STC6241-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6241-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-02276-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiocho de junio de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Cornelio Zuluaga Botero, quien dice actuar como apoderado de Felipe D\u00edaz B\u00e1rcenas, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e91. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor demanda la salvaguarda del derecho fundamental al debido proceso de quien dice representar, presuntamente vulnerado en el juicio de radicado 73001310300220220026800 (01). <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Felipe D\u00edaz B\u00e1rcenas promovi\u00f3 una demanda de rendici\u00f3n provocada de cuentas contra Constructora Renovaci\u00f3n Urbana S.A.S., admitida por el Juzgado vinculado el 5 de diciembre de 2022, providencia que estipul\u00f3 que, previo a decretar la medida cautelar solicitada, el demandante deb\u00eda prestar cauci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El interesado desisti\u00f3 de la cautela y, en consecuencia, alleg\u00f3 el acta 06 del Tribunal de Arbitramento conformado ante el Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Ibagu\u00e9, del 3 de agosto de 2022, referente a una conciliaci\u00f3n prejudicial, que se declar\u00f3 fallida. <\/p>\n
2.3. El 3 de marzo de 2023, ejerciendo un control de legalidad, el Juzgado dej\u00f3 sin efectos el auto admisorio de la demanda, con fundamento en que la conciliaci\u00f3n aportada obedeci\u00f3 a una etapa propia del proceso arbitral; en su lugar, la inadmiti\u00f3 la demanda, entre otros, por ausencia del requisito de procedibilidad de la conciliaci\u00f3n extrajudicial, advirtiendo a la parte actora que dicho tr\u00e1mite deb\u00eda ser anterior \u00abal 24 de noviembre de 2022, fecha de radicaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n\u00bb. Frente a esa decisi\u00f3n, el actor present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. El 22 de marzo de 2023 se rechazaron de plano los recursos interpuestos. Contra esa providencia, el interesado present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de queja. En auto del 12 de abril de 2023, el Juzgado no repuso el auto que rechaz\u00f3 de plano la apelaci\u00f3n y concedi\u00f3 la queja. <\/p>\n
2.5. El 30 de mayo de 2023, el Tribunal accionado estim\u00f3 bien denegada la alzada. <\/p>\n
3. El actor sostiene que los recursos presentados s\u00ed eran procedentes, porque atacaban el auto que dej\u00f3 sin efectos la admisi\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, solicita que se revoque el auto del 30 de mayo de 2023 y se ordene al Tribunal accionado admitir el recurso de apelaci\u00f3n y correr traslado para su sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala accionada se\u00f1al\u00f3 que se aten\u00eda a lo consignado en el expediente cuestionado y a las razones que motivaron su decisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado vinculado manifest\u00f3 que acatar\u00eda las determinaciones que se adoptaran. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el censor pretende la protecci\u00f3n de los derechos de Felipe D\u00edaz B\u00e1rcenas, presuntamente vulnerados por el Colegiado accionado, al estimar bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto proferido el 22 de marzo de 2022, en el proceso 2022-00268. <\/p>\n
2. Revisadas las piezas procesales allegadas, observa la Sala que el promotor no est\u00e1 legitimado para instaurar la presente tutela. <\/p>\n
2.1. Referente a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb, aspecto \u00faltimo frente al cual la Sala ha establecido que la falta de poder especial id\u00f3neo del abogado impulsor \u00abno [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb y, por tanto, tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
2.2. En cuanto al mandato requerido, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-001-1997 manifest\u00f3 que <\/p>\n
todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb. As\u00ed las cosas, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia CC T-1025-2006, el poder especial debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto del poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n2. <\/p>\n
Acorde con lo anterior, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-975-2005, sostuvo que, como el mandato entonces allegado \u00abse refiere de manera indeterminada a la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela, sin que se precise el derecho o derechos cuya protecci\u00f3n se solicitar\u00e1, o se especifiquen los hechos que sirven de fundamento para su interposici\u00f3n\u00bb, no es posible \u00abdistinguir este poder de otros que haya podido otorgar la actora\u00bb, raz\u00f3n por la cual, \u00abAl no configurarse la legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, inviable es pronunciarse de \u00abfondo sobre los hechos, pretensiones y derechos fundamentales invocados, objeto de la presente acci\u00f3n\u00bb. En similar sentido, en la sentencia CC T-718-2017, la Corte Constitucional indic\u00f3 que un poder, como el all\u00ed analizado, en tanto \u00abno especifica contra qui\u00e9n se interpone la tutela, cu\u00e1l es el derecho fundamental que se pretende proteger o a qu\u00e9 proceso de tutela espec\u00edficamente se hace referencia\u00bb, no es especial. An\u00e1loga postura ha expuesto esta Sala (CSJ STC3956-2023, CSJ STC3116-2023, CSJ STC3112-2023) y la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, al indicar que un poder especial debe \u00abidentificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina la acci\u00f3n de tutela, los sujetos procesales y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo\u00bb (CSJ STP2343-2023). <\/p>\n
2.3. Pues bien, en el presente asunto, el tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Felipe D\u00edaz B\u00e1rcenas, sin embargo, el poder allegado para actuar en su nombre no re\u00fane las caracter\u00edsticas de especialidad exigidas para la acci\u00f3n de tutela, por cuanto, aunque el documento precisa la autoridad accionada y el derecho fundamental invocado, no determina el proceso o la actuaci\u00f3n a censurar, ni hace referencia alguna que permita individualizar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica ni las providencias que originan el mandado otorgado para instaurar una acci\u00f3n constitucional en contra el Tribunal convocado, lo cual impide analizar el fondo del asunto3; m\u00e1xime que ante el Colegiado accionado el se\u00f1or Felipe D\u00edaz B\u00e1rcenas reporta otros dos procesos4, uno de esos con el mismo apoderado que instaur\u00f3 el presente ruego. <\/p>\n
3. En consecuencia, la tutela es improcedente. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso censurado, incluidos el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, Constructora Renovaci\u00f3n Urbana S.A.S. y Felipe D\u00edaz B\u00e1rcenas. <\/p>\n
2\u0002 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
3\u0002 En t\u00e9rminos similares ver CSJ STC2529-2023, CSJ STC3112-2023, CSJ STC3116-2023. <\/p>\n
4\u0002 Seg\u00fan la informaci\u00f3n visible en el sistema de Consulta de Procesos de la Rama Judicial. <\/p>\n
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