STC6190-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6190-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2023-00251-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial el 5 de junio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cA\u201d y \u201cB\u201d1 contra el Juzgado de Familia, la Superintendencia de Sociedades y la Alcald\u00eda Municipal, tr\u00e1mite al cual fue vinculado \u201cC\u201d, como interviniente en el ejecutivo por alimentos rad. n.\u00b0 0. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad del menor de edad involucrado en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de esta, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permitan su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes2. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. En sustento de sus inconformidades expusieron, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Que ante el juzgado cuestionado se promueve proceso ejecutivo en contra de \u201cC\u201d (rad. n.\u00b0 0), en el que \u00abse solicita alimentos para los menores \u201cD\u201d Y \u201cB\u201d\u00bb, el cual cuenta con liquidaci\u00f3n aprobada por valor de $112\u00b4914.038. <\/p>\n
2.2. Dicen que \u00ab[d]e manera intempestiva el se\u00f1or \u201cC\u201d, vi\u00e9ndose acorralado con tantas obligaciones procedi\u00f3 a formular proceso de insolvencia ante la superintendencia de sociedades la cual le fue admitida (\u2026); en el resumen de proyecto y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos se reconoci\u00f3 el cr\u00e9dito del proceso de alimentos para que sea pagado, pero (\u2026) finalmente resolvi\u00f3 remitir el proceso por competencia a la Alcald\u00eda Municipal\u00bb, entidad que avoc\u00f3 conocimiento y \u00abdonde han transcurrido 9 meses en donde hasta el momento no [se] han pronunciado\u00bb, desconociendo que \u00ablos cr\u00e9ditos de alimentos son de primera generaci\u00f3n (\u2026). Ese c\u00e1ncer de la mora (sic) por parte de la Alcald\u00eda tiene perjudicados notablemente a los menores pues ante la situaci\u00f3n cr\u00edtica de no resolverse el problema (\u2026) est\u00e1n aguantando f\u00edsica hambre, porque su progenitora es una persona mayor de edad con bastantes problemas econ\u00f3micos\u00bb (subrayado del texto). <\/p>\n
2.3. Por lo dem\u00e1s, afirman que \u00abdentro del proceso cursante en la superintendencia de sociedades existe un dinero en cuant\u00eda de ($128.660.000) (\u2026), por ese motivo el d\u00eda 23 de enero del a\u00f1o hoga\u00f1o se le solicit[\u00f3] al Juzgado de Familia la entrega del dinero que embarg[\u00f3] la superintendencia de Sociedades, lamentablemente no han respondido la solicitud\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en consecuencia, se ordene al juzgado querellado \u00abla entrega del dinero embargado por la superintendencia de sociedades (\u2026) y, subsidiariamente, \u00ab[s]e ordene a la alcald\u00eda Municipal (\u2026) si es que es competente (\u2026) destrabar el tr\u00e1mite del proceso como primera medida se ordene el pago de la liquidaci\u00f3n que se encuentra en firme por el juzgado de familia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Superintendencia de Sociedades, a trav\u00e9s de la Directora de Procesos de Intervenci\u00f3n Judicial, aleg\u00f3 carecer de legitimaci\u00f3n por pasiva, pues \u00abla accionante pretende que se adelanten actuaciones que conocen el Juzgado del Circuito de Familia y la Alcald\u00eda Municipal, relacionadas con el tr\u00e1mite de un cr\u00e9dito de alimentos\u00bb y lo que se encuentra a su cargo es \u00abun proceso de intervenci\u00f3n judicial por captaci\u00f3n, bajo la medida de toma de posesi\u00f3n, sobre Constructora \u201cE\u201d y \u201cC\u201d \u00bb, sin que el mismo contemple \u00abuna etapa para el pago de acreencias u obligaciones distintas a las devoluciones a los afectados por las operaciones de captaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Asimismo indic\u00f3 que, si bien existen t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial, \u00abaquellos dineros deben destinarse al pago de las devoluciones a los afectados por las operaciones de captaci\u00f3n o recaudo