plano que se adjunt\u00f3 a esta, situaci\u00f3n que solo se corrigi\u00f3 mediante la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 2807 del 19 de octubre de 2021 expedida por la Secretar\u00eda de H\u00e1bitat y Desarrollo Territorial del Retiro, fecha posterior a la calenda en la cual se deb\u00eda cumplir la obligaci\u00f3n, lo cual hizo exigible por la v\u00eda ejecutiva la suma pactada como clausula penal, respecto de lo cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) 4.3 Del t\u00edtulo ejecutivo: el Art. 422 del C\u00f3digo General del Proceso, establece que podr\u00e1n demandarse ejecutivamente las obligaciones claras, expresas, y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra \u00e9l. <\/p>\n
En el escenario planteado por las partes, con la formulaci\u00f3n de sus extremos litigiosos, impone que se efectu\u00e9, en primera medida, una revisi\u00f3n de los supuestos axiol\u00f3gicos indispensables para que las pretensiones salgan avantes. Para ello debe analizarse si existe un t\u00edtulo ejecutivo que sea claro, expreso y exigible, en este caso, la cl\u00e1usula penal contenida en la promesa de contrato de compraventa del 15 de febrero del 2021 y el otro s\u00ed del 13 de mayo de 2021; para desentra\u00f1ar la obligaci\u00f3n que recae en la promitente vendedora de pagar la suma de $42.500.000 por concepto de dicha cl\u00e1usula penal. <\/p>\n
Para determinar la exigibilidad de la cl\u00e1usula penal y su m\u00e9rito ejecutivo, el art\u00edculo 1592 del C\u00f3digo Civil se\u00f1ala que: <\/p>\n
\u201cLa cl\u00e1usula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligaci\u00f3n, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligaci\u00f3n principal\u201d. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, en Sentencia SC3047-2018 del 31 de julio del 2018, ha entendido y clasificado la cl\u00e1usula penal, como sigue: <\/p>\n
\u201c\u2026 en el \u00e1mbito de la dogm\u00e1tica jur\u00eddica civil se denomina \u201ccl\u00e1usula penal\u201d acuerdo de las partes sobre la estimaci\u00f3n de los perjuicios compensatorios o moratorios, para el evento del incumplimiento del convenio o la mora en la satisfacci\u00f3n de las obligaciones derivadas del mismo, recibiendo en el primer caso el nombre de \u201ccl\u00e1usula penal compensatoria\u201d y en el segundo \u201ccl\u00e1usula penal moratoria\u201d; as\u00ed mismo se reconoce, que cumple la funci\u00f3n complementaria de apremiar al deudor para el adecuado cumplimiento de la prestaci\u00f3n. <\/p>\n
En virtud de lo anterior, cabe se\u00f1alar que dicho pacto tiene el car\u00e1cter de una \u201cobligaci\u00f3n accesoria\u201d, en cuanto tiene por objeto asegurar el cumplimiento de otra obligaci\u00f3n; igualmente, constituye una \u201cobligaci\u00f3n condicional\u201d, porque la pena solo se debe ante el incumplimiento o retardo de la \u201cobligaci\u00f3n principal\u201d; y tambi\u00e9n puede representar una liquidaci\u00f3n convencional y anticipada de los perjuicios en este caso configurarse alguno de tales supuestos\u201d. <\/p>\n
Aunado lo anterior, se tiene que si bien la cl\u00e1usula penal representa una suma anticipada de los perjuicios que pudieran derivarse de un contrato, tambi\u00e9n lo es, que esta solo se exige ante el incumplimiento o retardo de la obligaci\u00f3n principal, el cual puede acreditarse sea en proceso declarativo o a trav\u00e9s de la ejecuci\u00f3n. Resulta menester identificar para resolver el asunto lo que procesalmente se entiende como \u00edtulo complejo, al efecto cuando la relaci\u00f3n contractual no se encuentra contenida en un solo instrumento negocial, se hace necesario integrar la obligaci\u00f3n en varios documentos que den cuenta de la realidad contractual con fundamento en la cual se pretenda ejecutar, de modo tal que se valoren en conjunto los documentos allegados con la demanda, con miras a establecer si constituyen prueba id\u00f3nea de la existencia de una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible a favor del ejecutante, como lo establece el art\u00edculo 422 del C.G. del Proceso1. <\/p>\n
