STC6199-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6199-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2023-00191-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira el 1\u00b0 de junio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la acci\u00f3n popular n.\u00b0 2022-00401. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que dentro del citado asunto el despacho querellado \u00abcree poder inaplicar acuerdo el CSJ acuerdo PSAA-16-10554 DEL 5 AGOSTOD E (sic) 2016 ARTS 2,4 Y 5,1 PUES ESTA OBLIGADA LA TUTELADA A FIJAR AGENCIAS EN DERECHO EN LA ACCION POPULAR SEG\u00daN proceso declarativo, esto es, sin cuant\u00eda, las agencias en derecho oscilan en 1 (sic) instancia entre 1 y 10 salarios mininos (sic) mensuales\u00bb y, adem\u00e1s, \u00abPRETENDE DESCONOCER MI CARGA DE VIGILANCIA\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene a la c\u00e9dula cognoscente (i) \u00abfije y liquide las agencias en derecho a mi favor, en suma, minina (sic) de 2 SMMLV (sic), AMPARADO [en el] ACUERDO PSAA16-10554 DEL CSJ DEL 5 AGOSTO DE 2016, ARTICULOS 2, 4 Y 5,1. \u201c\u2026ADEMAS POR LA CARGA DE VIGILANCIA DE MI PARTE\u00bb, y, (ii) \u00abvalorar en derecho el fallo del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PEREIRA DONDE AMPARADO ACUERDO PSAA16-10554 DEL CSJ DEL 5 AGOSTO DE 2016, CONCEDE 10 S.M.M.LV, COMO AGENCIAS EN DERECHO A FAVOR DE UN ACTOR POPULAR\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda Regional de Instrucci\u00f3n de Risaralda precis\u00f3, que su \u00abintervenci\u00f3n est\u00e1 orientada, de ser el caso, a la defensa de los derechos e intereses colectivos (\u2026) sin que [cuente con la] facultad de tomar decisiones frente al tr\u00e1mite del proceso judicial\u00bb. Y a\u00f1adi\u00f3 que el gestor no ha presentado a la entidad alguna petici\u00f3n, queja o reclamo relacionado con lo alegado. <\/p>\n
2. La Juez Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, tras relacionar de manera sucinta las actuaciones desplegadas al interior del proceso criticado, solicit\u00f3 denegar el amparo, habida cuenta que \u00abno ha vulnerado los derechos del se\u00f1or MARIO RESTREPO, por cuanto, se le ha dado el tr\u00e1mite correspondiente a su acci\u00f3n popular, garantizando el debido proceso y d\u00e1ndole tr\u00e1mite a los recursos por \u00e9l deprecados\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal a-quo declar\u00f3 improcedente el auxilio por considerar que la decisi\u00f3n cuestionada no luce arbitraria o antojadiza, habida cuenta que, para tasar las agencias en derecho, el despacho convocado \u00abAjust\u00f3 su decisi\u00f3n al criterio reiterado y consistente de esta Superioridad, en el sentido de que es inviable aplicar el tan memorado Acuerdo [PSAA-16-10554 del 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura] en acciones populares porque: (i) Derog\u00f3 el Acuerdo 1887 de 2023 que s\u00ed fijaba las tarifas aplicables; y, (ii) El asunto constitucional no se asemeja a ninguno de los procesos que regula. Imposible entonces enrostrar la inobservancia de una norma que no reglamenta la tasaci\u00f3n de agencias en derecho en acciones populares y que tampoco se puede aplicar por analog\u00eda, dado que: \u201c(\u2026) ning\u00fan cuestionamiento patrimonial o de inter\u00e9s particular o privado debaten, exclusivamente, se ejercen para evitar el da\u00f1o contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneraci\u00f3n o agravio sobre derechos e intereses colectivos (Art.2\u00ba, L.472) (\u2026)\u201d, caracter\u00edsticas que s\u00ed revelan los proceso (sic) a los que est\u00e1 dirigida (Declarativos, ejecutivos, divisorios, etc.)\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el actor, esgrimiendo que \u00abEXIJO EN DERECHO SANCIONAR [A LA] PROCURADORA GRAL NACION Y [AL] DEFENSOR DEL PUEBLO COLOMBIA AMBOS EN BGTA AL NO GARANTIZARME ART 29 CN\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal vulner\u00f3 la prerrogativa fundamental invocada, con el monto fijado por agencias derecho dentro de la acci\u00f3n popular adelantada por el gestor contra \u00d3ptica el Lago Santa Rosa (n\u00b0 2022-00401). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n tuitiva no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n de esta justicia con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El caso concreto \u2013razonabilidad de la decisi\u00f3n criticada <\/p>\n
