AC1839-2023 (2023-02549-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC1839-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02549-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., siete (7) de julio dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Civil del Circuito de Villeta, Cundinamarca y Cuarenta y Siete de esa misma especialidad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- demand\u00f3 a la Constructora Villas de Palo Alto S.A. en Liquidaci\u00f3n, con el fin de que se decretara la expropiaci\u00f3n de una franja de terreno de 5.410,69m\u00b2, que hace parte del predio rural de mayor extensi\u00f3n denominado \u201cVilla Marcela\u201d, situado en el municipio de San Francisco (Cundinamarca). <\/p>\n
2.- En el escrito inaugural se indic\u00f3 que la competencia radicaba en los funcionarios del lugar de ubicaci\u00f3n del fundo \u00abde conformidad con lo establecido en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 20 del C.G.P. [y] el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28\u00bb [Folio 174. Archivo: 001Cuadernounoprimeraparte.pdf]. <\/p>\n
3.- La causa fue repartida al Juzgado Civil del Circuito de Villeta, cabecera del circuito al cual pertenece la citada municipalidad, autoridad que, en prove\u00eddo de 6 de febrero de 2020, la inadmiti\u00f3 [Folio 178 ib\u00eddem], luego de subsanada, el 11 de marzo siguiente dict\u00f3 auto admisorio [Folio 210 ib\u00eddem] y, posteriormente, neg\u00f3 la entrega definitiva del bien (12 nov. 2020) [Archivo: 003 Auto Niega Entrega Definitiva.pdf]. <\/p>\n
4.- Acto seguido, ante requerimiento de la entidad promotora para el impulso procesal respectivo [Archivo: 005 Solicitud Impulso Procesal.pdf], el 1\u00ba de junio de esa anualidad, dicho estrado declin\u00f3 el conocimiento del pleito y lo remiti\u00f3 a sus hom\u00f3logos de Bogot\u00e1, en virtud de lo establecido en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, ya que el organismo accionante tiene naturaleza p\u00fablica, circunstancia que radica la controversia, de forma privativa, en el juez del domicilio de \u00e9sta, de acuerdo con el criterio de esta Sala, expuesto en las providencias AC1110-2021 y AC1113-2021 [Archivo: 007 Auto Ordena Remitir Competencia.pdf]. <\/p>\n
5.- La Juez Cuarenta y Siete Civil del Circuito de esta capital se neg\u00f3 a asumir el tr\u00e1mite, al considerar que deb\u00eda aplicarse el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en consideraci\u00f3n a que \u00ab[e]n lo que ata\u00f1e al factor subjetivo debe tenerse en cuenta que aplica \u00fanicamente en dos casos, esto es, estados extranjeros y agentes diplom\u00e1ticos, en eventos en los cuales pueden concurrir ante los jueces nacionales acorde a las normas de derecho internacional (Art.30-6 CGP), circunstancia que en el presente asunto no se presenta\u00bb, de all\u00ed que exista la imperiosa necesidad de que sea \u00abel juez del lugar donde se encuentra el bien quien asuma el conocimiento de las diligencias, en pro de garantizar el real y efectivo acceso a la administraci\u00f3n de la justicia de los demandados\u00bb y apoy\u00f3 sus argumentaciones en interlocutorios de 10 de marzo de 2020 y 30 de junio de 2021(sic), proferidos por esta Colegiatura [Archivo: 013 Auto Genera Conflicto20220622.pdf]. <\/p>\n
Planteado de esa manera el conflicto de competencia, se dispuso el env\u00edo del expediente a esta Corporaci\u00f3n (27 jun. 2023) [Archivo: 014 Env\u00edo a la Corte.pdf]. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- Sin entrar en mayores disquisiciones sobre los diversos factores de atribuci\u00f3n de competencia fijados en la ley, se observa que en el presente caso es predicable la concurrencia dos (2) fueros por raz\u00f3n de la distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica: el real y el personal a que se contraen los numerales s\u00e9ptimo y d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del estatuto procesal. <\/p>\n
2.1.- Conforme al primero, en los procesos de expropiaci\u00f3n, \u00abser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
Y de acuerdo con el segundo, \u00aben los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad. Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u00bb. <\/p>\n
