STC6215-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6215-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00635-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Jos\u00e9 Reinel Valencia frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por \u00e9l incoada contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala de Decisi\u00f3n Penal y el Juzgado Segundo Penal con funciones de Control de Garant\u00edas de Palmira, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del resguardo constitucional deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada con las actuaciones y decretos probatorios ordenados en el tr\u00e1mite que en su contra cursa por el delito de homicidio culposo con SPOA 765206000180-2020-01531. <\/p>\n
2. Precis\u00f3 las anteriores acusaciones con fundamento en los siguientes hechos que se consideran relevantes: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Segundo Penal con funciones de Control de Garant\u00edas de Palmira se realiz\u00f3 audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n por el delito de homicidio culposo, con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito en el que falleci\u00f3 Carlos Alberto Tarapu\u00e9s Guzm\u00e1n. <\/p>\n
2.2. Al celebrar la audiencia de acusaci\u00f3n en la cual la Fiscal\u00eda 142 seccional Palmira realiz\u00f3 descubrimiento probatorio, de igual manera en audiencia preparatoria se\u00f1al\u00f3 la totalidad de las pruebas que solicitar\u00eda con miras a desarrollar el juicio oral, diligencia que se celebr\u00f3 el 27 de enero de 2023 y que se materializ\u00f3 con auto 023 en el que el fallador de conocimiento resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u201cPRIMERO: Decretar como pruebas a practicar dentro de la audiencia de juicio oral, en favor de la FISCAL\u00cdA GENERAL DE LA NACI\u00d3N, los testimonios de: 1- Andr\u00e9s Mauricio Rozo Roballo, con el cual se introducir\u00e1 el informe de Polic\u00eda de accidente de tr\u00e1nsito, 2.- Luis Alberto Neira Londo\u00f1o, con el cual se introducir\u00e1 la inspecci\u00f3n t\u00e9cnica a cad\u00e1ver 3.- John Jader L\u00f3pez Cuartas, con el cual se introducir\u00e1 la documentaci\u00f3n fotogr\u00e1fica, el acta de primer respondiente y la fijaci\u00f3n fotogr\u00e1fica del cad\u00e1ver y 4.- Henry Carlos Herrera Harnish en calidad de forense. <\/p>\n
SEGUNDO: NO SE ACCEDE al decreto de las siguientes pruebas: 1.- Andr\u00e9s Vanegas Villegas, se INADMITE por cuestiones de ser repetitiva y soportar prueba de referencia y 2.- Paula Andrea Rodr\u00edguez, v\u00eda de RECHAZO frente a las fallas en lo que tiene que ver con el descubrimiento. <\/p>\n
TERCERO: Contra la presente decisi\u00f3n proceden los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n. SE INTERPONE RECURSO DE APELACI\u00d3N POR PARTE DE LA DEFENSA\u2026\u201d <\/p>\n
2.3. Contra tal determinaci\u00f3n el quejoso, a trav\u00e9s de su apoderado, formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, cuestionando los fundamentos con los cuales se concedi\u00f3 a la Fiscal\u00eda las pruebas solicitadas. <\/p>\n
3. En consecuencia, aduce el censor que \u00ab[c]on esta decisi\u00f3n se est\u00e1 vulnerando el derecho al debido proceso, ya que no se cumpli\u00f3 con el deber de realizar la conducencia, la pertinencia y la utilidad de cada uno de los documentos. La fiscal\u00eda no tom\u00f3, una a una cada una de las pruebas, indicando qu\u00e9 documento es, sus caracter\u00edsticas, qui\u00e9n lo suscribe y a trav\u00e9s de qui\u00e9n lo pretende aducir. Y no se enuncia la conducencia, la pertinencia y la utilidad de cada testigo. La Fiscal\u00eda debi\u00f3 hacer este proceso y no lo hizo, lo hizo el despacho\u00bb. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 los argumentos con los cuales le negaron la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra el auto que decret\u00f3 las referidas pruebas y agreg\u00f3, que el descubrimiento de las pruebas por parte del ente investigador fue extempor\u00e1neo. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga defendi\u00f3 la legalidad de las actuaciones acusadas, se\u00f1al\u00f3 que estas fueron adoptadas de conformidad con la legislaci\u00f3n y la jurisprudencia vigente. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Neg\u00f3 las pretensiones invocadas por el censor, con fundamento en que el proceso penal se encuentra en curso, en consecuencia no es pasible para el juez de tutela emitir pronunciamiento alguno, adem\u00e1s, precis\u00f3 que la decisi\u00f3n de declarar improcedente la apelaci\u00f3n contra el auto que decreta una prueba es perfectamente razonable de conformidad con la ley 906 de 2004. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El quejoso reiter\u00f3 los argumentos esbozados en su escrito genitor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, muy a pesar de las alegaciones del impugnante, se advierte que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso penal objeto de reproche se halla en curso, pues obs\u00e9rvese que para cuando se formul\u00f3 la petici\u00f3n de amparo, en el tr\u00e1mite reci\u00e9n la audiencia preparatoria acababa de surtirse faltando la celebraci\u00f3n de juicio oral; de ah\u00ed que cualquier tipo de reparo lo debe formular aquel ante el fallador natural. <\/p>\n
Entonces, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por el promotor de la tutela, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, de donde configurada se encuentra la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
En un asunto de similar contorno, la Sala puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada\u2026 y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios y los extraordinarios para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094] (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 2008-01155-01; reiterada, entre muchas otras, en STC10591-2016, 3 ago., rad. 2016-01093-01). <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, advertida la improcedencia del amparo, por poder agotarse a\u00fan dentro del juicio otros medios de defensa, el juez constitucional queda relevado de analizar el fondo del asunto, pues de lo contrario entrar\u00eda a usurpar las funciones del fallador ordinario, de donde no puede producirse aqu\u00ed una manifestaci\u00f3n expresa frente a la actuaci\u00f3n que el accionante tilda como irregular. <\/p>\n
4. Lo anterior, resulta suficiente para desestimar la impugnaci\u00f3n interpuesta y, por ende, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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