AC1704-2023 (2019-00070-01)<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC1704-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 19698-31-84-002-2019-00070-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la cual Irma Arias Restrepo pretende sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia del 10 de febrero de 2022, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, en el proceso verbal que instaur\u00f3 respecto de los herederos determinados (Leyton Baz\u00e1n Riascos) e indeterminados de Abelardo Baz\u00e1n Granja. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Irma Arias Restrepo pide que se declare que entre ella y Abelardo Baz\u00e1n Granja existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho con su correspondiente sociedad patrimonial desde el 6 de febrero de 2004 hasta el 23 de junio de 2018, fecha en que falleci\u00f3 el demandado. En consecuencia, inst\u00f3 a que se declare disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n la aludida comunidad de bienes. <\/p>\n
2.- Fundamentos de hecho <\/p>\n
Aduce que entre ella y el causante se estableci\u00f3 una convivencia permanente y estable bajo el mismo techo y lecho. Se\u00f1al\u00f3 que compartieron todos los gastos del hogar y se brindaron ayuda econ\u00f3mica y espiritual permanente, \u00abal extremo de comportarse socialmente como marido y mujer\u00bb. Relaci\u00f3n que tuvo su g\u00e9nesis el 06 de febrero del 2004 y perdur\u00f3 hasta el 23 de junio de 2018, \u00abfecha en la cual el se\u00f1or Abelardo Baz\u00e1n Granja fallece\u00bb. Afirm\u00f3 que la vida en pareja fue p\u00fablica, ante la familia de ambos y de la comunidad del barrio. <\/p>\n
Asever\u00f3 que depend\u00eda econ\u00f3micamente del salario percibido por el se\u00f1or Baz\u00e1n, y que el \u00faltimo domicilio de la pareja fue en el barrio El Dorado II, del municipio de Santander de Quilichao \u2013 Cauca. Por \u00faltimo, inform\u00f3 que el \u00fanico bien que conforma el haber social corresponde a \u00ablas prestaciones sociales finales del extinto ABELARDO BAZAN GRANJA como exdocente vinculado con la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n y Cultura del Departamento del Cauca y el derecho pensional de sobrevivencia que hubiere lugar\u00bb1. <\/p>\n
3.- Posici\u00f3n del demandado <\/p>\n
Leyton Baz\u00e1n Riascos se opuso a todas las pretensiones de la demanda, concretamente, frente a la solicitud de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, \u00abpor no ser procedente tal declaraci\u00f3n en raz\u00f3n de que el t\u00e9rmino legal de la respectiva acci\u00f3n est\u00e1 m\u00e1s que prescrito al tenor del art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 54 de 1.990, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 979 de 2005\u00bb. Propuso las excepciones que denomin\u00f3 \u00abFalta de Jurisdicci\u00f3n o Competencia Art. 16 del C.G. del P.\u00bb; \u00abPrescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb; \u00abImposibilidad de disolver y liquidar la sociedad patrimonial de hecho\u00bb2. En el mismo sentido se pronunciaron Olivia Germania Riascos3 y Yoli Olivia Baz\u00e1n Riascos4. La curadora ad litem de los herederos indeterminados manifest\u00f3 no oponerse \u00absiempre y cuando se prueben los hechos enunciados en la demanda\u00bb5. <\/p>\n
4.- Primera instancia <\/p>\n
5.- Segunda instancia <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n formulado por la demandante contra el fallo de primera instancia fue desatado por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, con sentencia del 10 de febrero de 2022. All\u00ed, confirm\u00f3 en su totalidad el fallo apelado. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El ad quem se propuso establecer si se encuentran acreditados los elementos axiol\u00f3gicos de la uni\u00f3n marital de hecho deprecada por la parte actora. Problema jur\u00eddico que, de entrada, respondi\u00f3 negativamente, \u00abtoda vez que las pruebas aportadas y practicadas en el proceso, permiten determinar que la relaci\u00f3n que existi\u00f3 entre Irma Arias Restrepo y Abelardo Baz\u00e1n Granja (q.e.p.d.), no alcanz\u00f3 los elementos necesarios para constituirse en una uni\u00f3n marital de hecho durante el lapso comprendido entre el 06 de febrero de 2004, hasta el 23 de junio de 2018\u00bb. <\/p>\n