2.2.- Del contenido de las disposiciones en cita es claro que los foros en ellos mencionados tienen como caracter\u00edstica com\u00fan el car\u00e1cter privativo que les asign\u00f3 el legislador, lo que lleva inmerso su inalterabilidad por las partes o los juzgadores, circunstancia que, ante la diversidad de circunstancias que, en no pocas ocasiones se presentan cuando estos concurren, motiv\u00f3 la definici\u00f3n de criterios que permitieran fijar al juez natural encargado de dirimir la lid sometida a conocimiento de la jurisdicci\u00f3n, punto sobre el cual al interior de la Sala se alzaron dos posiciones. <\/p>\n
Una de ellas defendi\u00f3 la sede correspondiente al lugar de localizaci\u00f3n del fundo materia del debate, por razones de facilidad de defensa del titular del predio que debe soportar el gravamen y la inmediaci\u00f3n del juzgador en la pr\u00e1ctica de las pruebas y diligencias, am\u00e9n del car\u00e1cter renunciable del foro por la beneficiaria legal del mismo (CSJ AC1172-2018, CSJ AC3744-2018, CSJ AC4875-2018, CSJ AC5051-2018, CSJ AC162-2019, CSJ AC277-2019, CSJ AC616-2019, CSJ AC1020-2019 y CSJ AC1028-2021, entre otras). <\/p>\n
La otra tesis, abog\u00f3 por la aplicaci\u00f3n de la regla de primac\u00eda contenida en el precepto 29 de la codificaci\u00f3n adjetiva, conforme a la cual \u00ab[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb (CSJ AC4272-2018, CSJ AC4522-2018, CSJ AC4898-2018, CSJ AC117-2019, CSJ AC321-2019, CSJ AC1167-2019, CSJ AC2313-2019, CSJ AC3108-2019 y CSJ AC1772-2021, entre otras). <\/p>\n
2.3.- La providencia AC140-2020, al pronunciarse sobre un juicio de servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica que involucraba los dos fueros en cuesti\u00f3n, resolvi\u00f3 la indicada discusi\u00f3n al unificar en ese momento la jurisprudencia de esta Colegiatura frente al tema, acogiendo la segunda de las posturas mencionadas, por hallarla m\u00e1s consonante con la voluntad del legislador. Para arribar a esa conclusi\u00f3n se soport\u00f3 \u00aben el entendimiento sistem\u00e1tico de los preceptos sobre competencia; en la pauta de prelaci\u00f3n que este concretamente previ\u00f3 en caso de discordancias entre reglas de competencia; y en el inter\u00e9s general que se infiere quiso hacer primar la nueva codificaci\u00f3n, al se\u00f1alar que es en el domicilio de los entes p\u00fablicos involucrados como parte en un proceso, que debe adelantarse la contienda\u00bb. <\/p>\n
La citada hermen\u00e9utica -se\u00f1al\u00f3 la Corte- revela que se quiso \u00ab(\u2026) dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u2018en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2019 prima, y ello cobija (\u2026) la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n de esa directriz \u00abmuy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez de proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial\u00bb. <\/p>\n
3.- Aunque pudiera pensarse que se incurre en confusi\u00f3n entre el factor subjetivo de asignaci\u00f3n del funcionario instructor, esto es, el fundado en la calidad de los contradictores, y el foro personal como subclase del factor territorial, basado en el domicilio de uno de los enfrentados en la pendencia, lo cierto es que el aludido precepto 29 del ordenamiento instrumental no efect\u00faa una diferenciaci\u00f3n que lleve a inaplicar el par\u00e1metro all\u00ed contenido a las tensiones surgidas entre los fueros en las diferentes circunscripciones judiciales en que est\u00e1 dividido el territorio nacional. <\/p>\n
Aunado a lo precedido, es inobjetable que, en los procesos en que es parte una entidad territorial, descentralizada por servicios o p\u00fablica, se encuentra involucrada una regla de competencia instituida \u00aben consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, de ah\u00ed que, en aplicaci\u00f3n del criterio de preponderancia comentado, aquella desplace a otras, como ser\u00eda la determinada por el punto geogr\u00e1fico donde se halla la cosa sobre la cual se ejercita un derecho real. <\/p>\n
Tal conclusi\u00f3n no se enerva por la realizaci\u00f3n de algunas actuaciones ante el fallador no competente, ni por la renuncia que haga el organismo p\u00fablico de la garant\u00eda de adelantar el juicio o ser enjuiciado en sede distinta al lugar donde tiene su domicilio. <\/p>\n
