STC6184-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6184-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-10-000-2023-00057-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 26 de mayo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cA\u201d contra el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ejecutivo de alimentos n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido, suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que en raz\u00f3n a la demanda ejecutiva de alimentos impetrada en su contra por \u201cH\u201d, el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d libr\u00f3 mandamiento de pago el 26 de enero del 2022 por \u00abla suma de $25.917.512 divididos de la siguiente manera: (i) $15.254.400 por cuotas adeudadas de junio del 2018 a agosto del 2019 donde se ten\u00eda una cuota de alimento de $1.000.000\u00bb; (ii) \u00ab$9.116.84087) presuntamente adeudados desde enero del 2021 a diciembre del 2021 y enero del 2022\u00bb, y, (iii) \u00ab$1.547.025 de un computador port\u00e1til\u00bb. <\/p>\n
Que como desconoc\u00eda de la demanda y por tanto las cautelas decretadas en el proceso, \u00abcompr\u00e9 boletos para viajar a Italia mismo que es mi lugar de origen e invit\u00e9 a hija \u201cM\u201d [empero], me manifestaron que ten\u00eda problemas con migraci\u00f3n [siendo as\u00ed que] me entero de que tengo una demanda de alimentos\u00bb; que pese a concurrir al despacho con abogada le informaron \u00abque como no se ha efectuado los embargos (\u2026) no se puede efectuar la notificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Que la ejecutante \u00abestaba cobrando desde antes de nuestro divorcio dineros que ya hab\u00edan sido cancelados y rubros que no hac\u00edan parte del t\u00edtulo valor (sic), en el cual se me orden\u00f3 pagar por concepto de cuota de alimentos el valor de $662.000 y el 50% de gastos escolares tales como matr\u00edcula, \u00fatiles y uniformes escolares [tambi\u00e9n] ortodoncia y cursos que no son afines con la educaci\u00f3n de mi hija menor de edad\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 25 de julio del 2022 se procede a contestar demanda presentando las siguientes excepciones de m\u00e9rito: [i] \u00abCOBRO DE LO NO DEBIDO, pues se aportaron una a una la constancia de cancelaci\u00f3n desde el 2018 hasta febrero del 2022, con sus respectivo paz y salvo y transacciones realizadas directamente a la cuenta de la se\u00f1ora \u201cH\u201d que me ha cobrado hasta el impuesto del 4×1000 que le descuentan en su banco; [ii] FRAUDE PROCESAL: Se evidencio que esta demanda induce al error al servidor p\u00fablico (juez \u201c00\u201d de familia) para que falle a su favor dineros que ya hab\u00edan sido cancelados con anterioridad, evidenci\u00e1ndose claramente la mala fe: [iii] INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION: esta toda vez que ya hab\u00eda cancelado la deuda; [iv] \u00abPAGO TOTAL: una vez m\u00e1s le comprob\u00e9 al despacho mediante contestaci\u00f3n de derecho de petici\u00f3n de Bancolombia todo el dinero enviado mediante transici\u00f3n a la se\u00f1ora \u201cH\u201d con ocasi\u00f3n de los alimentos de mi hija menor\u00bb. <\/p>\n
Que con \u00abauto 1531 del 30 de agosto del 2022 el juzgado da por contestada la demanda y corre traslado a la parte demandante donde aduce que \u201cel demandado a trav\u00e9s de su apoderada relaciona una lista de pagos que no tienen nada que ver con las pretensiones de la demanda, porque se est\u00e1 reclamando es lo correspondiente a los meses de junio a diciembre del 2018 y enero del 2019 hasta agosto del mismo a\u00f1o. De septiembre 2019 en adelante se encuentra a paz y salvo y eso no es objeto de discusi\u00f3n\u201d\u00bb, lo cual, es \u00abcompletamente ambiguo con la demanda instaurada en un principio si era tan evidente el estar a paz y salvo porque de manera maliciosa induce al error al juzgado\u00bb. <\/p>\n
