STC6194-2023<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6194-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2023-00281-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 2 de junio de 2023, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Orlando Antonio Daccaret Yidi y Munir Escaff Escaff, contra el Tribunal de Arbitramento del Centro de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio de esa ciudad, conformado por los \u00e1rbitros Daniel Moreno Villalba, Eduardo Rosado Fern\u00e1ndez de Castro y Alfonso Gerardo Hern\u00e1ndez Tous, para dirimir la controversia entre Club Campestre del Caribe S.A. en liquidaci\u00f3n y los aqu\u00ed accionantes. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los libelistas, actuando a trav\u00e9s de apoderados judiciales, reclamaron la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia y debido proceso, supuestamente vulneradas por el citado tribunal arbitral, en el marco de la causa que promovieron en contra del Club Campestre del Caribe S.A. en liquidaci\u00f3n, impugnando actos de la Asamblea General de Accionistas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. La demanda arbitral, inicialmente, \u00abimpugnaba el acta 37 de la Asamblea General de Accionistas, que era constancia de las actuaciones realizadas en la reuni\u00f3n ordinaria no presencial celebrada el 15 de diciembre de 2020\u00bb; sin embargo, al ser reformada, se incorporaron pretensiones \u00abrelativas a la declaratoria de nulidad o reconocimiento de la ineficacia de lo contenido en el acta 39 de la Asamblea General de Accionistas, que era constancia de las actuaciones realizadas en la reuni\u00f3n extraordinaria no presencial del 28 de septiembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
2.2. Frente a ello, indican que \u00ab[e]n la contestaci\u00f3n a la reforma de la demanda, recibida en el mes de noviembre de 2021, el CLUB CAMPESTRE DEL CARIBE S.A. EN LIQUIDACI\u00d3N refiri\u00f3 que los yerros evidenciados en la demanda inicial fueron subsanados a trav\u00e9s de la mencionada asamblea extraordinaria de accionistas del 28 de septiembre del 2021, [adjuntando] una carpeta que contiene los supuestos poderes otorgados por los socios representados en dicha reuni\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.3. A partir de lo anterior, afirman que oportunamente alegaron el desconocimiento documental frente a los aludidos mandatos; no obstante, el tribunal arbitral, incurriendo en defecto f\u00e1ctico, \u00abno hizo ning\u00fan tipo de valoraci\u00f3n, consideraci\u00f3n ni an\u00e1lisis (tampoco la correspondiente aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 272 y concordantes del C\u00f3digo General del Proceso). En su lugar, con pretermisi\u00f3n de todo ello y sin m\u00e1s, se dio valor probatorio a los poderes objeto de desconocimiento oportuno por los demandantes, cuando fruto de dicho desconocimiento, adem\u00e1s de la falta de acreditaci\u00f3n de autenticidad por la demandada, dichos poderes carec\u00edan de eficacia probatoria\u00bb, pues la convocada no realiz\u00f3 pronunciamiento alguno al respecto. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidieron, en compendio, \u00abDEJAR SIN EFECTOS el laudo arbitral proferido el pasado 7 de diciembre de 2022\u00bb y, en su lugar \u00abORDENAR al TRIBUNAL ARBITRAL accionado PROFERIR una nueva decisi\u00f3n que valore adecuadamente el desconocimiento documental presentado oportunamente por los ACCIONANTES sobre los documentos declarativos que acompa\u00f1aron la contestaci\u00f3n a la reforma de la demanda\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
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1. Los \u00e1rbitros Daniel Moreno Villalba, Alfonso Gerardo Hern\u00e1ndez Tous y Eduardo Rosado Fern\u00e1ndez de Castro, manifestaron que \u00ab[h]ay imposibilidad de reconstituir el tribunal arbitral porque el proceso arbitral es una funci\u00f3n jurisdiccional transitoria\u00bb. <\/p>\n
Enterados del fallo, allegaron escrito posterior ratificando lo dicho e indicaron que la parte actora \u00abse ha limitado a hacer su propia valoraci\u00f3n sobre la figura del desconocimiento documental de que trata el art\u00edculo 272 del C\u00f3digo General del Proceso, de manera aislada y de acuerdo con su propio criterio. El mecanismo de la tutela no es el id\u00f3neo para cuestionar la valoraci\u00f3n probatoria hecha por el juez de instancia, quien tiene alto grado de independencia y autonom\u00eda para ello\u00bb. <\/p>\n
