STC6227-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6227-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2023-00125-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 23 de mayo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gladys del Socorro Orozco Cardona contra el Juzgado Trece de Familia y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos -zona sur- de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando por intermedio de apoderado judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, petici\u00f3n, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que Rub\u00e9n Dar\u00edo Orozco, quien \u00abtuvo y reconoci\u00f3 tres hijos a saber: Gladys del Socorro Orozco Cardona, Jorge Iv\u00e1n Orozco Cardona y Paula Andrea Orozco, [quienes] a la fecha son mayores de edad (\u2026), a trav\u00e9s de escritura p\u00fablica Nro. 1019 del 02-09-1997 de la Notar\u00eda de La Estrella Antioquia, realiz\u00f3 [con Luz Marina Osorio Orozco] la compraventa de [un] inmueble [identificado con matr\u00edcula n\u00b0 001-699184]\u00bb, sobre el cual \u00abse constituy\u00f3 patrimonio de familia inembargable a favor de los menores hijos de la pareja [adquirente], que para el momento (\u2026) era Paula Andrea Orozco Osorio\u00bb. <\/p>\n
Que tras el deceso del se\u00f1or Orozco el 23 de junio de 2001, \u00abse adelant\u00f3 [juicio sucesorio] ante el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Medell\u00edn, [en cuyo proceso] con radicado Nro. 2012-0598 (\u2026), se emiti\u00f3 sentencia de aprobaci\u00f3n de trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de los bienes\u00bb, disponi\u00e9ndose su inscripci\u00f3n \u00abante la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos (\u2026), tr\u00e1mite [que] se ha intentado realizar en varias oportunidades siendo la \u00faltima (\u2026) el 17 de marzo del a\u00f1o 2017 y ha sido rechazada como consecuencia de que, la propiedad posee una afectaci\u00f3n a patrimonio de familia inembargable\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abde manera verbal se ha solicitado a las se\u00f1oras Paula Andrea Orozco Osorio (\u2026) y Luz Marina Osorio Orozco (\u2026), [realizar el] levantamiento de patrimonio de familia de com\u00fan acuerdo ante notar\u00eda, pero las demandadas se han negado de manera persistente. Aun sabiendo que las razones para mantener dicha medida a hoy ya no existen, pues el se\u00f1or Rub\u00e9n falleci\u00f3, se adelant\u00f3 proceso de sucesi\u00f3n, fue aprobado el trabajo de partici\u00f3n, adjudicadas las respectivas hijuelas y todos los hijos ya son mayores de edad\u00bb. <\/p>\n
Que, \u00abdespu\u00e9s de la liquidaci\u00f3n y pago de impuesto de registro, se radic\u00f3 solicitud de Registro ante la Oficina de registro de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn – Zona Sur, el d\u00eda 17 de febrero del a\u00f1o 2017, [la cual fue] contestada con nota devolutiva del 27 de febrero del a\u00f1o 2023, indicando: \u201cla cancelaci\u00f3n del patrimonio de familia se debe protocolizar por escritura p\u00fablica\u201d, situaci\u00f3n que no es posible porque como se inform\u00f3 (\u2026), las copropietarias del inmueble no est\u00e1n de acuerdo en la acci\u00f3n de levantamiento de patrimonio de Familia y en dicho caso no es posible elevar el levantamiento ante Notaria\u00bb. <\/p>\n
Que el 18 de abril de 2023, solicit\u00f3 al juzgado accionado \u00abdiera tr\u00e1mite y adelantara de acuerdo a su competencia el proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria \u2013 solicitud de levantamiento de patrimonio de familia, a lo que el despacho no se pronunci\u00f3 de manera formal, sino que indic\u00f3 v\u00eda correo electr\u00f3nico: \u201cNO SE ACUSA RECIBIDO, el expediente fue remitido por competencia a la ORIP de Medell\u00edn – Zona Sur\u00bb, actuaci\u00f3n que estima vulneradora de sus prerrogativas \u00abal no permitir acceder a la satisfacci\u00f3n de su inter\u00e9s y derecho a la justicia en desconocimiento de las normas prescritas para el caso particular\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse ordene al Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn o [a la] Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos \u2013 zona sur, (\u2026) pronunciarse de fondo con una soluci\u00f3n o la ejecuci\u00f3n del proceso previsto y de acuerdo a la demanda radicada, con observancia de las leyes que competen