STC6206-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6206-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00793-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 4 de mayo de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Nelson Augusto Carrillo Ramos contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El accionante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00aba la propiedad\u00bb, presuntamente conculcados por la sede judicial acusada, en el marco del proceso penal seguido contra Nilson de Jes\u00fas Castro Polo y Diego Roberto Carrillo Ramos, como coautores de los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado, juicio donde interviene como v\u00edctima. <\/p>\n
Solicita, entonces, ordenar a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena \u00abrevocar o considerar como viable el recurso de casaci\u00f3n al envolver su decisi\u00f3n una ratificaci\u00f3n de sentencia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro del referido juicio el Juzgado Doce Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Cartagena imput\u00f3 cargos a los antes mencionados y orden\u00f3 la suspensi\u00f3n del poder dispositivo sobre el bien inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 06055235 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de la misma ciudad, y tras asignarse el juicio al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena, el 27 de mayo de 2022 el defensor de Nilson de Jes\u00fas Castro Polo, con la coadyuvancia del abogado de Diego Roberto Carrillo Ramos, pidieron la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, sin que a ello se opusieran el delegado de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Ministerio P\u00fablico, ni el apoderado de la v\u00edctima, por lo cual dicho estrado decret\u00f3 la preclusi\u00f3n de la acci\u00f3n penal tras encontrar configurados los requisitos del fen\u00f3meno extintivo. <\/p>\n
2.2. Luego de dictada la decisi\u00f3n, la fiscal le puso de presente al estrado cognoscente que era necesario pronunciarse sobre la vigencia de la aludida suspensi\u00f3n del poder dispositivo, por lo cual el 21 de julio de 2022 se adicion\u00f3 la decisi\u00f3n en el sentido de negar la solicitud de la delegada del ente acusador, determinaci\u00f3n que apelaron el apoderado de Nelson Augusto Carrillo Ramos, para que se le devolviera el inmueble, y los abogados defensores, para que se levantara la cautela. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena defendi\u00f3 la decisi\u00f3n que emiti\u00f3 dentro del asunto. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Eduardo Barrios Angulo, quien dijo ser apoderado del aqu\u00ed accionante dentro del juicio cuestionado, corrobor\u00f3 lo expuesto por \u00e9ste. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento de Cartagena resalt\u00f3 que el referido proceso no desatendi\u00f3 la ley aplicable. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo, tras citar los apartes del prove\u00eddo cuestionado que consider\u00f3 relevantes y de su an\u00e1lisis colegir que no pueden ser catalogados como arbitrarios, sin que la sola discrepancia interpretativa expuesta por el gestor torne en procedente la protecci\u00f3n, pues atendieron al entendimiento plausible de los art\u00edculos 161 y 181 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, que definen que se considera como sentencia y que solo contra la misma procede el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante, con similares argumentos a los que expuso en su escrito inicial, haciendo \u00e9nfasis en que el prove\u00eddo atacado en casaci\u00f3n era una sentencia, porque resolvi\u00f3 sobre la apelaci\u00f3n a la complementaci\u00f3n del fallo de primera instancia, el cual precluy\u00f3 la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del examen de la demanda de amparo se establece que, a trav\u00e9s de ella, el accionante se duele del auto de 6 de marzo de 2023 que con que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena decidi\u00f3 \u00abrechazar de plano el memorial suscrito por el apoderado de la v\u00edctima, a trav\u00e9s del cual manifiesta que interpone recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la providencia del 24 de febrero del a\u00f1o en curso\u00bb; pues, en sentir del promotor, lo decidido emergi\u00f3 de la indebida interpretaci\u00f3n de las pruebas, la normatividad y la jurisprudencia aplicables. <\/p>\n
3. Con base en tales premisas, advierte la Corte que el amparo no est\u00e1 llamado a prosperar, comoquiera que, en lo decidido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena frente al rechazo de plano del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, no se incurri\u00f3 en proceder que habilite la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela. <\/p>\n
Para emitir la anotada decisi\u00f3n, la Corporaci\u00f3n accionada consider\u00f3 que, <\/p>\n
