STC6218-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6218-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02295-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Heidy Yasmin L\u00f3pez Ruiz contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ci\u00e9naga, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, mediante apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, que dice vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se \u00abrevoquen los autos de fecha 03 de octubre de 2022 proferido por el Juzgado… y 10 de mayo de 2023 proferido por el Tribunal…\u00bb; y se \u00abordene la admisi\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
2.1. Heidy Yasmin L\u00f3pez Ruiz promovi\u00f3 juicio de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho contra Manuel Salvador, Robinson, Rafael Jos\u00e9 Barrera Constante, Norelia Mar\u00eda y Dilia Barrera Bernal, herederos de Robinson Barrera Manga, as\u00ed como Amanda Mercedes Bernal Miranda y Emilia Josefa Constante, en calidad de c\u00f3nyuge y compa\u00f1era del causante, respectivamente; cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ci\u00e9naga, el que en auto de 6 de abril de 2022 inadmiti\u00f3 la demanda y el 3 de octubre siguiente la rechaz\u00f3, decisi\u00f3n que fue recurrida, el 16 de marzo de 2023 se mantuvo y se concedi\u00f3 la alzada. <\/p>\n
2.2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, en prove\u00eddo de 10 de mayo de 2023 confirm\u00f3 la aludida determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que con el juicio pretend\u00eda que se declarara que entre ella y Robinson Barrera Manga existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho que inici\u00f3 el 15 de junio de 2009 y finaliz\u00f3 el 10 de marzo de 2021; que fue inadmitida la demanda y en oportunidad la subsan\u00f3, argumentando que los registros civiles de nacimiento con los que pod\u00eda probar la calidad de herederos del fallecido contaban con reserva legal y otorgando la informaci\u00f3n de la Notar\u00eda en la que se encontraban los mismos, en cumplimiento del art\u00edculo 85 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que no ten\u00eda conocimiento de otros datos diferentes a los aportados sobre la calidad de c\u00f3nyuge y de compa\u00f1era permanente, por lo que le resultaba imposible acceder al registro civil de matrimonio o a prueba de una uni\u00f3n marital de hecho; que las convoc\u00f3 al tr\u00e1mite en virtud de una resoluci\u00f3n de la UGPP, la que aport\u00f3 en la subsanaci\u00f3n; y que vincul\u00f3 a esas demandadas para garantizar el debido proceso, pues no las conoc\u00eda. <\/p>\n
2.5. Adujo que se rechaz\u00f3 la demanda, pues si bien la calidad de herederos fue acreditada, la de c\u00f3nyuge y la de compa\u00f1era no; y que aleg\u00f3 que le era imposible allegar dicha informaci\u00f3n, pues no ten\u00eda datos del matrimonio y hab\u00eda reserva del documento, adem\u00e1s que tampoco contaba con la de la uni\u00f3n marital. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que el Tribunal confirm\u00f3 dicha determinaci\u00f3n, aduciendo que la resoluci\u00f3n de la UGPP carec\u00eda de fuerza probatoria; que nadie estaba obligado a lo imposible; que nunca habl\u00f3 con el causante sobre la oficina en donde se hallaba el documento pedido; y que no estaba obligada a conocer de relaciones anteriores de su pareja. <\/p>\n
2.7. Asever\u00f3 que convoc\u00f3 a las referidas c\u00f3nyuge y compa\u00f1era para evitar nulidades y deslealtad; que exist\u00eda un exceso ritual manifiesto; que se le dio prevalencia al derecho procesal; y que se incurri\u00f3 en los defectos de procedibilidad del resguardo. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Santa Marta indic\u00f3 que la determinaci\u00f3n criticada se encontraba debidamente fundamentada en lo evidenciado en el plenario y en la normatividad vigente. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ci\u00e9naga realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y se\u00f1al\u00f3 que los falladores acusados actuaron conforme a los lineamientos establecidos por el legislador, sin transgredir derecho fundamental alguno. Remiti\u00f3 el link del expediente criticado. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia criticada de 10 de mayo de 2023, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la inadmisi\u00f3n se produjo, entre otros motivos, debido a que los registros civiles de nacimiento de los demandados, no se acompa\u00f1aron al libelo incoatorio, logr\u00e1ndose obtener algunos en virtud de que la a quo ofici\u00f3 a la Notar\u00eda indicada por la actora, para tales efectos; no obstante, no se envi\u00f3 el de la c\u00f3nyuge sobreviviente, ni la que seg\u00fan la Ley, corresponde a la de la calidad de compa\u00f1era permanente, mucho menos se dijo donde pod\u00edan ser halladas. <\/p>\n