De la revisi\u00f3n realizada a la queja constitucional y a las piezas procesales incorporadas al expediente por el despacho judicial querellado, la Sala avalar\u00e1 el fallo desestimatorio de primer grado, toda vez que la determinaci\u00f3n criticada, al margen de que se comparta o no, no luce antojadiza o caprichosa en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica tratada en ese espec\u00edfico escenario. <\/p>\n
Ciertamente, liquidadas las costas causadas en primera instancia en $100.000.oo por auto del 24 de abril de 2023, la autoridad acusada se abstuvo de imponer las agencias en derecho \u00abentre 1 y 10 smmlv (sic)\u00bb \u2013como lo pretende el aqu\u00ed inconforme\u2013, pues razon\u00f3 finalmente en prove\u00eddo del 12 de mayo siguiente, al no reponer la preanotada determinaci\u00f3n, que no solo \u00ablo que busca el Actor Popular en cada caso particular, es proteger el derecho colectivo que ha sido vulnerado por la parte accionada\u00bb, sino que \u00abaplicando a este caso las pautas dadas por nuestro superior y adem\u00e1s el hecho de la virtualidad que ha facilitado todos los tr\u00e1mites y ha disminuido el costo que amerita adelantar el proceso, facilita la gesti\u00f3n del litigante pues evita los desplazamientos y el uso de papel, lo que justifica una diferenciaci\u00f3n en el monto de las agencias en derecho entre los procesos presenciales f\u00edsicos y los procesos que han cursado en la virtualidad, es por lo que el Despacho le fij\u00f3 la [citada] suma acorde con la realidad procesal surtida dentro de la actuaci\u00f3n\u00bb; postura que por s\u00ed sola no puede calificarse de arbitraria o como una v\u00eda de hecho susceptible de habilitar el resguardo. <\/p>\n
De manera que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello se abrir\u00eda camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la decisi\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, sin que devenga procedente, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
Sobre dicho aspecto, ha dicho la Sala de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 0009-01; citada entre muchas otras, en la STC7535-2022, 15 jun. 2022, rad. 01788-00). <\/p>\n
En todo caso, ante contextos como el estudiado, la Corte ha resaltado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (Sentencia de 27 de septiembre de 2013, exp. 02177-00, reiterada en la CSJ STC7535-2022, 15 jun. 2022, rad. 01788-00, STC4119-2023, 3 may., 2023, rad. 01504-00). <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional <\/p>\n
Pese a que el inconforme tambi\u00e9n pretendi\u00f3 a trav\u00e9s del amparo que se ordene a la autoridad judicial convocada \u00abvalorar en derecho el fallo del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PEREIRA DONDE AMPARADO ACUERDO PSAA16-10554 DEL CSJ DEL 5 AGOSTO DE 2016, CONCEDE 10 S.M.M.LV, COMO AGENCIAS EN DERECHO A FAVOR DE UN ACTOR POPULAR\u00bb, y, al replicar la decisi\u00f3n constitucional de primera instancia \u00abEXIJ[I\u00d3] EN DERECHO SANCIONAR\u00bb a la Procuradora General de la Naci\u00f3n y al Defensor del Pueblo, \u00abAL NO GARANTIZARME ART 29 CN\u00bb, colige la Sala que nada obsta para que el censor acuda directamente ante las autoridades competentes para formular los requerimientos que estime pertinentes, ya que en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo, no est\u00e1 previsto para suplir las actuaciones o diligencias que corresponden a los interesados, \u00abpues el Juez de tutela no est\u00e1 investido de facultades para reemplazar al competente, ni es esta v\u00eda excepcional un mecanismo para evitar el uso de los instrumentos ordinarios previstos en los correspondientes tr\u00e1mites; tampoco es esta una tercera instancia ni un medio consultivo para orientar las actuaciones de las partes en los asuntos judiciales\u00bb (CSJ STC9419-2021, 28 jul. 2021, rad. 01198-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La providencia cuestionada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, porque lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad encartada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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