AC1708-2023 (2018-00072-01)<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC1708-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 27001-31-03-001-2018-00072-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de las demandas con las cuales Carlos Mario Olarte Betancur y Elsa Mar\u00eda Casta\u00f1o Casarrubia dicen sustentar los recursos de casaci\u00f3n que cada uno formul\u00f3 contra la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2021 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3, en el proceso verbal promovido por Carlos Mario Olarte Betancur respecto de Elsa Mar\u00eda Casta\u00f1o Casarrubia. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La pretensi\u00f3n <\/p>\n
El demandante pretende que se declare que entre \u00e9l -arrendatario- y la se\u00f1ora Elsa Mar\u00eda Casta\u00f1o Casarrubia -arrendadora- se celebr\u00f3 un contrato de alquiler sobre el local comercial ubicado en la carrera 3 no. 24 A-49 (hoy Cra. 3 no. 24 A -45) del municipio de Quibd\u00f3 (Choc\u00f3), desde el 31 de enero del 2005, y el cual est\u00e1 destinado al funcionamiento del establecimiento de comercio denominado \u00abAlmac\u00e9n y Discos Fuller\u00bb. A su turno, pidi\u00f3 que se reconozca que la arrendadora incumpli\u00f3 las obligaciones derivadas del citado convenio \u00abal no realizar, dentro del t\u00e9rmino legal establecido entre las partes y la norma, la entrega del local dado en arrendamiento con las remodelaciones y mejoras a que se comprometi\u00f3, violando las obligaciones establecidas en el contrato, el c\u00f3digo civil y de comercio para esta clase de contratos\u00bb. En consecuencia, inst\u00f3 a que se declare la \u00abresoluci\u00f3n del contrato de arrendamiento de local comercial\u00bb y que se conmine, a la interpelada, a indemnizar al arrendatario \u00abpor todos los da\u00f1os y perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento de lo pactado y de las obligaciones contractuales derivadas del mencionado contrato, perjuicios consistentes en detrimento patrimonial y p\u00e9rdida de utilidades en ventas, gastos en salarios de trabajadores que no pod\u00eda despedir, gastos de mercanc\u00eda y dem\u00e1s\u00bb. En ese orden de ideas, tas\u00f3 los perjuicios patrimoniales (lucro cesante, lucro cesante futuro y da\u00f1o emergente) en $685.848.610 y los extrapatrimoniales (morales) en 200 S.M.L.M.V.1 <\/p>\n
2.- Causa petendi <\/p>\n
Narr\u00f3 que los contendientes celebraron, el 31 de enero del 2005, un contrato de arrendamiento de local comercial en la modalidad de \u00abrenovaci\u00f3n del contrato verbal reconocido por las partes hace m\u00e1s de 17 a\u00f1os\u00bb, sobre el inmueble ubicado en la Carrera 3 no. 24 A-49 de la ciudad de Quibd\u00f3. En dicho bien, el se\u00f1or Olarte dispuso el establecimiento \u00abAlmac\u00e9n y Discos Fuller\u00bb, dedicado al comercio, venta de electrodom\u00e9sticos y gasodom\u00e9sticos, muebles y equipos de iluminaci\u00f3n. Asevera que el convenio se ha prorrogado anualmente desde su celebraci\u00f3n y que, a su turno, ha cumplido con todas sus obligaciones. Afirm\u00f3 que el 5 de junio del 2012, la se\u00f1ora Elsa Mar\u00eda envi\u00f3 al demandante comunicaci\u00f3n escrita mediante la cual inform\u00f3 que autorizaba al se\u00f1or Armando Luna Campo, \u00abpara que sea \u00e9l, quien reciba el valor del canon de arrendamiento mensual del inmueble (\u2026), igualmente, solicita, que la expedici\u00f3n de los certificados de retenci\u00f3n sea expedidos a nombre del mismo\u00bb. Posteriormente, el 19 de junio del 2014, la arrendadora -a trav\u00e9s del se\u00f1or Luna- le inform\u00f3 por escrito que el 1 de agosto siguiente, empezar\u00edan las remodelaciones al local arrendado, por lo que pidi\u00f3 la entrega del local para mediados del mes de julio del 2014. <\/p>\n
Relat\u00f3 que el 3 de febrero del 2015, tras varias negociaciones verbales con la se\u00f1ora Casta\u00f1o, el se\u00f1or Carlos Mario le comunic\u00f3 que \u00abde conformidad a la conversaci\u00f3n sostenida con el se\u00f1or Armando Luna, quedamos de hacer entrega del local que ocupo este 15 de febrero, ya que su hijo el arquitecto Carlos Luna, me hab\u00eda manifestado que lo dej\u00e1ramos para el 01 de marzo, pero por conveniencia mutua, se qued\u00f3 de que s\u00ed se entregaba m\u00e1s r\u00e1pido se iniciar\u00eda m\u00e1s pronto la construcci\u00f3n y la entrega del mismo ser\u00eda m\u00e1s temprana, ya que estamos pr\u00f3ximos al mes de mayo, que es el mes de la madres, fecha muy importante comercialmente\u00bb. Frente a lo cual el se\u00f1or Luna le contest\u00f3 el 5 de febrero del 2015. A su turno, el 18 de febrero siguiente, el se\u00f1or Carlos Mario le inform\u00f3 a la arrendadora sobre la entrega de las llaves del local comercial seg\u00fan las indicaciones de aquella, \u00abmanifest\u00e1ndoles igualmente que estar\u00eda atento y presto al proyecto de remodelaci\u00f3n y mejora del local comercial para su entrega, nuevamente en calidad de arrendatario\u00bb. Aclar\u00f3, adem\u00e1s, que los contratantes acordaron que \u00abel local ser\u00eda entregado a m\u00e1s tardar en el mes de mayo del a\u00f1o 2015, antes que llegara la fecha del d\u00eda de las madres, es decir, el compromiso para la entrega de local era aproximadamente de 2 meses y hasta antes de llegar la fecha de d\u00eda de madres, fecha comercialmente importante para el arrendatario, como qued\u00f3 plasmada en la comunicaci\u00f3n del d\u00eda 03 de febrero del a\u00f1o 2015\u00bb. No obstante, destac\u00f3 que, pasado un mes desde la entrega del bien, las remodelaciones a\u00fan no hab\u00edan comenzado; preocupaci\u00f3n que puso de presente a la demandada en comunicaciones del 11 y 21 de marzo del 2015. <\/p>\n
Una vez cumplido el t\u00e9rmino pactado por las partes para hacer los trabajos, adecuaciones, mejoras y efectuar la entrega del local nuevamente al arrendatario, \u00abla arrendadora no le cumpli\u00f3 a mi Poderdante, no realiz\u00f3 la entrega del local en el mes de mayo del 2015 antes de la fecha de d\u00eda de las madres (\u2026) gener\u00e1ndole grandes perjuicios a mi Representado\u00bb. Ante la conducta de la se\u00f1ora Elsa Mar\u00eda, el convocante remiti\u00f3 comunicaci\u00f3n el 20 de diciembre del 2016, en la cual, entre otras cosas, \u00ables consult\u00f3 si a\u00fan estaba opcionado para hacer uso del local seg\u00fan lo acordado\u00bb. Indic\u00f3 que el contrato de arrendamiento celebrado sigue vigente, pues se ha prorrogado anualmente por m\u00e1s de 30 a\u00f1os. Sin que este haya sido terminado por alguno de los contratantes. Pese a lo anterior, destac\u00f3 que han transcurrido m\u00e1s de 37 meses en que el se\u00f1or Carlos Mario Olarte entreg\u00f3 el bien para realizar las obras de remodelaci\u00f3n y mejoras, sin que la arrendadora hubiere \u00abdado respuesta satisfactoria alguna a mi representado, no realiz\u00f3 las obras ni mejoras en el inmueble, no realiz\u00f3 la entrega del local comercial arrendado, incumpliendo con sus obligaciones contractuales causando serios perjuicios patrimoniales al arrendatario\u00bb. Aleg\u00f3 que tal escenario le ha causado graves perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, por virtud de la p\u00e9rdida de utilidades en ventas, gastos en salarios de trabajadores que no pod\u00eda despedir y de traslado de mercanc\u00eda. Adem\u00e1s, adujo que el incumplimiento de la demandada le ha generado angustia, zozobra, aflicci\u00f3n y estr\u00e9s. <\/p>\n
3.- Posici\u00f3n de la convocada <\/p>\n
La interpelada no contest\u00f3 oportunamente la demanda2. <\/p>\n
4.- Primera instancia <\/p>\n
La clausur\u00f3 el Juzgado Civil del Circuito de Quibd\u00f3 con sentencia del 5 de octubre de 2020, por la cual declar\u00f3 que entre \u00abElsa Mar\u00eda Casta\u00f1o Casarrubia y el se\u00f1or Carlos Mario Olarte Betancur, existi\u00f3 un contrato de arrendamiento de local comercial, ubicado en la carrera 3ra N\u00b0 24A antes 49 ahora 45, suscrito el 31 de enero de 2005, el cual se encuentra vigente\u00bb. Adem\u00e1s, declar\u00f3 terminado el aludido contrato de arrendamiento por el incumplimiento de las \u00abobligaciones impuestas por la ley\u00bb por parte de la demandada. En consecuencia, conden\u00f3 a la pasiva al pago de los perjuicios patrimoniales sufridos por la parte activa, los que tas\u00f3 en $2.521.188.610. Por dem\u00e1s, neg\u00f3 los perjuicios morales reclamados3. <\/p>\n
5.- Segunda instancia <\/p>\n
