STC6211-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02375-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Jairo Londo\u00f1o Arango contra los Juzgados Sexto Civil del Circuito de Medell\u00edn y Civiles Municipales para el Conocimiento Exclusivo de Despachos Comisorios -Reparto- de ese lugar, Londo\u00f1o \u00c1lvarez Comercializadora Limitada – en liquidaci\u00f3n, John Jairo y Gloria Elena Londo\u00f1o \u00c1lvarez, extensiva a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial a la \u00abvida digna del adulto mayor\u00bb, presuntamente conculcada por los convocados con ocasi\u00f3n de la comisi\u00f3n para la materializaci\u00f3n de la diligencia de entrega de los bienes que se le orden\u00f3 restituir en el juicio declarativo que curs\u00f3 en su contra. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio de restituci\u00f3n de inmuebles dados en comodato precario que contra el accionante inco\u00f3 la firma Londo\u00f1o \u00c1lvarez Comercializadora Ltda. – en liquidaci\u00f3n, el 21 de enero de 2021 el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medell\u00edn emiti\u00f3 sentencia, en la cual deneg\u00f3 las pretensiones, al hallar \u00abprobada la excepci\u00f3n de inexistencia de la relaci\u00f3n tenencial de comodato, entre la parte demandante y la\u2026 demandada\u00bb; decisi\u00f3n que el 27 de octubre siguiente revoc\u00f3 el Tribunal convocado y, en su lugar, declar\u00f3 infundadas las defensas de m\u00e9rito propuestas por el quejoso y le orden\u00f3 restituir a su antagonista, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de ese veredicto, \u00abla tenencia de los inmuebles identificados con matr\u00edcula[s] inmobiliaria[s] 001-614575; 001-614492; 001-614493 y 001-614538, correspondiente[s] al apartamento 302, garajes n\u00famero 56 y 57 y cuarto \u00fatil, respectivamente, del Edifico Biarritz\u2026 de la Ciudad de Medell\u00edn\u00bb, precisando que, en caso de no hacerlo dentro de ese lapso, \u00abel juez a quo, comisionar\u00e1 a la autoridad judicial competente para que practique la respectiva diligencia de restituci\u00f3n o lanzamiento, haciendo uso de la fuerza p\u00fablica, de ser necesario\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 13 de enero de 2022 el ad-quem vinculado concedi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n frente a su determinaci\u00f3n, el que el 6 de julio posterior esta Corte encontr\u00f3 prematuro -por falta de definici\u00f3n del inter\u00e9s para promoverlo-, el 22 de agosto siguiente, al volver sobre el tema, aquel Tribunal neg\u00f3 su concesi\u00f3n, determinaci\u00f3n que mantuvo el 14 de diciembre de ese a\u00f1o, y el pasado 22 de febrero esta Corte declar\u00f3 bien denegada dicha censura extraordinaria, decisi\u00f3n que adicion\u00f3 el 21 de marzo \u00faltimo. <\/p>\n
2.3. Luego, el 11 de abril de 2023 el Juzgado del circuito encausado dispuso comisionar para la entrega de los mentados bienes. <\/p>\n
2.4. En sede de tutela, el accionante -demandado vencido en el referido juicio-, quien aduce ser adulto mayor de 82 a\u00f1os de edad, con afectaciones graves de salud (en tanto que \u00abest\u00e1 considerado m\u00e9dicamente por Colsanitas y la EPS Sanitas como paciente de alto riesgo\u00bb), sin recursos econ\u00f3micos, pues no tiene ingreso alguno, \u00abtrabajo ni pensi\u00f3n o jubilaci\u00f3n\u00bb y, por tanto, sin capacidad para \u00abpagar otro inmueble ubicado en el estrato seis (6) como aquellos en que ha habitado durante los \u00faltimos cinco (5) o m\u00e1s lustros\u00bb; en concreto, cuestiona la comisi\u00f3n para la futura entrega de los inmuebles que se orden\u00f3 restituir en el tr\u00e1mite fustigado, aduciendo que su materializaci\u00f3n desatiende todas esas condiciones especiales que refiere, a las que adicion\u00f3 que ocupa y posee tales bienes desde el 27 de noviembre de 2014, de los que es \u00abcopropietario proindiviso con [sus] dos (2) hijos\u00bb, dada su condici\u00f3n, junto con \u00e9stos, de