AC1838-2023 (2023-02493-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC1838-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02493-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil Municipal de Rionegro (Antioquia) y Cuarenta y Tres de esa misma especialidad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La sociedad Hidroel\u00e9ctrica del Alto Porce S.A.S. E.S.P. demand\u00f3 a Carlos Ignacio Osorno Uribe y Luz Elena Uribe de Osorno, con el fin de que se decretara la imposici\u00f3n de servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre \u00abel predio 210 de la Vereda Santa B\u00e1rbara del Municipio de Rionegro (Antioquia)\u00bb. <\/p>\n
2.- En el escrito inaugural se indic\u00f3 que la competencia radicaba en los jueces municipales de Rionegro, Antioquia, \u00abpor la naturaleza del asunto y el lugar de ubicaci\u00f3n del inmueble\u00bb [Folio 6 Archivo Digital: C0001 Cuaderno principal J043CMBogota.pdf]. <\/p>\n
3.- La causa fue repartida al Juzgado Primero Civil Municipal de aquella localidad, autoridad que, en auto de 22 de junio de 2018, admiti\u00f3 el libelo inicial [Folio 84 ib\u00eddem]. Luego, en diligencia de inspecci\u00f3n judicial celebrada el 22 de octubre del mismo a\u00f1o, autoriz\u00f3 \u00abde manera provisional a la entidad Hidroel\u00e9ctrica del Alto Porce S.A.S. E.S.P. para la imposici\u00f3n de servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica y telecomunicaciones sobre la faja de terreno ya mencionada\u00bb [Folio 100-103]. <\/p>\n
El 6 de marzo y 19 de diciembre de 2019 los demandados se notificaron personalmente [Folio 112 y 119], quienes replicaron la demanda cuestionando la estimaci\u00f3n de los perjuicios. Siguiendo el impulso del proceso, dicho estrado, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 25 de febrero de 2020, \u00abofici\u00f3 al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi a efectos de que remitieran la lista de peritos\u00bb [Folio 150], y acto seguido el 29 de octubre siguiente design\u00f3 auxiliares de justicia [Folio 161]; despu\u00e9s, relev\u00f3 a uno de ellos de su cargo (2 mar. 2021) [Folio 309], y el 25 de enero de 2023 \u00abdesign\u00f3 uno nuevo\u00bb [Folio 324]. <\/p>\n
4.- No obstante, en providencia del 8 de marzo \u00faltimo, dicho juzgador haciendo control de legalidad, declin\u00f3 del conocimiento del asunto y lo remiti\u00f3 a la oficina de reparto de sus hom\u00f3logos de Bogot\u00e1, tras argumentar que \u00abla entidad pretensora es una entidad p\u00fablica, habida cuenta que todo lo concerniente al proceso en curso es sobre una servidumbre P\u00daBLICA y por ende la sigla que la determina, esto es, E.S.P.\u00bb, de modo que no le es posible \u00abignorar los criterios decantados por la jurisprudencia al resolver las discusiones surgidas en torno a cu\u00e1les son los juzgados competentes para conocer de este tipo de tr\u00e1mites, pues se ha concluido que debe d\u00e1rsele prevalencia al factor subjetivo de la competencia, por estar involucrada una entidad p\u00fablica en el asunto, y en esa medida no puede predicarse que oper\u00f3 el principio de la \u2018perpetuatio jurisdictionis\u2019\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que, la competencia radicara en el juez de su domicilio, en virtud de lo establecido en el art\u00edculo 28, numeral 10\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, premisa que apoy\u00f3 en el pronunciamiento AC140-2020 de esta Sala [Folio 328-334]. Asimismo, rechaz\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que elev\u00f3 Hidroel\u00e9ctrica del Alto Porce con miras a combatir lo as\u00ed dispuesto (15 mar.) [Folio 406-408]. <\/p>\n
5.- Recibidas las diligencias, en interlocutorio de 18 de abril de 2023, el Juzgado Cuarenta y Tres Civil Municipal, se neg\u00f3 a impartirle tr\u00e1mite al pleito, al estimar que \u00abresulta improcedente que [el iudex primigenio] se aparte de su conocimiento 4 a\u00f1os y medio despu\u00e9s, atendiendo el principio de la Perpetuatio Jurisdictionis\u00bb, sumado a que la entidad demandante comunica en su p\u00e1gina web \u00abestar creada como una iniciativa privada, constituida y financiada con recursos propios de la sociedad conformada por Topco, Mincivil, Gravillera Albania y First Alliance Group (https:\/\/hidralpor.com\/acerca-de-hidralpor\/), lo que invalida su calidad de entidad p\u00fablica\u00bb, por tanto, \u00abante la ausencia de autoridad p\u00fablica en el extremo actor, deber\u00e1 ser la jurisdicci\u00f3n de Rionegro \u2013Antioquia la que siga conociendo el sumario para la imposici\u00f3n de servidumbre impetrado por Hidroel\u00e9ctrica del Alto Porce S.A.S. ESP\u00bb [Folio 415-417]. <\/p>\n
