STC6193-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6193-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00601-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 9 de mayo de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Lina Mar\u00eda Bastidas Tole, en calidad de Coordinadora de la Oficina de Asesor\u00eda Jur\u00eddica del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Mediana Seguridad de Ibagu\u00e9 -COIBA- contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada, por lo que solicit\u00f3 se ordene \u00abdejar sin efecto\u2026 la providencia\u2026 del catorce\u2026 de marzo de dos mil veintitr\u00e9s\u2026 que no [concedi\u00f3] la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de h\u00e1beas corpus\u00bb o, en su defecto, se ordene \u00abaclarar y corregir la providencia\u2026 del once\u2026 de marzo de dos mil veintitr\u00e9s\u00bb, que declar\u00f3 procedente la petici\u00f3n de h\u00e1beas corpus presentada en favor de David Bernal Zabala. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustent\u00f3, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.2. El 13 de marzo siguiente, la accionante solicit\u00f3 al Tribunal criticado la aclaraci\u00f3n y correcci\u00f3n de dicha providencia, por cuanto, afirm\u00f3, el derecho a la libertad de Bernal Zabala ya se encontraba materializado, como se puede evidenciar en la cartilla biogr\u00e1fica aportada en el traslado del h\u00e1beas corpus, que daba cuenta del \u00abestado de baja por orden de libertad con fecha de salida el 22\/02\/2023\u00bb, petici\u00f3n que fue negada, por cuanto \u00abla informaci\u00f3n escasa que se limit\u00f3 a ofrecer no permit\u00eda establecer que la autoridad penitenciara hubiese dado cumplimiento a sus obligaciones legales tendientes a restablecer material, administrativa y procesalmente la libertad del accionante\u00bb. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, el centro carcelario impugn\u00f3 la providencia del 11 de marzo de 2023, recurso cuya concesi\u00f3n fue negada, con providencia del 14 de marzo de 2023, toda vez que dicha decisi\u00f3n, al haber sido favorable, es inimpugnable. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora de este resguardo que el Tribunal accionado \u00abconcedi\u00f3 una protecci\u00f3n de un derecho que no estaba vulnerado; todo lo contrario, se hab\u00eda materializado desde el d\u00eda 22 de febrero de 2023\u00bb; y que debi\u00f3 concederse la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, tras realizar un recuento de las actuaciones surtidas, precis\u00f3 que, \u00abse accedi\u00f3 al amparo solicitado, con el fin de que el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagu\u00e9 \u2026, cumpliera su obligaci\u00f3n legal [de] verificar la eventual existencia de otros requerimientos judiciales a\u2026 Bernal Zabala\u00bb, tras lo cual debi\u00f3 \u00abcomunicarle la materializaci\u00f3n del derecho a la libertad, dado que, la sustituci\u00f3n de la detenci\u00f3n formal no habilitaba al privado de la libertad para determinar por s\u00ed mismo la cesaci\u00f3n de la medida judicial\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el amparo al considerar que era improcedente esta acci\u00f3n, en tanto, sobre tal cuesti\u00f3n ya se hab\u00eda emitido una decisi\u00f3n de car\u00e1cter constitucional. Sumado a lo anterior, destac\u00f3 que, aun cuando se pasara por alto dicha inviabilidad, no se encontraban probados los defectos que estructuraran una v\u00eda de hecho, pues no se acredit\u00f3 que las providencias estuvieran fundadas en conceptos arbitrarios o irrazonables. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito inicial. De otro lado, adujo, que lo que critic\u00f3 no es la compulsa de copias que se dispuso en la providencia cuestionada, sino que su queja se circunscribe a \u00abque se rehus\u00f3 a conceder el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quien integra alguno de los extremos del litigio o fue reconocido como interviniente. <\/p>\n
En cuanto al alcance del citado canon 10\u00ba, la jurisprudencia constitucional ha considerado que: <\/p>\n
\u2026la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (CC T-878\/07). <\/p>\n
3. De igual manera, mem\u00f3rese que la Corte Constitucional, en sentencia T-889 de 2013, precis\u00f3 que los derechos de las personas jur\u00eddicas, por su propia naturaleza, s\u00f3lo pueden ser reivindicados por sus representantes legales o por apoderados judiciales debidamente constituidos para esos efectos. <\/p>\n
En efecto, en la citada providencia, se precis\u00f3 que \u00abla legitimidad por activa para la defensa de los derechos fundamentales de las personas jur\u00eddicas depende de que exista una relaci\u00f3n de representaci\u00f3n legal o apoderamiento judicial entre la persona natural que alega la vulneraci\u00f3n y la persona jur\u00eddica que ha sido afectad\u00bb. <\/p>\n
4. Bajo esa \u00f3ptica y aplicada al caso materia de an\u00e1lisis, es evidente que la promotora, Lina Mar\u00eda Bastidas Tole, carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite de h\u00e1beas corpus presentado en favor de David Bernal Zabala, por no ser parte ni interviniente reconocido en dicha contienda, as\u00ed como tampoco acredit\u00f3 ser \u00abrepresentante legal\u00bb o apoderada judicial del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Mediana Seguridad de Ibagu\u00e9 -COIBA-. <\/p>\n
Sobre este particular, se resalta que las facultades otorgadas a la tutelante, a trav\u00e9s de \u00abResoluci\u00f3n\u2026 003144 del 5 de noviembre de 2021\u00bb, son insuficientes para impulsar el presente resguardo en nombre del prenotado centro de reclusi\u00f3n, pues en dicho instrumento no se le confiri\u00f3 la representaci\u00f3n legal de ese ente, ni tampoco se le atribuy\u00f3 la facultad de interponer acciones de tutela en su nombre, aunque tenga otras funciones de orden administrativo, de asesor\u00eda jur\u00eddica y de proyecci\u00f3n, sin que ninguna de ellas la autorice para controvertir, de forma directa y en favor de esa entidad, decisiones jurisdiccionales. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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