Los recursos de apelaci\u00f3n formulados por ambas partes contra el veredicto de primera instancia fueron desatados por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3, con sentencia del 2 de septiembre de 2021. All\u00ed, revoc\u00f3 los numerales tercero y cuarto del fallo impugnado y, en su lugar, neg\u00f3 las s\u00faplicas indemnizatorias perseguidas en la demanda. En lo dem\u00e1s, confirm\u00f3 el prove\u00eddo de primer grado. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El ad quem enunci\u00f3 los problemas jur\u00eddicos que habr\u00eda de resolver: i) establecer si se demostr\u00f3 que la se\u00f1ora Casta\u00f1o Casarrubia solicit\u00f3 la entrega definitiva del local comercial y si, para esos efectos, desahuci\u00f3 al arrendatario de conformidad con los art\u00edculos 518 y 520 del C\u00f3digo de Comercio; ii) dictaminar si lo dispuesto en el art\u00edculo 870 del mismo estatuto es aplicable al asunto de marras o si, por el contrario, \u00aben caso de controversias por mora o incumplimiento, solo es procedente lo dispuesto en el art\u00edculo 522 \u00eddem\u00bb; iii) analizar si el peritaje presentado por el actor satisface las exigencias para tenerlo como \u00abplena prueba\u00bb; iv) verificar si hay lugar a condenar a la pasiva al pago de perjuicios morales; y, v) precisar si debe o no modificarse la condena en costas. A continuaci\u00f3n, puso de presente la normatividad y la jurisprudencia que regulan las instituciones jur\u00eddicas del desahucio -art. 520 del C\u00f3digo de Comercio-, la resoluci\u00f3n del contrato -art. 870 \u00eddem-, las indemnizaciones al arrendatario del art\u00edculo 522 de la legislaci\u00f3n mercantil y el \u00absistema de protecci\u00f3n del derecho del arrendatario\u00bb. Sentado lo anterior, respecto al primero de los problemas jur\u00eddicos planteados, indic\u00f3 que se encontraba probado dentro del plenario que la arrendadora s\u00ed desahuci\u00f3 verbalmente al arrendatario el 1 de julio del 2013; hecho del que dan cuenta la declaraci\u00f3n de parte de la demandada y el testimonio de Nubia Olarte Betancur. A su turno, de las m\u00faltiples comunicaciones enviadas por el locatario a la convocada -obrantes a folios 28, 37 y 38- y de la aludida prueba testimonial, es posible deducir sin el \u00abm\u00ednimo atisbo de duda de que el local comercial bajo litis fue entregado por el arrendatario, a la arrendadora, con el \u00fanico y exclusivo prop\u00f3sito de hacerle algunas remodelaciones\u00bb. Conocimiento que vio afianzado con la declaraci\u00f3n de la misma Elsa Mar\u00eda Casta\u00f1o. Adem\u00e1s, seg\u00fan las versiones de Nubia y Camilo Olarte, \u00abla entrega que hizo el demandante a la demandada del bien inmueble arrendado ten\u00eda como \u00fanico prop\u00f3sito hacerle unas reparaciones, no era una entrega definitiva\u00bb. Tomando en consideraci\u00f3n las pruebas referenciadas, para el ad quem es claro que s\u00ed existi\u00f3 un acuerdo de voluntades entre la propietaria del inmueble y el inquilino \u00abpara que este le devolviera desocupado el local a fin de que su propietaria, en un lapso de tres (3) meses computados a partir de la entrega, adelantara algunas obras civiles en el mismo\u00bb. En ese sentido, considera imposible arribar a una conclusi\u00f3n diferente luego de auscultar la declaraci\u00f3n de Casta\u00f1o Casarrubia y los testigos convocados por la activa. <\/p>\n
Por otro lado, en cuanto a la existencia del desahucio que hiciera la demandada al actor para la entrega del local, encontr\u00f3 raz\u00f3n a la apelante al afirmar que tal hecho sucedi\u00f3 y que \u00abdesde la lectura del texto genitor se deduce el cumplimiento de ese requisito por parte de la arrendataria\u00bb. No obstante, precis\u00f3 que tal acto se efectu\u00f3 de manera verbal el 1 de julio del 2013, con amparo en lo reglamentado en el art\u00edculo 520 del C\u00f3digo de Comercio y con estribo en la causal 3 del art\u00edculo 518 ejusdem; pues se pidi\u00f3 la restituci\u00f3n del bien para ejecutar ciertas obras, \u00abtrabajos que luego de tres meses de que el arrendatario entregara el inmueble la due\u00f1a a\u00fan no hab\u00eda iniciado\u00bb, hecho del que dan cuenta las comunicaciones obrantes a folios 37 y 38. Corolario de lo expuesto y seg\u00fan el dictamen pericial elaborado por Estanislao C\u00f3rdoba Murillo, para el Tribunal qued\u00f3 al descubierto que la propietaria le pidi\u00f3 al arrendatario el inmueble arrendado \u00ab\u00fanicamente para ejecutar sobre \u00e9l algunas obras civiles que hasta el momento de presentaci\u00f3n de la demanda no hab\u00eda adelantado y que, pasados tres meses desde cuando el arrendatario lo entreg\u00f3, ni siquiera hab\u00edan comenzado\u00bb. As\u00ed las cosas, se afincaron dos conclusiones. La primera, que el arrendatario -con m\u00e1s de dos a\u00f1os de antig\u00fcedad en el inmueble- tiene el derecho de preferencia contenido en el art\u00edculo 521 del C\u00f3digo de Comercio. Y la segunda, que la arrendadora, al no haber iniciado las obras civiles sobre el local dentro de los 3 meses posteriores a la entrega, asumi\u00f3 la obligaci\u00f3n de indemnizar al arrendatario en los t\u00e9rminos del canon 522 ibidem. As\u00ed, pues, indic\u00f3 que estas eran las razones \u00abque llevan a esta Magistratura a despachar desfavorablemente las pretensiones de la demandada al recurrir el fallo de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, frente al segundo problema jur\u00eddico -procedencia de la pretensi\u00f3n de resoluci\u00f3n del contrato-, la Colegiatura indic\u00f3 que: i) los c\u00e1nones 870 y 522 del estatuto mercantil son normas que se complementan; y ii) \u00abfue la parte actora la que precisamente sufri\u00f3 los perjuicios derivados del incumplimiento de la accionada a su deber de iniciar las obras de infraestructura en el local dentro del plazo que determina la ley, lo que habilit\u00f3 al arrendatario a elegir una de las opciones del canon 870\u00bb. As\u00ed, pues, advirti\u00f3 que el demandante opt\u00f3 por pedir la terminaci\u00f3n del contrato y la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios sufridos, \u00aby ello obliga a que se acuda al canon 522 (\u2026) para establecer la clase de incumplimiento endilgado al arrendador (no dar a los locales el destino indicado, no respetar el derecho de preferencia del arrendatario, utilizar el local para un objeto social id\u00e9ntico al del arrendatario o no comenzar las obras dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la entrega) y para precisar los conceptos de las indemnizaciones a cargo del arrendador (inciso 2\u00b0 de la norma citada)\u00bb. A juicio del Tribunal, qued\u00f3 demostrado que la demandada no acat\u00f3 un deber legal al no iniciar las obras civiles en el local dentro de los 3 meses siguientes al 15 de febrero del 2015, \u00ablo que permite concluir que sus pretensiones encuentran respaldo jur\u00eddico, no solo en el Art. 870, sino tambi\u00e9n en el 522, ambos del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. Para el juez de segundo grado, est\u00e1n reunidos los elementos de la responsabilidad civil contractual. Se demostr\u00f3 la existencia de un contrato de arrendamiento de local comercial entre las partes. Por parte de la arrendadora, hubo una ejecuci\u00f3n defectuosa de la obligaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 522 del C\u00f3digo de Comercio. La inejecuci\u00f3n de la prestaci\u00f3n de iniciar las obras caus\u00f3 unos perjuicios al arrendatario. Esto, a su turno, le ser\u00eda imputable a la demandada \u00abpues deb\u00eda principiar las obras civiles dentro del plazo legal para que las mismas finiquitaran lo antes posible y as\u00ed garantizarle al arrendatario su derecho de preferencia, cosa que jam\u00e1s ocurri\u00f3, lo cual le caus\u00f3 unos perjuicios indemnizables pecuniariamente\u00bb. Por dem\u00e1s, se aclar\u00f3 que la responsabilidad endilgada no deviene del hecho de que no haya terminado la remodelaci\u00f3n del local dentro de los tres meses posteriores a la entrega por parte del inquilino. Por el contrario, -se dijo- se deriva de \u00abla probada circunstancia de no haber comenzado esos trabajos dentro del mencionado lapso, para que su finalizaci\u00f3n se acelerara y se obviaran traumatismos al empresario\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, indic\u00f3 que no es acertado el argumento esgrimido por la arrendadora en punto de considerar que no era posible ejercitar la acci\u00f3n de resoluci\u00f3n del contrato y la indemnizaci\u00f3n de perjuicios por haber terminado v\u00e1lidamente el negocio. Explic\u00f3 lo que viene: Primero, la devoluci\u00f3n del inmueble para efectos de su reparaci\u00f3n \u00abno hace cesar las obligaciones del arrendador para con el arrendatario; la una, la de iniciar las obras dentro del plazo de tres meses siguientes a la entrega del local, y la otra, que dimana del Art. 521 del plexo normativo mercantil, conlleva a que una vez culminada la obra debe preferir a ese inquilino para arrendarle nuevamente el bien\u00bb. Y segundo, todo incumplimiento de una obligaci\u00f3n, sea legal o contractual, genera perjuicios que deben ser indemnizados, \u00abcomo en el asunto de la especie en que, esa puntual pretensi\u00f3n del actor, tiene piso legal en el Art. 522 \u00eddem\u00bb. En el asunto en concreto, el Tribunal consider\u00f3 que la arrendadora s\u00ed desahuci\u00f3 al arrendatario con la debida anticipaci\u00f3n y bajo la causal 3 del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo de Comercio, \u00abpor lo menos, desde el mes de junio del 2014\u00bb -fol. 27-. Adem\u00e1s, es claro que el inquilino devolvi\u00f3 el bien el 18 de febrero del 2015; por lo que la demandada debi\u00f3 empezar las obras de reconstrucci\u00f3n, a m\u00e1s tardar, el 18 de mayo del mismo a\u00f1o, cosa que no hizo. Tal recuento demuestra que \u00abla accionada inobserv\u00f3 un deber legal para con su arrendatario, lo que, de suyo, genera unos perjuicios que debe reparar, pues ese empresario, pese a haber entregado