6.- Planteado de esa manera el conflicto negativo de competencia, se dispuso el env\u00edo del expediente a la Corte. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- Sin entrar en mayores disquisiciones sobre los diversos factores de atribuci\u00f3n de competencia fijados en la ley, se observa que en el sub examine corresponde determinar el juez civil competente para conocer del juicio de imposici\u00f3n de servidumbre, en el que se discute si este debe continuar ante el juzgador donde primero se radic\u00f3, en atenci\u00f3n al numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, o si es viable aplicar al mismo el foro privativo al que se refiere el numeral 10\u00b0 de aquel precepto, trasladando consecuentemente el pleito a los hom\u00f3logos de la capital de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
2.1. Para acometer dicha definici\u00f3n es preciso memorar que, conforme al primero, en los procesos de imposici\u00f3n de servidumbre, el juez competente es el \u00abdel lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb, mientras que, seg\u00fan el segundo, el funcionario habilitado es el \u00abdel domicilio\u00bb de la entidad p\u00fablica, territorial o descentralizada por servicios que sea parte en el juicio. <\/p>\n
2.2.- La presencia de los dos foros, ambos consagrados como privativos, impone la definici\u00f3n de criterios que permitan fijar el juzgador facultado para conocer los asuntos en que aquellos concurran, punto sobre el cual al interior de la Sala se alzaron dos posiciones. <\/p>\n
2.2.1.- Una de ellas defendi\u00f3 la sede correspondiente al lugar donde se sit\u00faa el fundo materia del debate, por razones de facilidad de defensa del titular del predio que debe soportar el gravamen y de inmediaci\u00f3n del juzgador en la pr\u00e1ctica de las pruebas, am\u00e9n del car\u00e1cter renunciable del foro por la beneficiaria legal del mismo (AC1172-2018, AC3744-2018, AC4875-2018, AC5051-2018, AC162-2019, AC277-2019, AC616-2019, AC1020-2019 y AC1028-2021, entre otras). <\/p>\n
2.2.2.- La otra tesis, abog\u00f3 por la aplicaci\u00f3n de la regla de primac\u00eda contenida en el precepto 29 de la codificaci\u00f3n adjetiva, conforme a la cual \u00ab[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb (AC4272-2018, AC4522-2018, AC4898-2018, AC117-2019, AC321-2019, AC1167-2019, AC2313-2019, AC3108-2019 y AC1772-2021, entre otras). <\/p>\n
La citada hermen\u00e9utica -se\u00f1al\u00f3 la Corte- revela que se quiso \u00ab(\u2026) dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u2018en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2019 prima, y ello cobija (\u2026) la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P.\u00bb. La justificaci\u00f3n de esa directriz es <\/p>\n
(\u2026) muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez de proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
3.- Por otro lado, referente a la naturaleza jur\u00eddica de la convocante como par\u00e1metro determinante de la competencia, se debe considerar que, de conformidad con el art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico est\u00e1 integrada en el sector descentralizado por servicios, entre otras, por las empresas sociales del Estado y \u00ablas empresas oficiales de servicios p\u00fablicos domiciliarios\u00bb, mientras que el par\u00e1grafo del canon 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que, por \u00abentidad p\u00fablica se entiende todo \u00f3rgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominaci\u00f3n; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participaci\u00f3n estatal igual o superior al 50%\u00bb. <\/p>\n
4.- Atinente a los servicios p\u00fablicos domiciliarios, de acuerdo con el art\u00edculo 365 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado de \u00abasegurar su prestaci\u00f3n eficiente\u00bb, \u00e9stos \u00abpodr\u00e1n ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares\u00bb; agregando el canon 367 \u00eddem que, igualmente \u00abse prestar\u00e1n directamente por cada municipio cuando las caracter\u00edsticas t\u00e9cnicas y econ\u00f3micas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen\u00bb. <\/p>\n
La Ley 142 de 1994 regula lo atinente a los servicios p\u00fablicos domiciliarios, ratific\u00e1ndose all\u00ed la posibilidad de que estos se presten directamente por los municipios, particulares o empresas mixtas, siempre y cuando se satisfagan las exigencias dispuestas en la ley para garantizar la calidad y eficiencia en la prestaci\u00f3n. <\/p>\n
