AC1859-2023 (2023-02551-00) <\/p>\n
AC1859-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02551-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Treinta y Ocho Civil Municipal de Bogot\u00e1 y su hom\u00f3logo Tercero de Bucaramanga, con ocasi\u00f3n del conocimiento de la solicitud de aprehensi\u00f3n y entrega de garant\u00eda mobiliaria elevada por Bancolombia S.A. contra Andrea Paola Rojas Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En su libelo introductor, dirigido a los jueces civiles municipales de Bogot\u00e1, la entidad convocante pidi\u00f3, con fundamento en la Ley 1676 de 2013, que se ordene \u00abla APREHENSI\u00d3N y ENTREGA del veh\u00edculo de placas KMW317\u00bb, de propiedad de la convocada, quien incumpli\u00f3 el \u00abCONTRATO DE GARANT\u00cdA MOBILIARIA PRIORITARIA DE ADQUISICI\u00d3N SOBRE EL VEH\u00cdCULO (PRENDA SIN TENENCIA)\u00bb. En el ac\u00e1pite de competencia cit\u00f3 lo dicho en auto AC041-2023 de esta Corporaci\u00f3n, e indic\u00f3 que \u00abel veh\u00edculo puede ubicarse en cualquier lugar del territorio de la Rep\u00fablica de Colombia, por lo tanto, el acreedor garantizado elige esta circunscripci\u00f3n territorial para el tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Treinta y Ocho Civil Municipal de Bogot\u00e1, al que correspondi\u00f3 la causa por reparto, la rechaz\u00f3 arguyendo que, en asuntos como este, esta Sala \u00abal dirimir conflictos de competencia ha aplicado el fuero real (n\u00fam. 7\u00b0 art. 28 CGP), por lo que debe verificarse el lugar donde se encuentra el bien, bas\u00e1ndose en los elementos de convicci\u00f3n aportados junto con la solicitud\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dijo que \u00abel veh\u00edculo sobre el cual versa la solicitud (\u2026) se encuentra bajo posesi\u00f3n material y \u00fanica del deudor garante, es decir, tiene la \u00abtenencia [\u2026] con el \u00e1nimo de se\u00f1or o due\u00f1o\u00bb (art. 762 CC), el cual seg\u00fan los datos suministrados en el escrito de demanda y en lo anexos aportados tiene un domicilio en Bucaramanga-Santander (\u2026). Por lo anterior, resulta m\u00e1s que claro que el automotor se encuentra habitualmente en el domicilio del deudor porque all\u00ed tiene su \u00ab\u00e1nimo de permanencia\u00bb (art. 76 ib\u00eddem)\u00bb y dispuso la remisi\u00f3n de las diligencias a esa localidad (subrayado del texto). <\/p>\n
3. El estrado receptor, Juzgado Tercero Civil Municipal de Bucaramanga, tambi\u00e9n rehus\u00f3 la asignaci\u00f3n, pretextando que \u00abes evidente que el hom\u00f3logo de Bogot\u00e1 (\u2026) ninguna consideraci\u00f3n hizo sobre los planteamientos esbozados por el solicitante en el ac\u00e1pite denominado \u201cCUANTIA Y COMPETENCIA\u201d y en su lugar, la finc\u00f3 en los autos AC747 de 28 de febrero de 2018, AC1979-2021 y AC1184 de 2 de abril de 2019, (\u2026) teni\u00e9ndose respecto de los primeros, que los presupuestos f\u00e1cticos de dichas decisiones difieren con los del presente asunto, pues la competencia territorial se asign\u00f3 all\u00ed apelando a lo pactado en el contrato de prenda en el que espec\u00edficamente se indic\u00f3 el lugar, direcci\u00f3n y ciudad en la que se mantendr\u00eda el veh\u00edculo, por lo que no eran aplicables al sub examine; mientras que en el \u00faltimo auto referido, pese a que los presupuestos f\u00e1cticos se acompasan con los de la solicitud que aqu\u00ed nos ocupa, la interpretaci\u00f3n que le dio el Juez Treinta y Ocho Civil Municipal de Bogot\u00e1 no fue coherente, conllevando a relevarse del conocimiento de la misma, cuando, como se dijo en l\u00edneas anteriores, el auto aplicable era el citado por el solicitante, esto es, AC 041-2023 del 20 de enero de 2023\u00bb pues, con precisi\u00f3n, el convocante \u00abfij\u00f3 la competencia para el conocimiento del [asunto] en los Juzgados Civiles Municipales de Bogot\u00e1 y tras considerar que el veh\u00edculo pod\u00eda ubicarse en cualquier lugar del territorio de la Rep\u00fablica de Colombia\u00bb. <\/p>\n
Con ese fundamento, plante\u00f3 conflicto y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para dirimirlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Aunque la jurisdicci\u00f3n, entendida como la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a trav\u00e9s de pautas de atribuci\u00f3n descriptivas preestablecidas, contenidas en normas de orden p\u00fablico: las reglas de competencia. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribuci\u00f3n en comento se realiza mediante la aplicaci\u00f3n de diversos factores, as\u00ed: <\/p>\n
(i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de las partes del litigio, debi\u00e9ndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el Gobierno de la Rep\u00fablica (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicci\u00f3n), acorde con el art\u00edculo 30, numeral 6, del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del art\u00edculo 28 ejusdem, a cuyo tenor: \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
(ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuant\u00eda. <\/p>\n
La naturaleza consiste en una descripci\u00f3n abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunci\u00f3n entre ella y la pretensi\u00f3n en concreto; as\u00ed ocurre con la expropiaci\u00f3n, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito1, o la custodia, cuidado personal y visitas de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en \u00fanica instancia2. <\/p>\n
Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, se acudi\u00f3, como patr\u00f3n de atribuci\u00f3n supletivo o complementario, a la cuant\u00eda de las pretensiones, conforme lo disponen los c\u00e1nones 153 y 254 del estatuto procesal civil. <\/p>\n
(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categor\u00eda e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de m\u00ednima cuant\u00eda corresponde al juez civil municipal, en \u00fanica instancia), que -por s\u00ed solas- son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en espec\u00edfico. <\/p>\n
Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuant\u00eda) habr\u00e1 de acompa\u00f1arse, en todo caso, del Factor Territorial, que se\u00f1ala con precisi\u00f3n el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribuci\u00f3n territorial (pues opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribuci\u00f3n previstas en los numerales 2 (domicilio de los ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente) y 12 (\u00faltimo domicilio del causante) del citado canon 28. <\/p>\n
El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes, en aquellos asuntos en los que \u00abse ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos\u00bb (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en trat\u00e1ndose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11). <\/p>\n
Y el fuero contractual ata\u00f1e, finalmente, a \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos\u00bb en los que \u00abes tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
(iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atenci\u00f3n a las espec\u00edficas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripci\u00f3n de grados de juzgamiento, en la que act\u00faan funcionarios diferentes, pero relacionados entre s\u00ed, de manera jer\u00e1rquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripci\u00f3n judicial. <\/p>\n
(v) Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fen\u00f3meno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulaci\u00f3n de partes \u2013litisconsorcios\u2013), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas. <\/p>\n
3. Las normas de atribuci\u00f3n territorial en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Como viene de verse, la pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1\u00ba del citado art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, foro que opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb, lo que supone la advertencia de que aplicar\u00e1 siempre y cuando el ordenamiento jur\u00eddico no disponga una cosa distinta. <\/p>\n
Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elecci\u00f3n, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), as\u00ed: <\/p>\n
(i) Los fueros concurrentes por elecci\u00f3n operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podr\u00e1 radicar su acci\u00f3n ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho da\u00f1oso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del art\u00edculo 28). <\/p>\n
(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer t\u00e9rmino, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podr\u00eda recurrirse a la alternativa subsiguiente. <\/p>\n
(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a t\u00edtulo de ejemplo, con los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicaci\u00f3n del respectivo predio (numeral 7 del art\u00edculo 28, ya citado). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Acorde con el precedente reciente de la Sala, en trat\u00e1ndose de solicitudes de aprehensi\u00f3n y entrega como la que dio origen a este tr\u00e1mite, \u00abciertamente se est\u00e1 en ejercicio del derecho real de prenda, a efecto de poder el acreedor satisfacer su cr\u00e9dito sin necesidad de acudir a los jueces, salvo, claro est\u00e1, para que se retenga y entregue el bien pignorado y del cual reclama la tenencia. Y en ese orden de ideas, la regla de competencia territorial que de manera m\u00e1s cercana encaja en el caso, es la del numeral 7\u00ba del referido art\u00edculo 28, la que a su vez posibilita cumplir con principios como los de econom\u00eda procesal e inmediaci\u00f3n, puesto que el juez que mejor y m\u00e1s f\u00e1cil puede disponer lo necesario para llevar a t\u00e9rmino lo pretendido, sin duda, es al del sitio en el que se halle el bien afectado\u00bb (CSJ AC2218\u20132019, 10 jun.). <\/p>\n
As\u00ed mismo, tambi\u00e9n se ha precisado que si el demandante afirma que el lugar de ubicaci\u00f3n del veh\u00edculo que se persigue \u00abes todo el territorio nacional\u00bb -lo cual es razonable dada su naturaleza de bien mueble-, cualquiera de las \u00abcircunscripciones territoriales\u00bb podr\u00eda ser elegida. <\/p>\n
4.2. En el caso bajo estudio, la actora inform\u00f3 en su demanda que \u00abel veh\u00edculo puede ubicarse en cualquier lugar del territorio de la Rep\u00fablica de Colombia\u00bb, lo cual resulta acorde el clausulado del contrato base de esta demanda, seg\u00fan el cual, como obligaci\u00f3n a cargo del garante, se estableci\u00f3 \u00abmantener el veh\u00edculo dentro de la Rep\u00fablica de Colombia\u00bb. <\/p>\n
En un asunto de similares contornos a este, se sostuvo lo siguiente: <\/p>\n
4.3. Por esa v\u00eda, resultaba entonces improcedente que el funcionario judicial a quien inicialmente se le asign\u00f3 el tr\u00e1mite declinara conocerlo, dado que (i) su competencia viene establecida por lo dispuesto en el numeral 7 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, y (ii) la entidad actora denunci\u00f3 la mutabilidad de la ubicaci\u00f3n del bien objeto de la aprehensi\u00f3n, lo que (prima facie) le permite demandar en cualquier sede de la circunscripci\u00f3n nacional, a su elecci\u00f3n \u2013al menos mientras se establece, con absoluta claridad, un \u00fanico paradero del automotor sobre el que versa la actuaci\u00f3n\u2013. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Este asunto ha de ser tramitado por la primera de las autoridades en contienda, hasta tanto su competencia no sea v\u00e1lidamente rebatida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Treinta y Ocho Civil Municipal de Bogot\u00e1 para conocer de la demanda en referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. REMITIR la actuaci\u00f3n al citado despacho e informar lo decidido a la otra agencia judicial involucrada en la contienda. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 20, numeral 5, C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 21, numeral 3, \u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 \u00abCorresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no est\u00e9 atribuido expresamente por la ley a otro juez civil\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 \u00abCuando la competencia se determine por la cuant\u00eda, los procesos son de mayor, de menor y de m\u00ednima cuant\u00eda. Son de m\u00ednima cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)\u00bb. <\/p>\n
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