STC6195-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6195-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02402-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por La Nevera Roja S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de la misma ciudad y las partes e intervinientes en el juicio verbal de restituci\u00f3n de inmueble arrendado n\u00b0. 2020-00008. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando a trav\u00e9s de su representante legal, la persona jur\u00eddica accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos supralegales al debido proceso y \u00abacceso a la justicia\u00bb, as\u00ed como \u00abel principio de legalidad\u2026 de igualdad y la tutela judicial efectiva\u00bb. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n recopilados se puede extractar que Fernando Arias Marulanda formul\u00f3 el proceso distinguido en p\u00e1rrafos precedentes contra La Nevera Roja S.A.S., a trav\u00e9s del cual buscaba se declarara judicialmente terminado el contrato de arrendamiento suscrito entre ambos el 1\u00ba de noviembre de 2018 sobre \u00abun lote de terreno ubicado en la vereda San Cayetano\u00bb del municipio de La Calera y la consecuente restituci\u00f3n de su tenencia. <\/p>\n
Dicha actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, despacho que, luego de agotadas las etapas procesales respectivas, el pasado 21 de marzo profiri\u00f3 fallo desestimatorio. <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n fue apelada por el demandante y revocada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 con fallo del 31 de mayo siguiente, a trav\u00e9s del cual acogi\u00f3 las pretensiones del l\u00edbelo inicial al declarar no probados los medios exceptivos formulados por la sociedad demandada. <\/p>\n
3. Para la gestora, la providencia de segundo grado adolece de defectos f\u00e1ctico, sustantivo y de error inducido. <\/p>\n
Frente al primero, adujo que el tribunal \u00abno valor\u00f3 el material probatorio en su integridad, y especialmente, los testimonios de los se\u00f1ores Hernando Motta, Luis Henao y Narly Castiblanco(,) que demuestran sobradamente que el demandante\u2026 falt\u00f3 al principio de la buena fe desde la etapa precontractual, la celebraci\u00f3n del contrato y en el desarrollo del mismo\u00bb; asimismo, asegura, \u00abtampoco fue tenido en cuenta [un] dictamen pericial\u00bb que daba cuenta que el predio sobre el que vers\u00f3 el contrato de arrendamiento escrito, \u00abes diferente al predio\u2026 que fue objeto de acuerdo de voluntades entre las partes\u00bb de forma verbal. En suma, dijo que el defecto se presenta por: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) (i) por no valoraci\u00f3n del acervo probatorio, en raz\u00f3n a que el Tribunal accionado no consider\u00f3 las pruebas aportadas al expediente por la Compa\u00f1\u00eda arrendataria, ya que no las tuvo en cuenta para efectos de fundamentar la decisi\u00f3n respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse realizado su an\u00e1lisis y valoraci\u00f3n, la soluci\u00f3n del asunto jur\u00eddico debatido variar\u00eda sustancialmente, pues se ratificar\u00eda la decisi\u00f3n del juez de primera instancia que neg\u00f3 las pretensiones del actor, por las razones expuestas en el fallo de primera instancia, y por (ii) por valoraci\u00f3n defectuosa del material probatorio, porque el funcionario judicial en contra de la evidencia probatoria, le concedi\u00f3 la certeza absoluta al contrato de arrendamiento, de manera que ten\u00eda la firme adhesi\u00f3n de su perfeccionamiento, pasando por alto que las pruebas aportadas por la Compa\u00f1\u00eda en el Proceso de restituci\u00f3n logran generar una duda seria con relaci\u00f3n al nacimiento del negocio jur\u00eddico (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Respecto del yerro material, advirti\u00f3 una incorrecta \u00abinterpretaci\u00f3n del art\u00edculo 518 del C\u00f3digo de Comercio, desconociendo la realidad procesal, haciendo una interpretaci\u00f3n normativa irracional e inaceptable que abiertamente viola el acceso a la justicia y al [sic] debido proceso\u00bb, pues <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El contrato no termin\u00f3 en el a\u00f1o 2019, sino que persiste y ahora la Compa\u00f1\u00eda ya cuenta con 2 a\u00f1os de arrendamiento haci\u00e9ndose a la garant\u00eda que establece el derecho de la renovaci\u00f3n previsto en la ley, prueba de esto es que el arrendador sigue cobrando y persiguiendo el arrendamiento conforme al contrato y a su vez, la Compa\u00f1\u00eda contin\u00faa con las adecuaciones del inmueble dado en arrendamiento. La demandada le ha pagado al demandante con dep\u00f3sito a su cuenta bancaria el valor del canon se\u00f1alado, lo anterior se observa en el testimonio de Narly Castiblanco, y as\u00ed lo confes\u00f3 el demandante al rendir su declaraci\u00f3n de parte, y se prueba tambi\u00e9n con los comprobantes de dep\u00f3sito aportados al expediente (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Finalmente, el defecto por \u00aberror inducido\u00bb lo hizo descansar en la presunta mala fe con la que actu\u00f3 su contraparte en el asunto ordinario, \u00aben la etapa previa a la firma del contrato de arrendamiento cuando para elaborarlo, con pleno conocimiento y de forma intencional, envi\u00f3 por correo electr\u00f3nico al arrendatario el certificado de tradici\u00f3n y libertad del inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria 50N-20043709, predio Praderita II, de su propiedad, a sabiendas que no era el lote sobre el cual se acord\u00f3 el arrendamiento y se pact\u00f3 el canon\u00bb. <\/p>\n