socios de la empresa Londo\u00f1o \u00c1lvarez Comercializadora Limitada – en liquidaci\u00f3n, por lo que \u00abten\u00eda y tiene el derecho a habitar[los]\u2026 con [su] n\u00facleo familiar\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn se opuso al resguardo destacando que con anterioridad el inconforme propuso otro que le result\u00f3 adverso; que en el veredicto que emiti\u00f3 como fallador de segundo grado en el juicio recriminado explic\u00f3 ampliamente \u00ablas razones por las cuales se profer\u00eda un fallo revocatorio de la sentencia de primera instancia\u00bb; y que, \u00ab[t]al y como se ha contestado a lo largo de las acciones constitucionales que ha instaurado [el reclamante], el hecho de que \u00e9l como parte y a trav\u00e9s de su apoderado de confianza haya aportado un acopio probatorio relacionados con su causa, no implica per s\u00e9 que deba adoptarse una decisi\u00f3n compatible con sus intereses, pues ese juicio interpretativo le corresponde al sentenciador en su discreta autonom\u00eda y fue lo que en efecto ocurri\u00f3 en el caso sometido a esta Sala del Tribunal\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Treinta Civil Municipal para el Conocimiento Exclusivo de Despachos Comisorios de la capital antioque\u00f1a inform\u00f3 que, \u00abrevisado el sistema de gesti\u00f3n de la Rama Judicial, se verific\u00f3 que el despacho comisorio al que hace referencia la tutela no [le] fue repartido\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal para el Conocimiento Exclusivo de Despachos Comisorios de Medell\u00edn indic\u00f3 que le correspondi\u00f3 el tr\u00e1mite de la comisi\u00f3n aludida por el censor, sin que a la fecha haya \u00abfijado fecha para la realizaci\u00f3n de la diligencia\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de la capital antioque\u00f1a histori\u00f3 las actuaciones surtidas en el proceso fustigado y pidi\u00f3 denegar, \u00abpor improcedente[,] el amparo solicitado, pues\u2026 no\u2026 conculc[\u00f3] derecho fundamental alguno al accionante\u00bb. <\/p>\n
5. Mario Gilberto Franco Ortega, \u00aben [su] condici\u00f3n de citado dentro de la acci\u00f3n de Tutela\u00bb, rog\u00f3 despachar adversamente la salvaguarda propuesta, por improcedente, dado que, de forma dilatoria, abusando del derecho y buscando confundir a la administraci\u00f3n de justicia, lo que su promotor pretende es \u00abrevivir un proceso ya terminado que ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada\u00bb y \u00abevitar la entrega de un bien de la sociedad LACO[,] con el fin de no cumplir las \u00f3rdenes judiciales\u00bb, aunado a que \u00abla supuesta vulneraci\u00f3n a la persona de la tercera edad ha sido ya presentada ante el juzgado 40 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Medell\u00edn[,] siendo rechazada igualmente por improcedente\u00bb. <\/p>\n
6. Londo\u00f1o \u00c1lvarez Comercializadora Limitada – en liquidaci\u00f3n y John Londo\u00f1o \u00c1lvarez deprecaron \u00ab[d]eclarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela instaurada\u00bb; \u00ab[r]echazar y negar los amparos constitucionales solicitados\u00bb; y \u00ab[s]ancionar y amonestar al se\u00f1or Jairo Londo\u00f1o Arango por su abuso y temeridad en la utilizaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, de acuerdo con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, la Ley Estatutaria 270 de 1996 y en ejercicio de los poderes de instrucci\u00f3n y ordenaci\u00f3n que consagra el C\u00f3digo General del Proceso para todos los Jueces de la Rep\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, defendieron la legalidad del veredicto que puso fin al juicio recriminado; se\u00f1alaron que el descontento real del censor radica en que result\u00f3 vencido, por lo que, con miras a desacatar lo all\u00ed definido con fuerza de cosa juzgada, infructuosamente ha interpuesto varias acciones de este mismo linaje, las cuales le han resultado adversas (rads. 11001-02-03-000-2022-00077-00, 11001-02-03-000-2022-02163-00, 05001-40-88-040-2022-00323-00, 05001-40-88-016-2022-00204-00 y 11001-02-03-000-2023-01158-00); y pidieron pronunciamiento por parte de esta Corte de cara a la posible configuraci\u00f3n de causal de recusaci\u00f3n respecto al aqu\u00ed ponente en la medida en que intervino en el asunto fustigado al declarar prematura la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n y luego hallarla bien denegada. <\/p>\n