Que en la audiencia llevada a cabo el 14 de febrero de 2023, \u00abse realiza una conciliaci\u00f3n previa para terminar de com\u00fan acuerdo el proceso no obstante la parte demandante quer\u00eda el pago de toda [la obligaci\u00f3n] situaci\u00f3n que no me puedo permitir en este momento pues no tengo la liquidez y me segu\u00edan cobrando lo que yo ya pagu\u00e9\u00bb, por lo que, \u00abpresent\u00e9 mi propuesta de pagar en cuotas que fue tajantemente rechazada por la parte demandante\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abla juez observ\u00f3 que si hab\u00eda cancelado todos los rubros desde el 2019 hasta el 2023 y que el cobro era excesivo por lo que se redujo el litigio a demostrar el pago de 2018, (\u2026) pues en el interrogatorio (\u2026) la se\u00f1ora \u201cH\u201d manifiesta que si recibi\u00f3 de mi parte dineros que proced\u00edan del arriendo de la \u00fanica propiedad que me qued\u00f3 en Italia despu\u00e9s de la separaci\u00f3n pues lo dem\u00e1s se lo ced\u00ed a ella casi el 70% de los bienes para que mis hijas tuvieran una mejor vida. Este convenio entre ella y yo se hizo de manera verbal. En el interrogatorio ella contesta (\u2026) que, si recib\u00eda los cuatrocientos euros que en su momento eran un poco m\u00e1s de dos millones de pesos que, aunque eras espor\u00e1dicos si los recibi\u00f3 durante el 2018\u00bb. <\/p>\n
Que en su sentir, el accionado \u00abno le dio valor probatorio a tan elevada prueba como lo es el interrogatorio de partes [ni a] las intenciones de pago demostradas\u00bb, y \u00abme condena a pagar una vez m\u00e1s los rubros del 2018 pasando por alto las inconsistencias evidenciadas [consistentes en] realizar la demanda si supuestamente no hab\u00eda pagado en el 2018, 2019, 2020, y cuando me entreg\u00f3 dineros de un bien social que se encontraba a nombre de ella dineros que llegaron a su cuenta bancaria y que no descont\u00f3 aun cuando tuvo dineros m\u00edos en su manos pues ella ha aceptado de maneras impl\u00edcitas que si pagu\u00e9, solo cuando invit\u00e9 a mi hija a viajar conmigo decidi\u00f3 radicar una demanda para impedirme la salida del pa\u00eds [pese al] historial de pago demostrando el cumplimiento de mi obligaci\u00f3n como padre utilizando la rama judicial como instrumento de venganza\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse REVOQUE la sentencia proferida por el [despacho acusado] de fecha del 14 de febrero del 2022 (sic) y como consecuencia de lo anterior dejar[la] sin efectos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADA <\/p>\n
1. La Juez \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, dijo que, en la audiencia ahora criticada, \u00abse surtieron todas las etapas, dict\u00e1ndose la sentencia No. 020, en la que se declar\u00f3 como parcialmente probada la excepci\u00f3n de pago de la obligaci\u00f3n propuesta por el extremo pasivo, por tanto, se modific\u00f3 el mandamiento de pago, en el sentido de tener como pagadas por parte del demandado las cuotas alimentarias y gastos educativos de todo el a\u00f1o 2019 a dicha fecha, pues as\u00ed fue debidamente acreditado. Por otro lado, se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, en cuanto a los gastos educativos del a\u00f1o 2018 y las cuotas alimentarias de junio a diciembre de ese mismo a\u00f1o, pues respecto de dichas obligaciones no se aport\u00f3 ninguna prueba de que se hubieren cancelado, de conformidad con lo ordenado en sentencia 269 de agosto 27 de 2019 dictada en proceso de divorcio que curso entre las partes\u00bb. <\/p>\n
Que la referida determinaci\u00f3n \u00abse tom\u00f3 con fundamento en el an\u00e1lisis conjunto de las pruebas allegadas al proceso, seg\u00fan los recibos aportados con la demanda y contestaci\u00f3n de la misma, adem\u00e1s de los interrogatorios de las partes, es de observar que el se\u00f1or \u201cA\u201d, a minuto 27:25 al 28:28 de la cuarta parte del archivo # 43, afirma que pag\u00f3 dichos emolumentos a la demandante, sin embargo, no aport\u00f3 ning\u00fan recibo de pago o forma de comprobar su dicho, [y que] actualmente se encuentra en traslado la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada, para posteriormente decidir sobre su aprobaci\u00f3n\u00bb. Por lo anterior, concluy\u00f3 que \u00abel despacho no ha incurrido en ninguna irregularidad ni violaci\u00f3n de los derechos invocados por el accionante\u00bb, y como consecuencia solicit\u00f3 \u00abdeclarar como improcedente la acci\u00f3n tutelar incoada\u00bb. <\/p>\n