En el caso en concreto, el juzgado de primera instancia, en el tema de la ejecuci\u00f3n de la cl\u00e1usula penal se\u00f1al\u00f3 que: \u201c\u2026 la legislaci\u00f3n colombiana, tanto la civil como la comercial, ofrecen la autonom\u00eda suficiente para que las partes intervinientes en un contrato (cualquiera que sea) pacten libremente las cl\u00e1usulas penales que consideren necesarias para tratar de garantizar que la otra parte cumpla con el contrato, y la ley no limita a que s\u00f3lo una de las partes puede ser beneficiario o acreedor de dicha pena, por tanto, si las partes as\u00ed lo deciden, se puede pactar una pena para cualquiera de las partes que incumpla, e incluso se puede pactar una pena diferente seg\u00fan sea la parte que la que incumpla\u2026\u201d <\/p>\n
Mem\u00f3rese que, no siempre debe acudirse al proceso declarativo para el cobro de la cl\u00e1usula penal, pues bien puede recurrirse a la ejecuci\u00f3n directa de aquella, en donde incumbe al actor probar los hechos de los cuales se fundamenta la pretensi\u00f3n, en busca del reconocimiento del derecho que procura obtener, esto es, que se acompa\u00f1e t\u00edtulo ejecutivo complejo del cual se pueda desprender con certeza la existencia de una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible, conformado necesariamente por el contrato de promesa de compraventa que contiene la cl\u00e1usula penal, y los dem\u00e1s necesarios y pertinentes que acredite el incumplimiento de la parte demandada y el cumplimiento de la parte demandante, as\u00ed como las caracter\u00edsticas de claridad, expresividad y exigibilidad que todo t\u00edtulo ejecutivo debe cumplir. <\/p>\n
Ahora bien, el inconforme alega que con las pruebas documentales consistentes el acta de comparecencia N\u00b0 02 del 09 de julio del 2021 de la Notaria 1\u00b0 del C\u00edrculo Notarial de Envigado y la declaraci\u00f3n juramentada extraprocesal contenida en el acta N\u00b0 2511 del 09 de julio del 2021 de la misma notaria, se prueba el cumplimiento del contrato de promesa de compraventa donde est\u00e1 contenida la cl\u00e1usula penal, y que demostr\u00f3 que estuvo presente en la notar\u00eda, en la fecha y hora acordada, con los respectivos paz y salvos, para la firma de la escritura p\u00fablica de compraventa, por lo que, colige que fueron los demandantes quienes incumplieron al no firmar. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, le corresponde a la parte demandada desvirtuar las excepciones en que fundamenta su defensa, encontr\u00e1ndose que no se aportaron los documentos a los que alude como paz y salvos, m\u00e1s si alleg\u00f3 declaraci\u00f3n juramentada extraprocesal contenida en el acta N\u00b0 2511 del 09 de julio del 2021 en la cual confiesa que: \u201cMe present\u00e9 para firmar la escritura con los documentos requeridos para la misma, la cual no se realiz\u00f3 porque los compradores no quisieron hacerlo, ya que se encontr\u00f3 que el plano entregado por la constructora no correspond\u00eda, e igual se hizo la reclamaci\u00f3n en la Alcald\u00eda del Retiro en el radicado N\u00b0 2021053107, y al momento no ha salido el mencionado radicado y no depende de m\u00ed. Independiente de que este bueno o mal la escritura (sic) y el plano as\u00ed fue que firm\u00f3 la compraventa\u201d (negrilla fuera del texto), es decir, reconoce que, para la fecha y hora se\u00f1alada para la firma de la escritura de la promesa de compraventa, el bien prometido en venta conten\u00eda errores en sus cotas y \u00e1reas, motivo por el cual la parte demandante consider\u00f3 que se predic\u00f3 un incumplimiento y en tal sentido, la exigibilidad de la cl\u00e1usula penal. <\/p>\n