en la materia, emitiendo una sentencia de fondo de acuerdo a los par\u00e1metros normativos aplicables\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La Juez Trece de Familia de Medell\u00edn, solicit\u00f3: (i) \u00abse declare improcedente el amparo constitucional por falta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad respecto al Juzgado, (\u2026) por cuanto a\u00fan no se ha dado tramite al conflicto de competencia de que trata el art. 139 del CGP en concordancia con los arts. 39 y el n\u00fam. 10 del art. 112 de la Ley 1437 de 2011, en el caso hipot\u00e9tico de que la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn \u2013 Zona Sur, se declare incompetente igualmente para conocer del presente asunto, para lo cual ser\u00e1 la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, quien determinar\u00e1 a quien corresponde la competencia\u00bb; y, (ii) \u00abconceder[lo] en relaci\u00f3n a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos (\u2026), en caso de haberse declarado incompetente, y en el evento en que no haya remitido el expediente [al Consejo de Estado]\u00bb. Agreg\u00f3 que procedi\u00f3 \u00aben estricto acatamiento del art. 90 del CGP y el art. 29 de la Ley 70 de 1931, [y que] similar evento se present\u00f3 con anterioridad en otro proceso, y aunque el tribunal de primera instancia concedi\u00f3 [el auxilio], fue revocado por [esta Sala] en sentencia STC2473-2023\u00bb. <\/p>\n
2. La Registradora Principal de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn Zona Sur, afirm\u00f3 que esa entidad \u00abde ninguna manera ha violado los derechos fundamentales invocados\u00bb; que el \u00aboficio 00871-00 del 13-12-2022 del Juzgado 13 de Familia (\u2026) mediante el cual se resuelve \u201crechazar la solicitud de jurisdicci\u00f3n voluntaria de levantamiento de patrimonio de familia inembargable y enviar por competencia el proceso a la Oficina de Registro\u201d, (\u2026), no es un acto sujeto a registro y no contiene una orden judicial de levantar un patrimonio de familia, es m\u00e1s, ni siquiera menciona el inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 001-699184 (no 001-699147 como err\u00f3neamente se cita en el escrito de tutela), ni ninguno otro. Por esa raz\u00f3n, [se] inadmiti\u00f3 el documento mediante nota devolutiva impresa el 27 de febrero de 2023 y notificada el 10 de marzo de 2023\u00bb, contra la cual \u00abno se interpusieron los recursos de ley\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que \u00abpara levantar un patrimonio de familia se debe tener sentencia de Juez o haber hecho la cancelaci\u00f3n por procedimiento Notarial, o como es el caso cuando ya no hay menores deben concurrir los interesados a la Notar\u00eda y hacer el levantamiento por medio de escritura P\u00fablica aplicando el principio de que en derecho las cosas se deshacen como se hacen. En otras palabras, se debe dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 62 de la ley 1579 de 2012\u00bb, y a\u00f1adi\u00f3 que la juez \u00abse extralimita en sus funciones, porque a ella solo le compet\u00eda el admitir o rechazar la demanda y si la deb\u00eda remitir por competencia a otra entidad que formara parte de la rama judicial, no a la Oficina de Registro puesto que nosotros no tenemos funciones judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Concedi\u00f3 la tutela respecto del juzgado, al establecer que en el caso examinado, \u00abla juez accionada es la competente para conocer y resolver la solicitud de levantamiento del patrimonio de familia inembargable, toda vez que quien ejerce la acci\u00f3n es una de las beneficiarias del mismo y heredera de Rub\u00e9n Dar\u00edo Cardona, contra Luz Marina Osorio Orozco en calidad de propietaria del 50% del inmueble objeto de dicha limitaci\u00f3n y Paola Andrea Orozco Osorio, hija com\u00fan de los adquirentes del inmueble y constituyentes del patrimonio de familia y heredera del finado. Por consiguiente, es di\u00e1fano que la funcionaria accionada al declarar la falta de competencia y ordenar remitir el expediente a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, citando como \u00fanico fundamento sustancial de su decisi\u00f3n el art\u00edculo 29 de la Ley 70 de 1931, norma no aplicable a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica expuesta en el libelo genitor y que tampoco le atribuye a esa autoridad administrativa el conocimiento