Dicho esto, y efectuadas ciertas precisiones conceptuales y normativas en torno a la acci\u00f3n instaurada, dictamin\u00f3 que \u00abefectuada la correspondiente valoraci\u00f3n probatoria, advierte la Sala que aun cuando la demandante insiste en la conformaci\u00f3n de una comunidad de vida permanente, singular y continua, con el Causante Abelardo Baz\u00e1n Granja, no existen elementos de juicio que as\u00ed lo respalden\u00bb. En efecto, subray\u00f3 que la demandante trajo al proceso la prueba testimonial de Natanael Rodr\u00edguez Cardona y Mar\u00eda Stella Chaca Mu\u00f1oz, la declaraci\u00f3n extra-juicio rendida por la actora y el causante el 05 de agosto del 2009, una certificaci\u00f3n expedida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y un registro fotogr\u00e1fico. No obstante, consider\u00f3 que tales medios suasorios no son reveladores de una uni\u00f3n marital, \u00absino m\u00e1s bien, de vivencias experimentadas en otro tipo de relaciones dis\u00edmiles a los v\u00ednculos de facto\u00bb. <\/p>\n
En lo que concierne a los testigos, resalt\u00f3 que estos no mencionan comportamientos de la pareja que revelasen una comunidad de vida y que permitiesen inferir que actuaron en la direcci\u00f3n de conformar una familia. Tambi\u00e9n omitieron informar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que presuntamente se desarroll\u00f3 la relaci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, destac\u00f3 la contradicci\u00f3n en que \u00abIrma Arias Restrepo expresara en su interrogatorio de parte que el Causante jam\u00e1s le inform\u00f3 que ten\u00eda esposa y que ten\u00edan planes de \u201ccasarse\u201d, y, que su padrastro expresara que fue esta quien le cont\u00f3 que Baz\u00e1n Granja ten\u00eda c\u00f3nyuge y viv\u00eda en un pueblo del Cauca llamado Guatapi (sic)\u00bb. En ese orden de ideas, pese a que no se niega que la se\u00f1ora Arias y el se\u00f1or Baz\u00e1n s\u00ed sostuvieron una relaci\u00f3n amorosa y que aqu\u00e9l le prohij\u00f3 ayuda econ\u00f3mica, lo cierto es que esta relaci\u00f3n no tiene la virtualidad de corresponder a un proyecto de vida permanente y singular. M\u00e1xime cuando aquel no abandon\u00f3 el hogar que conform\u00f3 con su c\u00f3nyuge y sus hijos matrimoniales. En ese sentido, puso de presente brevemente las declaraciones de Natanael Romero, Leonardo Leal Rodr\u00edguez, Duber Rodr\u00edguez Cardona y Mar\u00eda Stella Chaca Mu\u00f1oz. <\/p>\n
Por otro lado, al ponderar las pruebas de la parte demandante con las arrimadas por la demandada, evidenci\u00f3 que \u00abel valor persuasivo de las primeras se encuentra demeritado por la ayuda y socorro mutuos, la permanencia, la unidad y la convivencia que sin interrupciones mantuvo el Causante con quien fuera su esposa desde el 19 de diciembre de 1981\u00bb. Ciertamente, aludi\u00f3 a la prueba documental, en la cual <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se lee que el Causante registraba ante las empresas de servicios p\u00fablicos domiciliarios como su direcci\u00f3n de residencia la ubicada en la carrera 20 No. 13-100, del barrio Guayaquil en la ciudad de Cali (residencia de la pareja Baz\u00e1n Riascos), que su m\u00e9dico tratante Dr. Victor Erney Quilindo Salazar certific\u00f3 ante requerimiento realizado por el Juzgado, que atendi\u00f3 en diversas ocasiones al Causante y \u201crecuerda como su esposa y acompa\u00f1ante a la se\u00f1ora Oliva Riascos\u201d, lo que coincide con la copia de