2. La Defensora de Familia del ICBF adscrita a la agencia judicial querellada, expres\u00f3 que \u00abrevisado el expediente se observa que el Juzgado ha dado tramite al proceso conforme a lo establecido para el mismo, respetando el debido proceso, por lo que no se vislumbra vulneraci\u00f3n alguna [de] los derechos [reclamados]\u00bb, y en esas condiciones consider\u00f3 que \u00abno le asiste raz\u00f3n al accionante\u00bb. <\/p>\n
3. \u201cH\u201d, tras dar su versi\u00f3n frente a cada una de las excepciones propuestas por su contraparte en el pleito ejecutivo, precis\u00f3 que su ex pareja, \u00abestaba a paz y salvo solo desde septiembre del 2019 hasta febrero del 2022, en el lapso del 2018 yo recib\u00ed dineros en mi cuenta pero estos eran productos de la liquidaci\u00f3n de nuestra sociedad conyugal no de alimentos adeudados\u00bb; que \u00aben cuanto al dinero que manifiesta en euros, no he recibido en ning\u00fan momento dineros por estos conceptos, el accionante tampoco presenta pruebas\u00bb, y acot\u00f3 que \u00abel se\u00f1or \u201cA\u201d nunca me inform\u00f3 de las intenciones de llevar a mi hija fuera de las fronteras patrias, adem\u00e1s, mi hija tiene el pasaporte (sic) italiano vencido, por tal motivo no es posible que salga del pa\u00eds hasta que este documento se renueve\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al advertir que \u00abel registro sonoro de la audiencia (\u2026) revela que, contrariamente a lo afirmado por el tutelante, en el interrogatorio de parte rendido por [la ejecutante], no acept\u00f3 haber recibido el dinero mencionado por el ejecutado; en su lugar se observa que (\u2026) ese tema ni siquiera se abord\u00f3 all\u00ed, sino de manera informal en la audiencia de conciliaci\u00f3n (\u2026), lo que de ninguna manera puede llevar a colegir irregularidad de la juzgadora, sencillamente porque, en virtud de lo dispuesto en el art. 4-4, de la Ley 2220 de 202[2], (\u2026) lo manifestado en ella no sirve de prueba (\u2026), por lo que luce razonable que la convocada haya concluido en su sentencia que debido a que \u201cel demandado no aport\u00f3 ninguna prueba que acredite que est\u00e1 al d\u00eda con estos conceptos, (\u2026) incumpli\u00f3 con la carga de la prueba que le compet\u00eda para desvirtuar en ese sentido las afirmaciones de la parte actora (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el actor para insistir en que el juzgado incurri\u00f3 en omisi\u00f3n probatoria, al afirmar que \u00abla audiencia inicia desde su instauraci\u00f3n con la presentaci\u00f3n de las partes y termina con la presentaci\u00f3n de alg\u00fan recurso si este tuviera lugar, por lo que es importante desde el inicio al final cada una de las palabras que se esbozan en el transcurrir de la diligencia, pues con esto lleva a aclarar m\u00e1s all\u00e1 de toda duda la decisi\u00f3n tomada por la juzgadora\u00bb. Que \u00abmi responsabilidad va desde el minuto cero en el que mis hijas nacieron [la mayor a la fecha cuenta con 25 a\u00f1os de edad] y desde la separaci\u00f3n que tuve con la demandante en el 2017, y que mediante acuerdo donde le dej\u00e9 m\u00e1s de la mitad de mis bienes y de lo que le debi\u00f3 corresponder en el divorcio solo para que mis hijas estuvieran bien\u00bb, y que \u00absi no fuera por los documentos aportados a la demanda no solo me cobrar\u00edan el 2018 sino que hasta la fecha pues como se puede observar [la ejecutante y su apoderado] ten\u00edan la intenci\u00f3n de cobrar todo y de presuntamente inducir al error a la juez once de familia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante, al desestimar las defensas planteadas dentro del proceso ejecutivo de alimentos radicado bajo el n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Seg\u00fan la decantada jurisprudencia de esta Corte, la acci\u00f3n