Trascendental resulta tal prueba en procesos de esta estirpe, como quiera que se trata nada menos que de un juicio cuya pretensi\u00f3n principal gira en torno a una petici\u00f3n de declaratoria de uni\u00f3n marital de hecho, con fines patrimoniales de desplazamiento de estas dos demandadas en el \u00e1mbito pensional, de manera que la columna vertebral sobre la que ha de descansar, es precisamente la evidencia de que en verdad lo son; adem\u00e1s se erige en un anexo obligatorio del libelo incoatorio, seg\u00fan las voces del numeral 2\u00b0 del art. 84, en concordancia con el inciso 2\u00b0 del 85, ambos del C. G. del P., luego entonces, puede pedirse y valorarse desde esta etapa inicial. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e a la acreditaci\u00f3n de la calidad de c\u00f3nyuge, es exigente el legislador, al girar ello en torno a las espec\u00edficas pruebas del estado civil, las cuales son cualificadas, de manera que se deben ce\u00f1ir exclusivamente a las partidas de origen eclesi\u00e1stico o al registro civil, por mandato de aqu\u00e9l. <\/p>\n
Esa elecci\u00f3n tampoco queda al arbitrio del titular, toda vez que se ha de tener en cuenta la \u00e9poca de ocurrencia del hecho o acto generatriz de ese estado civil, atendiendo las prescripciones del decreto1260 de 1970, en concordancia con la ley 92 de 1938. <\/p>\n
Pues bien, en el sub examine no se alleg\u00f3 el registro civil de matrimonio, luego la discusi\u00f3n de su validez no se contrae al tiempo en que \u00e9ste se celebr\u00f3, porque sencillamente, no se aport\u00f3, ni tampoco, reit\u00e9rase, se indic\u00f3 la oficina donde pod\u00eda ser hallados, ni \u00e9ste, ni la que acredita la calidad de compa\u00f1era permanente, porque en la Notar\u00eda se\u00f1alada solo se obtuvieron los de los herederos. <\/p>\n
No desconoce la Sala que la uni\u00f3n marital de hecho, como a la que alude la censora mantuvo do\u00f1a Emilia Josefa Constante con el Sr. Robinson Barrera Manga, seg\u00fan lo ha venido sosteniendo la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, da lugar a un verdadero estado civil, pero lo cierto es que, al no estar reconocido expresamente como tal por el legislador, su prueba no se rige por los de esta estirpe. No obstante, tampoco existe libertad probatoria al respecto, debido a que, de acuerdo a lo estatuido en el art. 4\u00b0 de la Ley 54 de 1990, modificado por el 2\u00b0 de la Ley 979 de 2005, su existencia debe acreditarse as\u00ed… <\/p>\n
Con tan di\u00e1fanas prescripciones legales, no queda duda de que no se trata de un mero formalismo, sino de preceptos ineludibles, que se justifican como quiera que est\u00e1 en juego el estado civil de una persona, que determina su posici\u00f3n jur\u00eddica en la familia y en la sociedad, y en este caso concreto, para evidenciar, sin lugar a equ\u00edvocos, que las convocadas al juicio s\u00ed tienen las calidades de c\u00f3nyuge sobreviviente y compa\u00f1era permanente, que se les imputa en el libelo incoatorio. <\/p>\n
En consecuencia, no puede suplirse dicha exigencia, como lo pretende la recurrente, quien en lugar de ajustarse a esos mandatos, se abstuvo de cumplirlos, pues no solo no aport\u00f3 tales documentos, sino que tambi\u00e9n pretende que se tenga en cuenta para ello, la Resoluci\u00f3n No. SOP202101012624 de la UGPP, en la que, a su modo de ver, se puede verificar, que se le dej\u00f3 en suspenso su derecho a acceder a la pensi\u00f3n de sobreviviente, en virtud de que dichas se\u00f1oras, tambi\u00e9n la solicitaron invocando esas calidades, para lo cual considera suficiente, que all\u00ed se les mencionara como tales. <\/p>\n
Tal argumentaci\u00f3n, no resulta de recibo para la Sala, porque independientemente de la valoraci\u00f3n probatoria que dicha Unidad hiciera, para considerar suficientes las evidencias demostrativas aportadas en ese tr\u00e1mite, lo cierto es que, en este \u00e1mbito procesal judicial, tal acto administrativo carece de fuerza probatoria, como viene explicado, pues sencillamente, no se ajusta a las prescripciones legales. <\/p>\n
De todo lo analizado concluye este Colegiado, que desde ninguna arista que se le enfoque, le asiste la raz\u00f3n al recurrente en sus embates, de manera que se impone para la Sala Unitaria confirmar el auto venido en alzada, pero no se le condenar\u00e1 en costas, por cuanto no aparecen causadas… <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia censurada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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