la historia cl\u00ednica enviada por Cosmitet en 164 folios, y, en la que se lee, v.g. a folio 232, que el Causante concurr\u00eda a servicios de urgencias en compa\u00f1\u00eda de Oliva Riascos (fecha de ingreso 08 de febrero de 2018), sin que registre en ninguna de sus citas m\u00e9dicas o solicitud de atenci\u00f3n, como acompa\u00f1ante a la demandante\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, las declaraciones de Rosa Mar\u00eda Granja Baz\u00e1n, Claudio Baz\u00e1n Granja, Edilma Mosquera Larrahondo, Carmen Elena Baz\u00e1n Garc\u00eda y Yubilma Narv\u00e1ez Carabal\u00ed indican de manera precisa y coincidente los aspectos cotidianos de la vida en pareja de los se\u00f1ores Baz\u00e1n Riascos. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N: CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Se formul\u00f3 un \u00fanico cargo contra la sentencia del Tribunal, que la Corte resumir\u00e1. Y, a continuaci\u00f3n, determinar\u00e1 las razones t\u00e9cnicas que impiden su estudio de fondo y conducen a su inadmisibilidad. <\/p>\n
Con estribo en la causal segunda de casaci\u00f3n, el recurrente censur\u00f3 la sentencia de ser violatoria de los art\u00edculos 1\u00b0 de la Ley 54 de 1990 y 13, 167, 170, 173, 176, 203 y 244 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Dicho esto y tras explicar brevemente el r\u00e9gimen de la uni\u00f3n marital de hecho a la luz de la Ley 54 de 1990 y de la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, afirm\u00f3 que \u00abla prueba documental debidamente aportada, consistente en la declaraci\u00f3n extra juicio rendida por mi mandante y el Causante Abelardo Baz\u00e1n Granja, del 05 de agosto de 2009, ante la Notar\u00eda \u00danica de Santander de Quilichao, Cauca, y la certificaci\u00f3n expedida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio \u201cFOMAG\u201d\u00bb no fue apreciada singularmente ni en conjunto. Por el contrario, los juzgadores \u00fanicamente se limitaron a aducir, sin ning\u00fan fundamento, que son medios suasorios que no revelaban la uni\u00f3n marital, \u00absino m\u00e1s bien, de vivencias experimentadas en otro tipo de relaciones dis\u00edmiles a los v\u00ednculos de facto\u00bb. En tal sentido, critic\u00f3 que no se le hubiera dado ning\u00fan valor al certificado de afiliaci\u00f3n del demandado a Cosmitet Ltda., bajo el argumento de que tal documento no prueba nada por s\u00ed mismo. En tal sentido, asegur\u00f3 que \u00abdentro de una apreciaci\u00f3n objetiva, ese no es motivo suficiente para no tenerlo en cuenta, toda vez que su valor demostrativo radica en ser un hecho que permite elaborar una inferencia indiciaria, que, valorada en conjunto con las dem\u00e1s pruebas, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, corrobora la circunstancia temporal que fue materia de litigio, situaci\u00f3n que igualmente, se presenta con la declaraci\u00f3n rendida por los excompa\u00f1eros permanentes Baz\u00e1n-Arias\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los testimonios recaudados, reproch\u00f3 que el ad quem \u00fanicamente hubiera afirmado que \u00abel testimonio no hace menci\u00f3n a comportamientos de la pareja que revelen una comunidad de vida\u00bb. No obstante, soslay\u00f3 el sentenciador indicar las razones por las cuales no atribuy\u00f3 ning\u00fan m\u00e9rito a tal declaraci\u00f3n, \u00abpues con violaci\u00f3n del art\u00edculo 221 del C\u00f3digo General del Proceso, omiti\u00f3 analizar la individualidad de la prueba que se dej\u00f3 a su consideraci\u00f3n, al o hacer la m\u00e1s m\u00ednima alusi\u00f3n a su contenido; de manera que su conclusi\u00f3n respecto de ese testimonio fue absolutamente infundada\u00bb. Por el contrario, el dicho del se\u00f1or Leonardo Leal Rodr\u00edguez es consistente, espont\u00e1neo y coherente. Ciertamente, \u00abninguna contradicci\u00f3n o incoherencia se present\u00f3 entre