Sobre el particular, se tiene que, mediante prove\u00eddo del 21 de julio de 2022, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena adicion\u00f3 el auto del 27 de mayo precedente en el que decret\u00f3 la preclusi\u00f3n de la acci\u00f3n penal y, en consecuencia, deneg\u00f3 el restablecimiento del derecho previamente deprecado. <\/p>\n
3 \u2013 Contra esta decisi\u00f3n interpusieron recurso de apelaci\u00f3n el apoderado de la v\u00edctima y el defensor. Por ende, mediante providencia del 24 de febrero de la corriente anualidad, esta Sala decidi\u00f3 <\/p>\n
\u201cPRIMERO: COMPLEMENTAR la providencia del 27 de mayo de 2022, adicionada el 21 de julio ulterior. En consecuencia, REV\u00d3QUENSE las medidas cautelares impuestas a Nilson de Jes\u00fas Castro Polo y Diego Roberto Carrillo Ramos, en relaci\u00f3n con este proceso, incluida la suspensi\u00f3n del poder dispositivo decretada sobre el inmueble identificado con F.M.I. 06055235 en diligencia del 15 de febrero de 2012 por parte del Juzgado Doce Penal Municipal de Cartagena. <\/p>\n
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo dem\u00e1s la providencia del 27 de mayo de 2022, adicionada el 21 de julio ulterior, proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena. <\/p>\n
TERCERO: NOTIF\u00cdQUESE a las partes e intervinientes. SE ADVIERTE que contra esta decisi\u00f3n no proceden recursos. CUARTO: COMUN\u00cdQUESE al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cartagena para lo de su cargo. <\/p>\n
QUINTO: REM\u00cdTASE al juzgado de origen.\u201d <\/p>\n
4 \u2013 Pues bien, frente a la manifestaci\u00f3n del apoderado de la v\u00edctima caben dos acotaciones. <\/p>\n
4.1 \u2013 En primer lugar, como qued\u00f3 visto, la competencia de esta Sala se ci\u00f1\u00f3 exclusivamente a la resoluci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la providencia del 21 de julio de 2022. <\/p>\n
As\u00ed, tras la emisi\u00f3n del fallo que desat\u00f3 la alzada, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 5\u00ba del resolutivo de la providencia del 24 de febrero hoga\u00f1o, el expediente fue devuelto al juzgado de origen. <\/p>\n
En tal escenario, la Sala carecer\u00eda de competencia para adoptar decisiones al interior de la actuaci\u00f3n. De este modo, su solicitud ser\u00eda manifiestamente inoportuna y correr\u00eda las consecuencias que m\u00e1s adelante se precisar\u00e1n. <\/p>\n
Sobre el particular, el canon 161 ibidem consagra que una providencia se considerar\u00e1 sentencia si en esta se decide \u201csobre el objeto del proceso, bien en \u00fanica, primera o segunda instancia, o en virtud de la casaci\u00f3n o de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n\u201d, en tanto que ser\u00e1 un auto aquel prove\u00eddo que resuelva \u201calg\u00fan incidente o aspecto sustancial\u201d. <\/p>\n
Acotado lo anterior, recu\u00e9rdese que, en la decisi\u00f3n del 24 de febrero de la corriente anualidad, la Sala no adopt\u00f3 una sentencia, por cuanto no se decidi\u00f3 \u201csobre el objeto del proceso\u201d, sino, en realidad, en lo concerniente a un aspecto sustancial diverso, relacionado con la procedencia de restablecimiento del derecho, esto es, se tratar\u00eda de un auto. <\/p>\n
Si, como se acaba de anotar, la decisi\u00f3n proferida por esta Sala no es una sentencia sino un auto y, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 181 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, el recurso de casaci\u00f3n procede contra sentencias, es evidente que en este caso el mentado mecanismo de impugnaci\u00f3n extraordinaria es manifiestamente improcedente. <\/p>\n
Por tratarse de una petici\u00f3n manifiestamente improcedente, conforme a decantado criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, lo procedente es que esta Sala rechace de plano la solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 139.1 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
En s\u00edntesis, la Sala aprecia que, cualquiera sea el escenario de estudio, la petici\u00f3n del apoderado de la v\u00edctima debe rechazarle de plano por ser manifiestamente inoportuna o improcedente. Por lo tanto, as\u00ed se declarar\u00e1 en el resolutivo de este prove\u00eddo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la Colegiatura accionada determin\u00f3 a partir del an\u00e1lisis de las normas procesales que rigen el caso, que adem\u00e1s de la extemporaneidad en la interposici\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, el mismo resultaba improcedente porque no recay\u00f3 sobre una sentencia, sino sobre un auto que resolvi\u00f3 sobre la apelaci\u00f3n de la decisi\u00f3n sobre el restablecimiento de derechos de la v\u00edctima, m\u00e1s no sobre el objeto del proceso, lo que impon\u00eda entonces el rechazo de plano del mecanismo. <\/p>\n
4. Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. Lo consignado impone respaldar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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