STC6228-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6228-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 12 de abril de 2023, con la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Hernando Reyes Lizcano contra los Juzgados Tercero Civil Municipal y Primero Civil del Circuito de Pitalito. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a Yeison Garc\u00eda Polan\u00eda. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00abdiscriminaci\u00f3n en la valoraci\u00f3n de la prueba\u00bb y negaci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades censuradas al interior del proceso ejecutivo de radicado 2019-00295-00. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que, en el 2019 promovi\u00f3 demanda ejecutiva de menor cuant\u00eda, a fin de cobrar dos letras de cambio. La primera, con fecha de vencimiento del 3 de diciembre de 2016 por un valor de $30.000.000. Y la segunda con fecha de vencimiento del 16 de noviembre de ese a\u00f1o, por la suma de $90.000.000. Asignada la demanda, el Juzgado Municipal atacado -con auto del 28 de junio siguiente- admiti\u00f3 el libelo, libr\u00f3 mandamiento de pago y decret\u00f3 como medida cautelar el embargo del veh\u00edculo de placa VZF 381. <\/p>\n
2.1. Afirm\u00f3 que el demandado inicialmente fue notificado de forma personal el 12 de mayo de 2022 a trav\u00e9s de mensaje de datos. Sin embargo, con auto del 11 de julio de 2022 se descart\u00f3 tal notificaci\u00f3n, dado que el abogado del actor carec\u00eda de poder. Por tanto, la mencionada actuaci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo el 11 de julio siguiente por conducta concluyente. <\/p>\n
2.2. Manifest\u00f3 que, en raz\u00f3n a lo anterior, el demandado formul\u00f3 como excepci\u00f3n de m\u00e9rito la prescripci\u00f3n. El juzgado la declar\u00f3 probada y por consiguiente orden\u00f3 el levantamiento de la cautela, terminando el tr\u00e1mite referido. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n en el que aleg\u00f3 el desconocimiento del principio de \u00abiura novit curia\u00bb al no haberse dado aplicaci\u00f3n de la interrupci\u00f3n natural establecida en el art\u00edculo 2539 del C.G.P. Adem\u00e1s, recalc\u00f3 la presunta confesi\u00f3n realizada por la apoderada del demandado y afirm\u00f3 que la prescripci\u00f3n extintiva determinada en el art\u00edculo 94 de la Ley 1564 de 2012 no opera de manera objetiva. No obstante, el Juzgado Civil del Circuito censurado -con prove\u00eddo del 10 de febrero de 2023- resolvi\u00f3 confirmar la providencia recurrida. <\/p>\n
3. Demand\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales invocados. En consecuencia, deprec\u00f3 que se deje sin efecto el fallo proferido el 10 de febrero de 2023, con el cual se confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n adoptada en primera instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Pitalito1, luego de relatar sus actuaciones, manifest\u00f3 que la determinaci\u00f3n adoptada en el asunto debatido fue confirmada por el superior. Por tanto, pidi\u00f3 que se niegue el amparo. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pitalito2 manifest\u00f3 que su decisi\u00f3n \u00abanaliz\u00f3 todos y cada uno de los argumentos planteados a la luz de la jurisprudencia vigente, en especial la sentencia STC17213-2017 de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Civil con Magistrado ponente Dr. LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA sobre prescripci\u00f3n e interrupci\u00f3n natural y civil. Adicionalmente se determin\u00f3 que no hab\u00eda operado mora judicial, verific\u00e1ndose que no existi\u00f3 la se\u00f1alada inactividad del juzgado de conocimiento y que la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria se produjo por las actuaciones de la parte actora\u00bb. <\/p>\n
3. Yeison Garc\u00eda Polan\u00eda3, demandado al interior del tr\u00e1mite, recalc\u00f3 que se opone a las pretensiones del quejoso, pues \u00abel Juzgado primero del Circuito y Tercero Municipal, no incurrieron en ning\u00fan error al proferir la decisi\u00f3n, debido a que efectivamente las dos letras de cambia ya se encontraban prescritas, en ning\u00fan momento estos Despachos le dieron otro valor probatorio teniendo lo preceptuado en el \u201cArt\u00edculo 789. Prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria directa. La acci\u00f3n cambiaria directa prescribe en tres a\u00f1os a partir del d\u00eda del vencimiento\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional A-quo neg\u00f3 el amparo implorado. Destac\u00f3 que \u00abante la imposibilidad de practicar notificaci\u00f3n personal al demandado, pudo haber solicitado el correspondiente aviso o emplazamiento (art\u00edculo 293 ib\u00eddem)\u00bb. Adem\u00e1s, encontr\u00f3 que \u00aben las s\u00faplicas de la presente acci\u00f3n de amparo, el accionante expone la ocurrencia de un presunto defecto f\u00e1ctico por indebida valoraci\u00f3n probatoria, sin embargo, la afirmaci\u00f3n queda sin sustento alguno al comprobar y valorar las pruebas de los t\u00edtulos ejecutivos y el t\u00e9rmino otorgado por la Ley para notificar de forma personal, el auto que libra mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor insiste en los argumentos plasmados en el escrito inicial. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues aduce que no se analizaron \u00ablos argumentos f\u00e1cticos que sustentaron la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por el gestor, con ocasi\u00f3n de la determinaci\u00f3n proferida el 10 de febrero de 2023, con la cual se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del 14 de septiembre de 2022, que declar\u00f3 la prosperidad de la excepci\u00f3n propuesta de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio, y revisada la providencia censurada, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. <\/p>\n