los diversos medios por los que la deponente afirm\u00f3 haberse enterado de los hechos. En efecto, es natural que una persona que fue cercana y conoci\u00f3 a la pareja por m\u00e1s de 13 a\u00f1os haya tenido conocimiento de las circunstancias en que se dio la uni\u00f3n por diversos medios. En tal sentido, no es necesario elaborar reglas de experiencia demasiado complejas para saber que fueron vecinos, toda vez, que la pareja Baz\u00f3n-Arias vivi\u00f3 justo al lado del domicilio del testigo\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al testigo Duber Rodr\u00edguez Cardona, resalt\u00f3 que su declaraci\u00f3n fue consistente y categ\u00f3rica y demuestra que la pareja compart\u00eda su cotidianeidad, pues sus integrantes ten\u00edan un hogar compartido y se trataban como consortes. Adem\u00e1s, s\u00ed expuso la raz\u00f3n de su dicho al indicar que \u00abes el padrastro de la se\u00f1ora Irma Arias Restrepo; que la pareja Baz\u00e1n-Arias los visitaba con regularidad en su lugar de domicilio y que muchas ocasiones charlaban y tomaban tinto\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, increp\u00f3 que el fallador de segundo grado no hubiera advertido las m\u00faltiples contradicciones en que incurri\u00f3 el apoderado de la demandada al contestar la demanda y en sus afirmaciones posteriores. <\/p>\n
A su turno, en relaci\u00f3n con el certificado de afiliaci\u00f3n al FOMAG, estim\u00f3 que el error probatorio consisti\u00f3 en no haberle otorgado el m\u00e9rito de un indicio. Y es que, a su juicio, en lo que \u00abdicta la experiencia com\u00fan, seg\u00fan la cual, una de las primeras cosas que hacen las parejas cuando conforman una uni\u00f3n de hecho es asegurar a su compa\u00f1ero brind\u00e1ndole seguridad social para no dejarlo desprotegido y que esta pueda tener acceso a los servicios de salud\u00bb. Adem\u00e1s, insisti\u00f3 en que la declaraci\u00f3n extra juicio rendida por la se\u00f1ora Arias y el causante \u00abdenota la existencia de un v\u00ednculo entre dos personas, que manifestaron convivir compartiendo cama, lecho y techo, por m\u00e1s de 5 a\u00f1os aproximadamente\u00bb. Por ende, adujo que debe d\u00e1rsele \u00abvalor probatorio\u00bb al siguiente razonamiento: \u00abque luego de ser contrastado con las dem\u00e1s pruebas que se han analizado, arroja un grado de probabilidad suficiente para tener por verdadero el hecho de que existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho entre mi poderdante con el causante, que inici\u00f3 el d\u00eda 06 de febrero del a\u00f1o 2004 y finaliz\u00f3 el d\u00eda 23 de junio del a\u00f1o 2018, en raz\u00f3n al fallecimiento de causas naturales del se\u00f1or Baz\u00e1n Granja\u00bb. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Cuando se formulan acusaciones por las causales primera y segunda, previstas en el art\u00edculo 336 CGP, es imperativo el se\u00f1alamiento de al menos una norma de car\u00e1cter sustancial -344 ejusdem-. Dicho precepto debe constituir la base esencial del fallo impugnado o haberlo sido. El censor ha de invocar tal disposici\u00f3n como quebrantada. Se destaca que tal exigencia es cardinal, porque a partir de ella se despliega la funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica y de tutela del derecho objetivo que la ley asigna en sede casacional a la Corte. <\/p>\n
2.- La disidente, a lo largo de su escrito de sustentaci\u00f3n, desarrollado a la manera de un alegato de instancia, mencion\u00f3 la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 1\u00b0 de la Ley 54 de 1990 y 13, 167, 170, 173, 176, 203 y 244 del C\u00f3digo General del Proceso. Sin embargo, ninguno de tales preceptos ostenta la calidad de sustancial. Esto es, no son reguladores de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta en cuanto crean, modifican o extinguen derechos entre los implicados en la relaci\u00f3n. Tal como se explica a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
