STC6225-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6225-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02351-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Dolfus Francisco Reyes Le\u00f3n contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Diecisiete de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, mediante apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, que dice vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se disponga \u00abrevocar parcialmente la sentencia de primera instancia…, confirmada por el Honorable Tribunal… y en su lugar revocar el numeral cuarto y sexto\u00bb; que se declare que \u00abel demandado en reivindicatorio Genaro L\u00f3pez Mu\u00f1oz actu\u00f3 de mala fe en el tr\u00e1mite… que enajen\u00f3 el bien inmueble… vendido por Mercedes Lilia M\u00e9ndez de Reyes…\u00bb, as\u00ed como \u00abla demandada en reivindicatorio Ana Yolanda L\u00f3pez Borda actu\u00f3 de mala fe\u00bb; se tengan por ineficaces \u00abla[s] escritur[as] de compraventa… radicado 1401 del 23 de agosto de 2013… 2805 del 5 de diciembre del a\u00f1o 2014…\u00bb; se ordene que \u00abel bien…. se[a] reinvindicado… a la sucesi\u00f3n…\u00bb; que se decreten \u00abnulas las anotaciones del certificado de tradici\u00f3n y libertad…\u00bb; y que se \u00abconden[e] en costas a los demandados\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dolfus Francisco Reyes Le\u00f3n promovi\u00f3 juicio de petici\u00f3n de herencia contra Tito Antonio Reyes Contreras y reivindicatorio contra Mercedes Lilia M\u00e9ndez de Reyes, Genaro L\u00f3pez Mu\u00f1oz y Ana Yolanda L\u00f3pez Borda, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Diecisiete de Familia de Bogot\u00e1, el que dict\u00f3 sentencia el 23 de abril de 2021, en la que declar\u00f3 que el demandante ten\u00eda vocaci\u00f3n hereditaria para suceder al causante en su calidad de hijo; que era ineficaz la partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n realizada en escritura de febrero 7 de 2012 en la Notar\u00eda Primera Soacha; declar\u00f3 probada \u00fanicamente la excepci\u00f3n de buena fe propuesta por el demandado en el reivindicatorio Genaro L\u00f3pez; orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n donde fue registrada la sucesi\u00f3n, la que no le era oponible a los demandados en reivindicatorio se\u00f1ores Genaro L\u00f3pez y Ana Yolanda L\u00f3pez Borda por ser adquirientes de buena fe exenta de culpa; conden\u00f3 a Tito Antonio Reyes Contrera y a Mercedes Lilia M\u00e9ndez De Reyes a reintegrar al demandante la suma de $40.000.000 indexada, as\u00ed como a pagar $1.500.000 a t\u00edtulo de frutos y costas. <\/p>\n
2.2. La Sala de Familia del Tribunal Superior de esta ciudad, en fallo de 29 de julio de 2022 confirm\u00f3 la aludida determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que era hijo extramatrimonial del causante Euclides Reyes Contreras, quien falleci\u00f3 el 17 de octubre de 2011; que Tito Antonio Reyes Contreras, era hermano de aquel, pese a que conoc\u00eda su existencia, vendi\u00f3 sus derechos en la herencia a su hija Alejandra Reyes M\u00e9ndez, la que a su vez los enajen\u00f3 a su madre Mercedes Lilia M\u00e9ndez de Reyes, esposa de Titto Antonio Reyes Contreras, el 20 de diciembre de 2011. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que Mercedes Lilia M\u00e9ndez de Reyes adelant\u00f3 la sucesi\u00f3n del causante en la Notar\u00eda Primera de Soacha, en la que se le adjudic\u00f3 el bien objeto del proceso, en escritura 283 del 7 de febrero de 2012; y que posteriormente, aquella lo vendi\u00f3 en agosto del 2013 a Genaro L\u00f3pez Mu\u00f1oz, con quien era consuegra, por ser los progenitores de Janeth Reyes y Rafael L\u00f3pez, \u00faltimo que se lo vendi\u00f3 a su hija Ana Yolanda L\u00f3pez Borda, actual propietaria. <\/p>\n