constitucional dirigida contra esta clase de decisiones, solamente procede cuando los funcionarios incurren en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo. Ello, porque en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez del resguardo no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: \u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar [la salvaguarda] del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183, citada entre otras en STC7763-2022, 22 jun., rad. 00440-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente queja constitucional y su cotejo con las piezas procesales incorporadas al expediente, la Sala revocar\u00e1 el fallo desestimatorio del amparo para en su lugar concederlo, por cuanto el despacho convocado trasgredi\u00f3 los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia del demandante, al incurrir en yerros espec\u00edficos de procedibilidad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. Los t\u00edtulos base de la ejecuci\u00f3n cuestionada mediante esta senda, se concretan en el \u00abcontrato de transacci\u00f3n\u00bb suscrito por los entonces c\u00f3nyuges \u201cA\u201d \u2013 \u201cH\u201d el \u00ab1 de febrero de 2018\u00bb, y en la \u00absentencia No. 269 de agosto 27 de 2019, proferida [en proceso de divorcio] por el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d\u00bb, donde, a cargo del progenitor, se fijaron los alimentos a favor de sus dos hijas, una de ellas actualmente mayor de edad, para cuya verificaci\u00f3n de su pago se requiere la integraci\u00f3n con otros documentos. <\/p>\n
Ello, toda vez que la primera tasaci\u00f3n da cuenta del pago de \u00ab$2.000.000\u00bb pagadera dentro de los cinco primeros d\u00edas de cada mes y con reajuste anual equivalente al IPC, aunado a que el padre \u00abse compromete a pagar el colegio hasta el grado 11\u00bb de la menor \u201cM\u201d y \u00abla universidad hasta el \u00faltimo semestre\u00bb de \u201cE\u201d, mientras que la fijaci\u00f3n judicial de cuota, se hizo s\u00f3lo para \u201cM\u201d \u00abpor valor mensual de $662.000\u00bb, con incremento anual \u00aben enero de cada a\u00f1o conforme al I.P.C., que deber\u00e1 entregar a la demandante bajo recibo o mediante consignaci\u00f3n bancaria, dentro de los cinco d\u00edas de cada mes\u00bb, igualmente, se dispuso que el se\u00f1or \u201cA\u201d \u00abdeber\u00e1 aportar el 50% de los costos de matr\u00edcula, \u00fatiles y uniformes escolares de la menor de edad, al inicio de cada a\u00f1o lectivo, previa presentaci\u00f3n de recibos\u00bb. <\/p>\n
Luego de su inadmisi\u00f3n para que se concretara \u00fanicamente en las obligaciones a favor de la menor de edad, la demanda ejecutiva evidencia el cobro de lo causado con observancia en la vigencia de dichos t\u00edtulos, y con ella se allegaron pruebas documentales como recibos de pago, consignaciones, estados de cuenta, relaci\u00f3n de gastos y otros que refieren a erogaciones que a juicio de la all\u00ed promotora debi\u00f3 asumir pese a que corresponden al padre, y con vista en ello el juzgado libr\u00f3 orden de pago el 25 de enero de 2022. <\/p>\n
Contra dicha demanda, oportunamente el ejecutado propuso excepciones de m\u00e9rito, las cuales se enfilaron a controvertir la obligaci\u00f3n e inclusive la legitimaci\u00f3n de la actora para su ejecuci\u00f3n, denomin\u00e1ndolas \u00abcobro de lo no debido\u00bb, \u00abfraude procesal\u00bb, \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n\u00bb, y \u00abpago total\u00bb, y en tal virtud, los argumentos de estas y por tanto los elementos de prueba adosados a la \u00abcontestaci\u00f3n\u00bb y pedidos en esta, deb\u00edan ser analizados y resueltos en la sentencia, \u00absin que en tal caso se encuentre el fallador limitado por el mandamiento de pago proferido al comienzo de la actuaci\u00f3n procesal\u00bb (CSJ STC, 8 nov. 2012, exp. 02414-00). <\/p>\n