7. Gloria Londo\u00f1o \u00c1lvarez tambi\u00e9n sostuvo que \u00abla tutela presentada por Jairo Londo\u00f1o Arango no solo es improcedente sino temeraria y lo que pretende es llevar a confusi\u00f3n a la Corte con el fin de no dar cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal\u00bb, a lo cual a\u00f1adi\u00f3 que \u00ab[l]a vulneraci\u00f3n alegada no existe, porque, en realidad, es el accionante quien ha afectado derechos de sus hijos, John Jairo y su hermana Gloria, al rehusarse a entregarles parte de la herencia que se les adjudic\u00f3 en el proceso de sucesi\u00f3n de la se\u00f1ora Nelly \u00c1lvarez de Londo\u00f1o (QEPD). Realmente, es el accionante quien se ha apropiado indebidamente de activos que no le pertenecen, incluido el apartamento propiedad de la sociedad[,] lo que desmiente por completo la versi\u00f3n expuesta en la tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, anticipa la Corte el fracaso del resguardo reclamado, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
2.1. De entrada, se recuerda que en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela son inviables las recusaciones, por prohibici\u00f3n expresa del canon 39 del Decreto 2591 de 1991, el cual ense\u00f1a que \u00ab[e]n ning\u00fan caso ser\u00e1 procedente la recusaci\u00f3n\u00bb1; y al margen de ello, de acuerdo a la postura mayoritaria de la Sala, consistente en que \u00abno procede la causal de apartamiento cuando la misma se cimenta en la intervenci\u00f3n en una decisi\u00f3n u omisi\u00f3n distinta a la censurada por v\u00eda supralegal, la acci\u00f3n no se dirige contra la autoridad de la que form\u00f3 parte el pretenso disidente, ni \u00e9ste trat\u00f3 de fondo el tema en cuesti\u00f3n\u00bb2, tambi\u00e9n es evidente que en este asunto no existe motivo alguno de impedimento a manifestarse por el ac\u00e1 ponente, si en cuenta se tiene que ninguna determinaci\u00f3n de esta Corte est\u00e1 siendo cuestionada ni la demanda de amparo se dirigi\u00f3 contra esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Zanjado lo anterior, para abordar la tem\u00e1tica ac\u00e1 propuesta, del escrito de tutela g\u00e9nesis de este decurso se extracta que, en esta nueva oportunidad -puesto que el censor ha incoado otras acciones de este linaje con alguna similitud f\u00e1ctica con la de ahora-, el accionante se duele, en concreto, de la determinaci\u00f3n del 11 de abril de 2023, del Juzgado del circuito encausado, de comisionar a los jueces encargados del tr\u00e1mite de los despachos comisorios para materializar la entrega de bienes ordenada en la sentencia emitida el 27 de octubre de 2021 por el ad-quem en el juicio recriminado. <\/p>\n
2.2.1. As\u00ed las cosas, es claro que respecto del mentado auto del pasado mes de abril este reclamo supralegal no satisface el presupuesto de la subsidiariedad, en tanto que no se acredit\u00f3 que el tutelante formulara objeci\u00f3n alguna frente al mismo, dentro de la oportunidad legal y ante el fallador natural, lo que se muestra suficiente para despachar adversamente este nuevo ruego tutelar, en tanto que, como de vieja data se tiene por sentado, \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela\u00bb (criterio reiterado, entre muchas otras providencias, en CSJ STC7730-2020, STC15544-2021 y STC12825-2022). <\/p>\n