el local, conservaba su derecho de preferencia frente a otras personas que tambi\u00e9n quisieran arrendar el mismo bien, derecho que no pudo ejercer pues, seg\u00fan la prueba pericial practicada por el ingeniero civil ESTANISLAO C\u00d3RDOBA MURILLO y que obra en la causa, en la actualidad el inmueble es inexistente y solo se percibe all\u00ed el lote de terreno\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, frente a la condena del pago de perjuicios por el despido de empleados que nunca rompieron el v\u00ednculo laboral con el actor, el ad quem se volc\u00f3 en el estudio del dictamen pericial elaborado por el contador Gilberto Antonio Agudelo Giraldo. Al analizar dicho medio de prueba, dictamin\u00f3 que este no cumple con los criterios m\u00ednimos para su estimaci\u00f3n. Para el efecto, tuvo en cuenta que: i) el perito no acredit\u00f3 la suficiente experiencia en la elaboraci\u00f3n de \u00abesta clase\u00bb de peritajes; ii) la \u00abvalidez y aceptabilidad\u00bb del m\u00e9todo utilizado para cuantificar el lucro cesante consolidado y futuro no quedaron acreditadas, \u00abam\u00e9n de que la relaci\u00f3n causa-efecto entre la disminuci\u00f3n en un 10%, \u2018m\u00e1s o menos\u2019, de las ventas actuales con la entrega del local a la demandada, tampoco se revela notoria en esa experticia\u00bb; iii) respecto del da\u00f1o emergente, indic\u00f3 que el valor anotado \u00abse muestra a espaldas\u00bb de lo se\u00f1alado en el inciso 2 del art\u00edculo 522 del C\u00f3digo de Comercio. En ese sentido, y con fundamento en el art\u00edculo 232 del C\u00f3digo General del Proceso, estim\u00f3 que el dictamen pericial contable no cumple con las exigencias legales para otorgarle m\u00e9rito suasorio que posibilite mantener la condena impuesta a la demandada. Por ende, revoc\u00f3 los numerales tercero y cuarto de la parte resolutiva y negar las pretensiones indemnizatorias de la demanda4. <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto a la apelaci\u00f3n interpuesta por la parte demandante, record\u00f3 que, en la actualidad, la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil admite la indemnizaci\u00f3n de perjuicios extrapatrimoniales derivados del incumplimiento contractual. Ello, siempre que el demandante demuestre su causaci\u00f3n. Advirti\u00f3 que las \u00fanicas pruebas allegadas para el efecto son los testimonios de Nubia y Camilo Olarte. Sin embargo, a juicio del ad quem, tales declaraciones \u00abno pueden ser el fundamento de una condena por perjuicios morales como lo pretende el recurrente, en primer lugar, porque el propio hijo del actor se\u00f1al\u00f3 que la presi\u00f3n por el cierre del local recay\u00f3 en \u00e9l como administrador de ese almac\u00e9n; en segundo lugar, porque no explic\u00f3 la raz\u00f3n de su dicho al afirmar que su pap\u00e1 no dorm\u00eda; y en tercer lugar, porque la atestaci\u00f3n de la hermana del pretensionante es muy vaga, difusa y poco espec\u00edfica al decir que esa situaci\u00f3n genera estr\u00e9s, lo que es apenas obvio\u00bb. Por \u00faltimo, en torno a la condena en costas, no hay lugar a acceder a lo pretendido por el demandante, pues: i) en el plenario solo est\u00e1n soportados los gastos ocasionados por la cauci\u00f3n, la inspecci\u00f3n judicial y el dictamen pericial; y ii) no es por la v\u00eda del recurso de apelaci\u00f3n de la sentencia de primera instancia que la vencedora \u00abha de lograr que los gastos en que incurri\u00f3 con ocasi\u00f3n de la litis queden incluidos en la liquidaci\u00f3n de costas, sino en primera instancia, una vez regrese el expediente al quedar ejecutoriado este fallo. La condena que hizo la juez a quo por ese concepto, de conformidad con el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo en comento, ha de imputarse a agencias en derecho\u00bb. <\/p>\n
III. LAS DEMANDAS DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se analizan las demandas presentadas. <\/p>\n
Se formularon tres cargos. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con estribo en la causal segunda de casaci\u00f3n, el recurrente tach\u00f3 la sentencia de ser violatoria indirectamente de los art\u00edculos 1546, 1602, 1603, 1604, 1608, 1610, 1613 a 1617, 1618 a 1627, 1973, 1990, 1991, 2007, 2009, 2024 del C\u00f3digo Civil; 518, 522, 524, 829 numerales 3\u00ba, 830, 864, 870 y 871 del C\u00f3digo de Comercio; y 42, 164, 165, 176, 196, 198, 226, 228, 232, 235, 244, 246, 250, 260, 280 y 281 del C\u00f3digo General del Proceso. Ello, como consecuencia del error de derecho derivado del desconocimiento de normas probatorias sobre documentos existentes en el expediente, los interrogatorios de parte, testimonios y el dictamen pericial. Para el efecto, indic\u00f3 que: <\/p>\n
1. Comenz\u00f3 por censurar que el ad quem desconoci\u00f3 o malinterpret\u00f3 las pretensiones expresadas en la demanda y en su reforma. As\u00ed como tampoco tuvo en cuenta, al analizar el interrogatorio de parte rendido por la demandada, sus confusas respuestas. Asever\u00f3 que es errada la conclusi\u00f3n del Tribunal al reconocer y afirmar que la demandada desahuci\u00f3 verbalmente al arrendatario desde el 1 de julio del 2013, cuyos efectos se prolongaron hasta la entrega del local el 15 de febrero del 2015. Para el efecto, explic\u00f3 que como el supuesto desahucio dijo haberse efectuado el 1 de julio del 2013, el inmueble debi\u00f3 ser entregado el 1 de enero del 2014, cosa que no ocurri\u00f3. En ese sentido, \u00abal haber transcurrido esa fecha, sin recibo, ni entrega del inmueble, es decir al continuar el Arrendatario en el local, pagando tanto el reajuste del canon pactado, como el valor del canon de arrendamiento mensual anticipado, antes del 5 de enero de 2.014 y recibido este por la Arrendadora, el Contrato de marras SE RENOV\u00d3 POR UN (1) A\u00d1O M\u00c1S, es decir, HASTA EL 1 DE ENERO DE 2.015, QUEDANDO SIN EFECTO LEGAL ALGUNO, EL SUPUESTO DESAHUCIO REALIZADO POR LA ARRENDADORA AL ARRENDATARIO EL 1 DE JULIO DE 2.013\u00bb. As\u00ed las cosas, carece de sustentaci\u00f3n legal v\u00e1lida la vigencia indefinida que el ad quem otorg\u00f3 al comentado desahucio. De manera que, a su juicio, la entrega que efectu\u00f3 el arrendatario \u00abno es el producto de un desahucio legalmente efectuado, al tenor de las normas del C\u00f3digo de Comercio vigentes, porque al ser este, un contrato legalmente celebrado, es ley para las partes y su renovaci\u00f3n autom\u00e1tica, hecho que ocurri\u00f3 doblemente en las fechas mencionadas (el 1 de enero de 2.014 y 2.015) y al no existir prueba alguna en contrario (art\u00edculo 1.602 y 1.603 del C\u00f3digo Civil), el mentado supuesto desahucio de 1 de julio de 2.013, carece de efecto legal alguno\u00bb. Por el contrario, la devoluci\u00f3n del local fue fruto de \u00abuna entrega temporal efectuada voluntariamente por el Demandante Arrendatario a la Demandada Arrendadora, el d\u00eda 18 de febrero de 2.015, seg\u00fan lo acordado en reuniones anteriores por las partes hoy en conflicto (\u2026)\u00bb. Indic\u00f3 que tales hechos se comprueban con las respuestas dadas por la demandada a las preguntas formuladas por la juez de primera instancia. Asimismo, aludi\u00f3 al documento obrante a folios 281 a 283, el cual muestra las contradicciones entre el dicho de la deponente y la realidad frente a la construcci\u00f3n que iba a efectuarse. <\/p>\n
2. Por otro lado, asever\u00f3 que, si en el caso en concreto, se le hubiera dado debida aplicaci\u00f3n a los art\u00edculos 176, 184, 280 y 281 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abno s\u00f3lo en cuanto al examen conjunto de todas las pruebas aportadas o recaudadas, es decir, sobre la totalidad del material probatorio, sino en cuanto a lo resuelto por la Sentencia y su congruencia con los hechos y las pretensiones aducidas en la Demanda\u00bb, el ad quem habr\u00eda efectuado un estudio completo, cuidadoso e integrado de las pruebas obrantes en el plenario y sus conclusiones habr\u00edan sido distintas. <\/p>\n
2.1. Tras aludir a los documentos \u00absuscritos o aportados por la demandada arrendadora\u00bb, la licencia de construcci\u00f3n y los \u00abdocumentos suscritos o aportados por el demandante arrendatario\u00bb, apuntal\u00f3 que las comunicaciones enviadas por el arrendatario \u00abno fueron para nada tenidas en cuenta tanto por la Demandada Arrendadora y su C\u00f3nyuge como apoderado judicial, como por la Sentencia del Tribunal\u00bb y por ende, no se dio aplicaci\u00f3n a lo resuelto en anteriores ocasiones por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil en torno a la buena fe contractual. M\u00e1s adelante, destaca que en ninguna de tales pruebas \u00abse hace menci\u00f3n o relaci\u00f3n a UNA ENTREGA DEFINITIVA DEL LOCAL ARRENDADO, COMO PRODUCTO DE UN SUPUESTO DESAHUCIO, PARA TAL EFECTO, SINO DE UNA ENTREGA MERAMENTE TEMPORAL, ORIGINADA en la necesidad y urgencia de efectuar en el, una \u201cREMODELACI\u00d3N DEL LOCAL COMERCIAL (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n