de dicho asunto, vulner\u00f3 los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026), por cuanto incurri\u00f3 en los defectos sustantivo o material y en falta de motivaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, advirti\u00f3 \u00abque la nota devolutiva impresa en febrero 27 de 2023, no constituye una actuaci\u00f3n arbitraria o caprichosa, porque, en primer lugar, tiene fundamento en el r\u00e9gimen de patrimonio de familia inembargable, el que se constituy\u00f3 frente al inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No.001-699184 y, en segundo lugar, porque le asiste raz\u00f3n en la manifestaci\u00f3n realizada por dicha entidad al contestar la solicitud de tutela, en cuanto a que el expediente que le fue remitido en diciembre 13 de 2022, no es un acto sujeto de registro y no contiene una orden de cancelarlo, por lo que no se advierte irregularidad alguna, [pues] la nota devolutiva, se ajusta a lo previsto en el art\u00edculo 62 de la Ley 1579 de 2012\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la funcionaria querellada para insistir en los argumentos expuestos al responder la salvaguarda. <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si los convocados vulneraron las prerrogativas fundamentales invocadas por la demandante, en tanto: (i) el Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn, rechaz\u00f3 de plano la demanda de cancelaci\u00f3n de patrimonio de familia inembargable, aduciendo que la competencia para tal evento reca\u00eda en el Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esa ciudad; y (ii) la autoridad registral emiti\u00f3 \u00abnota devolutiva\u00bb, pretextando que la referida cancelaci\u00f3n \u00abdebe protocolizar[se] por escritura p\u00fablica\u00bb, y que los documentos remitidos no son susceptibles de inscripci\u00f3n para los efectos perseguidos por la solicitante. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Seg\u00fan la decantada jurisprudencia de esta Corte, la acci\u00f3n constitucional dirigida contra esta clase de decisiones, solamente procede cuando los funcionarios incurren en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo. Ello, porque en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez del resguardo no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por tanto, aunque los falladores ordinarios tienen libertad discreta y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento legal, los jueces constitucionales pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo y, por tanto, se hace indispensable restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: \u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar [la salvaguarda] del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183, citada entre otras en STC7763-2022, 22 jun., rad. 00440-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 el fallo de primera instancia, comoquiera que: (i) es evidente la incursi\u00f3n del Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn en yerros espec\u00edficos de procedibilidad que lesionan las prerrogativas superiores de la actora y, por ende, amerita la intervenci\u00f3n del fallador excepcional, y (ii) frente a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, se suscita ausencia de vulneraci\u00f3n, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. De la cancelaci\u00f3n del patrimonio de familia inembargable. <\/p>\n
Sobre la definici\u00f3n de competencia y del tr\u00e1mite para abordar el asunto que en esta sede es objeto de estudio, se hace necesario recordar que, con sujeci\u00f3n a la normativa aplicable y la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando existe desacuerdo entre los beneficiarios del patrimonio de familia inembargable (es decir entre los c\u00f3nyuges y\/o hijos menores), resulta imposible su levantamiento en la forma voluntaria prevista en el art\u00edculo 23 de la Ley 70 de 1931, caso en el cual solamente podr\u00eda hacerse de manera judicial como se establece para los fen\u00f3menos de la sustituci\u00f3n o subrogaci\u00f3n patrimonial inembargable, prevista en los art\u00edculos 24 a 26 de la precitada ley (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) Sin embargo el tr\u00e1mite es diferente. En efecto: cuando hay acuerdo para la sustituci\u00f3n la intervenci\u00f3n judicial se efect\u00faa, (\u2026) mediante proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria tendiente a