STC6213-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6213-2023 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 2 de junio de 2023, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Leodegar Lorenzo Segundo Rois Reina contra el Juzgado de Familia de esa localidad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, supuestamente vulnerado por la autoridad convocada en el curso de la sucesi\u00f3n en la que fue reconocido como heredero (rad. n.\u00ba 2009-00365), toda vez que no habr\u00eda atendido las solicitudes que formul\u00f3 en procura de obtener soluci\u00f3n respecto de una presunta irregularidad, con ocasi\u00f3n de unas medidas cautelares que, en su decir, no habr\u00edan sido comunicadas a la Oficina de Registro pertinente, lo que propici\u00f3 la enajenaci\u00f3n de un predio involucrado en el proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se infiere que, a trav\u00e9s de este mecanismo, pretende que se d\u00e9 soluci\u00f3n a sus pedimentos. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El despacho querellado relat\u00f3 las gestiones a su cargo y sostuvo que, \u00abes cierto que el actor en nombre propio present\u00f3 memorial de petici\u00f3n allegado al correo electr\u00f3nico el d\u00eda dos (2) de marzo del 2023, aclamando irregularidades en el proceso de la referencia, sin embargo el despacho por auto fecha once (11) de abril del 2023, dispone: \u201cEn aras de resolver lo pretendido por el se\u00f1or LEODEGAR LORENZO SEGUNDO ROYS REINA, es preciso aclarar que el derecho de petici\u00f3n no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor p\u00fablico que cumpla sus funciones jurisdiccionales\u201d\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, agreg\u00f3 que \u00abpor auto de fecha veinticinco (25) de mayo del 2023, de acuerdo a la solicitud elevada por el actor el d\u00eda cuatro del mismo mes y a\u00f1o, el despacho reitera lo considerado en auto de fecha once (11) de abril del 2023, en el que se le advierte que carece del derecho de postulaci\u00f3n para presentar solicitudes referentes actuaciones procesales, encontr\u00e1ndose representado por apoderado judicial a efectos de presentar los mecanismos judiciales y recursos en los t\u00e9rminos previstos por la norma procesal\u00bb. <\/p>\n
2. Leodegar Roys Mej\u00eda adujo que el derecho de petici\u00f3n no procede frente a actuaciones judiciales, por lo que requiri\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda. <\/p>\n
3. El curador ad-litem de Enrique Edgar, Ruth Mariela, Belkis, Luis Manuel Roys Daza, Eda Judith, Clarena Yubeth, Ricardo Emilio Roys y \u00c1ngel Emilio Roys Mej\u00eda dijo atenerse a lo que se disponga en este tr\u00e1mite. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo neg\u00f3 el amparo, porque, \u00abno puede considerarse que se ha vulnerado los derechos al peticionario, no solo porque el derecho de petici\u00f3n no puede ser utilizado para elevar peticiones referidas a actuaciones estrictamente judiciales, como la alegaci\u00f3n de una irregularidad en el proceso, sino porque adem\u00e1s ya el juzgado dio una respuesta a las solicitudes elevadas por el peticionario dentro del tr\u00e1mite del proceso y sujeto a los t\u00e9rminos y etapas procesales previstos en la norma\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante recurri\u00f3 la precitada providencia, en tanto que, \u00absin pensar en llegar a exceder los l\u00edmites del margen de determinaci\u00f3n normativa, s\u00e9 a ciencia cierta que nos encontramos con una ley nueva que regula \u00edntegramente el Derecho Fundamental de Petici\u00f3n, y que acorde con el conjunto de palabras subrayadas por m\u00ed dentro del texto de ley, ellas muestran y demuestran que mi caso particular est\u00e1 sometido a una norma general que se predica como la excepci\u00f3n convenida para hacer ineficaz el derecho de postulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n apunt\u00f3 que \u00abno es una petici\u00f3n o solicitud referida a una actuaci\u00f3n estrictamente judicial, que se encuentre regulada en el procedimiento respectivo del juicio que se