Pese a lo anterior, observa la Sala que en la audiencia desarrollada el 14 de febrero de 2023, donde finalmente se profiri\u00f3 sentencia, la autoridad judicial encartada no se pronunci\u00f3 sobre la totalidad de los reparos de orden sustancial que plante\u00f3 el demandado, pues tras referirse a la \u00abexcepci\u00f3n de pago\u00bb y determinar que -de acuerdo a lo demostrado con los documentos adosados al expediente-, estaba \u00abllamada a prosperar de manera parcial\u00bb, descart\u00f3 los dem\u00e1s medios exceptivos, aseverando que \u00abse declararan como improcedentes por no estar contenidas en las previsiones que de manera taxativa establece el art\u00edculo 442 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
3.2. En este orden, sin perjuicio de la eventual incursi\u00f3n en yerro f\u00e1ctico por omisi\u00f3n probatoria que el accionante enrostra, el proceder que acaba de describirse, prontamente muestra que la funcionaria judicial incurri\u00f3 en defecto procedimental -tanto absoluto como por exceso ritual manifiesto-, y de paso en desconocimiento del precedente jurisprudencial, pues para definir el asunto no deb\u00eda limitarse en la estrictez gramatical del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 442 del estatuto adjetivo, seg\u00fan el cual, \u00abcuando se trate de obligaciones contenidas en una providencia, conciliaci\u00f3n o transacci\u00f3n aprobada por quien ejerza funci\u00f3n jurisdiccional, s\u00f3lo podr\u00e1n alegarse las excepciones de pago, compensaci\u00f3n, confusi\u00f3n, novaci\u00f3n, remisi\u00f3n, prescripci\u00f3n o transacci\u00f3n, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la nulidad por indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento y la p\u00e9rdida de la cosa debida\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, sobre dicha tem\u00e1tica, esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo un criterio que frente a lo contemplado en el C\u00f3digo General del Proceso (art\u00edculo 397-5), mantiene pleno vigor y amerita su observancia y aplicaci\u00f3n por parte de los jueces de familia, comoquiera que tal postura constituye reiterado precedente vertical. <\/p>\n
En efecto, de cara a la restrictiva e injustificada aplicaci\u00f3n del precepto 152 del Decreto 2737 de 1989 \u2013 C\u00f3digo del Menor (vigente en cuanto a las disposiciones de alimentos conforme lo prev\u00e9 el C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia \u2013 Ley 1098 de 2006), esta Sala ha concedido la salvaguarda implorada, advirtiendo que independientemente del t\u00edtulo ejecutivo para hacer efectiva la prestaci\u00f3n alimentaria, \u00e9ste puede atacarse mediante excepciones de m\u00e9rito distintas a las de pago, dada la variaci\u00f3n interpretativa de dicha normativa: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En primer momento se\u00f1al\u00f3 que de la lectura del mismo se deduc\u00eda su aplicabilidad solamente cuando se ejecutaban obligaciones alimentarias originadas en sentencia judicial, excluyendo de la regla expresamente a los t\u00edtulos contenidos en otro tipo de documentos, como, por ejemplo, una conciliaci\u00f3n. En otro pronunciamiento, si bien se calific\u00f3 como razonables los argumentos de un juzgador que aplic\u00f3 a rajatabla la limitaci\u00f3n de aceptar exclusivamente el medio exceptivo de pago, en ese fallo se dej\u00f3 claro que era plausible \u201c(\u2026) una interpretaci\u00f3n menos rigurosa sobre lo que en materia de excepciones cabe admitir en este tipo de asuntos (\u2026)\u201d (CSJ, sentencia del 18 de septiembre de 2007, exp. 2007-0054-01). <\/p>\n
En el presente evento, en aras de salvaguardar los derechos del extremo pasivo en este tipo de juicios, se admitir\u00e1 que, en todos los casos, sin importar el origen del documento p\u00e1bulo del cobro judicial, es v\u00e1lido proponer excepciones de m\u00e9rito diferentes a las de pago, efectuando una interpretaci\u00f3n amplia del precepto 509 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como pasa a explicarse. <\/p>\n