4. Solicit\u00f3, en consecuencia, \u00abse revoque [sic]\u00bb la providencia de segundo grado proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y se le ordene \u00abemitir una nueva donde se valore adecuadamente las pruebas y la realidad procesal\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 no acceder al resguardo, en lo que a ese despacho ata\u00f1e, habida cuenta que \u00abobr\u00f3 conforme a las fuentes formales directas e indirectas del derecho aplicable, valoraci\u00f3n probatoria y definici\u00f3n del caso teniendo como fin \u00fanico la iniciaci\u00f3n de procesos que implican la congesti\u00f3n de la administraci\u00f3n de justicia, sin menoscabar los derechos fundamentales del accionante\u00bb. <\/p>\n
2. Fernando Arias Marulanda, vinculado al tr\u00e1mite por el inter\u00e9s que le podr\u00eda asistir al ser la parte demandada en el pleito ordinario, se limit\u00f3 a manifestar que \u00abfue un desatino haber instaurado dicha acci\u00f3n\u00bb, asimismo, alleg\u00f3 el memorial por medio del cual sustent\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia desestimatoria de primer grado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la sociedad gestora al revocar el fallo desestimatorio proferido por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de esta ciudad. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 de la razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Al revisar los argumentos en que se sustent\u00f3 la presente queja, de cara a lo resuelto por la colegiatura demandada, considera la Corte que no es posible derivar irregularidad alguna en el fallo cuestionado, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que tal determinaci\u00f3n, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y de las disposiciones legales aplicables, as\u00ed como de las pruebas v\u00e1lidamente aportadas en el juicio ordinario. <\/p>\n
Para revocar la determinaci\u00f3n de primera instancia, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, con apoyo en el precedente de esta Corporaci\u00f3n (SC de 30 de agosto de 2011, rad. 1999-01957), record\u00f3 que \u00ablas cl\u00e1usulas de terminaci\u00f3n anticipada y unilateral de los negocios jur\u00eddicos son v\u00e1lidas\u00bb en tanto que ninguna ley las proh\u00edbe, de modo que \u00abno se puede restringir su eficacia so pretexto de transgredir principios y reglas del derecho privado\u00bb pues en materia civil y comercial \u00abcampea el principio de autonom\u00eda privada, raz\u00f3n por la cual los contratantes, en ejercicio de su libertad de configuraci\u00f3n normativa \u2013y mientras no desborden los l\u00edmites del postulado de la buena fe y del equilibrio contractual\u2013 pueden dise\u00f1ar y convenir las estipulaciones que gobiernen el respectivo negocio jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
Bajo el anterior entendimiento, resalt\u00f3 que la regulaci\u00f3n del art\u00edculo 518 y siguientes del C\u00f3digo Mercantil no se opon\u00eda a esa posibilidad de estipular la finalizaci\u00f3n prematura de un contrato de arrendamiento de local comercial pues el derecho de renovaci\u00f3n \u00ab exige que el empresario lo haya ocupado, a t\u00edtulo de arrendamiento, \u201cno menos de dos a\u00f1os consecutivos\u201d, por lo que nada en derecho impide que, antes de cumplirse ese plazo, pueda darse aplicaci\u00f3n a una cl\u00e1usula de terminaci\u00f3n unilateral y anticipada, si las partes as\u00ed lo convinieron\u00bb; as\u00ed las cosas, teniendo como sustento la SC2500-2021 (23 jun. 2021), prosigui\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) s\u00f3lo cuando el arrendamiento de local comercial alcanza los dos a\u00f1os puede enarbolarse el r\u00e9gimen previsto en los mencionados art\u00edculos del estatuto mercantil para impedir que el arrendador termine el contrato sin plegarse a los requisitos y condiciones en ellos previstos (causales espec\u00edficas y desahucio). Pero, mientras el t\u00e9rmino bienal no se cumpla, el contrato puede ser finiquitado con apego a sus estipulaciones, que son ley para las partes (C.C., art. 1602) (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