nombrar el curador ad hoc para que consienta o no el levantamiento del patrimonio de familia de un bien, y la autorizaci\u00f3n para que otro bien lo reemplace en ese patrimonio de familia inembargable. En cambio, cuando hay desacuerdo entre el constituyente y alguno de los beneficiarios del patrimonio de familia inembargable, se estructura un asunto contencioso de familia, mas no de jurisdicci\u00f3n voluntaria, que requiere intervenci\u00f3n judicial con \u201cpleno conocimiento de causa\u201d (Art. 25, Ley 70 de 1931), raz\u00f3n por la cual su conocimiento corresponde a la jurisdicci\u00f3n de familia (Art. 5\u00b0, literal j, Decreto 2272 de 1989) por el tr\u00e1mite contencioso se\u00f1alado en la ley (encabezamiento del art\u00edculo 5\u00b0, Decreto 2272 de 1989) para el proceso verbal sumario (Art. 435, numeral 10, del C.P.C. [hoy art\u00edculo 390-7 del CGP]). De modo que en caso de desacuerdo entre los interesados, el levantamiento del patrimonio de familia inembargable solo puede obtenerse ante la jurisdicci\u00f3n de familia y en proceso contencioso verbal sumario, en el cual, con conocimiento de causa (fundado en la necesidad del levantamiento, su utilidad, provecho familiar o de los familiares beneficiarios, etc.), se decrete el levantamiento directo del patrimonio de familia inembargable, a fin de extinguir la modalidad especial de limitaci\u00f3n que significa este \u00faltimo. <\/p>\n
(\u2026) En efecto, conoce mediante el proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria cuando habiendo acuerdo entre los interesados, se requiere la intervenci\u00f3n judicial, en estos casos: <\/p>\n
a) Para la constituci\u00f3n del patrimonio (arts. 11 de la Ley 70 de 1931, y 649, numeral 1\u00b0., del C.P.C. -hoy art. 577-8 del CGP-), salvo las excepciones legales. <\/p>\n
b) Para la sustituci\u00f3n perfecta de un bien por otro en el patrimonio (arts. 24 a 26, Ley 70 de 1931, y 649, numeral 1\u00b0., del C.P.C. -hoy art. 577-8 del CGP). <\/p>\n
c) Para la simple designaci\u00f3n de curador ad hoc en favor de menores beneficiarios del patrimonio (arts. 23, Ley 70 de 1931, 649, numeral 12, del C.P.C. -hoy numerales 8 y 9 del art\u00edculo 577-8 CGP y 5o. letra F, Decreto 2272 de 1989), a fin de que \u00e9ste en uni\u00f3n del constituyente y su c\u00f3nyuge, posteriormente otorguen la escritura p\u00fablica de cancelaci\u00f3n del patrimonio de familia inembargable. <\/p>\n
(\u2026) Conoce mediante proceso contencioso verbal sumario del asunto de familia de levantamiento de patrimonio de familia inembargable cuando los beneficiarios del mismo se opusieren a prestar su consentimiento (arts. 25, parte final, Ley 70 de 1970, 5o., literal j), Decreto 2272 de 1989, y 435, numeral 10, C.P.C. -hoy 390-7 del CGP)\u00bb (CSJ AC, 1\u00b0 jun. 1993, exp. 4417). Se subraya. <\/p>\n
En suma, con observancia en la normativa especial sobre el r\u00e9gimen de patrimonio de familia inembargable, la reglamentaci\u00f3n de competencias prevista en el Decreto 2272 de 1989, que cre\u00f3 y organiz\u00f3 la especialidad de familia, y su concordancia con el estatuto procedimental general (art\u00edculos 21 y 390), al juez de familia le corresponde definir -mediante procedimientos distintos- la cancelaci\u00f3n de patrimonio de familia inembargable, cuando hay menores y cuando no hay consenso entre los constituyentes y beneficiarios, o entre estos y alg\u00fan interesado. <\/p>\n
3.2. De los defectos de procedibilidad en que incurri\u00f3 el juzgado de familia. <\/p>\n
3.2.1. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica da cuenta de que Rub\u00e9n Dar\u00edo Orozco y Luz Marina Osorio Orozco, mediante escritura p\u00fablica otorgada el 2 de septiembre de 1997, constituyeron patrimonio de familia inembargable a favor suyo y de los hijos menores comunes, recayendo tal beneficio en Paula Andrea Orozco Osorio -quien a la fecha cuenta con 35 a\u00f1os de edad, y de que tras el deceso del se\u00f1or Orozco el 23 de junio de 2001, se adelant\u00f3 juicio de sucesi\u00f3n que concluy\u00f3 en 2012 con la adjudicaci\u00f3n de dicho bien a sus causahabientes, entre ellos la ac\u00e1 accionante. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se acredit\u00f3 en estas diligencias, que la constituyente que sobrevive y la beneficiaria del patrimonio de familia no han mostrado inter\u00e9s en levantar el referido patrimonio de familia, acudiendo para ello a manifestar su voluntad por v\u00eda notarial, y que en tales circunstancias, por mandato legal, deviene id\u00f3nea la intervenci\u00f3n judicial deprecada por la hoy querellante, a quien le asiste inter\u00e9s en cancelar la afectaci\u00f3n existente sobre el predio que forma parte de su derecho de cuota herencial. <\/p>\n