2. El liquidador del Club Campestre del Caribe S.A., resalt\u00f3 el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n de tutela, pues \u00ablos accionantes omitieron agotar los medios de defensa judicial a su alcance ya que no solicitaron aclaraci\u00f3n, adici\u00f3n o correcci\u00f3n de la sentencia ni interpusieron recurso de anulaci\u00f3n del laudo en la oportunidad legal establecida en la ley 1563 de 2012\u00bb; y agreg\u00f3 que \u00abno se da bajo ninguna circunstancia, la inmediatez como requisito de procedibilidad para esta acci\u00f3n. En el escrito presentado por los accionantes no logran manifestar una raz\u00f3n l\u00f3gica y sensata que les haya impedido interponer la acci\u00f3n de tutela una vez se profiriera el fallo el cual no recurrieron\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo neg\u00f3 el amparo porque \u00aben el proceso de arbitral el convocante persigue la declaratoria de anulaci\u00f3n tanto del acta del 15 de diciembre de 2020, como el acta del 28 de septiembre de 2021. No obstante, tomando en cuenta que los poderes desconocidos por el accionante se refieren concretamente a la asamblea de accionistas del Club Campestre del Caribe En Liquidaci\u00f3n celebrada el 28 de septiembre de 2021, la Sala proceder\u00e1 a centrarse en el estudio de esta \u00faltima. Lo anterior en tanto a que dichos documentos no tienen relaci\u00f3n alguna con la decisi\u00f3n tomada frente al acta del 15 de diciembre de 2020\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese entendido, resalt\u00f3 que \u00abuna vez revisado el laudo arbitral cuya anulaci\u00f3n persigue el accionante con la interposici\u00f3n del presente tramite tutelar, se advierte que los documentos desconocidos no tuvieron incidencia alguna en la decisi\u00f3n tomada\u00bb, pues \u00abel Tribunal de Arbitramento lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de la completitud de quorum tomando en consideraci\u00f3n otros elementos probatorios y valor\u00e1ndolos en conjunto. De modo que no se entiende el reclamo esbozado por el accionante frente a unos elementos que a la postre no tuvieron incidencia en la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que, al margen del sentido de la decisi\u00f3n censurada, \u00abno se vislumbra que se haya concretado la vulneraci\u00f3n alegada, como tampoco que puede calificarse de caprichosa o arbitraria la argumentaci\u00f3n planteada en el laudo, ni puede tenerse como una interpretaci\u00f3n desviada de la ley\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el extremo actor alegando que \u00ab[e]l razonamiento del juez de primera instancia de la acci\u00f3n de tutela presenta dos errores sustanciales (\u2026): No se corrobor\u00f3 de forma efectiva el conteo de los asistentes presentes en la reuni\u00f3n a fin de verificar el qu\u00f3rum deliberatorio (\u2026) [y la] Existencia del defecto f\u00e1ctico: el conteo de los poderes que carec\u00edan de eficacia probatoria si tuvieron una incidencia sustancial en el laudo\u00bb; lo anterior, debido a que \u00abno resulta cierta la tesis del ad quo frente a la no relevancia de los poderes desconocidos en la decisi\u00f3n del laudo, puesto que no se habr\u00edan cumplido con los requisitos estatutarios en lo referente al qu\u00f3rum deliberatorio para discutir la disoluci\u00f3n de la sociedad y esto hubiese sido f\u00e1cilmente alertado por el TRIBUNAL ARBITRAL en sus consideraciones. No obstante, la realidad es que el laudo afirm\u00f3 sin reparos que conforme al Acta 39 del 28 de septiembre de 2021 de la Asamblea General de Accionistas del CLUB CAMPESTRE DEL CARIBE S.A. EN LIQUIDACI\u00d3N cont\u00f3 con el m\u00ednimo de participantes necesarios en la asamblea para la aprobaci\u00f3n de la totalidad de decisiones. Ello supone que se le dio pleno valor probatorio a los poderes adjuntados en la contestaci\u00f3n de la reforma de la demanda (\u2026), y por lo tanto, se contabilizaron sin ning\u00fan reparo los porcentajes de las personas que presuntamente concurrieron a la reuni\u00f3n extraordinaria a trav\u00e9s de apoderado\u00bb, pretermitiendo as\u00ed el desconocimiento documental que corresponde al fundamento de la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