2.1. El art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 54 de 1990 alude a la definici\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho. A su tenor literal contempla lo siguiente: \u00ab[a] partir de la vigencia de la presente Ley y para todos los efectos civiles, se denomina Uni\u00f3n Marital de Hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compa\u00f1ero y compa\u00f1era permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb. De la simple lectura de la norma, se desprende que ella \u00fanicamente define una instituci\u00f3n jur\u00eddica y las partes que la componen. Al respecto, esta Corte ha determinado que tal canon no es sustancial: \u00ab[e]se precepto, como la Corte ha tenido la oportunidad de precisar, no declara, crea, modifica o extingue una relaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, pues es \u201cmeramente definitorio del fen\u00f3meno jur\u00eddico all\u00ed previsto y de los sujetos que lo estructuran\u201d\u00bb (CSJ\uff0eAC\uff0e28 Feb 2005\uff0crad 2001 <\/p>\n
670\uff0c reiterado en AC 22\uff0eSep\uff0e2014\uff0eRad\uff0e2010 <\/p>\n
00551 <\/p>\n
01 y AC 2534-2017, Rad. 2013-0481-01). <\/p>\n
2.2. Los c\u00e1nones 13, 167, 170, 173, 176, 203 y 244 del C\u00f3digo General del Proceso son normas de estirpe netamente probatoria. En efecto, el canon 13 alude a la obligatoriedad de las normas procesales6; el 167, a la atribuci\u00f3n de la carga de la prueba7; el 170, al decreto y pr\u00e1ctica de pruebas de oficio8; el 173, a las oportunidades probatorias9; el 176, al deber de los jueces de apreciar los medios convictivos en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica10; el 203, a las reglas de la pr\u00e1ctica del interrogatorio de parte11; y el 244, a la autenticidad de los documentos12. <\/p>\n
2.3. De manera que, con tal yerro, el cargo qued\u00f3 ac\u00e9falo, lo que impide absolutamente a la Corte abordar el tema en estudio pues \u00abes necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida\u00bb. En una palabra, tal deficiencia deja el ataque del todo incompleto. <\/p>\n
3. Adem\u00e1s, el cargo adolece de falta de claridad y precisi\u00f3n, comoquiera que omiti\u00f3 determinar la clase de error en que presuntamente incurri\u00f3 el ad quem al efectuar la valoraci\u00f3n f\u00e1ctica. Es decir, si se trat\u00f3 de hecho o de derecho. Como se ha reconocido en la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
4. Y a\u00fan si se entendiera que lo censurado es un defecto de derecho -por la falta de valoraci\u00f3n en conjunto y bajo las reglas de la experiencia de las pruebas documentales y testimoniales que se\u00f1ala-, lo cierto es que el embate no es completo. Y ello es as\u00ed, porque omiti\u00f3 combatir los pilares del fallo impugnado, comoquiera que no se pronunci\u00f3 en absoluto sobre la apreciaci\u00f3n efectuada por el ad quem respecto de los dem\u00e1s medios suasorios. <\/p>\n
En efecto, v\u00e9ase que la labor probatoria del juez de segundo grado no se agot\u00f3 en la apreciaci\u00f3n de los testimonios de Duber Rodr\u00edguez Cardona y Leonardo Leal Rodr\u00edguez o la declaraci\u00f3n extra-juicio rendida por los presuntos compa\u00f1eros y el certificado del Fomag. Por el contrario, contrast\u00f3 tales probanzas con las dem\u00e1s obrantes en el plenario, a saber, la \u00abprueba documental en la cual se lee que el Causante registraba ante las empresas de servicios p\u00fablicos domiciliarios como su direcci\u00f3n de residencia la ubicada en la carrera 20 No. 13-100, del barrio Guayaquil en la ciudad de Cali (residencia de la pareja Bazan Riascos)\u00bb; el dicho del doctor V\u00edctor Erney Quilindo, la historia cl\u00ednica del causante y las declaraciones de Rosa Mari Granja Baz\u00e1n, Claudio Baz\u00e1n Granja, Edilma Mosquera Larrahondo, Carmen Elena Baz\u00e1n Garc\u00eda y Yubilma