Conforme con las circunstancias expuestas y lo se\u00f1alado en el ac\u00e1pite precedente, la Sala advierte que no estuvo acorde con el orden jur\u00eddico la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn al rechazar la demanda formulada por la querellante, pues ante la falta de consenso entre los interesados para el levantamiento de la aludida afectaci\u00f3n, corresponde a la autoridad judicial definir la pretensi\u00f3n bajo un tr\u00e1mite contencioso breve y sumario que garantice a las partes el debido proceso. <\/p>\n
Ciertamente, obvi\u00f3 que el art\u00edculo 7\u00b0 de dicha norma prev\u00e9 que \u00abel patrimonio de familia, salvo que se diga lo contrario en el acto constitutivo, se considera establecido no s\u00f3lo a favor del beneficiario designado, sino de su c\u00f3nyuge y de los hijos que lleguen a tener\u00bb, e igualmente, que el precepto 27 consagra que dicha limitaci\u00f3n, \u00absubsiste despu\u00e9s de la disoluci\u00f3n del matrimonio, a favor del c\u00f3nyuge sobreviviente, aun cuando no tenga hijos\u00bb, y de paso el canon 28, seg\u00fan el cual \u00ab[m]uertos ambos c\u00f3nyuges, subsiste el patrimonio de familia si quedaren alguno o m\u00e1s hijos (\u2026) menores reconocidos (\u2026)\u00bb. Se destaca. <\/p>\n
Esto, porque en el caso sub j\u00fadice, si bien Paula Andrea Orozco Osorio, hija com\u00fan de la pareja, actualmente es mayor de edad, como tambi\u00e9n lo son los dem\u00e1s descendientes del se\u00f1or Orozco, el gravamen sigue vigente a favor de Luz Marina Osorio Orozco, en su calidad de consorte del hoy causante. <\/p>\n
De ah\u00ed que resultara inaplicable el canon 29 que invoc\u00f3 la funcionaria acusada, pues si bien \u00abtodos\u00bb los beneficiarios del patrimonio de familia son mayores de edad, la afectaci\u00f3n no se \u00abextingue\u00bb respecto de la c\u00f3nyuge sobreviviente, quien como se vio tambi\u00e9n es beneficiaria, y como ella y su hija Paula Andrea evidenciaron disenso con su levantamiento, la situaci\u00f3n se torna contenciosa y para dirimirla es imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de familia. <\/p>\n
Entonces, de lo anterior emerge pertinente la interpretaci\u00f3n establecida en los precedentes de esta Corporaci\u00f3n, atinentes a que la falta de consentimiento entre los beneficiarios del patrimonio de familia, hace imperioso acudir al juez de familia para que defina el asunto, atendiendo el tr\u00e1mite de un proceso verbal sumario conforme lo prev\u00e9 el literal j) del art\u00edculo 5\u00b0 del Decreto 2272 de 1989, concordante con el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Adem\u00e1s de que no era dable que el despacho accionado rechazara de plano la demanda, tampoco lo es que, motu proprio, dispusiera su remisi\u00f3n a la autoridad administrativa que consider\u00f3 competente, pues de un razonable entendimiento del art\u00edculo 90 ibidem, no se infiere que tal env\u00edo resultara procedente. <\/p>\n
Ahora, pese a que el 18 de abril de 2023 la actora acredit\u00f3 al juzgado que la autoridad registral no asum\u00eda el conocimiento del asunto, y por tanto insisti\u00f3 en que \u00abdiera tr\u00e1mite y adelantara de acuerdo a su competencia el proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria (sic) \u2013 solicitud de levantamiento de patrimonio de familia\u00bb, la titular del estrado encartado se abstuvo de proferir providencia formal que resolviera de fondo lo pedido, denegando as\u00ed el acceso de la actora a una pronta y eficaz administraci\u00f3n de justicia, pues se limit\u00f3 a autorizar que la secretar\u00eda respondiera: \u00abNO SE ACUSA RECIBIDO, el expediente fue remitido por competencia a la ORIP de Medell\u00edn – Zona Sur\u00bb. <\/p>\n
3.2.2. As\u00ed las cosas, del proceder del accionado emerge la incursi\u00f3n, en primer lugar, de un yerro sustantivo o material, por cuanto se rigi\u00f3 bajo un contenido normativo que est\u00e1 en discordancia con la problem\u00e1tica planteada, toda vez que no fue acertada la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las disposiciones contenidas en la Ley 70 de 1931. <\/p>\n