Igualmente, n\u00f3tese como la parte demandada solo aport\u00f3 como prueba documental los siguientes: <\/p>\n
– Contrato de promesa de compraventa del 15 de febrero del 2021. <\/p>\n
– Otro s\u00ed del 13 de mayo del 2021. <\/p>\n
– Acta de comparecencia N\u00b0 2 del 09 de julio del 2021 de la Notaria 1\u00b0 del C\u00edrculo Notarial de Envigado. <\/p>\n
– Declaraci\u00f3n juramentada extraprocesal contenida en el acta N\u00b0 2511 del 09 de julio del 2021 de la Notaria 1\u00b0 del C\u00edrculo Notarial de Envigado. <\/p>\n
– Resoluci\u00f3n N\u00b0 2807 del 19 de octubre del 2021 mediante la cual se autoriza el ajuste de cotas y \u00e1reas del bien prometido en venta. <\/p>\n
– Constancia de inasistencia de los demandantes N\u00b0 3619 del 15 de octubre del 2021 a audiencia de conciliaci\u00f3n programada para el 11 de octubre del 2021 programada por el Centro de Resoluci\u00f3n de conflictos de la Universidad de Medell\u00edn. <\/p>\n
– Acta de conciliaci\u00f3n de acuerdo parcial del Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn del 11 de octubre del 2021. <\/p>\n
M\u00e1s no aport\u00f3 los documentos que dieran cuenta del cumplimiento del contrato de promesa de compraventa, que para el caso en concreto y conforme a lo se\u00f1alado por el a quo, no eran otras que, la firma de la escritura p\u00fablica de compraventa el 09 de julio de 2021 y la entrega material del bien inmueble dado en venta, la cual fue pactada por las partes el 14 de mayo de 2021 y modificada por otro s\u00ed para el 09 de julio del mismo a\u00f1o. La defensa opuesta no tiene entonces vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
4.4 Del desconocimiento, indebida valoraci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de la prueba, \u00fanica prueba: documental: <\/p>\n
Respecto de la prueba y los medios probatorios en general, el art\u00edculo 165 del C. G. del Proceso se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201cSon medios de prueba la declaraci\u00f3n de parte, la confesi\u00f3n, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspecci\u00f3n judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean \u00fatiles para la formaci\u00f3n del convencimiento del juez. <\/p>\n
El juez practicar\u00e1 las pruebas no previstas en este c\u00f3digo de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o seg\u00fan su prudente juicio, preservando los principios y garant\u00edas constitucionales\u201d <\/p>\n
Analizadas las pruebas documentales aportadas por la partes se desprende que, frente al reparo que presenta la parte demandada respecto al presunto desconocimiento y sin raz\u00f3n jur\u00eddica del a quo del contrato de promesa de compraventa del 15 de febrero del 2021, otro s\u00ed del 13 de mayo del 2021, acta de comparecencia N\u00b0 02 del 09 de julio del 2021 de la Notaria 01\u00b0 del C\u00edrculo Notarial de Envigado y la declaraci\u00f3n juramentada extraprocesal contenida en el acta N\u00b02511 del 09 de julio del 2021 de la misma notaria, es necesario poner de presente al recurrente que tal como lo se\u00f1al\u00f3 el juez de primera instancia, la demandada Luz Stella V\u00e9lez Orrego reconoci\u00f3 mediante declaraci\u00f3n juramentada extraprocesal rendida por esta ante la Notar\u00eda 1\u00b0 de Envigado el 9 de julio de 2021, (Folio 22 del documento No. 08 del cuaderno principal del expediente digital denominado \u201cMemorialContestacionDemanda\u201d) que la firma de la escritura p\u00fablica del contrato de compraventa prevista para el 09 de julio de 2021 y la entrega material del bien inmueble dado en venta pactada por las partes en el contrato inicial y el otro s\u00ed, no aconteci\u00f3 en las fechas convenidas para tal fin pese a la asistencia de ambas partes por causas atribuibles a la promitente vendedora, es decir, a la parte demandada. <\/p>\n
