STC6201-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6201-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02143-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Wilson Miguel Arguello Argumendo, Eduardo Jos\u00e9 Pastrana M\u00e1rquez y Derqui Joaqu\u00edn Bedoya Vega, contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclaman por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y a la igualdad, que dicen vulneradas por la autoridad accionada, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que presentaron dentro del juicio seguido en su contra por los delitos de peculado por apropiaci\u00f3n y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. <\/p>\n
Solicitan en consecuencia, que se ordene \u00abdej[ar] sin efectos los numerales uno (1) y dos (2) de la parte resolutiva de la providencia con calenda 19 de abril de 2023 emitida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal SP144-2023 radicaci\u00f3n No. 60525 M.P. Luis Antonio Hern\u00e1ndez Barbosa\u00bb y se vuelva a resolver el recurso \u00abatendiendo el precedente jurisprudencial existente desde el 9 de diciembre de 2021 en la SP5970-2021 radicaci\u00f3n No. 60574 M.P. Jos\u00e9 Francisco Acu\u00f1a Vizcaya sobre la equiparaci\u00f3n de la indagatoria con la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, con el fin de que sea tenido en cuenta en este caso para la contabilidad del t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Mediante el referido fallo, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia decidi\u00f3 no casar la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda de 9 de julio de 2021, que dispuso declarar que no se encuentran prescritas las acciones penales por los citados delitos y entonces confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 13 de marzo de 2020 del Juzgado Penal del Circuito de Ceret\u00e9, con que se conden\u00f3 a los aqu\u00ed accionantes como coautores de los mismos. <\/p>\n
2.2. Sostienen los gestores que dentro de dicha actuaci\u00f3n rindieron indagaci\u00f3n preliminar, Wilson Miguel Arguello Argumedo el 1\u00ba de noviembre 2006, Eduardo Jos\u00e9 Pastrana M\u00e1rquez y Derqui Bedoya vega el 2 de noviembre de 2006, por lo cual, al equipararse tal actuaci\u00f3n con la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n acorde con el precedente SP5970-2021, la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal se interrumpi\u00f3 con el precitado hito y comenz\u00f3 a correr a partir del mismo por la mitad del tiempo de cada delito, que para el de peculado por apropiaci\u00f3n son 10 a\u00f1os, y para el de contrato sin cumplimiento de requisitos legales son 8 a\u00f1os, t\u00e9rminos ambos que entonces se encontraban cumplidos para la fecha de emisi\u00f3n de la sentencia de segunda instancia el 9 de julio de 2021, momento para el cual, en consecuencia, estaba prescrita la acci\u00f3n penal, situaci\u00f3n que desconoci\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal en el se\u00f1alado fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 los libelos de amparo (principal y acumulados), orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ceret\u00e9 corrobor\u00f3 que conoci\u00f3 del referido juicio penal y el 13 de marzo de 2020 dict\u00f3 sentencia condenatoria contra los procesados. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso sub examine esta Sala concluye que la solicitud de resguardo se torna improcedente, comoquiera que, en lo decidido dentro del juicio cuestionado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de 19 de abril de 2023, no se incurri\u00f3 en proceder que habilite la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela. <\/p>\n
Para emitir la anotada providencia, la Corporaci\u00f3n accionada consider\u00f3 de cara a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal que, <\/p>\n
Como la defensa solicit\u00f3 la nulidad del fallo pues fue dictado luego de prescribir la acci\u00f3n penal de los delitos de peculado por apropiaci\u00f3n y contrato sin cumplimiento de requisitos, es preciso se\u00f1alar que WILSON ARG\u00dcELLO, DERQUIS BEDOYA y EDUARDO PASTRANA fueron acusados y condenados como autores de un solo peculado por apropiaci\u00f3n en cuant\u00eda de $27\u2019500.000 \u2013suma que contrario a lo afirmado en las demandas, s\u00ed super\u00f3 los 50 salarios m\u00ednimos legales de la \u00e9poca ($408.000 para 2006) que sumaban $20\u2019400.000\u2014 y un solo contrato sin cumplimiento de requisitos legales, situaci\u00f3n que ahora no puede corregir la Corte en orden a indicar que se trat\u00f3 de varios de tales punibles, pues ello lo impide el principio de congruencia entre acusaci\u00f3n y fallo, as\u00ed como el principio de interdicci\u00f3n de la reforma peyorativa por ser la defensa el \u00fanico apelante. <\/p>\n
Hecha esta precisi\u00f3n, analiz\u00f3 la prescripci\u00f3n para cada uno de los delitos y encontr\u00f3 que, <\/p>\n
Al verificar si la acci\u00f3n penal derivada del primer delito prescribi\u00f3, se advierte que en el sumario el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de la pena era de 15 a\u00f1os, aumentado en una tercera parte (5 a\u00f1os) por tratarse de servidores p\u00fablicos, para un total de 20 a\u00f1os. Si los hechos ocurrieron el 26 de enero de 2006, dicho lapso se cumplir\u00eda el 26 de enero de 2026. <\/p>\n