N\u00f3tese el yerro surge cuando \u00abel contenido de la disposici\u00f3n no tiene conexidad material con los presupuestos del caso\u00bb, y tambi\u00e9n cuando \u00abse le reconocen efectos distintos a los expresamente se\u00f1alados por el legislador\u00bb (CC T-774\/04, SU-1185\/01 y T-781\/11, entre otras). En el sub lite, pese a que el pronunciamiento alude a la normativa pertinente y aplicable, la situaci\u00f3n tra\u00edda por la actora para conocimiento y desarrollo de la judicatura, no fue atendida en los t\u00e9rminos que all\u00ed se consagran. <\/p>\n
Del mismo modo, la actuaci\u00f3n defectuosa bajo esa misma causal, surge del desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales que, de vieja data, han definido la manera de abordar este tipo de situaciones jur\u00eddicas, evitando siempre dejar sin soluci\u00f3n los conflictos, y menos cuando para ello basta con adelantar un procedimiento breve y sumario claramente reglado en el ordenamiento legal, de manera que el usuario reciba del Estado una pronta y eficaz administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
En segundo lugar, se configura un defecto procedimental absoluto, porque, so pretexto de ce\u00f1irse al principio de legalidad, desconoci\u00f3 su funci\u00f3n como garante de los derechos de las partes, en particular de la actora, al actuar al margen del procedimiento al no dar adecuado alcance a las garant\u00edas contenidas en las disposiciones que rigen \u00abcompetencia\u00bb, \u00abadmisi\u00f3n, inadmisi\u00f3n y rechazo de la demanda\u00bb, as\u00ed como las referentes al tr\u00e1mite para ese tipo de asuntos que contempla tanto el Decreto 2272 de 1989 y el estatuto adjetivo general, de acuerdo a lo descrito en precedencia. <\/p>\n
Asimismo, el acusado soslay\u00f3 el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, que previene: \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, se hace necesario insistir en que, para dar una interpretaci\u00f3n id\u00f3nea a la normativa adjetiva, se requiere verificar si los supuestos y las circunstancias concretas se ajustaban al texto legal, porque el simple acogimiento de formalismos en contrav\u00eda de garant\u00edas esenciales, acarrea quebranto a las prerrogativas superiores del debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, pues, conforme lo recuerda la jurisprudencia constitucional, en ese labor\u00edo, los jueces: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) deben ser conscientes de la trascendental importancia que tiene el derecho procesal en cuanto a medio garantizador de los derechos materiales, dentro del marco de un debido proceso. En consecuencia, el actuar general debe ser guiado por la coexistencia de estas manifestaciones normativas permitiendo que en un marco jur\u00eddico preestablecido se solucionen los conflictos de \u00edndole material. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, si el derecho procesal se torna en obst\u00e1culo para la efectiva realizaci\u00f3n de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal har\u00eda \u00e9ste en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administraci\u00f3n de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realizaci\u00f3n del derecho material (art. 228)\u00bb (CC T-1306\/01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha dicho que el juzgador incurre en un defecto procedimental, cuando procede a: \u00ab(i) aplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), de igual manera, cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
3.3. De la ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Este impedimento de procedibilidad emerge frente al reproche dirigido contra la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos -zona sur\u2013 de Medell\u00edn, porque a tono con lo discurrido en el anterior ac\u00e1pite, de parte de dicha autoridad registral no se vislumbra afectaci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales de la querellante. <\/p>\n