2.5. Adujo que promovi\u00f3 el juicio criticado con miras a que se declarara que vocaci\u00f3n hereditaria y mejor derecho, adem\u00e1s de deprecar la reivindicaci\u00f3n del bien, que se declarara ineficaz la partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n realizada y se cancelaran los respectivos registros. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que la sentencia accedi\u00f3 parcialmente a las pretensiones incoadas, salvo que declar\u00f3 que los compradores Genaro L\u00f3pez Mu\u00f1oz y Ana Yolanda L\u00f3pez Borda eran de buena fe, lo que generaba un desacierto procesal; y que no se tuvo en cuenta el art\u00edculo 1325 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2.7. Asever\u00f3 que prob\u00f3 la mala fe de los compradores y el v\u00ednculo familiar que los un\u00eda; que se patrocin\u00f3 la ilegalidad del acto fraudulento; y que Genaro indic\u00f3 que ten\u00eda conocimiento de la sucesi\u00f3n de su consuegra, aduciendo que todo fue legal, pues se hab\u00edan efectuado las publicaciones. <\/p>\n
2.8. Refiri\u00f3 que en las declaraciones Ana Yolanda se\u00f1al\u00f3 que el bien era de su padre; que ellos desconoc\u00edan la ubicaci\u00f3n del inmueble; que existieron contradicciones; que el fallo de segundo grado le dio legalidad al fraude cometido; que no contaba con cuant\u00eda para la casaci\u00f3n; que se incurri\u00f3 en un defecto sustantivo y f\u00e1ctico; que se le impon\u00eda una carga excesiva, pues no estaba llamado a probar la buena o mala fe; y que las determinaciones eran erradas. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 el link del expediente criticado. <\/p>\n
2. El Juzgado Diecisiete de Familia de esta ciudad realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que le hab\u00eda impartido el impulso procesal al tr\u00e1mite de la referencia; y que hab\u00eda actuado conforme a derecho. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre la sentencia de segunda instancia de 29 de julio de 2022; y la interposici\u00f3n de la tutela el 9 de junio de 2023, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que fuera demostrado ning\u00fan motivo que justifique esa tardanza. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026 si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. Se destaca que la anterior conclusi\u00f3n no sufre ninguna modificaci\u00f3n por el hecho de que la parte demandante hubiera formulado recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pues tal censura era \u00ababiertamente improcedente\u00bb, como lo indicara el Tribunal acusado en auto de 28 de febrero de 2023. <\/p>\n
Sobre el particular, en un asunto que guarda cierta simetr\u00eda con el de ahora, esta Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
Se advierte el fracaso de este auxilio, por la desatenci\u00f3n del querellante en relaci\u00f3n con el presupuesto de inmediatez, pues entre la data del prove\u00eddo atacado, 8 de agosto de 2018, y la fecha de formulaci\u00f3n del resguardo, 17 de junio de 2019, trasegaron m\u00e1s de diez (10) meses, sin evidenciarse circunstancias que justifiquen la inactividad del supuesto afectado. El per\u00edodo trasegado entre tales cronolog\u00edas supera el plazo de seis (6) meses adoptado por esta Sala como razonable para reclamar la protecci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
Cabe precisar que la interposici\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n no ten\u00eda la virtud de interrumpir el memorado lapso, toda vez que el citado mecanismo de defensa era abiertamente improcedente, pues las pretensiones econ\u00f3micas rechazadas por el ad quem ascend\u00edan a $612.000.000, distando por mucho del l\u00edmite m\u00ednimo del \u201cinter\u00e9s para recurrir\u201d estatuido por el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso (CSJ STC8697-2019, 4 jul. 2019, rad. 2019-01992-00, reiterada en STC2663-2020, 12 mar. 2020, rad. 2020-00636-00). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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