As\u00ed, se tiene que la documentaci\u00f3n aportada por la parte demandada solo confirm\u00f3 la posici\u00f3n de la parte demandante, en el sentido de corroborar la celebraci\u00f3n del contrato bilateral de promesa de compraventa, del otro s\u00ed y de la declaraci\u00f3n del 09 de julio del 2021 en la cual da cuenta de que a la fecha que deb\u00eda cumplirse la obligaci\u00f3n, el bien prometido en venta conten\u00eda errores en la cotas y linderos, m\u00e1s no obra en la escrito de las excepciones presentadas por la demandada, negaci\u00f3n alguna sobre la autor\u00eda o desconocimiento del contenido de las pruebas documentales aportadas por la parte demandante. <\/p>\n
Por otro lado, y frente al reparo consistente en que se hizo una interpretaci\u00f3n inequ\u00edvoca por parte del fallador, al reconocer el incumplimiento del contrato de promesa de compraventa y el otro s\u00ed por parte de la demandada, teniendo en cuenta la prueba documental consistente en la Resoluci\u00f3n N.\u00ba 2807 del 19 de octubre de 2021 de la Secretar\u00eda de H\u00e1bitat y Desarrollo Territorial del Retiro, argumentando que esta determin\u00f3 que el bien dado en venta est\u00e1 en la misma ubicaci\u00f3n y con la misma \u00e1rea descrita en el contrato de promesa de compraventa, manteniendo identidad con los datos descritos en la promesa y la realidad jur\u00eddica y f\u00e1ctica del inmueble. <\/p>\n
Sin embargo, del estudio de dicha prueba se tiene que la Secretar\u00eda de H\u00e1bitat y Desarrollo Territorial del Retiro autoriza el ajuste de cotas y \u00e1reas del bien prometido en venta el 19 de octubre del 2021, es decir, posterior a la fecha de cumplimiento, por lo que, en trat\u00e1ndose de una autorizaci\u00f3n para proceder con dicho ajuste, conlleva a que para la fecha de expedici\u00f3n de tal acto administrativo, el yerro de las cotas y del \u00e1rea del bien inmueble prometido en venta se encontraba sin sanear, carga que le correspond\u00eda a la promitente vendedora para poder cumplir con lo estipulado en el contrato de promesa de compraventa y el otro s\u00ed. <\/p>\n
Igualmente, y referente al reconocimiento que hizo el a quo respecto del incumplimiento del contrato de promesa de compraventa, teniendo en cuenta la prueba contenida en el acta de conciliaci\u00f3n de acuerdo parcial del Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn Para Antioquia, Radicado 2021 C 00341, encuentra esta agencia judicial que frente a dicha prueba la parte demandada no present\u00f3 tacha o desconocimiento del mismo, aceptando as\u00ed la integridad de dicha prueba, en la cual la demandada de manera voluntaria accedi\u00f3 a reintegrar a la demandante Alexandra Mar\u00eda Escobar Trujillo la suma de doscientos treinta millones de pesos ($230.000.000) en relaci\u00f3n con los pagos recibidos en virtud con contrato de promesa de compraventa. <\/p>\n
Aqu\u00ed es importante se\u00f1alar, que como qued\u00f3 plenamente demostrado con las pruebas documentales, las obligaciones rec\u00edprocas que emanan del contrato preparatorio, residen b\u00e1sicamente en materializar lo prometido, es decir, que se llevara a feliz t\u00e9rmino, la suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica de compraventa; en este sentido, est\u00e1 probado que ambas partes comparecieron oportunamente en la fecha y hora que hab\u00edan previsto para ese objeto, sin embargo, en esa diligencia no se pudo firmar el acto final; tal circunstancia acontece, por las falencias vislumbradas entre lo prometido y aquello que se iba a dar realmente en venta; pero tambi\u00e9n emanaron para los suscribientes otras obligaciones inherentes al tipo de contrato, tales como la entrega del inmueble para el promitente vendedor y el pago del precio acordado por el promitente comprador. La prueba que refuta el recurrente, da plena luz, que el promitente comprador pag\u00f3 el precio convenido, pues nada diferente puede desprenderse del finiquitado acuerdo conciliatorio, donde qued\u00f3 plasmado, la devoluci\u00f3n por parte de la promitente vendedora de la suma de $230.000.000 m.l.; as\u00ed entonces, el demandante cumpli\u00f3 claramente con sus obligaciones a saber: (i) se present\u00f3 en la notaria para la firma de la escritura p\u00fablica; y (ii) pag\u00f3 el precio acordado; mientras, que la demandada promitente vendedora (i) acudi\u00f3 oportunamente a la notaria, pero (ii) por su incuria, no se pudo protocolizar la escritura de compraventa. <\/p>\n