En efecto, para que de cara al \u00aboficio 00871-00 del 13-12-2022 del Juzgado 13 de Familia (\u2026), mediante el cual se resuelve \u201cRechazar la solicitud de jurisdicci\u00f3n voluntaria de levantamiento de patrimonio de familia inembargable y enviar por competencia el proceso a la Oficina de Registro\u201d\u00bb, el 27 de febrero de 2023 la entidad expidiera \u00abnota devolutiva\u00bb, se\u00f1alando que tal documentaci\u00f3n no constituye un acto sujeto de registro, observ\u00f3 lo previsto en el canon 62 de la Ley 1579 de 2012, seg\u00fan el cual, \u00ab[el]l Registrador proceder\u00e1 a cancelar un registro o inscripci\u00f3n cuando se le presente la prueba de la cancelaci\u00f3n del respectivo t\u00edtulo o acto, o la orden judicial o administrativa en tal sentido. La cancelaci\u00f3n de una inscripci\u00f3n se har\u00e1 en el folio de matr\u00edcula haciendo referencia al acto, contrato o providencia que la ordena o respalda, indicando la anotaci\u00f3n objeto de cancelaci\u00f3n\u00bb. Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
Esto, porque la comunicaci\u00f3n en comento, lejos est\u00e1 de constituir una sentencia a trav\u00e9s de la cual se disponga la cancelaci\u00f3n del patrimonio de familia, como tampoco corresponde a una escritura p\u00fablica que exprese la voluntad de los interesados en dicha cancelaci\u00f3n, pues, se itera, para que el funcionario registral levante ese tipo de inscripciones del folio inmobiliario, se requiere una orden judicial en ese sentido, o el consentimiento de la constituyente y beneficiaria, expresado mediante el correspondiente instrumento p\u00fablico. <\/p>\n
Entonces, por cuanto la censura contra la Oficina de Registro no conlleva afectaci\u00f3n a derecho fundamental alguno, el auxilio se torna improcedente, pues la reiterada jurisprudencia de esta Corte ha sostenido: \u00abpara que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger, han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 29 may. 2001, exp. 0294-01, citada en STC10498-2022, 11 ago., rad. 00177-01, entre otras). <\/p>\n
De igual modo, ha dicho que para la procedencia del ruego tuitivo, \u00ab[se exige] el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr., rad. 00023-01, citada entre otras en STC3751-2023, 21 abr., 00359-01). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Se realiza en atenci\u00f3n al criterio de autoridad aludido por la titular del despacho enjuiciado para soportar la decisi\u00f3n ahora criticada, para se\u00f1alar que contrario a su dicho, la situaci\u00f3n resuelta por esta Sala mediante providencia STC2473-2023 (15 mar., rad. 00004-01), no se ajusta a los presupuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que comprenden la actual reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado, mediante el cual se concedi\u00f3 la protecci\u00f3n iusfundamental respecto de la queja dirigida contra el Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn, con las precisiones se\u00f1aladas en el cuerpo de esta providencia, y se desestim\u00f3 el resguardo enfilado contra la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, en la medida en que no se consolid\u00f3 afectaci\u00f3n a las prerrogativas invocadas por la demandante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, con las precisiones se\u00f1aladas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al tribunal a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Esta Sala, mediante STC STC953-2020, 6 feb., rad. 2019-00096-01, aclar\u00f3 que: \u00ab(\u2026) el vocablo \u201ccomunero\u201d all\u00ed empleado no puede entenderse en el sentido literal que regularmente hace menci\u00f3n a \u201ccopropietario\u201d, porque ello desatender\u00eda la prohibici\u00f3n inequ\u00edvoca del art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 70 de 1931 consistente en que el \u201cpatrimonio de familia no puede constituirse sino sobre el dominio pleno de un inmueble que no posea con otra persona proindiviso\u201d. Desde luego que ese t\u00e9rmino en verdad se corresponde con el de \u201cbeneficiario del gravamen\u201d, es decir, \u201cquien a cuyo favor se constituye\u201d (art. 2\u00ba ibidem). <\/p>\n
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STC6227-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC6227-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2023-00125-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74342","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74342","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74342"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74342\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74342"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74342"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74342"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}