STC6197-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6197-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 31 de mayo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alexander Mart\u00ednez Vald\u00e9s contra el Juzgado Quinto de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el pleito radicado bajo el n\u00ba 2018-00111. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que en el declarativo incoado en su contra por Gregoria Salgado, el 12 de febrero de 2020 el Juzgado Quinto de Familia de Barranquilla declar\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho \u00abdesde el 28 de noviembre de 2008 [hasta] el d\u00eda 17 de julio de 2018\u00bb, y \u00abla existencia de sociedad patrimonial de hecho desde el 28 de noviembre de 2010 y finalizando el 17 de julio de 2018, no obstante que eso es totalmente contrario a la verdad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que, admitida la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, \u00abdentro del t\u00e9rmino establecido present\u00f3 el inventario y aval\u00fao, quedando plenamente establecido y reconocido por el juzgado (\u2026), la existencia de un solo activo social [correspondiente al] inmueble identificado con matr\u00edcula n\u00b0 040-35035\u00bb; empero, \u00abmediante providencia [del] 9 de septiembre de 2022 [el acusado] resolvi\u00f3 tener como partida del inventario y aval\u00fao como bien social, la relacionada por el apoderado de la contraparte que fue adquirido en el a\u00f1o 2015, [y] en cuanto a la segunda partida [predio del barrio El Valle], suspendi\u00f3 la diligencia [a fin de que se procediera a] demostrar la existencia de este bien inmueble en posesi\u00f3n desde 2005\u00bb; ante ello, su abogado \u00abaport\u00f3 al proceso un memorial junto con su material probatorio, con la finalidad de aclarar la informaci\u00f3n [respecto de este \u00faltimo predio], y se actualiz\u00f3 el valor del pasivo social por $278.753.539\u00bb. <\/p>\n
Que frente a la providencia emitida por el juzgado el 11 de octubre de 2022, la parte demandante \u00abguard\u00f3 absoluto silencio\u00bb respecto de las pruebas por \u00e9l presentadas, y como a la audiencia celebrada el 11 de noviembre del mismo a\u00f1o, dicha parte no concurri\u00f3, tal situaci\u00f3n \u00abimplica haber aceptado el inventario y aval\u00fao junto con el pasivo presentado por mi apoderado judicial\u00bb, de donde infiere que el inmueble del barrio El Valle, \u00abno es objeto de inventario y aval\u00fao ni mucho menos partici\u00f3n, por cuando el mismo fue adquirido [por \u00e9l] en circunstancias completamente ajenas al estado de la uni\u00f3n marital de hecho y convivencia con [la se\u00f1ora Salgado]\u00bb. <\/p>\n
Que el 23 de enero de 2023 \u00abse realiz\u00f3 la audiencia de que trata el art\u00edculo 501 del C.G.P.\u00bb, en la que el querellado \u00abresolvi\u00f3 aprobar el inventario y aval\u00fao tal como lo present\u00f3 mi apoderado judicial (\u2026), con un solo activo social y el pasivo social [en] cero, [siendo que] deb\u00eda ser objetado por la contraparte que guard\u00f3 silencio pero s\u00ed lo hizo el despacho\u00bb, por lo que, \u00abdebe reconocer todos los pasivos que relacion\u00e9 (\u2026) porque se encuentra ajustada a derecho, toda vez que existe un defecto sustancial y f\u00e1ctico, porque se aportaron las pruebas suficientes que [los] soportan\u00bb, pues \u00abgracias a las deudas se compr\u00f3 el bien inmueble que se decret\u00f3 su partici\u00f3n en 50% para cada compa\u00f1ero\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse deje sin efectos la decisi\u00f3n contenida en el acta de audiencia 00150-D del 23 de enero de 2023, proferida por el Juzgado Quinto de Familia Oral de Barranquilla, [al] dejar por fuera del inventario y aval\u00fao los pasivos sociales\u00bb, y se ordene \u00abque profiera una nueva [determinaci\u00f3n] dentro del proceso de liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Quinto de Familia de Barranquilla, remiti\u00f3 el enlace para acceder al expediente digital contentivo del pleito cuya actuaci\u00f3n el actor critica. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el auxilio, aduciendo que no cumple con el presupuesto de la subsidiariedad, ya que \u00abse constata que no interpuso recurso alguno contra el prove\u00eddo de fecha 23 de enero 2023, por lo que no procede acudir a este amparo como mecanismo alternativo para revivir oportunidades procesales o sanear la desidia del actor para discernir de las actuaciones judiciales por conducto de los mecanismos se\u00f1alados en nuestro estatuto procedimental\u00bb, ello, porque el examen del juez constitucional, \u00abno lo hace como juez o funcionario de instancia, sino para verificar que se cumplan integralmente las reglas legales y Constitucionales, para evitar que la conducta, resulte arbitraria a la luz de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la Ley\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante aseverando que la tutela es \u00abel \u00fanico mecanismo (\u2026) excepcional [e] inmediato que se puede llevar ante los jueces sin la necesidad de haber agotado recursos o medios de defensa establecidos en la Ley, cuando se trata de evitar un perjuicio irremediable y que me concierne notablemente como afectado\u00bb, y que \u00abel motivo de la no presentaci\u00f3n de los recursos de ley que atacara la decisi\u00f3n [del] 23\/01\/2023, fue por acto, acci\u00f3n, culpa, vicios o defectos del Juez 5 de Familia de Barranquilla, en su forma arbitraria, antojadizo o desprovisto de un respaldo legal de no reconocer el pasivo social y ordenar dejarlo en cero, sin previa revisi\u00f3n o valoraci\u00f3n del material probatorio y sin un an\u00e1lisis de las mismas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto cumple el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Quinto de Familia de Barranquilla, vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por el reclamante, al haber aprobado los inventarios y aval\u00faos sin tener en cuenta los pasivos por \u00e9l denunciados dentro del liquidatorio n\u00b0 2018-00111. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, se ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. La Corte Constitucional enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la querella y cotejados con las respectivas piezas procesales adosadas al expediente, la Sala respaldar\u00e1 la sentencia de primer grado, pero precisando que la improcedencia del resguardo por no satisfacer el esencial presupuesto general de la subsidiariedad en la modalidad de incuria, surge por no haber presentado el inventario y aval\u00fao en los t\u00e9rminos que prev\u00e9 el ordenamiento jur\u00eddico aplicable. <\/p>\n
En efecto, el expediente digital contentivo del proceso en cuesti\u00f3n, da cuenta de que el hoy quejoso, pese a encontrarse representado en el juicio por apoderado judicial, no estuvo atento al desarrollo de la etapa de inventarios y aval\u00faos surtida en dos audiencias: la sesi\u00f3n inicial el 9 de septiembre de 2022, en la cual el ac\u00e1 tutelante present\u00f3 la relaci\u00f3n consistente en una \u00fanica partida correspondiente al activo -representado en un bien inmueble-; y la sesi\u00f3n de \u00abcontinuaci\u00f3n\u00bb el 23 de enero de 2023, programada tras el cuestionamiento sobre su calidad de \u00absocial\u00bb de una segunda partida del activo que pretend\u00eda incorporar su contraparte. <\/p>\n
As\u00ed, no obstante encontrarse se\u00f1alada la continuidad de la audiencia con suficiente antelaci\u00f3n (auto del 15 de noviembre de 2022), la misma se realiz\u00f3 sin la concurrencia de las partes, por ende, no hubo variaci\u00f3n a la primigenia presentaci\u00f3n, dando paso a que el juzgado resolviera \u00abaprobar el inventario y aval\u00fao tal como fue presentado por el [apoderado del se\u00f1or Mart\u00ednez Vald\u00e9s] con un solo activo y el pasivo en cero\u00bb, y seguidamente decretara la partici\u00f3n, designando para su elaboraci\u00f3n a los representantes judiciales de los ex compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
Concretamente sobre el pasivo, n\u00f3tese que el tercer inciso del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 501 del C\u00f3digo General del Proceso, prev\u00e9 que \u00abse incluir\u00e1n las obligaciones que consten en t\u00edtulo que preste m\u00e9rito ejecutivo, siempre que en la audiencia no se objeten, y las que a pesar de no tener dicha calidad se acepten expresamente en ella por todos los [interesados]. En caso contrario, las objeciones se resolver\u00e1n en la forma indicada en el numeral 3. Se entender\u00e1 que quienes no concurran a la audiencia aceptan las deudas que los dem\u00e1s hayan admitido\u00bb. Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
De lo anterior claramente emerge que la presentaci\u00f3n de los inventarios y aval\u00faos, debe realizarse en audiencia, destac\u00e1ndose, por tanto, que para el juzgado no resultaba apreciable el pasivo que indic\u00f3 el mandatario judicial del accionante mediante memorial allegado durante el lapso en que dicha actuaci\u00f3n se hallaba suspendida, porque de hacerlo, desconocer\u00eda la manera id\u00f3nea que consagra el ordenamiento legal para surtir dicho evento. <\/p>\n
Conforme a lo antedicho, m\u00e1s all\u00e1 de la razonabilidad de la resoluci\u00f3n censurada lo que sobresale en este asunto es la desidia del ahora reclamante para presentar oportuna y adecuadamente el inventario, esto es, en audiencia, y ello conllevo que la decisi\u00f3n proferida en la continuaci\u00f3n de esta (el 23 de enero de 2023), tampoco fuera controvertida a trav\u00e9s de los pertinentes recursos ordinarios. <\/p>\n
Como acaba de verse, deviene improcedente la salvaguarda, pues reiteradamente la jurisprudencia de esa Corporaci\u00f3n ha recordado su inviabilidad cuando se invoca sin haber acudido a la autoridad competente para poner de presente su reproche, o cuando no se avizora justificaci\u00f3n para que hubiese dejado de utilizar las acciones o recursos que se encontraban a su alcance, o estos se emplean de manera defectuosa o incompleta, en raz\u00f3n a su propia incuria, la parte accionante queda sujeta a las consecuencias de la decisi\u00f3n que le result\u00f3 adversa. <\/p>\n
