STC6239-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6239-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-02410-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Sala decide la tutela promovida por Andr\u00e9s Tello Acu\u00f1a y Juan Pablo Palacios Tello contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta Civil del Circuito de esta ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Mejoracinco S.A.S. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores demandan la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado en el juicio de radicado 11001310303020190008300 (02). <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Mejoracinco S.A.S promovi\u00f3 una demanda ejecutiva contra los tutelantes, para obtener el pago de un pagar\u00e9 suscrito el 21 de septiembre de 2018 por $214.746.722, m\u00e1s los intereses comerciales y moratorios, exigible el 31 de diciembre de ese a\u00f1o. <\/p>\n
2.2. El Juzgado accionado libr\u00f3 mandamiento de pago el 18 de febrero de 20191, frente a lo cual los accionados propusieron las siguientes excepciones2: i) \u00abAusencia de claridad y exigibilidad del t\u00edtulo ejecutivo \u201cPagar\u00e9\u201d que deriva en ineficacia de la obligaci\u00f3n reclamada\u00bb, fundada en que el espacio del plazo se dej\u00f3 en blanco y se deb\u00eda llenar de acuerdo con las instrucciones, para el cobro de las obligaciones de Importadora Fotomotriz S.A., cuyo incumplimiento no fue acreditado, aunado a que se pact\u00f3 que se pagar\u00eda la deuda con la daci\u00f3n en pago de un apartamento por parte de esa sociedad a Mejoracinco S.A.S.; ii) \u00abDesconocimiento de la causa que dio origen al \u201cPagar\u00e9\u201d como instrumento de garant\u00eda y ausencia de acreditaci\u00f3n de cobro de obligaciones a cargo de Importadora Fotomoriz S.A\u00bb, pues no hab\u00eda prueba de las obligaciones a cargo de la Importadora; y iii) \u00abP\u00e9rdida de fuerza cambiaria del \u201cPagar\u00e9\u201d por Mala fe y desconocimiento de Mejoracinco de la operaci\u00f3n de daci\u00f3n en pago contenida en las instrucciones del t\u00edtulo valor\u00bb, dado que la demandante frustr\u00f3 la daci\u00f3n acordada, para exigir la obligaci\u00f3n incorporada en el t\u00edtulo. <\/p>\n
2.3. El 17 de junio de 20223, el Juzgado declar\u00f3 no probadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, decisi\u00f3n confirmada por el Tribunal convocado el 18 de enero de 20234. <\/p>\n
3. Los accionantes cuestionan las decisiones de instancia, en particular, porque se desconoci\u00f3 el contenido de la carta instrucciones suscrita el 18 de septiembre de 2018, que especific\u00f3 que el 31 de diciembre 2018 era el plazo l\u00edmite para cumplir la condici\u00f3n de realizar la daci\u00f3n en pago acordada, sin que esa fecha fuera equivalente a la del vencimiento del pagar\u00e9, lo cual imped\u00eda el cobro ejecutivo del t\u00edtulo, por falta de exigibilidad, y porque no se estudi\u00f3 el contrato de asesor\u00eda financiera que origin\u00f3 el t\u00edtulo valor, del cual no se generaron obligaciones de pago a cargo de la Importadora Fotomoriz S.A., dado que, incluso, esta ten\u00eda un saldo a favor de $10.000.000. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, solicitan que se ordene a la Sala accionada revocar la sentencia y emitir una nueva, que analice las excepciones de m\u00e9rito planteadas. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Tribunal accionado afirm\u00f3 que en el juicio no se demostraron los presupuestos axiol\u00f3gicos necesarios para desvirtuar la presunci\u00f3n de autenticidad del t\u00edtulo valor aportado como base de la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juzgado convocado se\u00f1al\u00f3 que la queja se dirige contra el fallo adoptado en segunda instancia y no contra las actuaciones de ese Despacho. <\/p>\n
3. Quien dice actuar como apoderado de Mejoracinco S.A.S. manifest\u00f3 oponerse a las pretensiones de la acci\u00f3n y solicit\u00f3 declararla improcedente. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, los tutelantes pretenden que se ampare el derecho fundamental invocado, que consideran vulnerado con las decisiones de instancia que dispusieron seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en el proceso 2019-00083. <\/p>\n