(\u2026) La se\u00f1alada regla 152 del Decreto 2737 de 1989 fue expedida en vigencia de la Constituci\u00f3n de 1886, por ende, emerge la imperiosa necesidad de interpretarla conforme al contenido del precepto supralegal al debido proceso estatuido en la regla 29 de la Carta Pol\u00edtica de 1991. Asimismo, refulge el deber de analizarla en concordancia con los art\u00edculos 509 y 510 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, porque existen eventualidades en las cuales, un caso en particular amerita, por parte del funcionario judicial, el estudio de las causas extintivas de las obligaciones diferentes a las de pago. <\/p>\n
Cercenar una posibilidad amplia de defensa equivaldr\u00eda a instituir una especie de responsabilidad objetiva, autorizando el proveimiento de condenas sin f\u00f3rmula de juicio, en detrimento de la potestad de los sujetos procesales para controvertir las pretensiones de la contraparte, desnaturaliz\u00e1ndose la garant\u00eda iusfundamental al debido proceso, cuyo n\u00facleo esencial se compone, entre otras, por el derecho a emplear medios leg\u00edtimos e id\u00f3neos para ser o\u00eddo y vencido en juicio o para obtener decisiones favorables. <\/p>\n
(\u2026) Trat\u00e1ndose de alimentos, el C\u00f3digo Civil instituye una diferenciaci\u00f3n entre aquellos pendientes de ser reclamados y los ya causados, pues los primeros hacen parte del derecho a recibir alimentos, y \u201c(\u2026) no puede[n] transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse (\u2026)\u201d (art. 424), mientras que los segundos, al ser \u201c(\u2026) pensiones alimenticias atrasadas, podr\u00e1n renunciarse o compensarse; y el derecho de demandarlas, transmitirse por causa de muerte, venderse y cederse; sin perjuicio de la prescripci\u00f3n que competa al deudor (\u2026)\u201d (art. 426). <\/p>\n
De esta manera, al fijarse por el legislador la facultad de disponer de los alimentos causados, es menester para el Juez determinar si dentro de las excepciones propuestas por el ejecutado ha concurrido alguna circunstancia de las enunciadas en la norma transcrita, por ejemplo, venta, compensaci\u00f3n o renuncia de los mismos. <\/p>\n
(\u2026) Ahora, si cuando la obligaci\u00f3n est\u00e1 contenida en una providencia judicial, se admiten las excepciones de \u201c(\u2026) pago, compensaci\u00f3n, confusi\u00f3n, novaci\u00f3n, remisi\u00f3n, prescripci\u00f3n o transacci\u00f3n, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia (\u2026)\u201d (inciso 6\u00ba del art. 335 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), mucha m\u00e1s libertad de defensa tendr\u00e1 el convocado a juicio cuando exhibe una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible consignada en un documento o fuente diversa, como la aportada en la actual conciliaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC10699-2015, 12 ago. 2015, rad. 00137-01). <\/p>\n
Por cuanto esta Corte, siguiendo la postura anterior ha venido definiendo casos similares al que ahora se analiza (ver, entre otras: STC9398-2016, STC-12922-2016, STC8032-2017, STC18727-2017 y STC10165-2020), en los que sin importar el origen del t\u00edtulo fundante del cobro judicial, se ha declarado v\u00e1lido proponer excepciones de m\u00e9rito diferentes a las de pago, no deviene ajustado a derecho que el accionado optara por desestimar las defensas sin previo an\u00e1lisis del eventual soporte de cada una de ellas. <\/p>\n
Con dicho entendimiento, adem\u00e1s de admitirse que la parte ejecutada proponga todas las defensas que a bien considere para refutar el t\u00edtulo ejecutivo, se procura brindar al extremo pasivo la oportunidad de discutir suficientemente lo atinente a la obligaci\u00f3n objeto de cobranza, con sujeci\u00f3n a las reglas se\u00f1aladas en los art\u00edculos 442 y 443 del C\u00f3digo General del Proceso, asimilables a las que preve\u00edan los preceptos 509 y 510 del anterior ordenamiento procedimental civil. <\/p>\n