Esto, por cuanto el uso racional de la acci\u00f3n de tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Constituci\u00f3n y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de amparo de sus prerrogativas superiores, ya que esta: <\/p>\n
\u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
En cuanto al escenario adecuado para debatir asuntos propios del litigio ordinario, esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada en STC3448-2023, 13 abr., rad. 00024-01, entre otras). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, en el caso sub j\u00fadice tampoco procede la acci\u00f3n como mecanismo transitorio, porque aunado a la ausencia de reparo sobre la idoneidad de los medios ordinarios de defensa que el demandante desaprovech\u00f3, no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, en particular, que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, citada en STC1580-2023, 22 feb., rad. 00573-01, entre otras). <\/p>\n
Ac\u00f3tese que, seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, la concesi\u00f3n del resguardo bajo dicha modalidad, \u00abse encuentra subordinada al ejercicio de otro medio de defensa judicial ordinario\u00bb, pues de lo contrario \u00abno podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n\u00bb (CC T-480\/11), y como esas circunstancias y elementos determinantes no fueron demostrados, no hay lugar a pronunciamiento adicional. <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Se realiza para reiterar que en situaciones como la anteriormente descrita, no emerge razonable justificar el comportamiento pasivo del demandante, pues al no acreditarse irregularidad alguna en la notificaci\u00f3n de las actuaciones ahora censuradas, y al contar el interesado con representante judicial, las supuestas falencias en que pudo incurrir la abogada en el ejercicio de sus deberes y funciones legal y convencionalmente establecidos, no pueden enrostrarse al estrado acusado. <\/p>\n
El anterior aserto ha sido convalidado de vieja data por la jurisprudencia al se\u00f1alar que: \u00abno es excusa aceptable la ignorancia de la ley de los ciudadanos o la falta de idoneidad de sus apoderados judiciales, \u201cporque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal\u201d, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad o preclusi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 14 feb. 1997, exp. 3836, citada, entre otras muchas, en STC, 9 jun. 2004, exp. 00448-01). <\/p>\n
En ese sentido tambi\u00e9n dijo que al otorgarse poder a un abogado para que atienda un juicio, \u00abno se puede \u201cdejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u201d [STC, 29 ene. 2007, exp. 00282-01], ni tampoco puede perderse de vista que \u201cexiste en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u201d\u00bb (CSJ STC, 10 may. 2011, rad. 00365-01), y que \u00abla eventual negligencia del profesional no sirve como descargo, ni habilita el escrutinio desde una perspectiva meramente subsidiaria como la que ata\u00f1e a este mecanismo, lo que no obsta para que, si a bien lo tiene, el gestor acuda ante las autoridades competentes, aunque desde luego asumiendo la responsabilidad de sus inculpaciones\u00bb (CSJ STC214-2016, 21 ene., rad. 2015-02887-01, citada en STC12206-2022, 14 sep., rad. 00409-01, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00ab[h]a sido criterio reiterado de esta Corporaci\u00f3n, la improcedencia de la acci\u00f3n excepcional en el evento en que el gestor de la salvaguarda se duela de no haber estado debidamente representado dentro de las diligencias endilgadas, que tal situaci\u00f3n, le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y de contradicci\u00f3n, pues dicha justificaci\u00f3n no tiene la fuerza jur\u00eddica suficiente para obtener tal amparo, en tanto que es un tema que resulta ajeno a la \u00f3rbita del juez constitucional\u00bb (CSJ STC12840-2017, 23 ago., rad. 00282-01, citada entre otras en STC912-2023, 8 feb., rad. 2022-00161-01). <\/p>\n
Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo desestimatorio de primer grado, precisando que la no superaci\u00f3n del requisito de la subsidiariedad, se gener\u00f3 porque el actor no hizo uso oportuno y adecuado de la presentaci\u00f3n de inventarios que pudiera variar o rebatir la actuaci\u00f3n criticada; adicionalmente, se advierte que ante la inexistencia de excusa para haber omitido el empleo de los medios judiciales de defensa y la no demostraci\u00f3n de las razones indispensables para configurar un perjuicio irremediable, tampoco procede otorgar la tutela transitoria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, con las precisiones realizadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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