Bajo tales supuestos, no encuentra esta judicatura probado el sustento impugnaticio respecto del an\u00e1lisis elaborado por el a quo, pues como se ha concluido, en efecto, el acta del acuerdo conciliatorio, como prueba, resulta relevante, conducente y pertinente, no solo del mentado incumplimiento de la pasiva sino tambi\u00e9n del verdadero cumplimiento de la activa. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se procede a resolver el reparo referente al desconocimiento de la prueba documental consistente en la inasistencia de los demandantes a la audiencia de conciliaci\u00f3n citada para el 11 de octubre de la misma anualidad ante el Centro <\/p>\n
de Resoluci\u00f3n de Conflictos de la Universidad de Medell\u00edn, conforme a lo se\u00f1alado en constancia del 15 de octubre del 2021; por cuanto considera que debi\u00f3 interpretarse la misma como un indicio grave en contra de los demandantes, conforme al art\u00edculo 22 de la Ley 640 de 2001 (derogada por la ley 2220 del 2022). <\/p>\n
Al respecto, si bien le asiste raz\u00f3n al apelante sobre las consecuencias jur\u00eddicas que prev\u00e9 la norma por la inasistencia a la audiencia prejudicial, se olvida que esta sanci\u00f3n proceder\u00eda en cuanto hubiese ejercitado el derecho de acci\u00f3n la hoy demandada, lo que no aconteci\u00f3 y en gracia de discusi\u00f3n tal circunstancia, por s\u00ed sola, no limita el an\u00e1lisis probatorio que debe ejercer el juez de la causa; evidentemente, si del acervo probatorio se encuentran demostrados los elementos o presupuestos que favorecen la pretensi\u00f3n, as\u00ed debe ser declarada; tampoco puede perderse de vista, que los indicios, son solo uno de los distintos medios de prueba y que corresponde al fallador, darle el alcance que corresponde; en este caso, si bien en la sentencia no se pronunci\u00f3 sobre el t\u00f3pico motivo de reparo, en criterio de esta judicatura, el mismo no adquiere la relevancia que se pretende. El material probatorio adjunto, inclusive, si se considerara el mentado indicio grave en contra, da plena cuenta del incumplimiento enrostrado a la demandada, por lo que, a pesar de su no evocaci\u00f3n, hab\u00eda otros elementos preponderantes y demostrativos del no acatamiento de las obligaciones derivadas del contrato de promesa de compraventa. <\/p>\n
4.5 De la falta de igualdad procesal <\/p>\n
En torno al reparo a que la parte demandante guard\u00f3 silencio respecto del auto mediante el cual se corri\u00f3 traslado de las excepciones de m\u00e9rito, y en su lugar el Juzgado de primera instancia desconoci\u00f3 las etapas procesales al privilegiar lo sustancial sobre la formal, se tiene que el juez de primera instancia mediante auto proferido el 19 de mayo del 2022, reconoce que la parte demandante acredit\u00f3 haber ejercido su derecho de contradicci\u00f3n; en aras a garantizar los derechos fundamentales de defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, y posteriormente mediante auto proferido el 01 de junio del 2022, incorpora las pruebas documentales aportados tanto por la parte demandada como por la parte demandante en la demanda y en el pronunciamiento de las excepciones, autos que se encuentran en firme y ejecutoriados. <\/p>\n
Por lo anterior, no se acoge dicho reparo, m\u00e1xime cuando la parte demandada tuvo la oportunidad de pronunciarse al respecto, y en su lugar guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