De igual forma, insisti\u00f3 en que \u00abse incurri\u00f3 en una valoraci\u00f3n por \u201ccompleto equivocada\u201d, lo que incide de forma directa en la decisi\u00f3n del TRIBUNA ARBITRAL, pues la indebida valoraci\u00f3n conlleva en el mismo sentido, a una indebida sustentaci\u00f3n del laudo \u2500en los t\u00e9rminos considerados por la Corte Constitucional\u2500 al haber fundamentado su decisi\u00f3n sin tener en cuenta una reflexi\u00f3n de esta naturaleza respecto de los poderes frente a los cuales se propuso oportunamente la figura del desconocimiento documental\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal arbitral, conformado para dirimir la controversia entre el Club Campestre del Caribe S.A. en liquidaci\u00f3n y los aqu\u00ed accionantes, incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho al expedir el laudo, porque, supuestamente, omiti\u00f3 pronunciarse acerca del desconocimiento que habr\u00edan presentado frente a algunos documentos aportados por su contraparte, efectuando una inadecuada valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. Sobre la acci\u00f3n de tutela contra laudos arbitrales. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la determinaci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica de los laudos arbitrales para efectos de la viabilidad del resguardo, la Corte Constitucional ha establecido que \u00ab(\u2026) [estos] se equiparan a las sentencias judiciales para efectos de la procedencia de acci\u00f3n de tutela\u00bb, en tanto \u00abeste mecanismo constitucional es procedente contra laudos arbitrales siempre que con ellos se vulneren, amenacen o afecten los derechos fundamentales de las partes o de terceros\u00bb (CC, T-055\/14). <\/p>\n
De igual forma, esa colegiatura ha relievado que \u00ab[e]l laudo arbitral se equipara a una sentencia judicial por cuanto pone fin al proceso y desata de manera definitiva la cuesti\u00f3n examinada. Adicionalmente, los \u00e1rbitros son investidos de manera transitoria de la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, la cual, ha sido calificada legalmente como un servicio p\u00fablico, motivo por el cual, no cabe duda que en sus actuaciones y en las decisiones que adopten los tribunales arbitrales est\u00e1n vinculados por los derechos fundamentales, por lo que resulta procedente la acci\u00f3n de tutela cuando estos sean vulnerados o amenazados con ocasi\u00f3n de un proceso arbitral\u00bb (CC, C.378\/08). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Sala tiene decantado que, conforme ha sostenido la jurisprudencia constitucional, la procedencia del amparo contra laudos arbitrales est\u00e1 sujeta al cumplimiento de los siguientes criterios: <\/p>\n
\u00ab[R]esulta indispensable puntualizar, que para determinar la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra un laudo arbitral, la Guardiana de la Carta Pol\u00edtica en sentencia SU-174 de 2007, fij\u00f3 una serie de reglas complementarias a las establecidas respecto a las providencias judiciales, a saber: \u00ab(1) un respeto por el margen de decisi\u00f3n aut\u00f3noma de los \u00e1rbitros, que no ha de ser invadido por el juez de tutela e impide a \u00e9ste pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a arbitramento; (2) la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela exige que se haya configurado, en la decisi\u00f3n que se ataca, una vulneraci\u00f3n directa de derechos fundamentales; (3) si bien es posible y procedente aplicar la doctrina de las v\u00edas de hecho a los laudos arbitrales, dicha doctrina ha de aplicarse con respeto por los elementos propios de la naturaleza del arbitraje, los (sic) cual implica que su procedencia se circunscribe a hip\u00f3tesis de vulneraci\u00f3n directa de derechos fundamentales; y (4) el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n de tutela se manifiesta con especial claridad en estos casos, ya que s\u00f3lo procede cuando se ha hecho uso de los recursos provistos por el ordenamiento jur\u00eddico para controlar los laudos, y a pesar de ello persiste la v\u00eda de [hecho] mediante la cual se configura la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental. En materia de contratos administrativos sobresale el recurso de anulaci\u00f3n contra el laudo\u00bb (reiterada en C.C. SU-500\/15 y SU-033\/18)\u00bb (CSJ STC4490-2020, 15 jul.). <\/p>\n