2.2. En cuanto a los interrogatorios de parte rendidos por los contendientes, reproch\u00f3 la omisi\u00f3n de la declaraci\u00f3n rendida por Carlos Mario Olarte. Asever\u00f3 que, si el ad quem hubiera \u00abal menos le\u00eddo las anteriores preguntas, hab\u00eda establecido que, el Demandante Arrendatario en su calidad de Comerciante, ven\u00eda desarrollando su actividad comercial, en el local arrendado causa del litigio desde el a\u00f1o de 1.990, es decir, treinta (30) a\u00f1os antes de la fecha de la Diligencia de Interrogatorio objeto de an\u00e1lisis\u00bb. En contraste, frente a la declaraci\u00f3n de parte rendida por la demandada, transcribi\u00f3 y coment\u00f3 las respuestas dadas por aquellas, las que calific\u00f3 de evasivas y faltas de claridad, precisi\u00f3n y veracidad. De manera que se concret\u00f3 el an\u00e1lisis del juez colegiado en una sola prueba, de forma descontextualizada, sin que para el efecto se hubiera tomado en cuenta el interrogatorio rendido por el arrendatario. Todo ello, para concluir que la \u00abdemostraci\u00f3n del supuesto DESAHUCIO VERBAL REALIZADO POR LA DEMANDADA ARRENDADORA, es m\u00e1s una suposici\u00f3n DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL, que una subsunci\u00f3n jur\u00eddica cierta\u00bb. <\/p>\n
2.3. Critic\u00f3 la referencia tangencial a los testimonios de Nubia Olarte Betancur, Camilo Olarte Morales y Rodrigo Espinoza. Frente a ellas, asegur\u00f3 que no se realiz\u00f3 un an\u00e1lisis serio y completo de tales probanzas. <\/p>\n
3. De igual manera, insisti\u00f3 en que est\u00e1 probada la entrega temporal, transitoria y no definitiva del local. Indic\u00f3 que \u00abeste hecho ocurri\u00f3 m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os despu\u00e9s, de la fecha del supuesto desahucio verbal analizado, es decir, el d\u00eda 18 de febrero de 2.015, fecha de la entrega material, por acuerdo contractual celebrado entre las partes hoy en conflicto, en forma temporal, tal como consta en las pruebas documentales, declaraciones de parte y testimonios obrantes en el Proceso\u00bb. En sustento, destac\u00f3 que en la demanda nunca se invocaron los art\u00edculos 520, 522 y el inciso 3 del 518 del C\u00f3digo de Comercio, \u00abpor la simple raz\u00f3n de no haber OCURRIDO LO ALL\u00cd EXPRESADO a la fecha del supuesto DESAHUCIO\u00bb. Por el contrario, hizo hincapi\u00e9 en que las pretensiones del libelo inicial se fundamentan en el art\u00edculo 870 del C\u00f3digo de Comercio, en concordancia con el inciso 1 del canon 518 de la misma obra. <\/p>\n
4. Se pronunci\u00f3 frente a la responsabilidad civil contractual, cuyos elementos deben aplicarse a las \u00abpretensiones y perjuicios\u00bb solicitadas en la demanda y no \u00abA LAS ERRADAS CONCLUSIONES DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL, los cuales debidamente legalizados y demostrados o PROBADOS DENTRO DEL PROCESO, COMO EFECTIVAMENTE OCURRI\u00d3, FUERON DESCONOCIDOS POR DICHA SENTENCIA\u00bb. Nuevamente, insisti\u00f3 en que la \u00abcausa de los perjuicios\u00bb solicitados en la demanda nunca se refiri\u00f3 al incumplimiento en la iniciaci\u00f3n de la construcci\u00f3n dentro de los tres meses siguientes a la entrega del local. Por el contrario, se aludi\u00f3 fue a los \u00abEFECTOS POSTERIORES A LA ENTREGA PROVISIONAL, FRUTO DE LA SUSPENSI\u00d3N TEMPORAL DE LOS EFECTOS DEL CONTRATO (\u2026), ACORDADA ENTRE ARRENDADORA Y ARRENDATARIO, POR UN T\u00c9RMINO M\u00c1XIMO DE CUARENTA Y CINCO (45) D\u00cdAS (\u2026), CON EL OBJETO DE REALIZAR UNAS REMODELACIONES O CONSTRUCCIONES NUEVAS, sin que nunca se hubiere realizado desahucio alguno (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
6. A continuaci\u00f3n, abord\u00f3 el rechazo de la condena a perjuicios morales. Afirm\u00f3 que la desestimaci\u00f3n de tal pretensi\u00f3n respondi\u00f3 al desconocimiento del material probatorio (p.e., el interrogatorio de parte rendido por el arrendatario, la diligencia del 5 de octubre del 2020 y las declaraciones de Nubia Olarte y Camilo Olarte). A su turno, advirti\u00f3 que el Tribunal olvid\u00f3 que, a la luz del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso, es deber del juez decretar pruebas de oficio para verificar los hechos de la demanda alegados por las partes. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con fundamento en la causal segunda de casaci\u00f3n, tild\u00f3 la sentencia de segunda instancia de haber violado, indirectamente, los art\u00edculos 1546, 1602, 1603, 1604, 1608, 1610, 1613 a 1617, 1618 a 1627, 1973, 1990, 1991, 2007, 2009, 2024 del C\u00f3digo Civil; 518, 522, 524, 829 numeral 3\u00ba, 830, 864, 870 y 871 del C\u00f3digo de Comercio; y 42,164, 165,176,196, 198, 226, 228, 232, 235, 244, 246, 250,260, 280 y 281 del C\u00f3digo General del Proceso. Ello, como consecuencia del error de derecho derivado del desconocimiento de normas probatorias sobre documentos existentes en el expediente, los interrogatorios de parte, testimonios y el dictamen pericial. Para el efecto, indic\u00f3 que: <\/p>\n
1. Asever\u00f3 que el primer error consiste en el aparente desahucio notificado verbalmente desde el 1 de julio del 2013, y cuyos efectos se prolongaron hasta la entrega del local el 15 de febrero del 2015. Nuevamente, censura que el Tribunal no haya analizado en detalle el acervo probatorio escrito. Asimismo, la acusa de haber efectuado un \u00absuperficial y r\u00e1pido an\u00e1lisis del contenido de la Diligencia de Interrogatorio de Parte rendido por la Demandada Arrendadora, (\u2026) desconocer totalmente el contenido y valor del Interrogatorio formulado por la referida Juez de Conocimiento, al Demandante Arrendatario (\u2026), al igual que al contenido integral de los testimonios (\u2026)\u00bb. Tal deficiencia en la apreciaci\u00f3n, a su turno, la llev\u00f3 a darle valor probatorio -sin tenerlo- a la comunicaci\u00f3n suscrita por el c\u00f3nyuge de la arrendadora del 19 de junio del 2014. Escrito que fue desconocido plenamente por la demandada en su interrogatorio de parte. Por otro lado, reiter\u00f3 que carece de sustento legal la vigencia indefinida que le otorg\u00f3 el Tribunal al supuesto desahucio verbal. <\/p>\n
2. El segundo error atribuido consiste en haber aplicado los art\u00edculos 521 y 522 del C\u00f3digo de Comercio, \u00abajenos totalmente a los hechos de la demanda, para concluir que los perjuicios, tienen su origen, no en el incumplimiento del contrato previsto por el art\u00edculo 870 del citado C\u00f3digo, si no en los originados en el no haber dado inicio a las obras dentro del t\u00e9rmino legal, establecido en el art\u00edculo 522 del referido C\u00f3digo\u00bb. A continuaci\u00f3n, volvi\u00f3 a hacer el recuento probatorio y las cr\u00edticas en torno a la ausencia de valoraci\u00f3n de los \u00abDOCUMENTOS CRUZADOS ENTRE LAS PARTES Y DE OTROS APORTADOS VOLUNTARIAMENTE AL PROCESO\u00bb. Indic\u00f3 que la lectura de los referidos documentos da cuenta de que en ninguno de ellos \u00abse HACE RELACI\u00d3N A UNA ENTREGA DEFINITIVA DEL LOCAL ARRENDADO, COMO PRODUCTO DE UN DESAHUCIO DEL MISMO, SINO MERAMENTE TEMPORAL, (\u2026)\u00bb. Llam\u00f3 la atenci\u00f3n sobre los interrogatorios de parte, frente a los cuales se\u00f1al\u00f3 la falta de valoraci\u00f3n del rendido por el demandante5 y las fallas en la estimaci\u00f3n probatoria del practicado por la demandada. Asimismo, dijo remitirse a lo esbozado al respecto en el cargo primero, \u00abal cual me remito, en aras a la brevedad de este escrito, pero que forman parte integral de este SEGUNDO CARGO\u00bb. Adem\u00e1s, aludi\u00f3 a que no obra en autos ning\u00fan documento escrito suscrito por la arrendadora \u00aben el cual conste, la ocurrencia de la notificaci\u00f3n del desahucio o terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento por parte de la anterior al Demandante Arrendatario, antes del supuestamente manifestado oralmente por la Primera al Segundo el 1 de julio del a\u00f1o 2.013\u00bb. As\u00ed como tampoco existe prueba de un segundo o tercer desahucio verbal o escrito, en los a\u00f1os 2014 y 2015. Tampoco hay \u00abpruebas escritas o diferentes, para demostrar la ocurrencia de tal desahucio para la entrega del local, hecho ocurrido seg\u00fan la Sentencia Recurrida, el d\u00eda 1 de julio de 2.013, al aceptar como verdad el supuesto desahucio, dentro de una Diligencia de Interrogatorio, efectuada siete a\u00f1os (7), tres (3) meses y cinco (5) d\u00edas despu\u00e9s de haber expresado la ocurrencia del supuesto desahucio, es decir, el d\u00eda 5 de octubre de 2.020, dentro de la Diligencia comentada\u00bb. <\/p>\n