A partir de all\u00ed, se adentr\u00f3 en el an\u00e1lisis del caso concreto, de cara al material probatorio recopilado, iniciando por el contrato de arrendamiento, sobre el que dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Al amparo de estas estipulaciones, bien pod\u00eda cualquiera de las partes \u2013pues el derecho fue concedido tanto al arrendador como a la arrendataria, lo que excluye tildarlas de abusivas o permeadas por abuso de posici\u00f3n dominante\u2013 dar por terminado el contrato en forma anticipada y de manera unilateral, aunque no existiera justa causa. Bastaba, como se acord\u00f3, dar aviso a la arrendataria con una antelaci\u00f3n \u2013por lo menos\u2013 de tres (3) meses. <\/p>\n
Se trata, entonces, de interpretar el contrato por la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica que las partes le han dado a la cl\u00e1usula, seg\u00fan lo previsto en el inciso final del art\u00edculo 1622 del C\u00f3digo Civil y, desde luego, teniendo en cuenta las dem\u00e1s estipulaciones. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como el 6 de junio de 2019 el se\u00f1or Arias ejerci\u00f3 el derecho unilateral de terminar el contrato, invocando expresamente el p\u00e1rrafo 2\u00ba del par\u00e1grafo 1\u00ba de la cl\u00e1usula 3\u00aa del negocio arrendaticio celebrado con la sociedad demandada el 1\u00ba de noviembre de 2018, es claro que \u00e9ste termin\u00f3 el 8 de junio de 2019, quedando obligada la arrendataria a restituirlo desde el d\u00eda siguiente. Su negativa incorporada en la carta de 26 de marzo de esa anualidad desconoce el acuerdo vertido en la referida estipulaci\u00f3n y el derecho del arrendador a terminar unilateralmente el contrato. <\/p>\n
(\u2026) A esta conclusi\u00f3n no se opone la opci\u00f3n de compra que el se\u00f1or Arias le concedi\u00f3 a su arrendataria, seg\u00fan fue acordado en la cl\u00e1usula 14\u00b0, porque este derecho a comprar el inmueble no excluye la terminaci\u00f3n del contrato de tenencia. <\/p>\n
Por eso la opci\u00f3n fue concedida \u201cdurante la vigencia del contrato\u201d (cdno. 1, archivo 01, p. 16), lo que significa que la sociedad arrendataria tiene opci\u00f3n de comprar hasta que la relaci\u00f3n arrendaticia termine, cualquiera que sea la raz\u00f3n que le ponga fin a ese v\u00ednculo. <\/p>\n
Por consiguiente, las pretensiones estaban llamadas a prosperar (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Ahora bien, en torno a la plena identificaci\u00f3n del predio objeto del contrato de arrendamiento y sobre el que recay\u00f3 el proceso de restituci\u00f3n, indic\u00f3 la colegiatura, al amparo de las pruebas documentales y testimoniales aportadas: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En el proceso fue probado que el lote cuya tenencia se entreg\u00f3 en virtud del negocio y que est\u00e1 actualmente ocupado por la sociedad demandada es un predio adyacente al restaurante La Granja Naranja, propiedad de la arrendataria, con un \u00e1rea de 10 000 metros cuadrados, aproximadamente. As\u00ed se desprende del contrato3, como tambi\u00e9n de los escritos de demanda y contestaci\u00f3n (hecho 1\u00ba y contestaci\u00f3n; cdno. 1, archivo 01, pp. 23 y 105), lo mismo que de las declaraciones de las partes (\u2026) <\/p>\n
Los testimonios de Luis Germ\u00e1n Henao Arango, Narly Danitza Castiblanco Correa y Hernando Motta Cruz tambi\u00e9n dan cuenta de ese hecho (\u2026) <\/p>\n
Ciertamente hubo un error en la cl\u00e1usula 2\u00aa del contrato al referir -para precisar los linderos- la matr\u00edcula inmobiliaria del bien, pues mencionaron la No. 50N20043709, cuando es el folio No. 50N74477, como se colige del dictamen pericial realizado por Christian German D\u00edaz, aportado por la demandada, en el que se precis\u00f3 lo siguiente: \u201cEl inmueble Praderita II, tiene una sola matr\u00edcula inmobiliaria que corresponde a la n\u00famero 50N-20043709, esta matr\u00edcula fue abierta con la escritura p\u00fablica 2699 del 25-08-1989, con base en la matr\u00edcula 50N 74477 (\u2026) las mejoras est\u00e1n ubicadas en el predio PRADERITA I, que es el predio distinguido con matr\u00edcula 50N-74477, objeto del aval\u00fao realizado y al cual me permiti\u00f3 el acceso la parte demandada, La Nevera Roja S.A.S.\u201d (cdno. 1, archivo 59, pp. 15 y 18). <\/p>\n
Desde esa perspectiva, ese claro que ese lapsus calami no desdibuja la relaci\u00f3n arrendaticia sobre el bien cuya restituci\u00f3n se demanda, m\u00e1xime si, se reitera, para las partes no hay discusi\u00f3n sobre cu\u00e1l fue el predio objeto de arrendamiento (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Y frente a la legitimaci\u00f3n del demandante, alegada por La Nevera Roja, destac\u00f3 que la misma estaba dada por cuanto \u00abel arrendador cumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n principal de entregar la cosa arrendada, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 1982 del C\u00f3digo Civil, sin que, se insiste, se hubiere probado turbaci\u00f3n o embarazo en el goce o que no haya mantenido la cosa en estado de servir para el fin que fue arrendado\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que