STC6209-2023 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6209-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-00474-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala \u201cA\u201d el 18 de mayo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por OYPC contra la Comisar\u00eda \u201cB\u201d, y el Juzgado \u201cC\u201d, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar e incidente de desacato \u201c0000000\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderada, reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, dignidad humana, m\u00ednimo vital, \u00abseguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y los anexos se extracta en s\u00edntesis que, el accionante y su c\u00f3nyuge JMTC son los progenitores de las menores SMPT y ACPT, actualmente de 11 y 9 a\u00f1os de edad, respectivamente. <\/p>\n
El 7 de diciembre de 2017 ante la Comisar\u00eda \u201cB\u201d, se inici\u00f3 proceso de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar en el cual son v\u00edctimas las dos menores, y en \u00e9l se otorg\u00f3 de manera definitiva la orden de protecci\u00f3n en favor de aquellas y en contra de sus padres, disponi\u00e9ndose que, cesen \u00abtodo acto de provocaci\u00f3n, agresi\u00f3n, intimidaci\u00f3n, amenaza, agravio, acoso o cualquier otro acto que cause da\u00f1o, tanto f\u00edsico como emocional a sus hijas [\u2026] abstenerse en lo sucesivo, cualquier acto de violencia f\u00edsica, verbal, psicol\u00f3gica, amenaza, ultraje, agravio, contra las ni\u00f1as [\u2026] en cualquier lugar donde se encuentren [\u2026] se le ordena a OYPC y JMTC que est\u00e1n en la obligaci\u00f3n de acudir a un tratamiento reeducativo y terap\u00e9utico en una instituci\u00f3n p\u00fablica o privada que ofrezca tales servicios, a costa del agresor; a fin de que reciba intervenci\u00f3n en soluci\u00f3n pac\u00edfica de conflictos [\u2026] mantener la protecci\u00f3n policiva otorgada a SMPT y ACPT\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, el 24 de agosto de 2022, el ac\u00e1 actor, OYPC, denunci\u00f3 nuevos hechos de agresi\u00f3n a las menores por parte de su progenitora, especialmente contra la menor de 11 a\u00f1os, por lo que se dio inicio a incidente de desacato. En audiencia del 5 de octubre de ese a\u00f1o, luego de recibir declaraciones e informes de entrevistas psicol\u00f3gicas, se declar\u00f3 probado el incumplimiento y les fue impuesta sanci\u00f3n de multa equivalente a dos (2) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, convertibles en arresto. <\/p>\n
En sede de consulta, el Juzgado \u201cC\u201d, en decisi\u00f3n del 28 de febrero de 2023 confirm\u00f3 la resoluci\u00f3n proferida por la Comisar\u00eda \u201cB\u201d que declar\u00f3 el incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n e impuso la correspondiente sanci\u00f3n a los padres. <\/p>\n
El accionante, OYPC, acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela cuestionando las referidas determinaciones, ya que, seg\u00fan adujo, no podr\u00eda haber incumplido la medida pues en la actualidad \u00abno comparte el n\u00facleo familiar con sus menores hijas y la madre\u00bb y que, fue \u00e9l quien denunci\u00f3 los maltratos de aquella \u2013 la madre \u2013 para con las menores. <\/p>\n
Aleg\u00f3 adem\u00e1s que, tanto la medida de protecci\u00f3n como la posterior sanci\u00f3n por desacato, no estuvieron fundamentadas en pruebas que aportaran certeza, pues, las supuestas agresiones, hace parte de una \u00absuposici\u00f3n realizada por la psic\u00f3loga [\u2026] no existe certeza de que se est\u00e9 referenciando hechos nuevos o lo que recuerda la menor de los eventos del a\u00f1o 2017, prueba de ello es que dentro de la entrevista , las menores hace referencia a cuando ella ten\u00eda 6 a\u00f1os y su hermana 4 a\u00f1os [\u2026] pero nunca se dio con certeza meses o a\u00f1o en espec\u00edfico para la realidad de las menores, sus padres han tenido dificultades, peleas desde que ellas estaban peque\u00f1as y pueden f\u00e1cilmente confundir los contextos recaudados en el presente\u00bb. <\/p>\n
En suma, sostuvo que, las decisiones de la comisar\u00eda y de la juez \u201cC\u201d, \u00abadolecen de defecto f\u00e1ctico, dada la inexistente valoraci\u00f3n probatoria y de la existencia de m\u00e1s elementos de juicio para sancionar el incumplimiento de una medida de protecci\u00f3n, por lo cual viola el debido proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que, \u00abse declare la nulidad de la decisi\u00f3n adoptada por la Comisar\u00eda \u201cB\u201d y el Juzgado \u201cC\u201d, en atenci\u00f3n a que las mismas son violatorias del derecho fundamental al debido proceso, al carecer de fundamentos probatorios [\u2026] y en consecuencia, la falta de motivaci\u00f3n en la emisi\u00f3n de dichos fallos (sic)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Comisar\u00eda \u201cB\u201d, defendi\u00f3 la determinaci\u00f3n adoptada en el tr\u00e1mite de incidente de incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n \u201c0000\u201d, en el sentido de no haber sido vulneradora de derechos fundamentales. <\/p>\n