Nuevamente, se refiri\u00f3 a que el Tribunal aplic\u00f3 los art\u00edculos 521 y 522 del C\u00f3digo de Comercio, normas ajenas a las pretensiones y a los hechos de la demanda. Ello, pues la entrega fue temporal, que no definitiva. Hecho que \u00abfue confirmado por el c\u00f3nyuge y Apoderado judicial de la Demandada Arrendadora, en su carta de junio de 2.014, dirigida al Demandante Arrendatario\u00bb. Adem\u00e1s, aludi\u00f3 a que la testigo Nubia Olarte Betancur nunca acept\u00f3 la existencia de un desahucio y menos la de la terminaci\u00f3n definitiva de los contratos de arrendamiento de los locales contiguos. Tambi\u00e9n hizo hincapi\u00e9 en el dicho de Camilo Olarte Morales. Adicionalmente, consider\u00f3 que las declaraciones de la arrendadora, en relaci\u00f3n con el desahucio, resultan poco cre\u00edbles. Nuevamente, se refiri\u00f3 a la necesidad de estudiar los elementos de la responsabilidad civil contractual a la luz de los hechos y pretensiones aducidos en la demanda. Por su parte, fij\u00f3 la atenci\u00f3n sobre la desestimaci\u00f3n de las s\u00faplicas indemnizatorias, frente a lo cual reprob\u00f3 que el Tribunal hubiera desconocido \u00abque las pretensiones de la Demanda, se fundamentaron en los art\u00edculos 870 EN CONCORDANCIA CON EL 518, INCISO PRIMERO DEL C\u00d3DIGO DE COMERCIO\u00bb; y, tambi\u00e9n, que hubiera olvidado \u00abque el Dictamen Pericial se hab\u00eda rendido con fundamento en el art\u00edculo 870 y no en el art\u00edculo 522 del ya citado C\u00f3digo, simplemente porque, nunca existi\u00f3 desahucio como lo imagina la Sentencia del Tribunal y menos incumplimiento en la entrega de una obra de construcci\u00f3n de un local comercial, realizada con apoyo en la causal 3\u00aa, del art\u00edculo 518, situaci\u00f3n que nunca ocurri\u00f3 en el caso presente, como consta en las pruebas documentales aportadas\u00bb. Cuestion\u00f3 que el ad quem hubiera omitido sopesar minuciosamente el dictamen pericial presentado con el libelo introductorio, as\u00ed como su sustentaci\u00f3n. En ese orden, indic\u00f3 que \u00abel Perito contrario a lo que expone el Tribunal, explic\u00f3 y detall\u00f3 con minucia cuales fueron los ex\u00e1menes, m\u00e9todos, experimentos e investigaciones efectuados en el mismo, adem\u00e1s de soportarlo con pruebas suficientemente convincentes, para fundamentar sus conclusiones\u00bb. Arguy\u00f3 que el experto s\u00ed dio una explicaci\u00f3n detallada, precisa, clara y exhaustiva de los m\u00e9todos, ex\u00e1menes e investigaciones efectuadas para realizar el dictamen. Tambi\u00e9n, que s\u00ed se prob\u00f3 la experiencia y trayectoria del perito. Por \u00faltimo, estim\u00f3 que los perjuicios morales s\u00ed estaban probados con el interrogatorio de parte rendido por el demandante y con los testimonios de Camilo y Nubia Olarte. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Con fundamento en la causal tercera, acus\u00f3 la sentencia de segunda instancia de no estar en consonancia con los hechos y pretensiones de la demanda. El censor critica que el ad quem hubiera desconocido los fundamentos f\u00e1cticos del libelo inicial y por suponer la ocurrencia de un desahucio oral \u00abno contenido en los hechos, como tampoco en las pruebas escritas anteriores, as\u00ed como las practicadas dentro del Proceso (\u2026)\u00bb. Elabor\u00f3 un resumen de la sentencia de segunda instancia. En dicho apartado, destac\u00f3 que el sentenciador omiti\u00f3 ciertos supuestos f\u00e1cticos que, a su juicio, eran relevantes para dirimir la alzada. Por lo que se esfuerza en demostrar la manera en que \u00abfueron alterados los hechos de la Demanda y su Reforma\u00bb. A su turno, vuelve a reprochar la falta de valoraci\u00f3n de \u00ablos Interrogatorios Judiciales bajo la gravedad del juramento, rendidos por las Partes en conflicto, en la Diligencia de esta naturaleza, llevada a efecto el d\u00eda 5 de octubre de 2.020, (\u2026) al igual que la de Interrogatorio de Parte (\u2026), mencion\u00e1ndolos parcialmente o refiri\u00e9ndose solamente al original del contrato de arrendamiento, pero desechando el valor y contenido de los dem\u00e1s documentos objeto de tal diligencia\u00bb. A continuaci\u00f3n, indic\u00f3 que el primer problema jur\u00eddico esbozado por el Colegiado, esto es, \u00abestablecer si en el plenario fue demostrado que la se\u00f1ora ELSA MARIA CASTA\u00d1O CASARRUBIA solicit\u00f3 al demandante la entrega definitiva del local comercial objeto de debate, y si, para esos efectos y conforme a las disposiciones normativas, desahuci\u00f3 al se\u00f1or CARLOS MARIO OLARTE BETANCUR, de conformidad con el contenido de los art\u00edculos 518 y 520 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb, modific\u00f3 las pretensiones de la demanda. Y es que considera que tal planteamiento menciona una situaci\u00f3n no afirmada en ninguno de los hechos narrados en el libelo inicial o en su reforma, \u00aben raz\u00f3n a que nunca existi\u00f3 el mencionado desahucio, como consta en todas las pruebas documentales que hacen parte de este proceso, al igual que en los testimonios recaudados en la Primera Instancia y en la Declaraci\u00f3n Judicial rendida por el Demandante Arrendatario ante la Juez de Conocimiento, prueba la cual nunca fue mencionada, ni valorada dentro de esta Segunda Instancia\u00bb. <\/p>\n
Lo mismo ocurre respecto del segundo problema jur\u00eddico, al tiempo que desconoce \u00abalgunos principios elementales del derecho procesal y sustancial\u00bb como el que reza \u00abdadme los hechos y os dar\u00e9 el derecho\u00bb. Frente al tercer planteamiento, considera que este es un nuevo \u00absofisma\u00bb, que conducir\u00e1 a declarar \u00absin valor legal alguno\u00bb el dictamen pericial, \u00absimplemente porque los perjuicios aplicables a lo indicado en el art\u00edculo 780 del C\u00f3digo de Comercio, hacen referencia directa a los establecidos en el C\u00f3digo Civil, dentro de los cuales caben no solo, los perjuicios Patrimoniales, sino los Extrapatrimoniales, contrario a lo que ocurre con los perjuicios se\u00f1alados en el art\u00edculo 522 del C\u00f3digo de Comercio, indicado por el Tribunal como origen de los perjuicios\u00bb. A su turno, en cuanto a las consideraciones efectuadas por el caso en concreto, critica que el ad quem haya comenzado por el an\u00e1lisis de los reproches efectuados por la demandada en su recurso de apelaci\u00f3n. Considera que la citada sentencia olvida que \u00aben nuestro sistema de Derecho Positivo, no es obligaci\u00f3n del Fallador de Instancia, el estudio de los argumentos esgrimidos por las partes en conflicto, si no por el contrario, es la confrontaci\u00f3n de los hechos y su prueba a trav\u00e9s de los medios legales establecidos en el Derecho Procesal, frente a la norma sustantiva general y abstracta que establece las consecuencias de una conducta humana\u00bb. Adem\u00e1s, reiter\u00f3 que las normas aplicadas al caso en concreto -arts. 518, 520, 521 y 522 del C.Com.- no fueron invocadas por el demandante como sustento de las pretensiones. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
Los cargos formulados fracasan. <\/p>\n
1. El primer y segundo cargo adolecen de falta de claridad y precisi\u00f3n en su elaboraci\u00f3n. Ciertamente, en ambos embates se reprocha la transgresi\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1546, 1602, 1603, 1604, 1608, 1610, 1613 a 1617, 1618 a 1627, 1973, 1990, 1991, 2007, 2009, 2024 del C\u00f3digo Civil; 518, 522, 524, 829 numeral 3\u00ba, 830, 864, 870 y 871 del C\u00f3digo de Comercio; y 42,164, 165,176,196, 198, 226, 228, 232, 235, 244, 246, 250,260, 280 y 281 del C\u00f3digo General del Proceso. Ello, como consecuencia \u00abde [un] error de derecho derivado del desconocimiento de normas probatorias, sobre documentos existentes en el expediente, aportados por la parte Demandante Arrendataria con el escrito de Demanda y tambi\u00e9n por la parte Demandada Arrendadora, as\u00ed como de otras pruebas recaudadas o practicadas dentro del proceso, tales como los Interrogatorios de Parte, los testimonios y el Dictamen Pericial erradamente desestimado\u00bb6. Sin embargo, en el desarrollo de los ataques eleva indistintamente reparos que se deben proponer bajo el error de hecho y de derecho. <\/p>\n
1.1. En lo que respecta al primer motivo de casaci\u00f3n, pese a que denuncia la incursi\u00f3n en yerros de derecho por el desconocimiento de normas probatorias -y as\u00ed lo desarrolla al aseverar que no se apreciaron en conjunto las pruebas y que se desconoci\u00f3 el deber de decretar pruebas de oficio-, lo cierto es que en m\u00faltiples ocasiones censura verdaderos errores de facto. V\u00e9ase, por ejemplo, que insistentemente aduce que el ad quem dio por probado, sin estarlo, que la demandada desahuci\u00f3 verbalmente al arrendatario. Y, para el efecto, explica que el Tribunal pretermiti\u00f3 el interrogatorio de parte rendido por el demandante7; supuso la prueba del desahucio8 y de la entrega definitiva del local comercial9; pas\u00f3 por alto las m\u00faltiples comunicaciones escritas enviadas entre los contratantes. E interpret\u00f3 indebidamente la demanda10. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, reproch\u00f3 la ausencia de valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas para acreditar las pretensiones relacionadas con los perjuicios morales, frente a lo cual aleg\u00f3 que la determinaci\u00f3n en segunda instancia se profiri\u00f3 con \u00abdesconocimiento del material probatorio recaudado dentro del Proceso, tanto en el Interrogatorio Judicial rendido por el DEMANDANTE ARRENDATARIO, en la diligencia llevada a efecto el d\u00eda 5 de octubre de 2.020, por el Juzgado de Conocimiento, al igual que al contenido de los testimonios rendidos en la diligencia de esta naturaleza, efectuada en la misma fecha por el mencionado Juzgado, a los testigos NUBIA OLARTE BETANCUR y CAMILO OLARTE MORALES\u00bb. <\/p>\n