3.3. En relaci\u00f3n con el defecto procedimental, en primer lugar se tipifica en la modalidad de absoluto, porque so pretexto de ce\u00f1irse al principio de legalidad, el accionado desconoci\u00f3 su funci\u00f3n como garante de los derechos de las partes, en particular del demandado, al actuar al margen del procedimiento por no darle el debido alcance a las garant\u00edas contenidas en las disposiciones especiales y generales -antes aludidas- que regulan el proceso ejecutivo de alimentos para menores, en particular sobre la procedencia y tr\u00e1mite de excepciones; en segundo lugar, dicho yerro se configur\u00f3 por exceso ritual manifiesto, al exigir rigurosamente la proposici\u00f3n de un medio exceptivo para ser estudiado, cuando, como se observ\u00f3 en precedencia, es contrario a los postulados de una pronta y eficaz administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Sobre tal desafuero, se ha sostenido que ri\u00f1e con el principio de prevalencia del derecho sustancial y desconoce la adecuada interpretaci\u00f3n de la norma adjetiva aplicable al caso sub j\u00fadice, ya que se incurre en \u00e9l cuando el juez procede a: \u00ab(i) aplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), y, cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
N\u00f3tese que para incursionar en el defecto en cuesti\u00f3n, el acusado tambi\u00e9n soslay\u00f3 el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, que previene: \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en cuanto al precedente jurisprudencial, tal figura jur\u00eddica ha sido definida como \u00abaquel conjunto de sentencias previas al caso que se habr\u00e1 de resolver que, por su pertinencia para la resoluci\u00f3n de un problema jur\u00eddico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia\u00bb. Se ha indicado tambi\u00e9n que \u00abla aplicabilidad del precedente por parte del juez es de car\u00e1cter obligatorio, siempre que la ratio decidendi de la sentencia antecedente (i) establezca una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) haya servido de base para solucionar un problema jur\u00eddico semejante, o una cuesti\u00f3n constitucional similar a la que se estudia en el caso posterior; y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior sean semejantes o planteen un punto de derecho parecido al que se debe resolverse posteriormente\u00bb (CC T-1029\/12). <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha dicho y reiterado que el precedente que obliga es el especializado y vertical, al sostener que: \u00ablos jueces \u00abest\u00e1n perfectamente facultados para decidir de manera independiente y aut\u00f3noma, ya que acoger el precedente jurisprudencial o de cumplir con la carga de exponer los motivos por los cuales no se atiende, s\u00f3lo recae cuando aqu\u00e9l proviene de un superior jer\u00e1rquico (\u2026)\u00bb (sentencias del 15 de noviembre y del 12 de diciembre de 2005, exp. T. 01892-01 y 2279-01)\u00bb (CSJ STC, 11 oct. 2013, rad. 01713-01 citada en STC8847-2018, 11 jul., rad. 00144-01, entre otras), por lo que, cuando se est\u00e1 frente a un caso que guarda connotaciones similares, el juez est\u00e1 llamado a atenderlo para no lesionar las prerrogativas superiores que se protegen en sede constitucional. <\/p>\n
Igualmente, de cara al defecto en menci\u00f3n, recu\u00e9rdese que cuando los jueces de instancia contrar\u00edan una postura determinada como \u00abdoctrina probable\u00bb, tal proceder constituye una transgresi\u00f3n a una de las fuentes formales m\u00e1s importantes del ordenamiento jur\u00eddico que amerita la intervenci\u00f3n del fallador constitucional, ya que: <\/p>\n
\u00abEntre las causales espec\u00edficas de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales est\u00e1 el desconocimiento del precedente constitucional, entendido como una sentencia antecedente relevante para la soluci\u00f3n de un nuevo caso sometido a examen judicial, por contener pronunciamiento sobre un debate soportado en hechos similares, desde un punto de vista jur\u00eddicamente destacado. Cuando los supuestos f\u00e1cticos son id\u00e9nticos la soluci\u00f3n del caso debe recibir un tratamiento similar al fallo precedente, mientras las subreglas o la propia ley no modifique la premisa general. <\/p>\n