Narv\u00e1ez Carabal\u00ed. De manera que, a juicio del Colegiado, \u00ab[p]onderadas las pruebas de la parte demandante con las arrimadas por la parte demandada, el valor persuasivo de las primeras se encuentra demeritado por la ayuda y socorro mutuos, la permanencia, la unidad y la convivencia que sin interrupciones mantuvo el Causante con quien fuera su esposa desde el 19 de diciembre de 1981\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, sobre tales consideraciones nada se dijo. Por el contrario, el censor se esforz\u00f3 en exponer su particular visi\u00f3n sobre ciertos medios de prueba, dejando inc\u00f3lume el raciocinio del ad quem sobre la totalidad de los elementos suasorios practicados. De forma tal que de ninguna manera se desvirtu\u00f3 la presunci\u00f3n de legalidad y acierto en que est\u00e1 investida la sentencia de segunda instancia. Por ende, no es admisible el cargo esbozado. <\/p>\n
Sobre la completitud del ataque, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil ha sostenido que: \u00abla demanda de casaci\u00f3n debe desandar los pasos del tribunal para derruir todos y cada uno de los pilares que sirven de apoyo a su sentencia, porque en la medida en que sus argumentos basilares se mantengan inc\u00f3lumes, la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que ampara la labor del ad quem deviene inquebrantable\u00bb (CSJ SC4901, 13 nov. 2019, rad. n.\u00ba 2007-00181-01). Dicho en otras palabras, la \u00abactividad impugnaticia tiene que estar dirigida a derruir la totalidad de [los] argumentos esenciales de la sentencia, pues si el labor\u00edo del acusador no los comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no podr\u00eda quebrarse en virtud del recurso extraordinario\u2026; el cargo\u2026 debe ser completo o, lo que es lo mismo, debe controvertir directamente la totalidad de los aut\u00e9nticos argumentos que respaldan la decisi\u00f3n combatida\u00bb (CSJ SC5674, 18 dic. 2018, rad. n.\u00ba 2009-00190-01, reitera AC, 19 dic. 2012, rad. n.\u00ba 2001-00038-01). <\/p>\n
5. Por tales razones, se inadmitir\u00e1 la demanda de casaci\u00f3n presentada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR el cargo \u00fanico formulado contra la sentencia 10 de febrero de 2022, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n en el asunto indicado en el ep\u00edgrafe de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 PDF \u00ab03Demanda.pdf\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 PDF \u00ab14ContestacionDemanda\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 PDF \u00ab24ContestacionDemanda\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 PDF \u00ab30ContestacionDemanda\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 PDF \u00ab37ContestacionDemanda\u00bb. La se\u00f1ora Leydi Zuleima Baz\u00e1n Hermann tambi\u00e9n contest\u00f3 la demanda y dijo no oponerse a las pretensiones: PDF \u00ab23ContestacionDemanda\u00bb. Sin embargo, tal litigante fue excluida en auto del 21 de julio del 2020. <\/p>\n
6\u0002 AC2268-2022. <\/p>\n
7\u0002 AC2861-2022. <\/p>\n
8\u0002 AC4491-2022. <\/p>\n
9\u0002 AC5162-2018. <\/p>\n
10\u0002 AC2268-2022. <\/p>\n
11\u0002 AC4491-2022. <\/p>\n
12\u0002 AC2117-2020. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC1704-2023 (2019-00070-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente AC1704-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 19698-31-84-002-2019-00070-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74364","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74364","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74364"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74364\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74364"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74364"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74364"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}