2.1. Ciertamente, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva -con prove\u00eddo del 10 de febrero de 2023- confirm\u00f3 lo resuelto en el prove\u00eddo dictado el 14 de septiembre de 2022, con el cual se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria y el levantamiento de las medidas cautelares. Para ello, luego de analizar el art\u00edculo 789 del C\u00f3digo de Comercio, el 94 del C.G.P., el 2539 del C\u00f3digo Civil y la sentencia STC17213-2017 proferida por esta Corporaci\u00f3n referente a la prescripci\u00f3n extintiva, indic\u00f3 que, en el caso en concreto, \u00abla acci\u00f3n cambiaria prescribir\u00eda para la letra de cambio por valor de $90 millones el 17 de noviembre de 2019 y para la letra de cambio de $30 millones el 04 de diciembre de 2019\u00bb. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, se pronunci\u00f3 sobre los planteamientos expuestos por el actor en el recurso de apelaci\u00f3n que no fueron invocados en las correspondientes instancias para cuestionar la improcedencia de la prescripci\u00f3n por interrupci\u00f3n, tales como la confesi\u00f3n y el reconocimiento de la obligaci\u00f3n con pagos hasta el 2020, y se\u00f1al\u00f3 que \u00abel reconocimiento de una de las obligaciones se dio en la contestaci\u00f3n de la demanda (24 de mayo de 2022), es decir, con posterioridad a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria, por lo que conforme a la jurisprudencia estudiada, no se gener\u00f3 la interrupci\u00f3n a que hace referencia el apoderado actor, en ninguno de los casos, puesto que ya hab\u00eda operado el fen\u00f3meno prescriptivo desde el 17 de noviembre y 04 de diciembre de 2019 respectivamente\u00bb. <\/p>\n
2.4. As\u00ed mismo, respecto a la confesi\u00f3n, precis\u00f3 que para su configuraci\u00f3n \u00abse requiere que la manifestaci\u00f3n produzca a quien la realiza consecuencias jur\u00eddicas adversas o que favorezcan a la parte contraria (art. 191 N\u00b02). Por lo anterior, lo indicado en la contestaci\u00f3n de la demanda sobre el pago de la obligaci\u00f3n (de una de las letras de cambio que reconoce como firmada) derivado de un acuerdo de administraci\u00f3n del veh\u00edculo de servicio p\u00fablico, resultan favorables a su causa y no al del demandante y por ende no se puede hablar de confesi\u00f3n\u00bb. A rengl\u00f3n seguido, destac\u00f3 que \u00abes deber del demandante y su apoderado informar al juzgado de conocimiento los abonos realizados a las obligaciones representadas en las letras de cambio que se ejecutan, cosa que no sucedi\u00f3 en el caso bajo estudio sino hasta la interposici\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n (nuevamente con posterioridad a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria), en cuyo escrito tampoco se especificaron los valores abonados que se reconocen, ni la obligaci\u00f3n y forma en que se imputaron, para dilucidar las acreencias a que corresponden o si se trata de negocios jur\u00eddicos distintos. Ni en la demanda, ni al descorrer traslado de las excepciones arrim\u00f3 la parte acreedora al proceso tal informaci\u00f3n, sino con posterioridad a la configuraci\u00f3n de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiar\u00eda, por lo que no puede salir avante su tesis de la interrupci\u00f3n del fen\u00f3meno extintivo\u00bb. <\/p>\n
2.5. Enfatiz\u00f3 que el demandado no renunci\u00f3 a la prescripci\u00f3n, toda vez que \u00abpropuso la excepci\u00f3n de m\u00e9rito e indic\u00f3 que consideraba que el pago de lo adeudado al demandante (que se suscrib\u00eda \u00fanicamente a la letra de cambio por $30 millones) ya se hab\u00eda completado con anterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda, sumado a la no firma de uno de los t\u00edtulos valores, la letra de cambio por valor de $90.000.000 con fecha de vencimiento 17 de noviembre de 2016\u00bb. Finalmente, remarc\u00f3 la pasividad del demandante, dado que \u00abinici\u00f3 las actuaciones tendientes a la notificaci\u00f3n del demandado el 23 de enero de 2020, y solo hasta el 24 de febrero del mismo a\u00f1o solicit\u00f3 el emplazamiento sin realizar la publicaci\u00f3n del edicto emplazatorio conforme a lo ordenado en auto del 28 de febrero de 2020; aunado a lo anterior solo hasta mayo del a\u00f1o 2022 remiti\u00f3 notificaci\u00f3n del demandado a direcci\u00f3n electr\u00f3nica\u00bb. <\/p>\n
3. En consonancia con lo narrado, para esta Sala Civil y Agrario, independientemente de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.4 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y probatorio del tema debatido. Por tanto, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el accionante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Y \u00ab\u2026menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020). Adem\u00e1s, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-3. Anexo 11.responde tutela de HERNANDO REYES.pdf <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-2. Anexo 10.OFICIO No 374 RESPUESTA TUTELA CONTRA JUZGADO 2023-00063.pdf <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-11. Anexo 13.Contestacion acci\u00f3n de tutela.pdf <\/p>\n
4\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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