STC6230-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6230-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-22-13-000-2023-00056-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto el pasado 29 de mayo, dentro de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Menarco Angulo contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Primero Civil Municipal de Tumaco, la Fiscal\u00eda Veintinueve Seccional de la misma poblaci\u00f3n y el Consejo Seccional de la Judicatura de Nari\u00f1o, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el reivindicatorio 2018-00154. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso\u2026 acceso a la administraci\u00f3n de justicia [y] seguridad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
2. Dice que promovi\u00f3, contra su excompa\u00f1era permanente Eida Floria M\u00e1rquez, el proceso reivindicatorio se\u00f1alado en p\u00e1rrafos precedentes, respecto del bien distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria 242-4239 ubicado en el municipio de Barbacoas y que el conocimiento de tal asunto correspondi\u00f3, inicialmente, al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de dicha poblaci\u00f3n; dentro de dicho tr\u00e1mite, agrega, la convocada demand\u00f3 en reconvenci\u00f3n la usucapi\u00f3n del predio disputado. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, por virtud del cambio de radicaci\u00f3n ordenado por el Tribunal Superior de Pasto, la actuaci\u00f3n fue asignada al Juzgado Primero Civil Municipal de Tumaco, despacho que el 28 de noviembre de 2019 profiri\u00f3 fallo declarando la prescripci\u00f3n adquisitiva solicitada por la demandante en reconvenci\u00f3n; decisi\u00f3n que, al ser apelada por su apoderada, fue invalidada, junto con todo lo actuado a partir de la admisi\u00f3n de la demanda, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad con auto de 26 de febrero de 2020. <\/p>\n
Comenta que, rehecha la actuaci\u00f3n, el 13 de diciembre de 2021 la c\u00e9lula judicial de primer grado profiere una nueva sentencia, que fue igualmente invalidada por el juzgado de circuito el 24 de mayo de 2022 por desatenci\u00f3n del numeral 8 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, habida cuenta que no se practic\u00f3 en debida forma el emplazamiento de personas indeterminadas, conforme lo se\u00f1alan los numerales 6 y 7 del canon 375 del mismo compendio normativo. <\/p>\n
Sostiene que, dadas las irregularidades que, a su juicio, han rodeado la actuaci\u00f3n, realiz\u00f3 las siguientes actividades: <\/p>\n
– El 8 de septiembre de 2020 solicit\u00f3 al Consejo Seccional de la Judicatura de Nari\u00f1o ejercer vigilancia judicial administrativa sobre el proceso en cuesti\u00f3n, la cual fue archivada mediante auto de 13 de octubre de 2020 por cuanto no encontr\u00f3 irregularidad alguna en la tramitaci\u00f3n del asunto; empero, considera que en dicha decisi\u00f3n la aludida colegiatura \u00abnunca resolvi\u00f3 de fondo la situaci\u00f3n tan gravosa y vulneratoria [sic]\u00bb <\/p>\n
– El 25 de enero de 2022, junto con sus hijos Sandra Patricia, Xiomara de Jes\u00fas, Lerman Menarco y Nefer Abrah\u00e1n Angulo Qui\u00f1ones formularon denuncia penal contra el juez cognoscente por los delitos de \u00abprevaricato por acci\u00f3n y por omisi\u00f3n\u00bb, correspondi\u00e9ndole a la Fiscal\u00eda Veintinueve Seccional de Tumaco, sin que a la fecha tenga noticia de avance alguno. <\/p>\n
– Por \u00faltimo, el 16 de junio de 2022 recus\u00f3 al funcionario judicial, pero la misma fue negada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tumaco mediante auto de 13 de enero de 2023. <\/p>\n
3. El actor asegura que \u00abel Juzgado Primero civil municipal de Tumaco ha vulnerado mis derechos al debido proceso, seguridad jur\u00eddica pues ha proferido 2 sentencias en el mismo sentido y en las que adem\u00e1s ha omitido y decidi\u00f3 simplemente no fundamentar las decisiones a adoptadas, porque de haber hecho un adecuado an\u00e1lisis y valoraci\u00f3n, la soluci\u00f3n del asunto debatido hubiera variado sustancialmente. Dicho funcionario a pesar de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jur\u00eddico [sic]\u00bb <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, insistiendo en los planteamientos esbozados en la recusaci\u00f3n formulada el 16 de junio del a\u00f1o pasado, solicita se aparte del conocimiento del asunto al Juez Primero Civil Municipal de Tumaco y \u00abse designe nuevo juzgador para que conozca del proceso, pues llevamos m\u00e1s de seis a\u00f1os en este litigio y de continuar el mismo funcionario, solo ser\u00e1 una p\u00e9rdida de tiempo por la falta de idoneidad y honestidad de dicho funcionario para dirigir y fallar el proceso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS <\/p>\n
