STC6220-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6220-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 19001-22-13-000-2023-00052-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 19 de mayo de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, que neg\u00f3, por improcedente, el amparo reclamado por Mar\u00eda Elvira Velasco Sardy contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Puerto Tejada, Cauca, la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- y el Instituto Nacional de Concesiones -INCO-. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los intervinientes del proceso censurado. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demanda la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y a la propiedad privada, presuntamente conculcados en el juicio de radicado 19573400300120170000400. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. La Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- promovi\u00f3 un proceso de expropiaci\u00f3n contra Carlina Crespo de Fory, Hernando Fory Restrepo Crespo, Mauricio Fory Crespo, Fabio Fory Balanta, Juan Manuel, Luisa Fernanda y Paola Andrea Fory S\u00e1nchez, admitido el 31 de enero de 20171, tr\u00e1mite en el que se orden\u00f3 la inscripci\u00f3n de la demanda en los bienes identificados con folios de matr\u00edcula inmobiliaria 130-4882 y 130-16165 de la ORI de Puerto Tejada, Cauca. <\/p>\n
2.2. El 27 de noviembre de 20202, el Juzgado accionado profiri\u00f3 sentencia que decret\u00f3 la expropiaci\u00f3n respecto de los derechos reales principales y accesorios que los demandados ten\u00edan o pudieran tener a cualquier t\u00edtulo sobre una zona de terreno del predio de mayor extensi\u00f3n con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 130\u201316165 y orden\u00f3 el levantamiento del registro de la demanda sobre el bien, entre otros. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, la tutelante, mediante apoderado, alleg\u00f3 un memorial en el que expuso que adquiri\u00f3 en compraventa el 50% de las acciones de dominio sobre el bien identificado con FMI 130-16165, a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica 639 de 2007, la cual no hab\u00eda sido registrada, por lo que requiri\u00f3 el levantamiento de la medida cautelar vigente sobre el predio expropiado, pues le imped\u00eda el registro del mencionado instrumento p\u00fablico. <\/p>\n
2.4. Por auto del 24 de marzo de 20233, el Juzgado accionado advirti\u00f3 que la solicitante no era parte en el proceso y no hab\u00eda acreditado el inter\u00e9s invocado, toda vez que no alleg\u00f3 la escritura enunciada. <\/p>\n
2.5. El 10 de abril de 2013, la tutelante present\u00f3 una nueva solicitud en igual sentido, acompa\u00f1ada del instrumento p\u00fablico. <\/p>\n
2.6. El 13 de abril de 20234, el Juzgado neg\u00f3 lo pedido, porque Mar\u00eda Elvira Velasco Sardy no era parte en el proceso que finaliz\u00f3 con sentencia que orden\u00f3 la expropiaci\u00f3n a favor de la ANI y el levantamiento de la medida de inscripci\u00f3n de la demanda en el respectivo folio de matr\u00edcula inmobiliaria y, por tanto, no estaba facultada para \u00abrealizar los respectivos tr\u00e1mites de titulaci\u00f3n\u00bb ni le asist\u00eda inter\u00e9s en que \u00abla inscripci\u00f3n de la demanda decretada (\u2026) sea levantada\u00bb. <\/p>\n
3. La parte actora sostiene que la porci\u00f3n de terreno entregada al Estado con la expropiaci\u00f3n corresponde a un porcentaje de la matr\u00edcula inmobiliaria en la cual ella tiene un inter\u00e9s patrimonial y que la falta de levantamiento de la medida cautelar le ha impedido hacer el registro de la compraventa realizada sobre la zona adquirida; aclar\u00f3 que la cautela cobij\u00f3 \u00abtoda la matricula inmobiliaria incluyendo el lote que hoy es de mi propiedad\u00bb; adem\u00e1s, que la remitieron a buscar a la entidad demandante para que solucione algo sobre lo cual no tiene facultad. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, pretende que se ordene levantar la medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
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II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
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1. El Juzgado accionado indic\u00f3 que le correspond\u00eda a la ANI, como demandante, realizar las gestiones para levantar la medida de inscripci\u00f3n de la demanda, en tanto que la tutelante no fue parte en el proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Agencia Nacional de Infraestructura \u2013 ANI pidi\u00f3 negar el amparo, entre otros, porque el accionante no recurri\u00f3 el auto censurado. Aleg\u00f3, a su vez, falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Edgar Adel Manzano Valencia y Gloria Londo\u00f1o Montoya, quienes fungieron como curadores ad litem en el proceso de expropiaci\u00f3n, manifestaron que se aten\u00edan a lo que resolviera el juez constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues \u00aben esta v\u00eda no se puede discutir o determinar los derechos que dice ostentar la demandante\u00bb, dado que la escritura p\u00fablica con la compraventa no fue registrada y ese hecho gener\u00f3 que la tutelante no fuera reconocida como parte en el proceso de expropiaci\u00f3n. A\u00f1adi\u00f3 que el juicio ya se hab\u00eda culminado y se orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la demanda, decisiones que no pod\u00edan ser alteradas en sede de tutela, m\u00e1xime que no se advert\u00eda un perjuicio irremediable. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la gestora, quien argument\u00f3 que: i) no se tuvo en cuenta como litisconsorte para defender su propiedad; ii) se aval\u00f3 que el juez accionado perdi\u00f3 competencia para emitir orden de levantamiento de la medida, cuando aquello es de su resorte, pues s\u00f3lo se expropi\u00f3 una peque\u00f1a porci\u00f3n que no tiene efectos sobre el lote de mayor extensi\u00f3n y, por tanto, no es la ANI quien debe resolverlo; iii) la imposibilidad de inscribir su propiedad le genera un perjuicio, pues as\u00ed se lo exige la empresa azucarera que le compra la producci\u00f3n de sus cultivos; y iv) al no estar registrado su t\u00edtulo, la tutela es el \u00fanico mecanismo id\u00f3neo. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con el auto que neg\u00f3 su solicitud de levantamiento de la medida cautelar que reposa sobre el predio identificado con FMI 130-16165. <\/p>\n
2. De la revisi\u00f3n del expediente objeto de censura, se establece que la accionante no recurri\u00f3 el auto del 13 de abril de 2023, notificado por estado electr\u00f3nico del d\u00eda siguiente, de manera que desperdici\u00f3 la oportunidad que tuvo a su alcance para controvertir esa providencia, omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional, para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias (En ese sentido, ver CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, debe precisarse que la escritura p\u00fablica de compraventa 639 data del 24 de mayo de 2007, lo cual desvirt\u00faa la impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia del perjuicio alegado por la tutelante en el escrito de impugnaci\u00f3n, m\u00e1xime que fue su incuria, prolongada durante varios a\u00f1os, la que dio lugar a la falta de inscripci\u00f3n del referido negocio jur\u00eddico, as\u00ed como la no interposici\u00f3n de recurso contra el auto que le neg\u00f3 lo pretendido, omisiones que son atribuibles a la propia accionante. <\/p>\n
3. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, en cuanto declar\u00f3 improcedente la tutela, pero por las razones referidas en esta providencia. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 144, \u00ab01CuadernoPrincipalNo1\u00bb, expediente 2017-00004. <\/p>\n
2\u0002 Folio 141, \u00ab01CuadernoPrincipalNo2\u00bb, expediente 2017-00004. <\/p>\n
3\u0002 Documento 012, carpeta \u00ab003Continuaci\u00f3nCuadernoPrincipal\u00bb, expediente 2017-00004. <\/p>\n
4\u0002 Documento 014, ibidem. <\/p>\n
<\/p>\n
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