Lo primero, porque, tal como se enfatiz\u00f3 en la providencia citada, con apoyo en el canon 16 del compendio procesal, la asignaci\u00f3n del conocimiento con fundamento en el criterio subjetivo es improrrogable, caracter\u00edstica que trae aparejada \u00abla imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis\u00bb1. <\/p>\n
4.- En la colisi\u00f3n bajo examen se tiene que, aunque el fundo que pretende intervenir la convocante se sit\u00faa en San Francisco, Cundinamarca, el conocimiento de la acci\u00f3n no le compete al sentenciador de la cabecera del circuito de ese territorio, porque quien acude a la jurisdicci\u00f3n es la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, \u00ab(\u2026) de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica (\u2026) adscrita al Ministerio de Transporte\u00bb3, calidad que, de conformidad con el numeral 10\u00ba del canon 28 de la normatividad de enjuiciamiento, impone como sentenciador natural, al de su vecindad, conforme los par\u00e1metros atr\u00e1s expuestos. <\/p>\n
Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha destacado, que \u00aben los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien, pero en el evento que sea parte una entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, como regla de principio\u00bb (AC4338-2022, citado en el AC1665-2023). <\/p>\n
En ese orden, al ser Bogot\u00e1 el asiento principal de la Agencia Nacional de Infraestructura, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 2\u00ba del Decreto 4165 de 3 de noviembre de 2011, dada su naturaleza jur\u00eddica, compete al estrado capitalino adelantar la contienda. <\/p>\n
5.- Ello es as\u00ed, porque, cuando en cualquiera de los extremos procesales concurren entes p\u00fablicos, se itera, se torna ineludible la aplicaci\u00f3n del privilegio reconocido por el numeral 10\u00ba del canon 28 del nuevo estatuto procedimental a favor de la entidad p\u00fablica involucrada, para que ante el juez de su domicilio se adelante el litigio, puesto que es su particular naturaleza la que determina el car\u00e1cter privativo contemplado en el precepto en cita, que al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 29 ib\u00eddem es \u201cprevalente\u201d. <\/p>\n
6.- Correlativamente, cuando la entidad p\u00fablica llama a juicio a un particular, prevalece, de forma indiscutible, el lugar del domicilio de la entidad p\u00fablica, en cuyo favor el legislador estableci\u00f3 un fuero privativo, sin que resulte viable fijar la competencia atendiendo la ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica de los bienes involucrados en la litis, en la medida en que el fuero privativo del que se viene hablando, se sustenta en la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio, el que como ya se aludi\u00f3 resulta prevalente e improrrogable (art\u00edculo 16, ejusdem). <\/p>\n
Ante la prevalencia que se reconoce al factor subjetivo, -de cara al enfrentamiento normativo surgido- en asuntos de similar temperamento se ha indicado que: <\/p>\n
(\u2026) el factor subjetivo se establece a partir de \u2018la calidad de las partes del juicio, con el fin de otorgar competencia a jueces de jerarqu\u00eda superior cuando se trata de entidades p\u00fablicas: naci\u00f3n, departamentos, municipios, intendencias y comisarias\u20194, y abre camino a los siguientes elementos axiales: I) una competencia \u2018exclusiva\u2019 que consulta a determinados funcionarios judiciales y \u2018excluyente\u2019 frente a otros factores que la determinan, al punto que proscribe la \u2018prorrogabilidad\u2019; II) cualificaci\u00f3n del sujeto procesal que interviene en la relaci\u00f3n jur\u00eddico adjetiva, revestido de cierto fuero como acaece con los Estados extranjeros o agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el gobierno de la Rep\u00fablica en los casos previstos por el derecho internacional (vr. g. n\u00fam. 6\u00b0, art. 30 C.G.P.); y III) juez natural especial designado expresamente por el legislador para conocer del litigio en el que interviene el sujeto procesal calificado. <\/p>\n