En l\u00ednea con lo expuesto, se ha se\u00f1alado que, al verificar los enunciados requisitos, se deben tener en cuenta las caracter\u00edsticas propias del tr\u00e1mite arbitral: <\/p>\n
\u00abI. Defecto sustantivo: Se presenta cuando (i) los \u00e1rbitros fundamentan su decisi\u00f3n en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, y en raz\u00f3n de ello desconocen de manera directa un derecho fundamental; (ii) el laudo carece de motivaci\u00f3n material o su motivaci\u00f3n es manifiestamente irrazonable; (iii) la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance; (iv) la interpretaci\u00f3n de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica y (v) la norma aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada. <\/p>\n
II. Defecto org\u00e1nico: Ocurre cuando los \u00e1rbitros carecen absolutamente de competencia para resolver el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, ya sea porque han obrado manifiestamente por fuera del \u00e1mbito definido por las partes o en raz\u00f3n a que se han pronunciado sobre materias no arbitrables. <\/p>\n
III. Defecto procedimental: Se configura cuando los \u00e1rbitros han dictado el laudo de manera completamente contraria al procedimiento establecido contractualmente o en la ley, y con ello se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n directa del derecho de defensa y de contradicci\u00f3n. Para que la mencionada irregularidad tenga la magnitud suficiente para constituir una v\u00eda de hecho, es necesario que aquella tenga una incidencia directa en el sentido de la decisi\u00f3n adoptada, de tal forma que si no se hubiera incurrido en ella se habr\u00eda llegado a una determinaci\u00f3n diametralmente opuesta. <\/p>\n
IV. Defecto f\u00e1ctico: Se presenta en aquellas hip\u00f3tesis en las cuales los \u00e1rbitros (i) han dejado de valorar una prueba determinante para la resoluci\u00f3n del caso; (ii) han efectuado su apreciaci\u00f3n probatoria vulnerando de manera directa derechos fundamentales, o (iii) han fundamentado su valoraci\u00f3n de las pruebas con base en una interpretaci\u00f3n jur\u00eddica manifiestamente irrazonable. Para este Tribunal, es necesario que el error en la valoraci\u00f3n probatoria haya sido determinante respecto del sentido de la decisi\u00f3n finalmente definida en el laudo\u00bb (CSJ STC4490-2020, 17 jul.). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en cuanto a este \u00faltimo defecto, el Tribunal Constitucional ha precisado que \u00ab(\u2026) \u00abla procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias arbitrales por defecto f\u00e1ctico tambi\u00e9n requiere tener en cuenta el elemento de la voluntad del acuerdo de las partes de apartarse de la jurisdicci\u00f3n estatal y someterse a una justicia alternativa\u00bb; por lo que \u00abel an\u00e1lisis del juez de tutela sobre la actividad probatoria desplegada por el tribunal de arbitramento debe ser cuidadosa y, s\u00f3lo se activar\u00e1 la procedencia de la acci\u00f3n, ante una valoraci\u00f3n arbitraria y carente de razonabilidad del material probatorio\u00bb, de tal suerte que \u00abno cualquier omisi\u00f3n en cuanto a la valoraci\u00f3n de alguna prueba configura autom\u00e1ticamente el defecto f\u00e1ctico\u00bb (CC, SU-500\/15). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Revisados los planteamientos formulados en el escrito introductor contra el laudo arbitral de fecha 7 de diciembre de 2022, proferido en la causa que Munir Escaff Escaff y Orlando Antonio Daccaret Yidi iniciaron en contra del Club Campestre del Caribe S.A. en liquidaci\u00f3n; observa la Corte que las discrepancias tra\u00eddas en esta ocasi\u00f3n son incompatibles con la salvaguarda, pues denotan que lo pretendido es hacer prevalecer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y atacar, por esta senda, la valoraci\u00f3n probatoria contenida en esa decisi\u00f3n; finalidad