STC6216-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6216-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 44001-22-14-000-2023-00031-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha el 6 de junio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Amalfi Isabel Rosales Rambal contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Valledupar, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha y la Oficina de Coordinaci\u00f3n de Administraci\u00f3n Judicial de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Edwin Hubelin Almenarez G\u00f3mez y las partes e intervinientes en el cobro n\u00b0 2019-00072. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La convocante, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, dignidad, \u00abbuena fe y confianza legitima\u00bb, supuestamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Amalfi Isabel Rosales promovi\u00f3 un ejecutivo contra Edwin Hubelin Almenarez, para obtener el pago de \u00abla obligaci\u00f3n dineraria contenida en el t\u00edtulo valor- Letra de Cambio N\u00b0001 del 18 de Junio de 2016, (\u2026) y los intereses legales causados\u00bb1, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha, quien el 28 de junio de 2019, libr\u00f3 orden de apremio y el 16 de noviembre de esa anualidad orden\u00f3 seguir con la ejecuci\u00f3n; disposici\u00f3n confirmada en segundo grado. <\/p>\n
Posteriormente, el 29 de enero de 2020, el cognoscente decret\u00f3 \u00abel embargo y posterior secuestro del veh\u00edculo automotor de marca: Toyota\u2013Fortuner, Modelo 2011 y placa NroDDZ05\u00bb2, sin embargo, previo a expedir los oficios correspondientes, requiri\u00f3 a \u00abla Directora de la Coordinaci\u00f3n Administraci\u00f3n Judicial Riohacha para que (\u2026) informe (\u2026) los parqueaderos autorizados en el departamento de La Guajira, donde deben ser ubicados los veh\u00edculos inmovilizados por orden Judicial, esto en atenci\u00f3n a la declaratoria de inconstitucionalidad del art\u00edculo 336 parcial, del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 ley 1955 de 2019 mediante Sentencia C-440 de 2020, que dispon\u00eda la derogaci\u00f3n del art\u00edculo 167 del C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito Terrestre\u00bb3. <\/p>\n
Seguidamente, la promotora pidi\u00f3 \u00abhacer efectiva la b\u00fasqueda, inmovilizaci\u00f3n y aprehensi\u00f3n material del veh\u00edculo embargado\u00bb, no obstante, tal pretensi\u00f3n fue negada por el estrado cuestionado en tanto coligi\u00f3 que no era posible dicho proceder \u00abhasta tanto no sea informado por la administraci\u00f3n judicial el parqueadero autorizado para ubicar el mismo\u00bb4. <\/p>\n
Luego, teniendo en cuenta la respuesta allegada por \u00abla directora administrativa mediante oficio CARIO21-290\u00bb, el despacho fustigado solicit\u00f3 \u00abal Consejo Superior de La Judicatura que realice las actuaciones administrativas correspondientes a afectos de regular o llenar el vac\u00edo encontrado en el ordinal SEXTO del Acuerdo 2586 de 2004, por el cual se desarrolla el art\u00edculo 167 de la Ley 769 de 2002, con el fin de que con ello se garantice la existencia del registro de parqueaderos autorizados para poder llevar a cabo la pr\u00e1ctica de la medida cautelar decretada e informe de ello con destino al presente tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en decisi\u00f3n del 19 de enero de 2022 la agencia judicial encartada no accedi\u00f3 a la \u00abinmovilizaci\u00f3n del veh\u00edculo automotor\u00bb pues consider\u00f3 que \u00abseg\u00fan lo manda la norma, cuando se est\u00e1 frente a la inmovilizaci\u00f3n de veh\u00edculos por orden judicial, estos deben llevarse a parqueaderos autorizados por la Direcci\u00f3n Ejecutiva de la Rama Judicial\u00bb. <\/p>\n
Resoluciones que, a juicio de la censora incurrieron en v\u00eda de hecho toda vez que \u00abla mayor parte de los operadores judiciales del nivel municipal y del circuito de esta zona del pa\u00eds, a buena hora SI han decretado y practicado m\u00faltiples medidas cautelares de secuestro sobre veh\u00edculos automotores legalmente embargados en diferentes municipios del departamento\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en lo fundamental, que se ordene a las autoridades querelladas \u00abdesplegar o ejecutar todas las gestiones administrativas o judiciales (\u2026) para hacer efectiva la materializaci\u00f3n del (\u2026) secuestro y aprehensi\u00f3n material del veh\u00edculo previamente embargado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Valledupar arguy\u00f3 que \u00abpese a haberse realizado en debida forma la convocatoria para dicha conformaci\u00f3n, no se ha presentado ninguna empresa que cumpla con los requisitos establecidos para la prestaci\u00f3n de dicho servicio, y es por eso que para las vigencias 2021, 2022 y la actual 2023 se ha declarado la imposibilidad de conformar el registro de parqueaderos autorizados para la custodia de veh\u00edculos inmovilizados por orden judicial\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n anot\u00f3 que \u00aben los procesos en los cuales se materialicen \u00f3rdenes de inmovilizaci\u00f3n de veh\u00edculos (\u2026) deber\u00e1n proceder conforme a lo dispuesto en el C\u00f3digo General del Proceso en sus art\u00edculos 51, 52 y 595, y en tal sentido, comunicar a las autoridades encargadas de aprehender el automotor objeto de medida judicial, que una vez inmovilizado deber\u00e1n ponerlo inmediatamente a disposici\u00f3n del Juzgado, Despacho del Magistrado o Corporaci\u00f3n Judicial que haya ordenado su inmovilizaci\u00f3n, y del secuestre que el funcionario judicial haya dispuesto para su custodia\u00bb. <\/p>\n
2. El estrado Segundo Civil del Circuito de Riohacha realiz\u00f3 un recuento de lo sucedido en el asunto confutado e indic\u00f3 que \u00abno es posible acceder a la inmovilizaci\u00f3n del veh\u00edculo automotor por cuanto una vez inmovilizados deben ser ubicados en parqueadero autorizado por la Direcci\u00f3n Ejecutiva de la Rama Judicial en el departamento de La Guajira\u00bb. <\/p>\n