2.2.2. Al margen de ello, ante la flexibilidad en el estudio constitucional que demand\u00f3 el accionante y destacando que con antelaci\u00f3n intent\u00f3, infruct\u00edferamente, otra acci\u00f3n de tutela ante esta Corte, cuestionando la sentencia de la que se deriva la comisi\u00f3n fustigada (resguardo que esta Sala, al encontrar razonable la determinaci\u00f3n del Tribunal vinculado, neg\u00f3 con fallo del pasado 30 de marzo -STC2951-2023-, veredicto \u00faltimo que, a su vez, la hom\u00f3loga de casaci\u00f3n laboral confirm\u00f3 el 10 de mayo siguiente -STL6322-2023-), se observa que en ninguna irregularidad incurri\u00f3 el juzgador a-quo acusado cuando comision\u00f3 para adelantar la diligencia de entrega, pues estaban reunidos todos los supuestos que para tal proceder establece los c\u00e1nones 305 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
De tal manera, es claro que la comisi\u00f3n, programaci\u00f3n y futura materializaci\u00f3n de la entrega son consecuencias naturales de las actuaciones surtidas en el proceso atacado, de las cuales, seg\u00fan lo dej\u00f3 visto esta Sala en fallo STC2951-2023, no se desprende arbitrariedad o capricho alguno por parte del sentenciador ad-quem vinculado a este decurso, lo que denota la anunciada improsperidad de esta salvaguarda y por lo cual tambi\u00e9n resulta desafortunada la alegaci\u00f3n cimentada en que el resguardo debe concederse por ser el accionante sujeto de la tercera edad con restricciones econ\u00f3micas, pues lo cierto es que ello, como lo tiene por sentado la jurisprudencia constitucional, por s\u00ed mismo no implica dispensar la protecci\u00f3n, pues para que esto ocurra es necesario demostrar que la conculcaci\u00f3n de las prerrogativas esenciales invocadas es atribuible al proceder irregular de las autoridades encausadas, lo que aqu\u00ed no ocurri\u00f3, en tanto que, como atr\u00e1s qued\u00f3 dicho, en la actuaci\u00f3n desplegada en el juicio recriminado no se advierte la incursi\u00f3n en actuaci\u00f3n arbitraria o caprichosa por parte de las sedes judiciales convocadas, sin que pueda endilg\u00e1rseles las situaciones que exponen el reclamante como derivadas de la futura entrega de los predios. <\/p>\n
En asuntos de contornos similares, donde se ha cuestionado la futura diligencia de entrega de inmuebles rematados, que, mutatis mutandis, resultan aplicables al presente caso, en tanto que all\u00ed se ha determinado que ello es consecuencia l\u00f3gica del devenir procesal ajustado al ordenamiento jur\u00eddico, in extenso, para denegar la salvaguarda, esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
2. De cara a los argumentos planteados por el inconforme, se advierte que lo concretamente pretendido por \u00e9ste a trav\u00e9s del amparo, es que se ordene al Juzgado… suspender la entrega del inmueble…, que fue ordenada en el marco del proceso\u2026, hasta tanto pueda acudir a los mecanismos ordinarios que permitan evitar, dice, la realizaci\u00f3n definitiva de tal diligencia\u2026 <\/p>\n
3. Bajo ese escenario, anticipa la Corte que la protecci\u00f3n constitucional solicitada no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que en este caso no es procedente acceder al pedimento aludido, pues la diligencia de entrega memorada fue dispuesta por la mencionada autoridad jurisdiccional competente en virtud de la adjudicaci\u00f3n por remate del inmueble objeto de garant\u00eda, dentro de la ejecuci\u00f3n tantas veces citada, y en esa medida, la actuaci\u00f3n cuestionada encuentra su fundamento en una orden proferida como consecuencia de un tr\u00e1mite judicial, lo que impide cualquier tipo de intromisi\u00f3n al respecto por parte del Juez de tutela, como quiera que la Sala en la materia ha puntualizado, que el amparo \u00abno se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales (CSJ, SC, 28 de octubre de 2009, exp. 1496-01, citada el 19 de mayo de 2014, exp. STC6190 y en STC226-2015). <\/p>\n
4. Ahora bien, la demanda de protecci\u00f3n tampoco se abre paso como mecanismo transitorio, pues recu\u00e9rdese que <\/p>\n