1.2. En lo que concierne al segundo cargo, se observa que este es una reiteraci\u00f3n de lo ya trazado en el primero. En s\u00edntesis, se cuestiona nuevamente la suposici\u00f3n de la prueba del desahucio, el desconocimiento de las pruebas documentales -cartas-, la pretermisi\u00f3n del interrogatorio de parte rendido por el arrendatario y la indebida apreciaci\u00f3n de testimonios de Camilo y Nubia Olarte. Agrega, valga decirlo, una cr\u00edtica sobre la tergiversaci\u00f3n del dictamen pericial. Frente a esto \u00faltimo, indica que el an\u00e1lisis efectuado por el ad quem <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es totalmente diferente a lo que indic\u00f3 el perito en el dictamen y su sustentaci\u00f3n, pues BRILLA POR SU AUSENCIA LO QUE SE\u00d1ALA EL TRIBUNAL, en cuanto a que, el Perito manifest\u00f3 para el c\u00e1lculo del lucro cesante futuro que, compar\u00f3 las ventas del Demandante en el local cerrado, de propiedad de la Demandada Arrendadora, con las que se hicieron en el local nuevo que, se\u00f1ala el Tribunal a donde el Demandante se traslad\u00f3, prueba considerada por el mismo como ERR\u00d3NEA, en el AN\u00c1LISIS DE LA MISMA, toda vez que el Perito en ning\u00fan momento se refiri\u00f3 a TRASLADO DE ALMACEN, pues al realizarse un an\u00e1lisis minucioso al dictamen y su sustentaci\u00f3n, el Perito habla es de CIERRE DE LOCAL que fue lo que ocurri\u00f3, y como consecuencia de ello NO SE GENERARON VENTAS, lo que indic\u00f3 el perito en el dictamen frente al lucro cesante futuro fue lo siguiente: \u201cVENTAS HIST\u00d3RICAS Y PARTICIPACI\u00d3N DEL LOCAL EN LOS INGRESOS\u201d\u00bb. <\/p>\n
Reproche que complement\u00f3 con el error de hecho por indebida apreciaci\u00f3n de la demanda, al decir que <\/p>\n
\u00ab[e]l Tribunal realiz\u00f3 un desacertado y poco profundo an\u00e1lisis probatorio, al afirmar lo descrito anteriormente, pues contrario a lo que se expresa, se evidencia error de hecho manifiesto y trascendente sobre la apreciaci\u00f3n de la demanda y de las pruebas, porque tenemos que, en el dictamen pericial y su sustentaci\u00f3n, el Perito explica claramente qu[\u00e9] m\u00e9todo utiliz\u00f3 para cuantificar los perjuicios de lucro cesante consolidado y futuro, diferenciando cada uno en sus consecuencias. Por el contrario, la [s]entencia no realiza un an\u00e1lisis minucioso para determinar las fallas del perito. Se puede verificar en la actualizaci\u00f3n al peritaje y su sustentaci\u00f3n, lo que se\u00f1al\u00f3 el perito y el detalle de la experticia all\u00ed se\u00f1alada\u00bb. <\/p>\n
Todo este desarrollo, que fue expuesto en conjunto con errores que son considerados de derecho, tales como la falta de valoraci\u00f3n en conjunto de los medios de prueba, la denuncia por la \u00abfalta de aplicaci\u00f3n de las normas probatorias que, contemplan la manera como deben ser apreciadas las pruebas\u00bb y la ausencia de decreto de pruebas de oficio11. <\/p>\n
1.3. Se advierte, al rompe, el entremezclamiento que efectu\u00f3 el censor de las dos v\u00edas que prescribe la norma en lo que concierne con la violaci\u00f3n indirecta de la norma sustancial -causal segunda-. Pese a que ambos yerros hacen parte de la causal segunda de casaci\u00f3n, no es posible formular, en un mismo embate, censuras por una y otra v\u00eda. Tal proceder, por el contrario, impone la necesaria inadmisi\u00f3n del cargo. Al respecto, esta Sala ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar la inviabilidad de confundir dichos tipos de faltas al interior del mismo reparo, por cuanto \u00ab[l]as dos especies de error en la apreciaci\u00f3n de la prueba, de hecho y de derecho, son de naturaleza distinta y, por lo mismo, no se puede aducir en un mismo cargo la concurrencia de ambos respecto de id\u00e9nticos medios de prueba\u00bb (CSJ, SC de 10 de agosto de 2001, rad. 6898; citado en SC3142-2021). <\/p>\n
1.4. En ese orden de ideas, el aludido entremezclamiento de v\u00edas ocasiona la inadmisi\u00f3n de los cargos primero y segundo, ante la falta de claridad y precisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. Aunado a ello, los reparos no pasan de ser un alegato de instancia, comoquiera que \u00fanicamente se manifiesta estar en desacuerdo con la forma en que el Tribunal valor\u00f3 los medios suasorios. Exponiendo, a su turno, la particular forma en que debieron ser apreciados. <\/p>\n
2. El tercer cargo, fundado en la causal tercera de casaci\u00f3n, tampoco tiene vocaci\u00f3n para ser admitido. En tanto el casacionista elev\u00f3 consideraciones de \u00edndole f\u00e1ctico -sobre la inexistencia del desahucio verbal; la pretermisi\u00f3n, alteraci\u00f3n y suposici\u00f3n de medios suasorios. Y la probada existencia de perjuicios, que contravienen la expresa prohibici\u00f3n contenida en el literal b) del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. Al respecto, esta Sala ha considerado que \u00ab[t]rat\u00e1ndose del numeral tercero del citado art\u00edculo 336, el cuestionamiento por inconsonancia debe centrarse en una manifiesta alteraci\u00f3n de lo debatido al confrontar el fallo con lo expuesto y pedido en la demanda, as\u00ed como la defensa asumida por el opositor o si se pasan por alto circunstancias con incidencia en la decisi\u00f3n reconocibles forzosamente por el juzgador\u00bb (CSJ AC4592-2018). En consecuencia, no es posible derivar, de la argumentaci\u00f3n esgrimida, el cumplimiento de los requisitos que impone la invocaci\u00f3n de la causal tercera de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.2. DEMANDA DE CASACI\u00d3N FORMULADA POR ELSA MAR\u00cdA CASTA\u00d1O CASARRUBIA <\/p>\n
Se formularon cuatro cargos. El tercero y el cuarto ser\u00e1n admitidos por el magistrado ponente. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Bajo la causal tercera de casaci\u00f3n, acus\u00f3 a la providencia de segunda instancia de incurrir en vicios y evidentes yerros de \u00abincongruencia e inconsonancia\u00bb. Explic\u00f3 que tales desatinos ocurrieron pues, por un lado, el ad quem sostuvo -al inicio de la sentencia- que la devoluci\u00f3n del local de manos del arrendatario a la arrendadora obedeci\u00f3 a una entrega temporal del bien, con el objeto de efectuar remodelaciones \u00abpara luego, pasados tres meses, esta arrendadora se lo devolviera al arrendatario para que siguiera su explotaci\u00f3n comercial debido a un supuesto \u201cacuerdo de voluntades\u201d adicional al contrato de arrendamiento, pactado con el arrendatario\u00bb. No obstante, en l\u00edneas siguientes, indic\u00f3 que la demandada s\u00ed efectu\u00f3 en debida forma el desahucio, \u00ablo que de suyo supone la terminaci\u00f3n del contrato y no su suspensi\u00f3n o que se hubiese hecho un \u201cacuerdo paralelo de voluntades\u201d con el arrendatario, situaciones contractuales que se excluyen entre s\u00ed y con las que no se pod\u00eda juzgar, al mismo tiempo, el estado que, hasta hoy, tiene el contrato de arrendamiento comercial objeto de juzgamiento y discusi\u00f3n esta Litis\u00bb. En ese orden, se\u00f1al\u00f3 que la incoherencia de la providencia es clara en tanto que el contrato no pod\u00eda haber sido suspendido y desahuciado al mismo tiempo. Tras explicar las dos l\u00edneas argumentales del ad quem, as\u00ed como las razones por las que considera que el desahucio implica la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo arrendaticio, indic\u00f3 que el Colegiado, \u00abde forma totalmente confusa, extra\u00f1a, contradictoria, vaga e imprecisa\u00bb, expuso y determin\u00f3 dos situaciones contractuales distintas e inaplicables en un mismo tiempo y para una misma situaci\u00f3n jur\u00eddica. De manera que \u00abno tienen coherencia ni siguen un silogismo o patr\u00f3n l\u00f3gico entre premisas y conclusiones\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, estim\u00f3 que si el Tribunal encontr\u00f3 que \u00abel \u201cderecho de preferencia\u201d (por el que nunca se habl\u00f3 en ninguna etapa del proceso) supuestamente se incumpli\u00f3 por la demandada y que ella, a la vez, hizo el desahucio en debida forma, lo coherente, racional y l\u00f3gico hubiese sido que concluyera que el contrato de arrendamiento s[\u00ed] termin\u00f3 y no que el mismo se \u201csuspendi\u00f3 temporalmente\u201d por un inexplicable e improbado \u201cacuerdo paralelo de voluntades\u201d\u00bb. As\u00ed las cosas, para la censora existe un vicio de inconsonancia e incongruencia en el \u00abcontenido mismo de la ratio decidendi\u00bb, dado que le era \u00abf\u00e1ctica, probatoria y jur\u00eddicamente imposible atribuir dos fen\u00f3menos o situaciones contractuales y legales, que se excluyen entre s\u00ed, a un mismo hecho\u00bb, al determinar que el contrato deb\u00eda terminarse, \u00absuponiendo de forma falaz un \u201cacuerdo de voluntades paralelo\u201d entre las partes\u00bb. Adicionalmente, destac\u00f3 que el ad quem confirm\u00f3 -parcialmente- la sentencia de primer grado con argumentos y mixturas jur\u00eddicas dis\u00edmiles, que no \u00abtienen coherencia o raz\u00f3n de ser entre s\u00ed, para juzgar una misma situaci\u00f3n pero que, a su vez, se alejan absolutamente de la sustentaci\u00f3n con la que la Juez a-quo soport\u00f3 sus decisiones\u00bb. Critic\u00f3 que el fallo contenga premisas inconexas con sus conclusiones, errores en la redacci\u00f3n y en la precisi\u00f3n de los datos del proceso, y que se hubiese desarrollado el tema del \u00abderecho de preferencia\u00bb, aun cuando este no fue alegado. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Con estribo en el motivo segundo de casaci\u00f3n, acus\u00f3 la sentencia de segunda instancia de violar indirectamente los art\u00edculos 521 y 522 del C\u00f3digo de Comercio; y los c\u00e1nones 1602, 1625, 2005 y 2006 del C\u00f3digo Civil, aplicados por remisi\u00f3n del canon 870 del estatuto mercantil, como consecuencia de errores de hecho manifiestos y trascendentes en la apreciaci\u00f3n de ciertos medios de prueba. Tras traer de presente las consideraciones probatorias del Tribunal en lo concerniente a la devoluci\u00f3n temporal del local comercial, explic\u00f3 que los yerros del prove\u00eddo radican en: la valoraci\u00f3n indebida, cercenamiento parcial y tergiversaci\u00f3n arbitraria de la declaraci\u00f3n de parte rendida por Elsa Mar\u00eda Casta\u00f1o Casarrubia; la pretermisi\u00f3n e indebida estimaci\u00f3n de las \u00abm\u00e1s cruciales comunicaciones que intercambiaron el demandante y la demandada al finalizar su v\u00ednculo contractual\u00bb. Y el cercenamiento parcial y la incorrecta valoraci\u00f3n probatoria del dictamen pericial elaborado por Estanislao C\u00f3rdoba Murillo. Consider\u00f3 que, \u00absi el Tribunal hubiese visto que el contrato de arrendamiento, por todo lo dicho, ya hab\u00eda finalizado o terminado por acuerdo entre las partes, seguramente hubiese resuelto revocar la sentencia de primera instancia, precisando que no era posible resolver o terminar un negocio donde ya lo hab\u00edan hecho las partes contractuales\u00bb. Por su parte, en cuanto al t\u00e9rmino de tres meses con que contaba la demandada para el inicio de las obras sobre el local comercial y el supuesto acuerdo de voluntades paralelo, indic\u00f3 que los errores se circunscriben a: la suposici\u00f3n total del \u00abacuerdo voluntario pactado de forma alterna al contrato de arrendamiento\u00bb y el cercenamiento parcial y la indebida valoraci\u00f3n del aludido peritaje. En conclusi\u00f3n, para la censora, \u00abel error de hecho en cuesti\u00f3n llev\u00f3 al Tribunal ad quem a responsabilizar civilmente a la demandada bajo un \u201cacuerdo de voluntades\u201d absolutamente inexistente, que solo naci\u00f3 en la mente del Tribunal, sin ning\u00fan respaldo probatorio y sin que este haya sido alegado por el demandante\u00bb. <\/p>\n
En tercer lugar, en cuanto al supuesto \u00abderecho de preferencia\u00bb en favor del arrendatario, se\u00f1al\u00f3 que los yerros del ad quem derivan de la alteraci\u00f3n del contenido material de la demanda y su reforma, al suponer \u00abcon falso juicio, que el demandante pretendi\u00f3 que se le garantizara y amparara un \u201cderecho de preferencia\u201d como consecuencia del supuesto incumplimiento que endilg\u00f3 a mi poderdante\u00bb. Destac\u00f3 c\u00f3mo la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 521 del C\u00f3digo de Comercio devino de una \u00abalteraci\u00f3n burda del contenido de la demanda, del escrito reformatorio y, pr\u00e1cticamente, de todos los documentos que componen este proceso, porque dicho derecho jam\u00e1s se aleg\u00f3 o discuti\u00f3 en todo el tr\u00e1mite de esta causa judicial\u00bb. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Fundamentado en la causal segunda de casaci\u00f3n, reproch\u00f3 la sentencia de segunda instancia de violar indirectamente los art\u00edculos 1.602, 1.625, 2.005 y 2.006 del C\u00f3digo Civil (aplicados a este caso por remisi\u00f3n del art\u00edculo 870 del C\u00f3digo de Comercio), como consecuencia de error de derecho al desconocer el canon 225 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abnorma probatoria por la cual el Legislador limit\u00f3 la eficacia de una prueba testimonial para la demostraci\u00f3n de un hecho que se debate en el proceso, cuando para ello debe obrar una prueba documental exigida por la Ley o para cuando se traten de probar obligaciones derivadas de un contrato o convenci\u00f3n\u00bb. Aleg\u00f3 que el Colegiado omiti\u00f3 aplicar dicha norma probatoria en tanto que dio pleno valor demostrativo a las declaraciones de los testigos Nubia Olarte Betancur y Camilo Olarte Morales. Fustig\u00f3 que \u00abel Tribunal ad quem se limit\u00f3 a hacer un \u201cparafraseo\u201d de las declaraciones de esos dos testigos, sin tener el rigor suficiente para citar, de forma textual y original, lo dicho por estos, con el \u00fanico af\u00e1n para que dichas declaraciones, totalmente descontextualizadas, le confirmaran su \u201cex\u00f3tica tesis\u201d de la no \u201cterminaci\u00f3n definitiva\u201d del contrato de arrendamiento celebrado entre la demandada y el demandante y que la devoluci\u00f3n del local comercial fue meramente temporal y no definitiva\u00bb. En s\u00edntesis, coligi\u00f3 que el yerro radica en no haber limitado la eficacia de los testimonios de la hermana y el hijo del demandante, para dar mayor prevalencia a las comunicaciones cruzadas entre la demandada y el demandante -de junio del 2014, 5 y 18 de febrero del 2015-. De manera que se desconoci\u00f3 abiertamente la aludida disposici\u00f3n \u00abal haberle dado toda la eficacia probatoria y demostrativa a esas pruebas testimoniales, aun cuando hab\u00edan documentos, surgidos propiamente de la relaci\u00f3n contractual de arrendamiento entre el demandante y la demandada (tal como lo exige la norma en cuesti\u00f3n), que no solo contradec\u00edan el dicho malintencionado y mentiroso de los testigos sino que, a la par, precisamente, limitaban por Ley la inmerecida eficacia que les otorg\u00f3 el Juzgador de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Los cargos primero y segundo ser\u00e1n inadmitidos. <\/p>\n
1.- En lo que concierne con el primero, se omiti\u00f3 formular el embate por incongruencia con los requisitos que impone la invocaci\u00f3n de la causal tercera de casaci\u00f3n. Es menester indicar que cuando se alude a dicho motivo de impugnaci\u00f3n, referido a \u00abno estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio\u00bb, es imperativo que el casacionista confronte el fallo con lo pretendido en la demanda, con la argumentaci\u00f3n asumida por la parte pasiva en su defensa o con las cuestiones que forzosamente han debido ser reconocidas, de oficio, por el fallador. Al respecto, esta Sala ha se\u00f1alado que \u00abel alegato debe encaminarse a demostrar una grave alteraci\u00f3n entre lo narrado y exigido en el libelo, en conjunto con el comportamiento asumido por el oponente en sus defensas, frente a lo consignado en el fallo, de tal manera que sea evidente una decisi\u00f3n ajena al debate\u00bb (CSJ, AC4125-2015). <\/p>\n
Pese a lo anterior, la sustentaci\u00f3n esbozada no guarda relaci\u00f3n con la causal invocada ni con la regla esbozada en el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso. Esto es, a modo de alegato de instancia, se insiste en la \u00abincongruencia e inconsonancia\u00bb de los argumentos expuestos en la sentencia de segunda instancia. Inconsonancia que deriva de la misma ratio decidendi pues, en s\u00edntesis, \u00abel Tribunal ad quem expuso y juzg\u00f3 en su sentencia dos situaciones contractuales (supuesta suspensi\u00f3n y terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento) que no eran compatibles entre s\u00ed, para luego confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia con estas mismas dos teor\u00edas, siendo que la sentencia de primera instancia construy\u00f3, de forma ilegal y fuera de lo probado en el proceso, una teor\u00eda absolutamente diferente a las que expuso el Tribunal para declarar responsable civilmente a la demandada y para condenarla\u00bb. Tales planteamientos no son propios del yerro alegado, habida cuenta de que las contradicciones en que hubiere incurrido el sentenciador en la parte considerativa de su sentencia no implican la incursi\u00f3n en la causal tercera de casaci\u00f3n. Recu\u00e9rdese que \u00abpara que la argumentaci\u00f3n propuesta por los recurrentes se hubiera acercado a los motivos que configuran la causal tercera de casaci\u00f3n, debi\u00f3 haberse mostrado con nitidez que el Tribunal: a) desconoci\u00f3 el relato f\u00e1ctico planteado en la demanda de pertenencia o en la de dominio; b) no sigui\u00f3 con fidelidad los escritos en los que se propuso la excepci\u00f3n de cosa juzgada, o las defensas de los demandados iniciales; o c) sentenci\u00f3 por fuera o m\u00e1s all\u00e1 de lo pedido por uno o ambos extremos\u00bb (ibidem). Adicionalmente, no se ofreci\u00f3 la labor comparativa que exige la jurisprudencia de esta Sala al invocar la causal tercera de casaci\u00f3n. Esto es, se deb\u00eda cotejar lo que figura en los escritos que delimitaron el contorno de la litis -o de la apelaci\u00f3n- con la determinaci\u00f3n tomada por el sentenciador. Sin embargo, el embate estuvo dirigido a evidenciar supuestos \u00aberrores formales en la redacci\u00f3n y en la precisi\u00f3n de los datos del proceso\u00bb y la \u00abfalta de coherencia, congruencia y consonancia\u00bb de los distintos argumentos expuestos por el ad quem. Al respecto, esta Sala ha estimado que \u00abla labor es comparativa entre lo que figura en los escritos que delimitan el contorno del litigio con la decisi\u00f3n tomada, pero sin que se desv\u00ede en reproches por errores de juicio en la lectura que se le dio al libelo y la respuesta al mismo, ni mucho menos discrepancias con la forma en que se sopesaron las probanzas, que corresponden a la segunda causal\u00bb (CSJ AC4592-2018; AC6075-2021). <\/p>\n