Por otro lado, y de cara al reparo encaminado a se\u00f1alar que la parte demandante prometi\u00f3 en el contrato de promesa de compraventa con cumplir las obligaciones \u201csin reserva de ninguna clase\u00bb, y que en tal sentido es la parte demandante quien incumpli\u00f3 su obligaci\u00f3n contractual al no proceder a firmar la escritura en la fecha y hora se\u00f1alada, se pudo observar de las pruebas documentales allegadas, que la parte demandante se mostr\u00f3 presto a satisfacer las obligaciones a su cargo en tanto cumpli\u00f3 con la entrega de los dineros por las sumas y en las fechas se\u00f1aladas en el contrato de promesa de compraventa y otro s\u00ed, as\u00ed mismo compareci\u00f3 a la notaria para efectos de la firma de la escritura, sin embargo, dicha obligaci\u00f3n se pact\u00f3 con las estipulaciones del contrato de promesa de compraventa, en el cual se se\u00f1alaron unas cotas y \u00e1reas, que al momento de solemnizar el contrato de promesa, se encontraron eran diferentes a las indicadas en los planos entregados por la constructora, de lo cual obra constancia en la declaraci\u00f3n juramentada extraprocesal contenida en el acta N\u00b0 2511 del 09 de julio del 2021 realizada por la demandada. <\/p>\n
As\u00ed, dicha responsabilidad de la parte demandante de cumplir con las obligaciones contenidas en el contrato de promesa de compraventa, apremiaban la responsabilidad de la parte demandada de cumplir con sus obligaciones, como la hacer solemne el contrato de promesa de compraventa y la entrega del bien prometido en venta, condici\u00f3n definitiva para determinar el cumplimiento por parte de la promitente vendedora, sin embargo, en el caso en concreto, se alleg\u00f3 t\u00edtulo complejo, en el cual se observa que la obligaci\u00f3n a cargo de la demandada no se cumpli\u00f3 en la fecha pactada, cumpli\u00e9ndose as\u00ed el requisito de exigibilidad del t\u00edtulo ejecutivo. La inconformidad en este sentido no tiene recibo. (\u2026) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las determinaciones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio de cara a la decisi\u00f3n de la autoridad fustigada de considerar que existi\u00f3 incumplimiento del contrato de promesa de compraventa celebrado entre las partes, puesto que a juicio de la accionante, si bien para la fecha en que se debi\u00f3 firmar la escritura publica, esto es, el 9 de julio de 2021, exist\u00edan inconsistencias entre el bien prometido en venta y el plano del mismo, con la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 2807 del 19 de octubre de 2021 de la Secretar\u00eda de H\u00e1bitat y Desarrollo Territorial del Retiro, se pudo determinar que el predio dado en venta contaba con la misma cabida y linderos prometidos, por lo que no se puede endilgar un incumplimiento de su parte, en cuyo caso, los argumentos esbozados por la autoridad judicial fustigada no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juzgador constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sentencia del Tribunal Superior de Medell\u00edn – Sala de Decisi\u00f3n Civil, radicado 5001310300420220024101 del 26 de enero del 2023, Mg. Ponente: Dra. Martha Cecilia Ospina Pati\u00f1o. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6182-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC6182-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-03-000-2023-00207-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74308","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74308","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74308"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74308\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74308"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74308"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74308"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}