Concordante con ello el art\u00edculo 14 la ley en cita incluye las siguientes definiciones: <\/p>\n
14.5. Empresa de servicios p\u00fablicos oficial. Es aquella en cuyo capital la Naci\u00f3n, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes. <\/p>\n
14.6. Empresa de servicios p\u00fablicos mixta. Es aquella en cuyo capital la Naci\u00f3n, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o \u00e9stas tienen aportes iguales o superiores al 50%. <\/p>\n
14.7. Empresa de servicios p\u00fablicos privada\u00bb como \u00abaquella cuyo capital pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen someterse \u00edntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares\u00bb. <\/p>\n
Es claro entonces, que la Naci\u00f3n, las entidades territoriales, y las entidades descentralizadas de cualquier nivel administrativo pueden participar, a cualquier t\u00edtulo, en la conformaci\u00f3n del capital de las empresas de servicios p\u00fablicos, de suerte que la naturaleza p\u00fablica de una empresa prestataria de estos servicios devendr\u00e1 indiscutiblemente como consecuencia de los sujetos que participen en la conformaci\u00f3n de su capital. <\/p>\n
5.- La mentada ley abre espacio para que puedan decretarse expropiaciones o imponer servidumbres, hacer ocupaciones temporales o remover obst\u00e1culos cuando resulte necesario para la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico domiciliario, pero trat\u00e1ndose se prestador particular para tales efectos \u00e9ste deber\u00e1 promover el correspondiente juicio ante las autoridades judiciales, para que, previo agotamiento del procedimiento legalmente previsto, dichas autoridades determinen la procedencia o no de lo pedido, as\u00ed como tambi\u00e9n establezcan la indemnizaci\u00f3n a que hubiere lugar para reparar al propietario por las afectaciones o perjuicios que se le puedan ocasionar. <\/p>\n
Al respecto, la pluricitada normativa prev\u00e9 lo siguiente: <\/p>\n
Art\u00edculo 33. Facultades especiales por la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos. Quienes presten servicios p\u00fablicos tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta Ley u otras anteriores, confieren para el uso del espacio p\u00fablico, para la ocupaci\u00f3n temporal de inmuebles, y para promover la constituci\u00f3n de servidumbres o la enajenaci\u00f3n forzosa de los bienes que se requiera para la prestaci\u00f3n del servicio; pero estar\u00e1n sujetos al control de la jurisdicci\u00f3n en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de sus actos, y a responsabilidad por acci\u00f3n u omisi\u00f3n en el uso de tales derechos. <\/p>\n
Art\u00edculo 57. Facultad de imponer servidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover obst\u00e1culos. Cuando sea necesario para prestar los servicios p\u00fablicos, las empresas podr\u00e1n pasar por predios ajenos, por una v\u00eda a\u00e9rea, subterr\u00e1nea o superficial, las l\u00edneas, cables o tuber\u00edas necesarias; ocupar temporalmente las zonas que requieran en esos predios; remover los cultivos y los obst\u00e1culos de toda clase que se encuentren en ellos; transitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en ellos; y, en general, realizar en ellos todas las actividades necesarias para prestar el servicio. El propietario del predio afectado tendr\u00e1 derecho a indemnizaci\u00f3n de acuerdo a los t\u00e9rminos establecidos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y perjuicios que ello le ocasione. (\u2026) <\/p>\n
Art\u00edculo 117. La adquisici\u00f3n de la servidumbre. La empresa de servicios p\u00fablicos que tenga inter\u00e9s en beneficiarse de una servidumbre, para cumplir su objeto, podr\u00e1 solicitar la imposici\u00f3n de la servidumbre mediante acto administrativo, o promover el proceso de imposici\u00f3n de servidumbre al que se refiere la Ley 56 de 1981. <\/p>\n
De dichas normas emana palmario, que la ley de servicios p\u00fablicos domiciliarios autoriza, expresamente, a todas las empresas encargadas de dicha prestaci\u00f3n -sean p\u00fablicas, mixtas o particulares- para promover la imposici\u00f3n de servidumbres cuando esto resulte indispensable para cumplir su objeto, atendiendo para ello el procedimiento establecido en la ley, sin que en las memoradas disposiciones se haga distinci\u00f3n o restricci\u00f3n alguna en atenci\u00f3n a la naturaleza jur\u00eddica del solicitante. <\/p>\n