3. El Consejo Superior de la Judicatura se\u00f1al\u00f3 que \u00abla Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial junto con sus Seccionales, son quien tiene la aptitud legal de zanjar la situaci\u00f3n administrativa aludida en la demanda y dar respuesta a las solicitudes que se deriven de la misma\u00bb. <\/p>\n
4. Edwin Hubelin Almenarez reliev\u00f3 que \u00abel pronunciamiento sobre los hechos corresponde de manera efectiva es a los accionados dentro de esta acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el auxilio tras advertir que \u00ab[l]a accionante no agot\u00f3 los recursos judiciales a su favor, y no se cumple con el requisito de inmediatez, dado que las providencias datan del 26 de enero, 15 de febrero y 9 de marzo de 2021\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que \u00absi bien no se present\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n contra el auto que resolvi\u00f3 negar o no acceder favorablemente a la solicitud de secuestro y aprehensi\u00f3n material del veh\u00edculo automotor previamente embargado en la causa judicial ejecutiva en menci\u00f3n, el reproche constitucional aqu\u00ed invocado no se circunscribe \u00fanica y exclusivamente sobre el decreto deesa providencia nugatoria, sino que mucho m\u00e1s all\u00e1 de eso, pues abarca sistem\u00e1ticamente todas las omisiones en que han incurrido lo accionados\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y, de superarse lo anterior, si el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha vulner\u00f3 las prerrogativas reclamadas por la gestora en el coercitivo rad. n.\u00b0 2019-00072, por cuanto no ha \u00abmaterializado la orden de secuestro del veh\u00edculo automotor previamente embargado del ejecutada\u00bb. <\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo y el que a continuaci\u00f3n pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC16721-2022, 15 dic. rad. 04290-00). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC3001-2023, 29 mar. rad. 01110-00) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la demanda constitucional debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
4.1. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que, la determinaci\u00f3n que acusa la actora como transgresora de sus derechos fue proferida el 19 de enero de 2022, que corresponde al auto por medio del cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha no accedi\u00f3 a \u00abla solicitud de inmovilizaci\u00f3n del veh\u00edculo automotor\u00bb; mientras que, el presente resguardo fue radicado el 26 de mayo de 2023. <\/p>\n
Lo anterior permite establecer que desde la fecha de la decisi\u00f3n indicada hasta el momento en que se ejerci\u00f3 el auxilio se super\u00f3 con amplitud el plazo considerado como razonable por la jurisprudencia. <\/p>\n
En ese sentido, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de embates contra providencias judiciales. <\/p>\n
4.2. Ahora, dicho criterio eventualmente puede flexibilizarse a partir de razones suficientes que lo justifiquen, esto es, situaciones acreditadas como la incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores (como ocurre respecto de los asuntos que involucran derechos de orden pensional); as\u00ed lo ha apuntado la Corte Constitucional en repetidas ocasiones, en sentencias como la SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, no evidencia la Sala la concurrencia de alguna de las causales expuestas por la jurisprudencia en cita como eximentes del presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
4.3. A\u00fan de superarse lo anterior, encuentra la Corte que, pese a las inconformidades tra\u00eddas a esta sede, la parte actora no hizo uso de los mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para controvertir lo resuelto en el referido prove\u00eddo, situaci\u00f3n que refuerza la inviabilidad del amparo. <\/p>\n
5. Precisi\u00f3n adicional. <\/p>\n
De otra parte, en lo que ata\u00f1e a los dem\u00e1s cuestionamientos respecto del Consejo Superior de la Judicatura, la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Valledupar y la Oficina de Coordinaci\u00f3n de Administraci\u00f3n Judicial de Riohacha, nada obsta para que la convocante acuda directamente ante esas autoridades para formular los requerimientos que estime pertinentes; ya que, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de esta salvaguarda, no est\u00e1 dise\u00f1ada para suplir las actuaciones o diligencias que corresponden a los interesados. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La gestora tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el principio de la inmediatez; as\u00ed mismo, no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n v\u00e1lida que justificara la tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 De conformidad con el escrito de demanda <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u00ab04ExpedienteFisico\u00bb fl. 70 expediente rad. 2019-0072 <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u00ab21aUTO REQUIERE_26-01-2021 5.31.05 p.m.\u00bb expediente rad. 2019-0072 <\/p>\n
4\u0002 Prove\u00eddo del 15 de febrero de 2021. <\/p>\n
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STC6216-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC6216-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 44001-22-14-000-2023-00031-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74331","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74331","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74331"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74331\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74331"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74331"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74331"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}