Criterio en sentido contrario desconocer\u00eda el mencionado mandato legal (art\u00edculo 29), toda vez que dar\u00eda prevalencia al fuero real sobre el subjetivo que contempla el citado precepto, lo que conlleva a omitir su tenor literal, a pesar de que el art\u00edculo 27 del C\u00f3digo Civil regula que \u2018[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u2019. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el art\u00edculo 28 de la misma obra consagra que \u2018[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u2019; por lo que interpretaci\u00f3n en sentido adverso asimismo dejar\u00eda de lado c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales: el art\u00edculo 28 de esta obra (numeral 10\u00b0) que corresponde al precepto 23 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (numerales 17\u00b0 y 18\u00b0), entre otros eventos. (AC1596-2022, reiterado en el AC1665-2023). <\/p>\n
Es claro entonces, que no deviene atendible que, al desatar esta clase de colisiones, la Corte asigne la competencia al juez del lugar donde se sit\u00faa la heredad materia del debate, cuando existe un imperativo legal que impone la aplicaci\u00f3n preponderante del factor subjetivo como expresamente lo determina el art\u00edculo 29 de la codificaci\u00f3n adjetiva, am\u00e9n del privilegio indiscutible reconocido al domicilio del ente p\u00fablico. <\/p>\n
7.- Y no se diga que en dichos eventos existe un vac\u00edo normativo, porque en el estatuto procesal hay una disposici\u00f3n expresa y perentoria que asigna la competencia al juez del domicilio del ente territorial o entidad p\u00fablica, sea demandante o demandada. Pero, a\u00fan de aceptarse alguna presunta deficiencia en el \u00e1mbito legal que pudiera existir para fijar la competencia en cabeza de la autoridad judicial en los juicios de expropiaci\u00f3n o servidumbre, habr\u00e1 que valerse de los criterios de interpretaci\u00f3n contemplados en los c\u00e1nones 26 y siguientes del C\u00f3digo Civil, a fin de escudri\u00f1ar el sentido y alcance de los art\u00edculos 28 (n\u00fam. 10) y 29 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
Es principio rector de la actividad judicial el indagar por el \u2018verdadero sentido\u2019 de las normas jur\u00eddicas, tal como lo manda el art\u00edculo 26 del C\u00f3digo Civil, estatuto que adem\u00e1s de establecer algunos criterios de interpretaci\u00f3n (textual, l\u00f3gico, hist\u00f3rico, sistem\u00e1tico), proh\u00edbe la que se hace de manera insular para ampliar o restringir la extensi\u00f3n que deba darse a la ley (art\u00edculo 31 Ib\u00eddem). <\/p>\n
Uno de tales criterios considera a las reglas jur\u00eddicas como elementos de un sistema, raz\u00f3n por la que la interpretaci\u00f3n de las mismas se orienta hacia su armonizaci\u00f3n dentro de \u00e9ste, con el fin de evitar incompatibilidad de unas normas con otras, o que \u00e9stas sean contrarias al propio conjunto normativo. (SC 19 dic. 2012, rad. 2006-00164-01; criterio reiterado en SC3627-2021, resalta la Corte). <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, con sano criterio, la Sala ha estimado que \u00abinterpretar va m\u00e1s all\u00e1 de reproducir formalmente las palabras que utiliz\u00f3 el legislador para gobernar una situaci\u00f3n de hecho; en verdad consiste en extraer el contenido de los preceptos a partir de su literalidad, el contexto que sirvi\u00f3 para su proferimiento, las condiciones actuales de aplicaci\u00f3n y su armon\u00eda con la totalidad del ordenamiento jur\u00eddico\u00bb (SC3627-2021, subraya la Corte). <\/p>\n
7.1.- Cumplido esto se tiene que el numeral 10\u00ba de la primera norma referida dispone, que, <\/p>\n
\u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad. Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u00bb. (Se destaca). <\/p>\n
Del tenor literal de ese precepto se advierte, sin dificultad, que en los juicios en los que involucre a una entidad territorial, una entidad descentralizada por servicios, o cualquier otra entidad p\u00fablica con independencia del extremo procesal que ocupe, su conocimiento debe ser asumido privativamente por el fallador del lugar del domicilio de aquella. <\/p>\n
Dicha atribuci\u00f3n se fortalece con el canon que le sigue (art. 29 C.G.P.), cuya apreciaci\u00f3n no puede desligarse del enunciado anterior, pues justamente impone la prevalencia del criterio subjetivo, cuando predica que: <\/p>\n
Es prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes. <\/p>\n
Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor. <\/p>\n