2. La Defensora de Familia adscrita al juzgado accionado, indic\u00f3 que, al revisar la actuaci\u00f3n recriminada, la encontr\u00f3 ajustada a derecho. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al considerar que las decisiones atacadas, esto es, la de la Comisar\u00eda \u201cB\u201d que impuso sanci\u00f3n por incumplimiento a medida de protecci\u00f3n y la del Juzgado \u201cC\u201d accionado, que la confirm\u00f3, se fundaron en las pruebas aportadas, es decir, las entrevistas psicol\u00f3gicas realizadas a las menores y las declaraciones de los incidentados \u00abquienes admitieron hacer uso de la violencia f\u00edsica para corregir a sus hijas, actos que constituyen sin duda, desconocimiento de la orden impartida en la medida de protecci\u00f3n impuesta, luego, acertaron las accionadas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la apoderada del promotor del resguardo reiterando las argumentaciones del escrito inicial. Agreg\u00f3 que, sus manifestaciones no pueden tenerse como una confesi\u00f3n de agresi\u00f3n, pues lo que manifest\u00f3 fue que correg\u00eda a las menores para decirles \u00ablo que est\u00e1 bien o que est\u00e1 mal\u00bb y, aunque dijo que les ha llegado a pegar \u00abuna palmada en la espalda [\u2026] nunca se indic\u00f3 que lo hiciera en la actualidad, contrario a lo dicho por el despacho, y dentro de lo extra\u00eddo a las menores, no se logra establecer fecha en espec\u00edfico\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas vulneraron las prerrogativas invocadas por el accionante, al sancionarlo por desacato a la medida de protecci\u00f3n impuesta en favor de sus hijas menores de edad por violencia intrafamiliar, incurriendo con ello en v\u00eda de hecho, supuestamente, por indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n de manera invariable ha se\u00f1alado, que por regla general esta acci\u00f3n no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se produzca vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra las determinaciones de la Comisar\u00eda \u201cB\u201d y la del Juzgado \u201cC\u201d, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a esta \u00faltima, proferida el \u201cXXX\u201d de la presente anualidad, por cuanto fue la que, en sede de consulta, defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. La providencia cuestionada. <\/p>\n
La Sala ratificar\u00e1 la negativa del amparo tal como lo concluy\u00f3 el tribunal a quo, en tanto que, del examen del prove\u00eddo censurado no se vislumbra irregularidad alguna con fuerza suficiente que imponga la necesaria injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, a partir de la valoraci\u00f3n de los elementos de prueba recaudados en el tr\u00e1mite administrativo en cuesti\u00f3n, la juez \u201cC\u201d accionada pudo constatar que, ciertamente, se presentaron nuevos actos de violencia intrafamiliar en contra de las ni\u00f1as protegidas con la medida, con lo cual, concluy\u00f3 que los padres de aquellas infringieron las \u00f3rdenes dictadas en su momento por la comisar\u00eda en beneficio de las menores, y destac\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de un lado se tiene la denuncia incoada bajo juramento y, del otro, la valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica realizada por la Comisaria a las peque\u00f1as SMPT y ACPT, examen durante el cual fueron escuchadas. Ambas manifestaron que sus padres las reprenden fuertemente y emplean el castigo f\u00edsico como m\u00e9todo de correcci\u00f3n, adem\u00e1s de sufrir maltrato verbal por parte de su progenitora JMTC. <\/p>\n