Y DEM\u00c1S VINCULADOS <\/p>\n
1. El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Nari\u00f1o solicit\u00f3 desestimar la salvaguarda en lo que a esa colegiatura ata\u00f1e por cuanto \u00abadelant\u00f3 en debida forma la vigilancia judicial administrativa solicitada\u2026 de conformidad con lo estipulado en la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia, art\u00edculo 101, numeral 6 y reglamentado mediante acuerdo n\u00famero PSCAA-8716 de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb, siendo ajeno a dicho tr\u00e1mite el examen de providencias judiciales, pues las mismas se encuentran amparadas en los principios constitucionales de autonom\u00eda e independencia de los jueces. <\/p>\n
2. El Juez Segundo Civil del Circuito de Tumaco advirti\u00f3 que el auto de 13 de enero del a\u00f1o en curso, por medio del cual neg\u00f3 la recusaci\u00f3n formulada contra el Juez Primero Civil Municipal de dicha poblaci\u00f3n, \u00abse ajust\u00f3 derecho, no vulner\u00f3 el debido proceso, se atendi\u00f3 lo dispuesto en el art. 141 y 143 del C.G.P. conforme al material probatorio arrimado dentro del proceso\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez Primero Civil Municipal de Tumaco hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso sobre el que se cierne la queja y resalt\u00f3 que \u00abha protegido los derechos procesales y sustanciales de las partes\u2026 no [ha] incurrido en v\u00eda de hecho, ni violentado del debido proceso, ni el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia ni la seguridad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
4. La Fiscal Veintinueve Seccional de Tumaco confirm\u00f3 que en ese despacho cursa el proceso distinguido con radicaci\u00f3n 2022-50097 contra el Juez Primero Civil Municipal de Tumaco por el delito de prevaricato por acci\u00f3n, encontr\u00e1ndose \u00aben etapa de indagaci\u00f3n\u00bb a la espera de que la polic\u00eda judicial, en cumplimiento de la orden emitida, recaude los elementos materiales de prueba a fin de \u00abtomar una decisi\u00f3n que en derecho correspond[a]\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pasto declar\u00f3 improcedente el resguardo incoado contra el Juzgado Primero Civil Municipal de Tumaco, la Fiscal\u00eda Veintinueve Seccional de la misma poblaci\u00f3n y el Consejo Seccional de la Judicatura. <\/p>\n
Frente a los dos primeros despachos mencionados, resalt\u00f3 que la salvaguarda desatend\u00eda el presupuesto de la subsidiariedad por cuanto, (i) la actuaci\u00f3n civil se encuentra en curso, siendo al interior de la misma donde el actor deb\u00eda reclamar el respeto por sus derechos fundamentales a trav\u00e9s de los mecanismos de defensa consagrados en el ordenamiento procesal, tal como lo ha hecho en anteriores oportunidades al apelar las sentencias que le han sido adversas y, (ii) Menarco Angulo no acredit\u00f3 haber acudido previamente al proceso penal a efectos de requerir celeridad en la tramitaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Respecto del Consejo Seccional de la Judicatura de Nari\u00f1o, se\u00f1al\u00f3 que no se cumpl\u00eda con el presupuesto de la inmediatez dado que entre la emisi\u00f3n del auto por medio del cual se dispuso el archivo de la vigilancia judicial administrativa solicitada y la formulaci\u00f3n de la presente tutela, transcurrieron \u00abm\u00e1s de dos a\u00f1os sin que se aprecie raz\u00f3n alguna para tal omisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en torno a la decisi\u00f3n del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tumaco de desestimar la recusaci\u00f3n formulada contra el Juez Primero Civil Municipal, sostuvo que de la misma \u00abno emerge defecto alguno que estructure una causal de procedencia espec\u00edfica y que habilite la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, cuando lo perseguido por la actora [sic] es imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele al asunto planteado, prop\u00f3sito que no se acompasa con la finalidad de esta acci\u00f3n, cuyo objetivo tuitivo no es servir de instancia alternativa con el fin de discutir los fundamentos de la \u201centidad jurisdiccional\u201d en el \u00e1mbito de sus competencias\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante discrep\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n insistiendo en sus alegatos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problemas jur\u00eddicos <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tumaco quebrant\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por Menarco Angulo al desestimar la recusaci\u00f3n que este formul\u00f3 contra el Juez Primero Civil Municipal de la misma poblaci\u00f3n. <\/p>\n
Adicionalmente, se examinar\u00e1 si el Juzgado Primero Civil Municipal de Tumaco, la Fiscal\u00eda Veintinueve Seccional de dicha ciudad y el Consejo Seccional de la Judicatura de Nari\u00f1o incurrieron en alguna conducta lesiva de los derechos superiores del actor por cuanto (i) el despacho judicial ha dictado sentencia en dos oportunidades al interior del proceso 2018-00154 \u00absin asomo de respeto por nuestra legislaci\u00f3n y constituci\u00f3n nacional [sic]\u00bb, (ii) al parecer la agencia fiscal no ha realizado actuaci\u00f3n alguna respecto de la denuncia penal instaurada contra el Juez Primero Civil Municipal de Tumaco y (ii) la colegiatura se abstuvo de abrir vigilancia judicial administrativa contra el mismo funcionario. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
3.1 De la lesi\u00f3n atribuida al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tumaco \u2013 Razonabilidad del auto por medio del cual se desestim\u00f3 la recusaci\u00f3n <\/p>\n
Auscultadas las discrepancias planteadas por el accionante contra la determinaci\u00f3n del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tumaco, se observa que son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido es anteponer la propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica frente a la autoridad judicial y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que le fue adversa, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como se sabe, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de una normativa espec\u00edfica, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la hermen\u00e9utica del funcionario, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
En este asunto, el promotor del amparo no atribuye a la providencia que cuestiona defecto alguno que permita la intervenci\u00f3n de esta excepcional jurisdicci\u00f3n, sino que insiste en puntos agotados y resueltos de fondo por el funcionario de conocimiento, en virtud de sus espec\u00edficas competencias pidiendo que se separe al Juez Primero Civil Municipal de Tumaco de la tramitaci\u00f3n del asunto en el que es demandante; sin embargo, obvia que la acci\u00f3n de tutela no es una instancia superior, ni fue concebida como herramienta paralela a los tr\u00e1mites ordinarios, pues de lo contrario el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para adentrarse en conflictos propios de otras jurisdicciones. <\/p>\n
Al examinar la providencia por medio de la cuales se resolvi\u00f3 la recusaci\u00f3n formulada por Menarco Angulo no observa esta Corporaci\u00f3n el quebrantamiento de las garant\u00edas superiores denunciadas por el quejoso, puesto que encuentran sustento en las disposiciones normativas que gobiernan la materia y contienen un criterio razonable que no puede ser tildado de caprichoso, solo porque no prohij\u00f3 la particular visi\u00f3n jur\u00eddica de aquel. <\/p>\n
En efecto, frente a la solicitud de apartar al Juez Primero Civil Municipal Tumaco del asunto, el funcionario con categor\u00eda de circuito, en providencia del pasado 13 de enero, indic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para efectos de la prosperidad de la recusaci\u00f3n se deben tener en cuenta el cumplimiento previsto en el mismo numeral de la causal invocada y lo previsto en el inciso 2do del art. 143 del C.G.P, a saber: <\/p>\n
(1) La denuncia penal por cualquier hecho punible atribuible al juez debe realizarse antes de iniciar el proceso. <\/p>\n