que resulta ajena a esta acci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. En efecto, n\u00f3tese que, en compendio, los promotores critican que, \u00ab[a]l otorgarle pleno valor probatorio a dichos poderes [-desconocidos-], estos igualmente fueron contabilizados al momento de evaluar el cumplimiento del cu\u00f3rum de la asamblea extraordinaria de accionistas del 28 de septiembre del 2021, junto con los dem\u00e1s efectos sucesivos\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, se observa que, en lo pertinente, en el laudo se determin\u00f3 \u00abNegar la pretensi\u00f3n 3.3. respecto a las decisiones tomadas en la reuni\u00f3n de asamblea celebrada el 28 de septiembre de 2021\u00bb, ello tras establecer que \u00abal momento en que se vota el referido punto sexto de la agenda de la asamblea en comento, se identifica la existencia de un qu\u00f3rum deliberatorio del 50.72%, cumpli\u00e9ndose as\u00ed el primer requisito que consist\u00eda en poder someter a consideraci\u00f3n de la asamblea la posibilidad de disolver la sociedad, con fines de liquidaci\u00f3n. Ahora bien, en punto al cumplimiento del segundo requisito (mayor\u00eda del 75% de los votos presentes), se presenta una incoherencia respecto a la mayor\u00eda existente al momento de votar afirmativamente la disoluci\u00f3n. Efectivamente, en el acta No. 39 del 28 de septiembre de 2021 se indica que la correspondiente votaci\u00f3n se aprob\u00f3 con el 69.3% de los votos presentes lo cual, a las luces de los tantas veces mencionados art\u00edculos 42 y 49 de los estatutos sociales, no atender\u00eda el m\u00ednimo del 75% requerido para decidir sobre la disoluci\u00f3n de la sociedad. Sin embargo, el Tribunal no puede hacer caso omiso a la informaci\u00f3n contenida en la misma acta y sobre el mismo punto. Justamente, se evidencia la captura de pantalla de los resultados de la votaci\u00f3n que arroja la plataforma de Propiedata, de la cual se desprende el resultado de la respectiva votaci\u00f3n que corresponder\u00eda a un 84.64%. Tampoco puede ignorarse la votaci\u00f3n que qued\u00f3 tambi\u00e9n registrada en la grabaci\u00f3n de la misma asamblea lo cual se evidencia en la hora 2:55:50 de la prueba aportada. Se impone entonces dar aplicaci\u00f3n al principio de prevalencia del derecho sustancial, teni\u00e9ndose como v\u00e1lido, aun cuando no se haya cumplido el derecho formal. Por tanto, se reconocer\u00e1 la existencia de qu\u00f3rum decisorio respecto a la votaci\u00f3n concerniente a la disoluci\u00f3n de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, despu\u00e9s de precisar que la asamblea se desarroll\u00f3 en modalidad no presencial, precis\u00f3 el tribunal que \u00abcobran relevancia las afirmaciones de la parte convocante en cuanto al proceso de verificaci\u00f3n de los participantes en la reuni\u00f3n, esto es, que efectivamente sean los accionistas o socios o sus apoderados, para lo cual se establece que el representante legal debe verificar la identidad de los mismos. Seg\u00fan la parte convocante, dicho proceso no se surti\u00f3 de manera adecuada y no habr\u00eda forma de corroborar la identidad de tales participantes. Sobre este particular, el Tribunal se aparta de dicha apreciaci\u00f3n y considera que el Club Campestre del Caribe S.A. En Liquidaci\u00f3n s\u00ed atendi\u00f3 en debida forma el mencionado proceso de identificaci\u00f3n. Tal como ha sido objeto de explicaci\u00f3n por parte del representante legal del club, Sr. Alfonso Jaller Caballero, de la funcionaria del club Delfina V\u00e1squez Bar\u00f3n y del Sr. Jos\u00e9 Aristizabal, representante legal de la firma PROPIEDATA, due\u00f1a de la plataforma a trav\u00e9s de la cual se realizaron las asambleas, por una parte, y por otra, especialmente por la grabaci\u00f3n de la asamblea del 28 de septiembre de 2021, la cual fue objeto de riguroso examen\u00bb, resaltando que de ella se deduce, que \u00ab(\u2026) [e]l club acredit\u00f3 debidamente los poderes de quienes fueron representados en la reuni\u00f3n, seg\u00fan da cuenta el acta, debidamente suscrita y no tachada de falsedad, que certifica la ocurrencia de la mencionada reuni\u00f3n\u00bb y que \u00ab[c]uando fue verificado el quorum de la reuni\u00f3n del 28 de septiembre