Tales pruebas sumadas a las declaraciones de las partes, donde reconocen expresamente que han maltratado f\u00edsica y verbalmente a sus hijas, llevan a este juzgado al grado de convencimiento necesario para concluir que los padres de las peque\u00f1as incumplieron las medidas de protecci\u00f3n impuestas, no obstante, la advertencia que se les hizo de no incurrir en nuevos hechos de agresi\u00f3n hacia las menores\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, complement\u00f3, en cuanto a la confesi\u00f3n extra\u00edda de las declaraciones de los incidentados que, a voces de la jurisprudencia de esta Corte, \u00ab\u00bbLa confesi\u00f3n es un medio de prueba por el cual la parte capacitada para ello relata en forma expresa, consciente y libre hechos personales o que conoce, y que a ella le son perjudiciales, o por lo menos, resultan favorables a la contraparte\u201d. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, recalc\u00f3 que, la regulaci\u00f3n interna y los tratados internacionales ratificados por Colombia, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) espec\u00edficamente la Convenci\u00f3n Sobre Los Derechos del Ni\u00f1o, entre otros, que defienden los derechos esenciales de los menores de edad, proscriben todo acto de violencia en el que se vea expuesto el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente. <\/p>\n
En nuestro ordenamiento, el art\u00edculo 44 constitucional, resalta las prerrogativas de tan importante sector de la poblaci\u00f3n, por cuyo ministerio corresponde al Estado, a la familia y a la sociedad velar por el goce efectivo de sus derechos, justamente y en armon\u00eda con el precepto superior, el canon 18 de la Ley 1098 de 2006, precept\u00faa que \u201c\u2026 tienen derecho a la protecci\u00f3n contra el maltrato y los abusos de toda \u00edndole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario\u201d. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, la jurisprudencia rechaza toda forma de violencia contra un menor de edad y el empleo de la misma como pauta de correcci\u00f3n, pues: \u201cEl uso de la fuerza bruta para sancionar a un ni\u00f1o constituye grave atentado contra su dignidad, ataque a su integridad corporal y da\u00f1o, muchas veces irremediable, a su estabilidad emocional y afectiva. Genera en el menor reacciones sicol\u00f3gicas contra quien le aplica el castigo y contra la sociedad. Ocasiona invariablemente el progresivo endurecimiento de su esp\u00edritu, la p\u00e9rdida paulatina de sus m\u00e1s nobles sentimientos y la b\u00fasqueda – consciente o inconsciente- de retaliaci\u00f3n posterior, de la cual muy seguramente har\u00e1 v\u00edctimas a sus propios hijos, dando lugar a un interminable proceso de violencia que necesariamente altera la pac\u00edfica convivencia social\u201d\u00bb. <\/p>\n
De lo transcrito, emerge que el fallador ad quem eval\u00fao los elementos de prueba y conforme al ordenamiento jur\u00eddico aplicable, encontr\u00f3 que en contra de los all\u00ed querellados deb\u00eda disponerse una sanci\u00f3n por desacatar una medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar, la cual, seg\u00fan art\u00edculo 7\u00ba de la ley 294 de 1996, modificada por el canon 4\u00ba de la ley 575 de 2000, correspond\u00eda \u00abpor la primera vez, multa entre dos (2) y diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales, convertibles en arresto\u00bb, y \u00absi el incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n se repitiere en el plazo de dos (2) a\u00f1os, la sanci\u00f3n ser\u00e1 de arresto entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) d\u00edas\u00bb. Se subraya. <\/p>\n
En todo caso, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela cuando el prop\u00f3sito que se revela del accionante es el de recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador cuestionado una espec\u00edfica interpretaci\u00f3n o enfoque del contexto f\u00e1ctico-jur\u00eddico puesto en conocimiento o de la normativa aplicable. En tal sentido, se ha indicado: <\/p>\n
\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n (\u2026) m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016). <\/p>\n
Ahora, el que el precursor del auxilio disienta de la postura que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; no es suficiente una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en este evento. En lo concerniente, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Al respecto tambi\u00e9n se ha puntualizado de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Ahora, sobre la pretensi\u00f3n de hacer prevalecer un determinado raciocinio probatorio por sobre el efectuado por el juzgado, y a efectos de que coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
De conformidad con lo discurrido en precedencia, se confirmar\u00e1 la denegaci\u00f3n de auxilio, toda vez que la sanci\u00f3n por desacato a medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar, no es producto de un subjetivo criterio que configure desafuero susceptible de correcci\u00f3n mediante esta excepcional senda jur\u00eddica. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, con la precisi\u00f3n realizada en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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