(2) En el evento de que se realice la denuncia una vez iniciada el proceso la noticia criminal debe referirse a hechos ajenos al proceso o a la ejecuci\u00f3n de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigaci\u00f3n. <\/p>\n
De modo que se necesita para la prosperidad de la recusaci\u00f3n el aporte de la prueba documental correspondiente, que en este caso ser\u00eda la denuncia penal para verificarse que los hechos sean ajenos al proceso, en tanto la noticia criminal tal como se asegura en los hechos fue presentada el 26 de enero de 2022, siendo que el proceso fue repartido el 31 de mayo de 2018. De otra parte, tambi\u00e9n el aporte de la prueba de la vinculaci\u00f3n del se\u00f1or juez al proceso, que en este caso ser\u00eda la copia del acta de imputaci\u00f3n efectuada en audiencia de control de garant\u00edas, seg\u00fan lo establece la ley 906 de 2004. O cualquier otro que pruebe los hechos constitutivos de la casual alegada. Medios de prueba que no fueron aparejados. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no comprob\u00e1ndose los hechos se\u00f1alados en la causal 7\u00aa del art. 141 del C.G.P., se debe negar la recusaci\u00f3n formulada (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Es claro que la determinaci\u00f3n se encuentra debidamente sustentada, pues en ella se advirtieron las razones por las cuales no era procedente apartar al juez del conocimiento del asunto en que es demandante el aqu\u00ed promotor, habida cuenta que no se reun\u00edan las exigencias del segundo inciso del art\u00edculo 143 del Estatuto Procedimental General. <\/p>\n
Ning\u00fan reproche merece el raciocinio de la c\u00e9lula judicial accionada pues, adem\u00e1s de no apreciarse antojadizo o caprichoso, encuentra soporte en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, de ah\u00ed que no se evidencie la incursi\u00f3n en alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales, ya que la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido de la decisi\u00f3n no es raz\u00f3n suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n del juez constitucional, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1 <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
3.2. De los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez <\/p>\n
La procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra las actuaciones o decisiones de los jueces est\u00e1 supeditada (i) al agotamiento previo de todos los medios de defensa consagrados en el ordenamiento jur\u00eddico y (ii) que se ejerza en un plazo prudencial, el cual ha sido establecido por el precedente de esta Sala, en consonancia con el de la Corte Constitucional, en seis meses contados a partir del acaecimiento de la presunta lesi\u00f3n. <\/p>\n
3.2.1. En punto de la primera exigencia mencionada, jurisprudencialmente se tiene decantado que el instrumento supralegal, dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Tal presupuesto tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco de un tr\u00e1mite judicial en curso, pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a trav\u00e9s de los instrumentos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, aun hasta la sentencia, pues le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, toda vez que no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
Al revisarse la actuaci\u00f3n que es objeto de censura, es decir, el proceso reivindicatorio formulado por el ac\u00e1 gestor contra Eida Floria M\u00e1rquez, se advierte anticipado cualquier pronunciamiento, teniendo en cuenta que el tr\u00e1mite ordinario no ha finalizado pues, como bien lo advirti\u00f3 la colegiatura de primer grado, a\u00fan est\u00e1 pendiente que el Juzgado Primero Civil Municipal de Tumaco dicte la sentencia que en derecho corresponda, contra la cual el demandante podr\u00e1 ejercer los medios de impugnaci\u00f3n consagrados en el ordenamiento procesal en caso de serle desfavorable. <\/p>\n
Por otra parte, respecto de la censura atribuida a la Fiscal\u00eda Veintinueve Seccional, no es procedente asegurar que no exista actividad alguna al interior de la causa penal iniciada como consecuencia de la denuncia formulada por Menarco Angulo. <\/p>\n