Ello no sufre mengua, por lo dispuesto en el Decreto 1073 de 2015, \u00abpor medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energ\u00eda\u00bb y que en general realiz\u00f3 un proceso de compilaci\u00f3n de las normas relacionadas con el sector minero energ\u00e9tico y que, al ocuparse de este \u00faltimo, en su T\u00edtulo III Secci\u00f3n 5 en relaci\u00f3n con la expropiaci\u00f3n y la servidumbre incluy\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.7.5.1. seg\u00fan el cual \u00ab[l]os procesos judiciales que sean necesarios para imponer y hacer efectivo el gravamen de servidumbre p\u00fablica de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, ser\u00e1n promovidos, en calidad de demandante, por la entidad de derecho p\u00fablico que haya adoptado el respectivo proyecto y ordenado su ejecuci\u00f3n, de acuerdo con los requisitos y el procedimiento, se\u00f1alados en este Decreto\u00bb; puesto que dicha disposici\u00f3n compilada estaba consagrada en el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 2580 de 1985 que, en su momento, reglament\u00f3 parcialmente la Ley 56 de 1981 y que, en todo caso, es anterior a los postulados contenidos en la Carta Pol\u00edtica de 1991 y la ya referida Ley 142 de 1994. <\/p>\n
6.- En el sub judice, la acci\u00f3n sometida a consideraci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n corresponde a la de imposici\u00f3n de servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica promovida por Hidroel\u00e9ctrica del Alto Porce S.A.S. E.S.P. -Hidralpor S.A.S. E.S.P.- contra Carlos Ignacio Osorno Uribe y Luz Elena del Socorro Uribe de Osorno, para afectar un \u00e1rea de 1.051 metros cuadrados del predio de propiedad de estos, ubicado en la Vereda Santa Barbara del Municipio de Rionegro, Antioqu\u00eda. <\/p>\n
Revisadas las diligencias remitidas a esta Colegiatura se advierte, que de acuerdo con el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal aportado con el libelo inaugural y con el recurso de reposici\u00f3n aludido [Folios 13-19 y 383-405], la convocante es una empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S) de naturaleza jur\u00eddica privada, ya que en su composici\u00f3n accionaria no participan recursos p\u00fablicos, pues el 100% corresponde a inversiones de personas jur\u00eddicas de derecho privado. As\u00ed lo ratific\u00f3 \u00e9sta al interponer el recurso mencionado contra la determinaci\u00f3n del juzgador de Rionegro de desprenderse de la competencia y lo revela su p\u00e1gina web que al respecto registra que: \u00abse da paso a la creaci\u00f3n de HIDRALPOR S.A.S. E.S.P. como una iniciativa privada, constituida y financiada con recursos propios de la sociedad conformada por Topco, Mincivil, Gravillera Albania y First Alliance Group\u00bb.1 <\/p>\n
Y no se diga que por el hecho de prestar un servicio p\u00fablico la convierta per se en una entidad p\u00fablica, que torne imperativa la aplicaci\u00f3n de la competencia privativa fijada en raz\u00f3n de la calidad de la parte (art. 29 C\u00f3digo General del Proceso) toda vez que, como antes de vio, la Carta Pol\u00edtica, contempla la prestaci\u00f3n de dichos servicios por particulares y aun cuando estas empresas tengan una tipolog\u00eda especial, como lo ha reconocido la Corte Constitucional en la sentencia C-736 de 2007, no significa que las mismas se conviertan autom\u00e1ticamente en entidades p\u00fablicas, pues ello depender\u00e1 de \u00abla forma en la que fueron creadas y de su composici\u00f3n accionaria\u00bb. <\/p>\n
Tampoco es acertado afirmar, \u00abque la entidad pretensora es una entidad p\u00fablica, habida cuenta que todo lo concerniente al proceso en curso es sobre una servidumbre PUBLICA y por ende la sigla que la determina, esto es, E.S.P\u00bb, es decir, que el car\u00e1cter p\u00fablico de la demandante emana del tipo de servidumbre a imponer, habida cuenta que la potestad para promover estas emana como consecuencia connatural a la actividad que desarrolla la empresa, indistintamente si el prestador el p\u00fablico o privado. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que en el escrito inaugural la convocante indic\u00f3 que \u00ab[e]n desarrollo de su objeto social, HIDRALPOR S.A.S E.S.P, se encuentra adelantando la construcci\u00f3n y montaje de una L\u00ednea de Transmisi\u00f3n a 115 kV, con una longitud de 16,7 km, localizada en los municipios de Marinilla y Rionegro, departamento de Antioquia, requerida para la conexi\u00f3n de la Central Hidroel\u00e9ctrica Escuela de Minas con la subestaci\u00f3n Rionegro, propiedad de las Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn\u00bb -hecho segundo- en donde \u00ab[l]a construcci\u00f3n montaje de la L\u00ednea de Transmisi\u00f3n fue declarada de Utilidad P\u00fablica e inter\u00e9s social, por el Ministerio de Minas y Energ\u00eda, mediante Resoluci\u00f3n No. 288 del 21 de octubre de 2016\u00bb -hecho tercero- y en esta Resoluci\u00f3n el ministerio, justamente, memora en sus considerandos que \u00abel art\u00edculo 33 de la Ley 142 de 1994 se\u00f1ala que quienes presten servicios p\u00fablicos tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta ley u otras anteriores confieren para el uso del espacio p\u00fablico, para la ocupaci\u00f3n temporal de inmuebles, y para promover la constituci\u00f3n de servidumbres o la enajenaci\u00f3n forzosa de los bienes que se requieran para la prestaci\u00f3n del servicio, pero estar\u00e1n sujetos al control de la jurisdicci\u00f3n contenciosos administrativo sobre la legalidad de sus actos, y a la responsabilidad por acci\u00f3n u omisi\u00f3n en el uso de tales derechos\u00bb y dentro de las ordenaciones que all\u00ed adopta, a m\u00e1s de la declaratoria de utilidad p\u00fablica del mentado proyecto, en su art\u00edculo 2\u00b0 par\u00e1grafo 2 dispone, que \u00ab[d]e conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 33 de la ley 142 de 1994 la empresa HIDROEL\u00c9CTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. HIDRALPOR S.A. E.S.P. cuenta con facultades para uso del espacio p\u00fablico, ocupaci\u00f3n temporal de inmuebles y para promover la constituci\u00f3n de servidumbres\u2026\u00bb, lo que ratifica que la iniciaci\u00f3n de los procesos de servidumbres necesarios para el desarrollo del proyecto de inter\u00e9s p\u00fablico, no estaba supeditado a la naturaleza jur\u00eddica de la promotora. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como la accionante tiene la \u00abnaturaleza jur\u00eddica privada\u00bb, no opera a favor de la citada entidad el privilegio reconocido por el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto, dicho precepto aplica cuando \u00aben el respectivo proceso contencioso \u2018sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica\u00bb, caracter\u00edsticas que no concurren en el sub examine, lo cual torna inaplicable dicho precepto para determinar el juez natural llamado a conocer del pleito, en consideraci\u00f3n del factor territorial de competencia. <\/p>\n
Sobre el t\u00f3pico, esta Sala en auto AC892-2021 precis\u00f3: <\/p>\n
Pues bien, no queda ninguna duda que este caso, por disposici\u00f3n expresa del legislador, debe seguirse en el lugar donde se encuentra el predio sobre el que se pretende constituir un derecho real de servidumbre, esto es, Belalc\u00e1zar, Caldas, sin que quepa aqu\u00ed la posibilidad de acudir a otro foro privativo y prevalente, como el del numeral 10\u00b0del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, porque la accionante, de acuerdo con el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal aportado, detenta naturaleza jur\u00eddica privada. (AC892-2021, reiterado en el AC1188-2022 y AC864-2023). <\/p>\n
De modo que, al ser la empresa Hidroel\u00e9ctrica del Alto Porce S.A.S. E.S.P. de naturaleza jur\u00eddica privada y al estar ubicado \u00abel predio 210\u00bb en la \u00abVereda Santa B\u00e1rbara\u00bb del municipio de Rionegro (Antioquia), la pauta llamada a gobernar la definici\u00f3n de la competencia por el fuero territorial es el privativo establecido por el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
7.- Por lo expuesto, no viene a duda que la competencia para impulsar la presente causa radica en el Juzgado Primero Civil Municipal de Rionegro \u2013 Antioquia, por lo que a esa autoridad se le remitir\u00e1 el expediente para que contin\u00fae su tramitaci\u00f3n y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro funcionario involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Primero Civil Municipal de Rionegro – Antioquia, es el competente para asumir el conocimiento del proceso de imposici\u00f3n de servidumbre referenciado. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el diligenciamiento a ese despacho judicial para que contin\u00fae tramitando el proceso. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Cuarenta y Tres Civil Municipal de Bogot\u00e1 y a los interesados. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n