2. Al respecto, se advierte que el Tribunal, en la sentencia del 18 de enero de 2023, que fue la que zanj\u00f3 el asunto, empez\u00f3 por memorar los requisitos para que una obligaci\u00f3n pudiera demandarse ejecutivamente, a voces de lo dispuesto en el art\u00edculo 422 del C.G.P., destacando que los t\u00edtulos valores se presumen aut\u00e9nticos; y, aplicando lo anterior al caso concreto, evidenci\u00f3 que el pagar\u00e9 01 de 2018, suscrito por los demandados, reun\u00eda los requisitos establecidos en los art\u00edculos 621 y 709 del C\u00f3digo de Comercio y estaba protegido por la referida presunci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. En torno a las excepciones de m\u00e9rito propuestas por los ejecutados, reiteradas en sede de apelaci\u00f3n y en esta instancia constitucional, relacionadas con la falta de los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo y la indebida aplicaci\u00f3n de las instrucciones dadas para el diligenciamiento del dato correspondiente al plazo, el Tribunal precis\u00f3 que, al margen de la oportunidad para cuestionar los requisitos formales del t\u00edtulo, lo cierto era que \u00abel instrumento contiene una forma de vencimiento, -un d\u00eda cierto, al referirse en la cl\u00e1usula primera que los demandados pagar\u00e1n incondicionalmente a Mejoracinco S.A.S. \u201ca m\u00e1s tardar el 31 de diciembre de 2018\u201d la suma de dinero perseguida\u00bb y, por tanto, desde el punto de vista formal, el titulo no merec\u00eda reproche en ese aspecto. <\/p>\n
2.2. En cuanto al negocio que dio lugar al t\u00edtulo ejecutivo, el Colegiado convocado se\u00f1al\u00f3 que consisti\u00f3 en que los demandados garantizaron, mediante el pagar\u00e9 suscrito, la deuda que ten\u00eda Importaciones Fotomoriz S.A. con la ejecutante, punto aceptado por las partes, y que, seg\u00fan los accionados, aquella acreencia se origin\u00f3 en el contrato de consultor\u00eda celebrado para reestructurar unas obligaciones, por virtud del cual y, ante la dificultad del pago, Mejoracinco exigi\u00f3 una garant\u00eda, por lo que se ofreci\u00f3 un apartamento que les entregaban en diciembre a los demandados y se firm\u00f3 el pagar\u00e9, circunstancias que fueron ratificadas por el representante legal de la ejecutante. A su vez, el Tribunal resalt\u00f3 que en el expediente obraba un correo electr\u00f3nico del 18 de septiembre de 2018, remitido por los demandados adjuntando el pagar\u00e9, en el que refirieron \u00abque corresponden al valor, fecha de otorgamiento y lugar de cumplimiento, con el fin de que se llene por Mejoracinco\u2026\u00bb, de acuerdo con las instrucciones dadas, \u00aben el evento en que antes de diciembre 31 de 2018 no se hubiese legalizado [la] daci\u00f3n en pago de un apartamento\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior, el Tribunal dedujo que los ejecutados asumieron la obligaci\u00f3n de cr\u00e9dito personal para garantizar el pago de la deuda de un tercero, por lo que no prosperaba el reparo referido a que \u00abel t\u00edtulo-valor se entreg\u00f3 para garantizar obligaciones de Importadora Fotomoriz S.A. no acreditadas\u00bb, m\u00e1xime que no se aport\u00f3 probanza alguna que demostrara que no se tuvieron en cuenta las condiciones de la negociaci\u00f3n que antecedi\u00f3 a la relaci\u00f3n cambiaria. <\/p>\n
2.3. De otro lado, el Tribunal sostuvo que, si el pagar\u00e9 estaba en poder de la parte actora, no quedaba duda de que era la tenedora leg\u00edtima del t\u00edtulo, para cuyo cobro no se requer\u00eda \u00abla acreditaci\u00f3n de una factura, documento o soporte contable que pruebe su existencia\u00bb y, en tal medida, la ejecutante no ten\u00eda la carga de aportar documentos adicionales, puesto que el instrumento cambiario cumpl\u00eda con el lleno de los requisitos de ley para hacer exigible la obligaci\u00f3n pretendida, bajo el principio de literalidad (art\u00edculos 619 y 626 del C\u00f3digo de Comercio); en consecuencia, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo de seguir adelante con el juicio compulsivo. <\/p>\n
3. Revisada la determinaci\u00f3n cuestionada, se observa que abord\u00f3 y decidi\u00f3 los planteamientos que se reiteran en la tutela, bajo una interpretaci\u00f3n plausible del ordenamiento legal vigente y un an\u00e1lisis razonado de las pruebas allegadas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como las conclusiones del juez natural no se muestran abiertamente desprovistas de fundamento, carentes de soporte o manifiestamente alejadas del orden jur\u00eddico, la tutela no es viable, dado que el juez constitucional no est\u00e1 llamado a determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, con ese pretexto, una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia, aunado a que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las probanzas consideradas, pues esa actividad corresponde al juez natural5, sin que pueda el de tutela anteponer su propio criterio ni desvirtuar las apreciaciones motivadas a las que arrib\u00f3 el operador judicial cognoscente, aplicando las reglas de la sana cr\u00edtica, por cuanto ello vulnerar\u00eda los principios de autonom\u00eda e independencia. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se negar\u00e1 la protecci\u00f3n invocada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 25, documento 01, cuaderno n\u00b01, expediente 2019-00083. En auto del 16 de octubre de 2019 se dispuso no reponer esa providencia. <\/p>\n
2\u0002 Folio 58, ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Documento 51, carpeta n\u00b0 1, expediente 2019-00083 <\/p>\n
4\u0002 Documento 09, carpeta n\u00b0 4, expediente 2019-00083. <\/p>\n
5\u0002 En t\u00e9rminos similares ver cita en CSJ STC7213-2020. <\/p>\n
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