Lo anterior porque, de acuerdo con el informe rendido por la titular de ese despacho, en la actualidad el asunto se encuentra en etapa de indagaci\u00f3n a la espera de que la polic\u00eda judicial recaude los elementos materiales probatorios que sirvan de soporte a las decisiones que se llegaren a tomar; en todo caso, corresponde al denunciante, por virtud del principio de colaboraci\u00f3n con la administraci\u00f3n de justicia, aportar los medios de convicci\u00f3n que se encuentren en su poder a efectos de contribuir a la celeridad de la investigaci\u00f3n, asimismo, poner en conocimiento de la funcionaria las situaciones que considera lesivas de sus derechos para que al interior de la actuaci\u00f3n se puedan tomar los correctivos del caso. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, result\u00f3 acertado que el Tribunal Superior de Pasto hubiera desestimado el resguardo en lo que ata\u00f1e a estas dos autoridades al no satisfacer el requisito que viene de mencionarse, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
3.2.2. Frente a la queja formulada contra el Consejo Seccional de la Judicatura, se observa que la misma desatiende el presupuesto de la inmediatez pues entre la emisi\u00f3n del auto por medio del cual la colegiatura se abstuvo de dar apertura a la vigilancia judicial administrativa solicitada por el actor y la interposici\u00f3n del presente resguardo, transcurri\u00f3 un tiempo considerable, sin que se advierta una raz\u00f3n que justifique tal inactividad. <\/p>\n
Como se advirti\u00f3 al inici\u00f3 de este ac\u00e1pite, la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que, de acuerdo con el precedente jurisprudencial, no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
En el presente asunto, la providencia cuestionada data de 13 de octubre de 2020, mientras que la tutela fue incoada el pasado 17 de abril, es decir, pasaron dos a\u00f1os y casi seis meses desde la consumaci\u00f3n del presunto hecho lesivo para que el Menarco Angulo considerara que se hab\u00edan quebrantado sus garant\u00edas esenciales. <\/p>\n
Si bien el presupuesto de la tempestividad no es absoluto, si es indispensable examinar los motivos que tuvo el actor para no haber acudido tempranamente al auxilio, pues cuando la salvaguarda va dirigida a cuestionar actuaciones o decisiones judiciales, el estudio de este requisito se torna mucho m\u00e1s riguroso por cuanto lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y, de contera, la autonom\u00eda e independencia judicial; sin embargo, el promotor no adujo ning\u00fan motivo que permitiera a la Sala sortear el estudio de la exigencia en cuesti\u00f3n, al tiempo que tampoco se evidencian situaciones ajenas a su voluntad que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir oportunamente a esta salvaguarda. <\/p>\n
En suma, el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda es criterio suficiente para refrendar la desestimaci\u00f3n de la s\u00faplica en lo que al Consejo Seccional de la Judicatura de Nari\u00f1o ata\u00f1e, motivo por el cual no es indispensable efectuar an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas que, sin duda, est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n de la anterior materia. <\/p>\n
4. Conclusiones <\/p>\n
4.1. La decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tumaco no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s que no es posible, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, censurar la hermen\u00e9utica del funcionario cognoscente, comoquiera que no se trata de una instancia adicional o paralela a las establecidas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
4.2. El amparo desatiende los presupuestos de subsidiariedad respecto de las quejas atribuidas al Juzgado Primero Civil Municipal de Tumaco y la Fiscal\u00eda Veintinueve Seccional de la misma poblaci\u00f3n e inmediatez frente al Consejo Seccional de la Judicatura de Nari\u00f1o. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC6230-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC6230-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-22-13-000-2023-00056-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-74345","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74345","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74345"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74345\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74345"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74345"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74345"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}