no autorizado de dineros del p\u00fablico\u00bb y explic\u00f3 que aunque inicialmente conoci\u00f3 del proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial adelantado por \u201cC\u201d, el mismo fue remitido a la Alcald\u00eda porque la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, al dirimir un conflicto negativo de competencia, \u00abhall\u00f3 demostrado que las causas de la situaci\u00f3n de insolvencia de \u201cConstructora E\u201d se enmarcaba en el supuesto 4 del art\u00edculo 12 de la Ley 66 de 1968. Por ello, a pesar de encontrarse demostrada la situaci\u00f3n de insolvencia, la alcald\u00eda municipal era la competente para conocer las solicitudes de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 125 de la Ley 388 de 19971\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado de Familia hizo un recuento de las actuaciones adelantadas al interior del asunto rad. n.\u00b0 0, aclar\u00f3 que la relaci\u00f3n de dep\u00f3sitos judiciales que obra a folio 191 \u00abequivocadamente se anex\u00f3 a este expediente\u00bb y resalt\u00f3 que \u00abmediante auto de fecha 24 de mayo del a\u00f1o en curso, una vez revisado el proceso se procedi\u00f3 a indicar que la alimentaria \u201cB\u201d ya es mayor de edad, por lo que debe asumir el proceso en el estado que se encuentra, ordenando su notificaci\u00f3n y otras disposiciones\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio tras advertir que la presunta vulneraci\u00f3n alegada por la parte convocante se encuentra superada, pues \u00abla autoridad judicial demandada, dentro del t\u00e9rmino para oponerse a esta acci\u00f3n constitucional, super\u00f3 la mora se\u00f1alada en el escrito de resguardo que circundaba sobre la no soluci\u00f3n del pedimento de 23 de enero de 2023, a trav\u00e9s del cual la promotora pidi\u00f3 la entrega de los dineros consignados en la disputa coercitiva seguida (\u2026). Son as\u00ed las cosas porque el juzgado de conocimiento, conforme puede comprobarse en el expediente, el 24 de mayo de 2023 zanj\u00f3 aquella petici\u00f3n de suministro de dep\u00f3sitos judiciales, oportunidad en la que no accedi\u00f3 a ese anhelo\u00bb; igualmente, agreg\u00f3 que \u00abno es procedente ordenar cuesti\u00f3n alguna contra la alcald\u00eda ni dem\u00e1s entes convocados, habida cuenta de que, (\u2026) le corresponde a la accionante insistir en el cumplimiento de su anhelo ante el juzgado de familia accionado, que es el actual director del proceso cuestionado, ello, a trav\u00e9s de las solicitudes formales o mecanismos ordinarios de defensa procedentes\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el extremo accionante insistiendo en que \u00abel proceso ejecutivo de alimentos (\u2026) cursa (\u2026) desde el a\u00f1o 2018 y hasta el d\u00eda de hoy ellos no han podido acceder a los alimentos que en derecho les corresponde por la multiplicidad de problemas que ha tenido su padre el se\u00f1or \u201cC\u201d, estamos frente a un perjuicio irremediable\u00bb y precis\u00f3 que \u00abel problema jur\u00eddico se centra en que el juzgado de Familia siendo competente no ha entregado los t\u00edtulos judiciales que en derecho corresponden (\u2026), se debi\u00f3 analizar el auto con fecha del 24 de mayo (\u2026) [que] niega la solicitud de entrega de t\u00edtulos judiciales porque \u201cB\u201d cumpli\u00f3 la mayor\u00eda de edad pero nada dice del menor (\u2026), en segundo lugar el Juzgado de familia deja a disposici\u00f3n del agente especial de \u201cConstructora E\u201d la suspensi\u00f3n del proceso de alimentos, por considerar que \u00e9l es el competente, criterio equivocado al tenor del art. 77 de la ley 1116 de 2006, ning\u00fan proceso de alimentos puede ser suspendido, por analog\u00eda se debe aplicar al presente asunto\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, destac\u00f3 que \u00ab[n]o es dable que el Honorable tribunal niegue la acci\u00f3n de tutela por considerar que la misma solamente se dirig\u00eda contra la mora del juzgado de familia en resolver la solicitud de entrega de t\u00edtulos judiciales, no tiene sentido que en el momento que se interpuso la acci\u00f3n tutela se haya dirigido contra una