adelanta, ni que deba sujetarse la decisi\u00f3n de la honorable Jueza a t\u00e9rminos y etapas procesales previstos\u00bb y que, en todo caso, \u00abel deber de la honorable Jueza, era, como lo sigue siendo, iniciar sin tardanza la investigaci\u00f3n para determinar si hubo un hecho de \u201cocultamiento total o parcial de documento p\u00fablico\u201d, y si ve que no lo hubo, demostrar oficialmente que no lo hubo; por el contrario, si lo hay, y ve que no es competente para hacer la investigaci\u00f3n, poner inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad competente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda fundamental de petici\u00f3n del recurrente, toda vez que habr\u00eda omitido dar respuesta a las solicitudes que formul\u00f3 en el curso de la sucesi\u00f3n (rad. n.\u00ba 2009-00365), respecto de unas presuntas irregularidades frente a unas medidas cautelares. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto: <\/p>\n
De la improcedencia del derecho de petici\u00f3n frente a actuaciones judiciales. <\/p>\n
3.1. Revisadas las diligencias, precisa la Corte que tal como se estableci\u00f3 en la primera instancia de este mecanismo, lo pretendido por el memorialista es obtener respuesta frente a las solicitudes que formul\u00f3 el 2 de marzo y el 4 de mayo de 2023, tendientes a solucionar las supuestas irregularidades que habr\u00eda advertido en una sucesi\u00f3n, relacionadas con unas medidas cautelares que, seg\u00fan indic\u00f3, no se informaron a la Oficina de Registro pertinente, lo que habr\u00eda propiciado que, con posterioridad, se enajenara un inmueble que forma parte de ese proceso. <\/p>\n
Sin embargo, en forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aquellos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, reiterada en otras en STC2408-2019, 28 feb. 2019, rad. 2018-02638-01) <\/p>\n
En igual sentido, se ha recalcado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb. (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9838-2019, 24 jul., rad. 2019-00158-01). <\/p>\n
Igualmente, cuando por v\u00eda de tutela se aduce el desconocimiento del precepto 23 de la Carta Pol\u00edtica por parte de una autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si aquella solicitud concierne, o no, a un asunto vinculado a la litis y, si se determina lo primero, el amparo devendr\u00e1 improcedente, por las razones expuestas. <\/p>\n
3.2. Por ello, en el presente asunto, es claro que el objeto de la petici\u00f3n es que se adopten medidas que resuelvan las eventuales anomal\u00edas que el censor afirma haber observado en la foliatura, v. gr., sobre unos oficios que no se habr\u00edan comunicado a la Oficina de Registro respectiva y que tendr\u00edan incidencia en la materializaci\u00f3n de unas cautelas, es decir, aspectos estrictamente judiciales. <\/p>\n
3.3. Finalmente, la Sala estima oportuno resaltar que, en todo caso, el gestor conserva la posibilidad de plantear sus recursos y dem\u00e1s gestiones judiciales a trav\u00e9s de los cauces legales pertinentes y mediante el apoderado constituido para esos efectos1, tal como se le ha puesto de presente por parte del estrado de familia encartado, m\u00e1s recientemente, en el prove\u00eddo de 25 de mayo de 2023, en el que tambi\u00e9n, valga anotar, se reconoci\u00f3 personer\u00eda al abogado Edgar Rosendo Parody Mart\u00ednez para obrar en su representaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, no existe la vulneraci\u00f3n alegada por el promotor, comoquiera que las solicitudes que se formulen al interior de una actuaci\u00f3n judicial deben hacerse con apego a las disposiciones legales que gobiernan el tr\u00e1mite y no al amparo del derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sobre el particular, de la revisi\u00f3n del expediente se observa que el aqu\u00ed gestor otorg\u00f3 poder al abogado Gustavo Garc\u00eda Pimienta, quien, a su vez, lo sustituy\u00f3 al jurista Edgar Rosendo Parody Mart\u00ednez (f. 63, cd. 2), debidamente reconocido el 25 de mayo de 2023 (f. 72, \u00eddem). <\/p>\n
<\/p>\n
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