2.- En cuanto al segundo cargo, en s\u00edntesis, se cuestion\u00f3 la infracci\u00f3n del art\u00edculo 521 del C\u00f3digo de Comercio, por su indebida aplicaci\u00f3n, comoquiera que el demandante \u00aben ninguna parte de la demanda o de su escrito reformatorio solicit\u00f3 a la Juzgadora de primera instancia o al mismo Tribunal ad quem que se le \u201cprotegiera\u201d o \u201cbrindara\u201d un \u201cderecho de preferencia\u201d, como antiguo arrendatario del local comercial\u00bb. De manera que, con tal proceder, el Tribunal \u00abdesquici\u00f3 el objeto central de la litis y los l\u00edmites de su competencia legal y funcional al aplicar indebidamente una norma sustancial que no ten\u00eda ni tiene nada que ver con el eje central en el que gravita la discusi\u00f3n de este proceso, creando entonces una interpretaci\u00f3n totalmente alejada de los hechos y las pretensiones de la demanda y su reforma, as\u00ed como de todo lo discutido en la primera instancia del proceso, desconociendo, inclusive, lo debatido por mi poderdante, la ac\u00e1 demandada, en el recurso de apelaci\u00f3n que instaur\u00f3 en contra de la sentencia de primer grado\u00bb. Esto es, m\u00e1s all\u00e1 de denunciar la comisi\u00f3n de un verdadero error in iudicando, lo que en puridad se critic\u00f3 es que el juzgador de segundo grado haya decidido sobre cuestiones no pedidas en la demanda. En otras palabras, se se\u00f1ala una incongruencia por fallo extra petita, porque se tom\u00f3 la decisi\u00f3n sobre supuestos f\u00e1cticos que no fueron invocados, alterando, con ello, la causa petendi. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. INADMITIR la demanda presentada por el demandante Carlos Mario Olarte Betancur, tendiente a sustentar la impugnaci\u00f3n formulada. <\/p>\n
SEGUNDO. INADMITIR los cargos primero y segundo de la demanda presentada por la demandada Elsa Mar\u00eda Casta\u00f1o Casarrubia, por las razones expuestas en precedencia. <\/p>\n
TERCERO. El Magistrado ponente ADMITE los cargos tercero y cuarto de la demanda de casaci\u00f3n planteada por la parte demandada -Elsa Mar\u00eda Casta\u00f1o Casarrubia- contra la sentencia del 2 de septiembre de 2021 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3. <\/p>\n
CUARTO. Una vez notificada esta providencia, regrese al Despacho del ponente para correr el traslado previsto en el art\u00edculo 348 del C\u00f3digo General del Proceso, para garantizar los derechos de contradicci\u00f3n y defensa a los interesados. <\/p>\n
QUINTO. El Magistrado ponente RECONOCE personer\u00eda al abogado Rafael de Urbina Gaviria, en los t\u00e9rminos de la sustituci\u00f3n presentada para tal efecto. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVARZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1ginas 7 a 31 del PDF \u00ab07ExpedienteEscaneado\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Tal como se declar\u00f3 en auto del 28 de febrero del 2020, obrante en la p\u00e1gina 56 del archivo \u00ab14ExpedienteEscaneado\u00bb de la carpeta \u00abCuaderno Principal\u00bb. Decisi\u00f3n confirmada por la Sala \u00danica del Tribunal de Quibd\u00f3 el 14 de mayo del 2021, militante en \u00ab14AutoDEcide\u00bb de la carpeta \u00ab04Instancia\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u00ab70ActaAudiencia\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Advirti\u00f3 que no es posible suplir tal orfandad probatoria: \u00aby condenar al pago del lucro cesante obtenido luego de deducir a las ventas brutas proyectadas el 22% de utilidad, sino fuera porque tal guarismo no aparece corroborado probatoriamente en el expediente como el porcentaje que en todos los casos la empresa deriv\u00f3 de las ventas a t\u00edtulo de ganancia neta, puesto que el perito tampoco hizo ese c\u00e1lculo a partir de los libros contables que tuvo a su disposici\u00f3n. A m\u00e1s de ello, tampoco result\u00f3 demostrado, t\u00e9cnicamente, que la merma en las ventas hubiera sido del 10% como consecuencia del cambio de local, conclusi\u00f3n que, como se dijo, obedece m\u00e1s a un criterio personal del perito y no a un an\u00e1lisis de la realidad a trav\u00e9s de un m\u00e9todo t\u00e9cnico o cient\u00edfico\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Al decir que: \u00absu an\u00e1lisis y desarrollo fue omitido en la Sentencia del Tribunal\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Ambos cargos tienen la misma construcci\u00f3n del reproche, tal como se muestra en el apartado \u00abdemostraci\u00f3n del cargo\u00bb, visible en la p\u00e1gina 11 -para el cargo primero- y 58 -para el cargo segundo-. <\/p>\n
7\u0002 Al decir que: \u00abNinguna de las manifestaciones que a t\u00edtulo de confesi\u00f3n expres\u00f3 el Demandante Arrendatario, en relaci\u00f3n con estas preguntas, tuvo valor alguno en la decisi\u00f3n tomada en ella, al partir de una premisa falsa, producto de su \u00e1nimo de dar plena fe y valor a las manifestaciones de la Demandada Arrendadora\u00bb y, m\u00e1s tarde, que \u00abla anterior decisi\u00f3n, no tuvo para nada en cuenta la solidez, seriedad, fundamentaci\u00f3n y armon\u00eda probatoria existente entre la Declaraci\u00f3n Rendida bajo la gravedad del juramento, por el Demandante Arrendatario, (\u2026)\u00bb -p\u00e1g. 32-. <\/p>\n
8\u0002 Al decir que: \u00abesta \u00faltima conclusi\u00f3n o demostraci\u00f3n del supuesto DESAHUCIO VERBAL RELIZADO POR LA DEMANDADA ARRENDADORA, es m\u00e1s una suposici\u00f3n DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL, que una subsunci\u00f3n jur\u00eddica cierta\u00bb -p\u00e1g. 37-. En el mismo sentido, v\u00e9anse p\u00e1ginas 45 \u00abno es cierto lo antes expresado en la Sentencia del Tribunal, ni existen dentro del Proceso pruebas para demostrar la ocurrencia de tal desahucio para la entrega del local, ocurrida el 15 de febrero de 2.015\u00bb y 46 \u00aben consecuencia, no es cierto, ni existen en el proceso pruebas para demostrar la existencia de un desahucio, como se encuentra ya demostrado. La anterior afirmaci\u00f3n, es producto de la imaginaci\u00f3n de quien elabor\u00f3 la Sentencia del Tribunal\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 Al decir que: \u00abDe la misma manera, seg\u00fan se puede apreciar de la lectura de todos los documentos referidos en el NUMERAL 2.- de este Recurso Extraordinario, en ninguno de ELLOS o pruebas escritas all\u00ed analizadas, se hace menci\u00f3n o relaci\u00f3n a UNA ENTREGA DEFINITIVA DEL LOCAL ARRENDADO, COMO PRODUCTO DE UN SUPUESTO DESAHUCIO, PARA TAL EFECTO, SINO DE UNA ENTREGA MERAMENTE TEMPORAL, (\u2026)\u00bb -p\u00e1g. 43-. <\/p>\n
10\u0002 Al sostener reiteradamente que la causa de los perjuicios pretendidos no refiere -como indebidamente lo entendi\u00f3 el Tribunal- a los supuestos contenidos en el art\u00edculos 518, inciso tercero, y 522 del C\u00f3digo de Comercio, \u00absino por el contrario, a los efectos posteriores a la entrega provisional, fruto de la suspensi\u00f3n temporal de los efectos del contrato (desocupaci\u00f3n temporal del local y no pago del arrendamiento durante ella), acordada entre arrendadora y arrendatario, por un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuarenta y cinco (45) d\u00edas (carta de 3 de febrero de 2.015, folios 28 y 29 del expediente), con el objeto de realizar unas remodelaciones o construcciones nuevas\u00bb. <\/p>\n
11\u0002 Frente a lo cual indic\u00f3 que: \u00abAs\u00ed mismo olvida el Tribunal y no aplica el art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual se\u00f1ala los deberes del juez, entre los cuales est\u00e1n los de emplear los poderes que ese C\u00f3digo le concede en materia de pruebas de oficio, para verificar los hechos de la Demanda alegados por las partes y motivar la Sentencia y las dem\u00e1s providencias, mandato que brilla por su ausencia en el caso presente, pues no se evidenci\u00f3 en la escueta sustentaci\u00f3n de la Sentencia, la valoraci\u00f3n de los hechos, pretensiones y pruebas de manera integral. M\u00e1s a\u00fan, olvid\u00f3 igualmente, que cuando el Juez considere que no tiene pruebas suficientes para una condena en concreto, debe decretar pruebas de oficio\u00bb. <\/p>\n
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AC1708-2023 (2018-00072-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente AC1708-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 27001-31-03-001-2018-00072-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte sobre la admisibilidad de las demandas con las […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74367","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74367","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74367"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74367\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74367"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74367"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74367"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}