8.- Tales inferencias encuentran sustento en la propia g\u00e9nesis del C\u00f3digo General del Proceso, habida consideraci\u00f3n que el proyecto de Ley No. 196 de 2011 presentado al Congreso de la Rep\u00fablica, en su texto original incorpor\u00f3 la siguiente hip\u00f3tesis: <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo 28. Competencia territorial. La competencia territorial se sujeta a las siguientes reglas: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
11. En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios, conocer\u00e1 el juez del domicilio o de la cabecera de la parte demandada. Cuando \u00e9sta se halle formada por una de tales entidades y un particular, prevalecer\u00e1 el fuero de aquella\u00bb. (Negrillas ajenas al texto original). <\/p>\n
Sin embargo, en ejercicio de la libertad de configuraci\u00f3n legislativa, la redacci\u00f3n de esa pauta fue modificada en la segunda ponencia del proyecto, presentada ante la C\u00e1mara de Representantes, con la sola justificaci\u00f3n de \u00abofrecer mayor claridad en torno a la competencia territorial cuando sea parte una entidad p\u00fablica\u00bb (Gaceta del Congreso, A\u00f1o XX, No. 745 de 4 de octubre de 2011), quedando finalmente como en la actualidad se encuentra expresada en la codificaci\u00f3n procesal civil. <\/p>\n
9.- Como antes se apunt\u00f3, ante la inexistencia de disposiciones que demarquen una competencia distinta, las directrices esbozadas l\u00edneas arriba resultan aplicables a todos los juicios de expropiaci\u00f3n y servidumbre donde est\u00e9n involucradas las entidades a que hace referencia el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
10.- S\u00edguese de lo expuesto, que estando como est\u00e1 involucrada en uno de los extremos de la litis, una entidad cuyo domicilio es Bogot\u00e1, que por su naturaleza impone la aplicaci\u00f3n del fuero subjetivo, muy a pesar de ubicarse el predio objeto de expropiaci\u00f3n en el municipio de San Francisco, Cundinamarca, el Juzgado Civil del Circuito de Villeta \u2013aunque haya asumido el conocimiento del proceso en su momento- no es el juez natural que debe conocer de esta causa, al haber advertido tal situaci\u00f3n y disponer la remisi\u00f3n de las diligencias a los jueces del domicilio de la entidad demandante, por lo que, nada obstaba para que el juzgado de la capital de la Rep\u00fablica asumiera las diligencias e impartiera el tr\u00e1mite de la actuaci\u00f3n conforme al curso normal del proceso, de ah\u00ed que, se ordenar\u00e1 la remisi\u00f3n de la encuadernaci\u00f3n a dicho estrado, al que le corresponde instruir y resolver la acci\u00f3n incoada. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, es el competente para asumir el conocimiento del proceso de expropiaci\u00f3n referenciado. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente a ese despacho judicial para que contin\u00fae con el tr\u00e1mite. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Civil del Circuito de Villeta, Cundinamarca, y a los interesados. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 El cual alude a que, una vez asumida la competencia por el juez, esta queda establecida y no puede dicho funcionario variarla o modificarla de oficio. <\/p>\n
2\u0002 A diferencia de los fueros electivos, en los que el promotor de una acci\u00f3n tiene la posibilidad de escoger entre los jueces con competencia (numerales 1, 5 y 6 art\u00edculo. 28 C.G.P.). <\/p>\n
3\u0002 Decreto 4165 del 03 noviembre de 2011. <\/p>\n
4\u0002 Hernando Devis Echand\u00eda, Tratado de Derecho Procesal Civil Parte General, Tomo II, Editorial Temis, 1962, p. 147. <\/p>\n
<\/p>\n
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AC1839-2023 (2023-02549-00) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente AC1839-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02549-00 Bogot\u00e1 D. C., siete (7) de julio dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Civil del Circuito de Villeta, Cundinamarca y Cuarenta y Siete de esa misma especialidad […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74377","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74377","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74377"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74377\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74377"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74377"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74377"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}