de 2021, la grabaci\u00f3n evidencia que uno por uno se iba presentando e identificando los socios que concurrieron a la reuni\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.2. Conforme con ello, lo considerado por la autoridad encartada, para arribar a la decisi\u00f3n que ahora es censurada, como se anticip\u00f3, no permite colegir en la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de los promotores no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio, en tanto lo decidido, en ese sentido, fue contrario a sus expectativas. <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que las determinaciones se encuentren afectadas por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el presente caso. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
Y es que al ejercitar la herramienta supralegal contra una providencia, incumbe al interesado no solo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal del cognoscente; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa, debe detallar las razones por las cuales el pronunciamiento involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia \u2013principios aplicables a la labor temporal desplegada por los \u00e1rbitros\u2013, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Sin embargo, en el sub-lite, aun cuando los actores acusan al laudo de incurrir en causal espec\u00edfica de procedencia excepcional del amparo -defecto f\u00e1ctico-, debido a que le otorg\u00f3 valor probatorio a unos poderes que, con insistencia, deprecan deb\u00edan ser despojados de eficacia probatoria al ser desconocidos; lo cierto, es que de tales disertaciones no se advierte su configuraci\u00f3n, pues el escrito se ci\u00f1e a insistir en una valoraci\u00f3n probatoria diferente a la que ya fue definida y de la que se resalta, no determin\u00f3 relevantes dichos documentos, en tanto su labor se desarroll\u00f3 frente a otros medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, la intenci\u00f3n de los gestores no es otra que exponer su particular interpretaci\u00f3n de las disposiciones legales y privilegiar su espec\u00edfica intelecci\u00f3n respecto de la actividad procesal y probatoria desplegada en ese tr\u00e1mite arbitral, lo cual implicar\u00eda una nueva revisi\u00f3n de la causa, en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de quienes avocaron el estudio del asunto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto la configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Con todo, de insistir los querellantes en sus alegatos -se itera, alusivos a desconocer la autenticidad de los documentos aportados por su contraparte y que estima resultaron definitivos para el laudo arbitral que ahora censura-, pueden acudir ante las instancias penales pertinentes y de contera, al encontrarla configurada, a la causal prevista en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, en virtud de la cual, es motivo de revisi\u00f3n \u00ab(\u2026) 2. Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida\u00bb1. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con lo anterior, en el asunto lo que se evidencia es la utilizaci\u00f3n del amparo como instancia adicional, en tanto que el pronunciamiento cuestionado no tiene aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas, por lo que se ratificar\u00e1 la inviabilidad decretada en sede anterior. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Aplicable al asunto arbitral, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 45 de la Ley 1563 de 2012. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6194-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC6194-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2023-00281-01 (Aprobado en Sala de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 2 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74316","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74316","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74316"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74316\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74316"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74316"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74316"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}