\u00ab[E]n principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia de entrega no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales\u2026 De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ, SC, 29 de noviembre de 2006, citada el 20 de marzo de 2014, exp. STC3468 y en STC226-2015). <\/p>\n
5. Finalmente cabe precisar, que aunque el actor y su c\u00f3nyuge sean personas de la tercera edad, no se observa dentro del plenario que se encuentren en una situaci\u00f3n de peligro que amerite conceder el resguardo, a\u00fan como mecanismo transitorio, pues no se demostr\u00f3 la afectaci\u00f3n de su m\u00ednimo vital o que est\u00e9n comprometidas sus necesidades b\u00e1sicas. <\/p>\n
Frente a situaciones similares a las que aqu\u00ed se examina, la Sala ha determinado que <\/p>\n
\u00ab[E]l hecho de que la gestora del amparo sea persona de la tercera edad, en s\u00ed mismo considerado no implica, per se, que deba concederse la salvaguarda invocada, desde luego que es necesario probar la violaci\u00f3n o amenaza de prerrogativas esenciales, situaci\u00f3n que no se avizora en este asunto (\u2026), sobre el punto esta Sala indic\u00f3 que \u201csi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad, lo que no se advierte en el plenario y, por ende, no procede orden constitucional al respecto\u00bb (CSJ STC 11 mar. 2013, reiterado STC17105-2014 y STC14586-2015). <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin lugar a m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone mantener la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta instancia (se destac\u00f3 – CSJ STC11859-2016, 25 ag., rad. 2016-00462-01). <\/p>\n
3. Adicionalmente, se observa que el quejoso, con alguna similitud f\u00e1ctica a la que ac\u00e1 recab\u00f3, intent\u00f3 otras dos demandas de tutela contra las restantes personas naturales accionantes de la sociedad actora en el juicio recriminado (persona jur\u00eddica de la cual \u00e9l tambi\u00e9n es socio), rogando la protecci\u00f3n de sus derechos como persona de la tercera edad con ocasi\u00f3n de la futura restituci\u00f3n de los mentados inmuebles, pero esas salvaguardas igualmente le fueron despachadas adversamente, en lo medular, al hallar ausente el presupuesto de la subsidiariedad, de donde se desprende la configuraci\u00f3n de la cosa juzgada constitucional al respecto (radicados 05001-40-88-040-2022-00323-00, 05001-40-88-016-2022-00204-00). <\/p>\n
4. Las razones consignadas imponen el fracaso de la salvaguarda deprecada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, declara improcedente la petici\u00f3n de amparo del accionante. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no impugnarse este veredicto, en la oportunidad debida, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sobre la materia pueden consultarse, entre muchos otros pronunciamientos, CSJ STC12683-2019, STC15980-2019 y CSJ STC15747-2022. <\/p>\n
2\u0002 Tal criterio ha sido reiterado constantemente por esta Sala, entre otros tantos, en autos ATC647-2019, 3 may., rad. 2019-00631-00; ATC679-2019, 8 may., rad. 2019-00032-01; ATC824-2019, 30 may., rad. 2019-00088-01; ATC831-2019, 30 may., rad. 2018-00558-01; ATC1250-2019, 13 ag., rad. 2019-00004-01; ATC222-2020, 25 feb., rad. 2019-00337-01; ATC338-2020, 17 mar., rad. 2019-00811-01; ATC518-2020, 16 jul., rad. 2020-00754-00; ATC518-2021, 21 abr., rad. 2021-00698-00; y ATC1412-2022, 23 sep., rad. 2022-00923-00. <\/p>\n
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STC6211-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02375-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Jairo Londo\u00f1o Arango contra los […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74326","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74326","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74326"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74326\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74326"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74326"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74326"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}