En nuestro sistema normativo, tanto la doctrina probable como los precedentes integran el concepto de jurisprudencia, \u00e9stos constituyen fuente de derecho, pues proyectan un valor vinculante o persuasivo en la actividad judicial posterior; de ah\u00ed, que en aplicaci\u00f3n de los principios de igualdad y seguridad jur\u00eddica los jueces est\u00e1n obligados a seguir la doctrina probable y la cosa juzgada constitucional (art\u00edculo 243 C.N.) o a justificar fuerte y adecuadamente la decisi\u00f3n de apartarse, como as\u00ed lo consagra el art\u00edculo 7 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (CSJ STC8032-2017, 7 jun. 2017, rad. 00264-01). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, es necesario advertir que el otorgamiento del auxilio, no afecta las prerrogativas de la menor por quien se reclaman los alimentos, pues disponer el estudio de la totalidad de los medios exceptivos propuestos, no implica cosa distinta a que el juez, con vista en los medios de convicci\u00f3n recogidos en el expediente y en atenci\u00f3n al pertinente marco normativo, establezca si la argumentaci\u00f3n tra\u00edda al proceso por el extremo demandado tiene o no asidero, y ello, en ning\u00fan momento supone desconocer el inter\u00e9s superior de la ni\u00f1a por quien se act\u00faa. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien es cierto los derechos fundamentales de los ni\u00f1os prevalecen sobre los de los dem\u00e1s, tal disposici\u00f3n de orden superior conforme al art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en instrumentos internacionales, bajo ninguna hermen\u00e9utica se sacrifica con la concesi\u00f3n de la tutela deprecada por el actor, cuyas prerrogativas resultaron lesionadas al no permit\u00edrsele el ejercicio de los principios de defensa y contradicci\u00f3n como componentes esenciales del debido proceso. <\/p>\n
En suma, fluye de lo antedicho la concesi\u00f3n del resguardo comoquiera que con la actuaci\u00f3n censurada, el juzgado accionado incurri\u00f3 en \u00abv\u00eda de hecho\u00bb por defectos procedimental y desconocimiento del precedente jurisprudencial, en tanto actu\u00f3 al margen del procedimiento al no dar tr\u00e1mite ni resoluci\u00f3n a todas las excepciones propuestas, y para la motivaci\u00f3n del fallo, no tuvo en cuenta los pronunciamientos de esta Corporaci\u00f3n que tratan sobre el criterio interpretativo de que en esos asuntos es viable proponer medios exceptivos diferentes al pago. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n de primer grado, y en su lugar se conceder\u00e1 el auxilio implorado. Como corolario, se invalidar\u00e1 la providencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n seguida contra el hoy querellante, y se dispondr\u00e1 que el estrado accionado renueve la actuaci\u00f3n corrigiendo los desafueros ac\u00e1 observados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: CONCEDER la tutela a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia invocados por el accionante. <\/p>\n
TERCERO: DEJAR sin efecto la providencia proferida por el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d el 14 de febrero de 2023, dentro del ejecutivo de alimentos n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d. <\/p>\n
CUARTO: ORDENAR a la titular del despacho acusado, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, renueve la actuaci\u00f3n emitiendo nuevo pronunciamiento con observancia en las consideraciones realizadas en esta excepcional instancia. <\/p>\n
QUINTO: COMUNICAR lo resuelto a las partes y al tribunal a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC6184-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC6184-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-10-000-2023-00057-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74309","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74309","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74309"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74309\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74309"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74309"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74309"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}