providencia que no exist\u00eda, pues es menester recordar y sacar a relucir que el Juzgado de Familia resolvi\u00f3 la solicitud cuando le lleg[\u00f3] la presente acci\u00f3n de tutela e itero que se debi\u00f3 analizar si ese auto vulnera los derechos fundamentales de mis defendidas, pero el tribunal nada dijo al respecto y el auto del juzgado de familia qued\u00f3 ejecutoriado porque no se interpuso el \u00fanico recurso legal (reposici\u00f3n), es decir que actualmente no se cuenta con ning\u00fan recurso legal para que esta decisi\u00f3n sea ajustada a estricto derecho\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si dentro del coercitivo rad. n.\u00b0 0, la autoridad judicial accionada lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales invocadas al no resolver oportunamente la solicitud de entrega del dinero embargado por la superintendencia de sociedades que reposa en el Banco Agrario por prelaci\u00f3n de cr\u00e9dito para garantizar la obligaci\u00f3n alimentaria que all\u00ed se reclama. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC361-2023, 25 en. 2023, rad. 00450-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos iniciales de la queja constitucional y la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo en raz\u00f3n a la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que la situaci\u00f3n de mora judicial endilgada al juzgado convocado en relaci\u00f3n a la falta de resoluci\u00f3n de la solicitud de entrega de dep\u00f3sitos judiciales, fue corregida por el estrado encartado durante el curso de esta salvaguarda por auto del 24 de mayo del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
Ciertamente, en aquel prove\u00eddo, adem\u00e1s de advertir que \u00abla alimentaria \u201cB\u201d, a la fecha ya adquiri\u00f3 la mayor\u00eda de edad, raz\u00f3n por la cual debe de asumir el proceso en el estado en que se encuentra\u00bb, resolvi\u00f3 -preliminarmente, para definir la situaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de alimentos a su cargo, dentro del asunto concursal involucrado-, \u00ab2.- Se agrega al proceso la copia (\u2026) del auto emitido por la Superintendencia de Sociedades dentro del expediente No. 00, mediante el cual dicho ente declar\u00f3 la perdida de competencia para continuar conociendo el proceso de reorganizaci\u00f3n de la persona natural comerciante se\u00f1or \u201cC\u201d, en los t\u00e9rminos de la Ley 1116 de 2006, disponiendo su remisi\u00f3n a la Alcald\u00eda para que se tramite la toma de posesi\u00f3n de la sociedad \u201cConstructora E\u201d, de la cual el se\u00f1or \u201cC\u201d fung\u00eda como representante legal. 3.- Se agrega a los autos (\u2026), lo manifestado por el agente especial de la sociedad \u201cConstructora E\u201d, dentro del proceso de toma de posesi\u00f3n de la referida sociedad, dispuesto mediante la Resoluci\u00f3n No. 0 de julio de 2022. (\u2026). 3.- Se dispone oficiar al (\u2026) agente especial (\u2026), para que informe a este despacho si en virtud de la toma de posesi\u00f3n de la sociedad (\u2026), el presente proceso ejecutivo de alimentos queda suspendido y si debe remitirse al proceso que conoce la Alcald\u00eda, junto con los t\u00edtulos judiciales que se encuentran consignados\u00bb y, en consecuencia, \u00ab4.- Frente a la solicitud de entrega de dineros que promueve la ejecutante a trav\u00e9s de apoderada judicial, deber\u00e1 estarse a lo aqu\u00ed resuelto\u00bb; prove\u00eddo debidamente notificado en estado del 25 de mayo siguiente. <\/p>\n
En las circunstancias descritas, el ruego tuitivo se muestra inviable, al constituir una carencia actual de objeto por hecho superado, figura esta respecto de la cual la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, cuando estando en curso el auxilio \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido esta Corporaci\u00f3n ha dicho que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada en STC1761-2023, 1\u00b0 mar. 2023, rad. 00124-01, entre otras). <\/p>\n