Si el 30 de abril de 2018 la Fiscal\u00eda confirm\u00f3 la acusaci\u00f3n de primer grado, ese d\u00eda qued\u00f3 ejecutoriada e interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n que comenz\u00f3 a contarse por la mitad, esto es, por 10 a\u00f1os, los cuales se cumplir\u00edan el 30 de abril de 2028, luego es claro que ni en la instrucci\u00f3n o en el juicio se consolid\u00f3 el referido fen\u00f3meno prescriptivo de la acci\u00f3n penal derivada del delito de peculado por apropiaci\u00f3n. <\/p>\n
Respecto del punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales se observa que en la instrucci\u00f3n prescribe en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de la pena, esto es, en 12 a\u00f1os, aumentados en la tercera parte (4 a\u00f1os) por tratarse de servidores p\u00fablicos, para un total de 16 a\u00f1os. Si los hechos ocurrieron el 26 de enero de 2006, dicho lapso se cumplir\u00eda el 26 de enero de 2022, pero ya antes, el 30 de mayo de 2018, hab\u00eda cobrado ejecutoria la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Con posterioridad a esta \u00faltima fecha el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n se contabiliza por la mitad, es decir, por 8 a\u00f1os, los cuales se cumplir\u00edan el 30 de enero de 2026, de manera que ni en el sumario o el juicio tuvo lugar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal producto del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. <\/p>\n
En seguida consider\u00f3 de cara a la solicitud de aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad que, <\/p>\n
Como se adujo que en virtud del principio de favorabilidad debe asimilarse la indagatoria de la Ley 600 de 2000 a la audiencia de imputaci\u00f3n de la Ley 906 de 2004 y a partir de dicha diligencia contabilizar el t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n luego de su interrupci\u00f3n, encuentra la Sala que el asunto ya ha sido resuelto por la jurisprudencia. <\/p>\n
En efecto, la Corte1 ha dicho que no es procedente tal planeamiento, pues mientras la formulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n es presupuesto procesal para la presentaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n en la Ley 906 de 2004, la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n ejecutoriada marca el inicio del juicio en la ley 600 de 2000. Aquella es un acto de comunicaci\u00f3n a una persona imputada, mientras \u00e9sta corresponde a un acto material en el que la Fiscal\u00eda da por demostrada la ocurrencia del hecho y la existencia de prueba indicativa de la responsabilidad del procesado. <\/p>\n
Lo anterior explica el se\u00f1alamiento de per\u00edodos m\u00ednimos distintos para la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal; la Ley 906 de 2004 establece que interrumpido el t\u00e9rmino \u00e9ste comenzar\u00e1 a correr de nuevo por un lapso igual a la mitad, sin ser inferior a 3 a\u00f1os, mientras que en el art\u00edculo 83 de la Ley 599 de 2000 dicho per\u00edodo \u201cno podr\u00e1 ser inferior a cinco (5) a\u00f1os, ni superior a diez (10)\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el procedimiento de la Ley 600 la prescripci\u00f3n se interrumpe con la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n ejecutoriada; en el de la Ley 906 con la formulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n, sin que esta se equipare para tales efectos a la indagatoria, como se propuso en las demandas, de manera que como lo ha expresado pac\u00edficamente la jurisprudencia2, los t\u00e9rminos prescriptivos consagrados en la Ley 906 de 2004 no pueden ser aplicados a los tr\u00e1mites cursados bajo el rito de la Ley 600 de 2000, pues no pueden equipararse los momentos procesales de uno y otro sistema. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de los gestores no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la Corporaci\u00f3n accionada determin\u00f3 a partir del an\u00e1lisis de las normas procesales y la jurisprudencia que rigen el caso, que para la fecha de emitida la condena en contra de los aqu\u00ed accionantes no hab\u00eda prescrito la acci\u00f3n penal, porque el t\u00e9rmino que ven\u00eda corriendo para cada delito se interrumpi\u00f3 cuando la Fiscal\u00eda confirm\u00f3 la acusaci\u00f3n de primer grado, momento desde el cual comenz\u00f3 a correr por la mitad de ese lapso, que para el delito de peculado por apropiaci\u00f3n se cumplir\u00eda el 26 de enero de 2026 y para el il\u00edcito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales se alcanzar\u00eda el 30 de abril de 2028, sin que al caso aplique la manera de calcular el lapso extintivo de la ley 906 de 2004, porque el proceso se rige por la Ley 600 de 2000, sin que puedan equipararse los momentos procesales de ambos sistemas. <\/p>\n
4. Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. CSJ SP, 10 feb. 2016. Rad. 43997. CSJ SP, 22 jun. 2016. Rad. 4600 y CSJ SP, 9 feb. 2006. Rad. 23700, entre otras. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. CSJ AP, 8 ago. 2019. Rad. 53129, entre otras. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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