los procesos policivos promovidos por el demandante Arias Marulanda contra la aludida empresa y la denominada La Granja Naranja, ante la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de La Calera, \u00abno pueden considerarse entorpecimiento, obst\u00e1culo o impedimento para el goce del bien\u00bb, puesto que a aquel le correspond\u00eda verificar el correcto uso del suelo que las arrendatarias le estaban dando a los bienes y, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las partes est\u00e1n obligadas a respetar las normas y directrices ambientales y a no afectar la integridad urban\u00edstica del predio, so pena de que se materialice \u201cla medida preventiva de suspensi\u00f3n inmediata de las actividades de residuos s\u00f3lidos\u201d (cdno. 1, archivo 81, p. 111). Por eso en la visita t\u00e9cnica realizada por la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional al predio se concluy\u00f3 que \u201cse debe obligar a los actores involucrados en el deterioro de la quebrada por cuenta de la disposici\u00f3n de materiales de escombro, la limpieza de los mismo, as\u00ed como la recuperaci\u00f3n de la zona de ronda de la quebrada afectada por esta mal disposici\u00f3n de materiales ajenos a la corriente h\u00eddrica\u201d (p. 141 ib.) (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, respecto a las mejoras exigidas por la sociedad demandada, precis\u00f3 que, si bien se hab\u00eda allegado a la actuaci\u00f3n una certificaci\u00f3n expedida por su revisora fiscal, que daba cuenta de obras por valor de $101.921.069, lo cierto era que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en el proceso fue probado que este concepto no se caus\u00f3, como emerge de la confesi\u00f3n de la representante legal de la empresa demandada, quien en su interrogatorio declar\u00f3 al respecto: \u201crealmente nunca se iniciaron las obras de adecuaci\u00f3n o mejoras en los 10.000 metros porque para eso requer\u00edamos un permiso de Planeaci\u00f3n. Por eso hab\u00edamos tambi\u00e9n dejado estipulado en el contrato que se deb\u00eda permitir y autorizar las mejoras vinculadas a la adecuaci\u00f3n del inmueble en la cl\u00e1usula 9\u00aa. Primero porque, pues sab\u00edamos que nos iban a requerir de Planeaci\u00f3n de La Calera unos formularios para poder hacer ciertas obras porque el uso permitido, digamos, era vivienda campestre y lo \u00fanico que se pod\u00eda hacer eran cultivos y cosas menores (\u2026)\u201d (audiencia, min. 53:17). <\/p>\n
Y aunque en la misma vista p\u00fablica la deponente tambi\u00e9n afirm\u00f3 que al predio se le hicieron mejoras \u201cm\u00ednimas\u201d que se empezaron a hacer desde que empez\u00f3 el contrato (audiencia, mins. 1:07:05 y 1:08:20) y el testigo Hernando Motta Cruz declar\u00f3 en igual sentido (audiencia, mins. 1:53:09 y 2:11:24), ninguno de ellos puntualiz\u00f3 la fecha exacta en la cual se realizaron, lo que impide determinar si fueron ejecutadas antes del aviso de terminaci\u00f3n del contrato (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Es claro que la determinaci\u00f3n cuestionada se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad por la sociedad accionante son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que pretende es hacer prevalecer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela habida cuenta que no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento procedimental. <\/p>\n
En el presente asunto, aun cuando la parte convocante se\u00f1ala lo que, a su juicio, son yerros en el ejercicio intelectivo de las pruebas, as\u00ed como en la sind\u00e9resis del asunto y en la aplicaci\u00f3n de normas y precedentes jurisprudenciales, lo que en realidad hace es insistir en puntos que fueron estudiados y resueltos al interior del proceso con apoyo de los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 abr. 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 mar. 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se negar\u00e1 el amparo porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y la compa\u00f1\u00eda demandante pretende desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar hacer prevalecer su particular intelecci\u00f3n de las pruebas allegadas a la actuaci\u00f3n y las normas llamadas a gobernar el asunto, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6195-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC6195-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02402-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por La Nevera […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74317","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74317","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74317"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74317\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74317"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74317"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74317"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}