STC6238-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC6238-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-02368-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Alejandra Boh\u00f3rquez Manco, quien dice actuar como apoderada de \u00c1lvaro Angarita Mart\u00ednez, contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de C\u00facuta1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de las garant\u00edas superiores de quien dice representar al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, doble conformidad y prevalencia del derecho sustancial, presuntamente vulneradas en el juicio de radicado 54001312100120200016700 (01). <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Jorge Torrado Torrado, a trav\u00e9s de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, promovi\u00f3 una restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras sobre el predio denominado Llano Alto, del municipio de Abrego (Norte de Santander), identificado con el FMI 270- 26513. <\/p>\n
2.2. La demanda fue admitida por el Juzgado vinculado el 29 de enero de 2021 y, en auto del 24 de noviembre de ese mismo a\u00f1o, se reconoci\u00f3 como opositor a \u00c1lvaro Angarita Mart\u00ednez. <\/p>\n
2.3. En sentencia del 12 de diciembre de 20222, el Tribunal accionado orden\u00f3, entre otros, la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material del bien reclamado por el solicitante, Dioselina P\u00e9rez J\u00e1come y su n\u00facleo familiar, declar\u00f3 impr\u00f3spera la oposici\u00f3n formulada por \u00c1lvaro Angarita Mart\u00ednez y le neg\u00f3 el reconocimiento como segundo ocupante. <\/p>\n
2.4. El 17 de febrero de 2023 se realiz\u00f3 entrega real y material del inmueble a Jorge Torrado3. <\/p>\n
3. La actora sostiene que se desconoci\u00f3 el derecho a la doble conformidad, pues se trat\u00f3 de un fallo de \u00fanica instancia, y que el juez se abstuvo de ejercer sus facultades oficiosas para establecer la verdad y omiti\u00f3 incorporar la totalidad del expediente administrativo que adelant\u00f3 la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, lo que impidi\u00f3 realizar un an\u00e1lisis integral del material probatorio, como la declaraci\u00f3n de Mar\u00eda Elva Ascanio de Ascanio; adem\u00e1s, aduce que se prob\u00f3 la voluntad del solicitante de realizar la venta del predio, quien no inform\u00f3 sobre la presunta extorsi\u00f3n de la cual fue v\u00edctima, de manera que las transferencias posteriores se realizaron con buena fe exenta de culpa, incluida la de su representado, quien era un campesino con bajo grado de escolaridad, que pag\u00f3 un justo en el 2009, cuando ya no exist\u00eda la situaci\u00f3n de violencia en el sector. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, pretende que se deje sin efectos la referida sentencia y que se ordene expedir una nueva, que garantice \u00ablos par\u00e1metros constitucionales y probatorios que no fueron tenidos en cuenta\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala accionada se\u00f1al\u00f3 que el actor pretende reabrir el debate de una decisi\u00f3n ejecutoriada, amparada por la presunci\u00f3n de legalidad. <\/p>\n
2. El Juzgado vinculado dio cuenta de las principales actuaciones surtidas en el asunto cuestionado. <\/p>\n
3. El Banco Agrario de Colombia aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda 19 Judicial II para la Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta indic\u00f3 que no debe prosperar el amparo. <\/p>\n
1. En el sub examine, la censora pretende la protecci\u00f3n de los derechos de \u00c1lvaro Angarita Mart\u00ednez, presuntamente vulnerados por el Colegiado accionado con la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2022, en el proceso 2020-00167. <\/p>\n
2. Revisadas las piezas procesales allegadas, observa la Sala que la promotora no est\u00e1 legitimada para instaurar la presente tutela, dado que no alleg\u00f3 poder especial, otorgado en debida forma, que la faculte a intervenir en esta causa. <\/p>\n
2.1. Referente a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb, aspecto \u00faltimo frente al cual la Sala ha establecido que la falta de poder especial id\u00f3neo del abogado impulsor \u00abno [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb y, por tanto, tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
2.2. En cuanto al mandato requerido, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-001-1997 manifest\u00f3 que <\/p>\n
todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb. As\u00ed las cosas, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia CC T-1025-2006, el poder especial debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto del poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n4. <\/p>\n
Acorde con lo anterior, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-975-2005, sostuvo que como el poder entonces allegado \u00abse refiere de manera indeterminada a la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela, sin que se precise el derecho o derechos cuya protecci\u00f3n se solicitar\u00e1, o se especifiquen los hechos que sirven de fundamento para su interposici\u00f3n\u00bb, no es posible \u00abdistinguir este poder de otros que haya podido otorgar la actora\u00bb, raz\u00f3n por la cual, \u00abAl no configurarse la legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, inviable es pronunciarse de \u00abfondo sobre los hechos, pretensiones y derechos fundamentales invocados, objeto de la presente acci\u00f3n\u00bb. En similar sentido, en la sentencia CC T-718-2017, indic\u00f3 que un poder, como el all\u00ed analizado, en tanto \u00abno especifica contra qui\u00e9n se interpone la tutela, cu\u00e1l es el derecho fundamental que se pretende proteger o a qu\u00e9 proceso de tutela espec\u00edficamente se hace referencia\u00bb, no es especial. An\u00e1loga postura ha expuesto esta Sala (CSJ STC3956-2023, CSJ STC3116-2023, CSJ STC3112-2023) y la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, al indicar que un poder especial debe \u00abidentificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina la acci\u00f3n de tutela, los sujetos procesales y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo\u00bb (CSJ STP2343-2023). <\/p>\n
2.3. Pues bien, en el presente asunto, la tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de \u00c1lvaro Angarita Mart\u00ednez; sin embargo, el poder allegado para actuar en su nombre no re\u00fane las caracter\u00edsticas de especialidad exigidas para la acci\u00f3n de tutela, pues, si bien precisa la autoridad accionada, no determina el proceso o la actuaci\u00f3n a censurar, ni hace referencia alguna que permita individualizar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica ni las providencias que originan el mandato otorgado para instaurar la acci\u00f3n constitucional contra el Tribunal convocado, lo cual impide analizar el fondo del asunto5, m\u00e1xime teniendo en cuenta que se surtieron varias actuaciones ante el Colegiado identificado como accionado en dicho mandato. <\/p>\n
3. En consecuencia, la tutela es improcedente. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 Consecutivo 49, expediente 2020-00167. <\/p>\n
3\u0002 Tr\u00e1mite de comisi\u00f3n de seguimiento adelantado bajo el radicado 54001312100120230000700. <\/p>\n
4\u0002 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
5\u0002 En t\u00e9rminos similares, ver CSJ STC2529-2023, CSJ STC3112-2023, CSJ STC3116-2023. <\/p>\n
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