Y es que, si bien a los jueces les asiste el deber de pronunciarse sobre las peticiones que los interesados efect\u00faen en los litigios sometidos a su resoluci\u00f3n, en la medida que, sustraerse de esa obligaci\u00f3n configura una v\u00eda de hecho3, ello no implica una decisi\u00f3n favorable a lo pedido. <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Con todo, cabe agregar que los argumentos expuestos al impugnar el fallo de primera instancia, alusivos a que el tribunal a quo \u00abdebi\u00f3 analizar el auto con fecha del 24 de mayo\u00bb emitido en el curso de este tr\u00e1mite, tampoco pueden ser acogidos, comoquiera que la acci\u00f3n deviene improcedente al no satisfacer el esencial presupuesto general de la subsidiariedad en la modalidad de incuria, pues tal como lo reconoce la propia apoderada de las accionantes -que representa igualmente sus derechos en el ejecutivo objeto de queja-, desperdici\u00f3 la oportunidad de refutar lo decidido a trav\u00e9s del recurso ordinario de reposici\u00f3n, el cual, se mostraba id\u00f3neo para controvertir la situaci\u00f3n que ahora expone. <\/p>\n
Entonces, si la tutelante no aprovech\u00f3 los instrumentos de defensa establecidos en el ordenamiento procesal para controvertir los fundamentos de las providencias emitidas por la autoridad accionada, no puede ahora aspirar a que en esta v\u00eda, se brinde soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica que plantea, esto, por cuanto el uso racional de la presente acci\u00f3n, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Constituci\u00f3n y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional precis\u00f3 que la tutela \u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
A tono con ello, que \u00ab[q]uien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los prove\u00eddos sobre los cuales el interesado no ejerci\u00f3 recurso constituya transgresi\u00f3n u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasi\u00f3n propicia. Es in\u00fatil, por tanto, apelar a la tutela, cual, si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el prop\u00f3sito de resarcir los da\u00f1os causados por su propio descuido procesal\u00bb (CC T-520\/92). <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las [resoluciones] de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada en STC425-2023, 25 ene., rad. 2022-01290-01, entre otras). <\/p>\n
Y sobre la aptitud del recurso horizontal, ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 20 feb. 2014, exp. 00201-00, citada, entre otras, en STC16627-2022, 14 dic., rad. 01210-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se impone ratificar la denegaci\u00f3n del auxilio implorado, porque las circunstancias descritas como vulneradoras de las garant\u00edas superiores invocadas por el extremo actor, fueron superadas durante el diligenciamiento de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Pues aport\u00f3 poder para acudir directamente a este tr\u00e1mite y no a trav\u00e9s de su progenitora. <\/p>\n
3\u0002 \u00ab(\u2026) tal comportamiento desidioso infringe los principios del debido proceso, ya que el Juez est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de pronunciarse afirmativa o negativamente frente a las solicitudes del interesado (\u2026) por consiguiente, el censor de conocimiento, como viene de verse, sin justificaci\u00f3n de orden legal o f\u00e1ctica\u2026no ha dado respuesta a los memoriales que impetr\u00f3 el ejecutante de acuerdo con los procedimientos establecidos, por tal motivo, puede concluirse que el funcionario est\u00e1 incurriendo en v\u00eda de hecho\u00bb (sentencia de 16 de febrero de 2012, exp. 02206-01, reiterada el 23 de mayo de 2013, 00058-01). <\/p>\n
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STC6190-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC6190-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2023-00251-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74313","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74313","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74313"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74313\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74313"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74313"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74313"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}