AC1877-2023 (2023-02336-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC1877-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02336-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia que surgi\u00f3 entre el Juzgado Tercero Civil Municipal de Piedecuesta y el Despacho Treinta y Ocho Civil Municipal de Bogot\u00e1, atinente al conocimiento del proceso ejecutivo hipotecario promovido por el Fondo Nacional del Ahorro contra Mart\u00edn Vargas Escalante. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda dirigida al \u00abJUEZ CIVIL MUNICIPAL DE PIEDECUESTA (REPARTO)\u00bb, la parte actora reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n que se libre mandamiento ejecutivo de pago, entre otras, por el capital contenido en el pagar\u00e9 aportado como base del recaudo y los intereses de mora causados. Tambi\u00e9n, se\u00f1al\u00f3 que la competencia le correspond\u00eda a dicha autoridad judicial por \u00abla ubicaci\u00f3n del inmueble y por el valor de las pretensiones\u00bb1. <\/p>\n
2. Repartida la demanda, el Juzgado Primero Civil Municipal de Piedecuesta -luego de librar mandamiento ejecutivo de pago2- resolvi\u00f3 -con auto del 24 de enero de 2023- remitirla a su hom\u00f3logo Tercero, en virtud del \u00abAcuerdo No. CSJSAA22-388 del 12 de diciembre de 2022\u00bb3. <\/p>\n
3. Allegado el expediente, el Despacho Tercero Civil Municipal de Piedecuesta -con prove\u00eddo del 2 de mayo de 2023- rechaz\u00f3 el asunto por falta de competencia. Indic\u00f3 que: <\/p>\n
en este caso la parte actora esta\u0301 integrada por el FONDO NACIONAL DE AHORRO el cual es un establecimiento p\u00fablico, cuya creaci\u00f3n esta reglada en el Decreto Ley 3118 de 1968, siendo una empresa Industrial y Comercial del Estado, de car\u00e1cter financiero, teniendo su domicilio en la ciudad de Bogot\u00e1, no queda duda que el factor de competencia determinante y por dem\u00e1s prevalente, es el subjetivo, el cual asigna la competencia a los Jueces del domicilio de la respectiva entidad.4 <\/p>\n
4. As\u00ed, remitido el proceso, el Juzgado Treinta y Ocho Civil Municipal de Bogot\u00e1 -con providencia del 26 de mayo de 2023- manifest\u00f3 que no le correspond\u00eda asumir el conocimiento del litigio. Y promovi\u00f3 el conflicto de competencia que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. Consider\u00f3 que: <\/p>\n
aun aplicando el factor de competencia subjetivo el conocimiento de la demanda corresponde al municipio de Piedecuesta Santander, por tratarse de un asunto vinculado a una agencia de la ejecutante de esta localidad (n\u00fams. 5o y 10o, art. 28 C.G.P.). En este caso la demandante eligi\u00f3 esa localidad para radicar la demanda, all\u00ed tiene una sucursal el Fondo Nacional del Ahorro, por lo que no se verifica ausencia de competencia subjetiva, y resulta inadmisible que despu\u00e9s de haber asumido competencia librando mandamiento de pago, y decretando medidas cautelares reh\u00fase seguir conociendo el tr\u00e1mite.5 <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre los Juzgados de distinto distrito judicial -Bucaramanga y Bogot\u00e1-, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de su par 1285 de 2009. <\/p>\n
2.1. Sin embargo, en los casos en que \u00abejerciten derechos reales\u00bb, el numeral 7\u00ba ibidem fij\u00f3 la competencia privativa al juzgador del lugar donde se encuentre el bien involucrado en la Litis. Adem\u00e1s, el numeral 10\u00ba de la misma disposici\u00f3n indica que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
2.2. Con respecto a la competencia privativa, esta Corporaci\u00f3n, entre otras, en auto CSJ AC, 14 dic. 2020, rad. 2020-02912-00, en el que reitero\u0301 lo dicho en prove\u00eddo CSJ AC, 16 sep. 2004, rad. 00772-00 y AC909-2021, expuso en lo concerniente que \u00ab[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos…\u00bb. <\/p>\n
De tal manera que habr\u00eda una concurrencia entre fueros privativos al tratarse de pleitos ejecutivos hipotecarios en que una de las partes sea una entidad p\u00fablica, lo que implica que ha de ser la ley, y no el actor, quien debe elegir el juez competente para conocer de la controversia. <\/p>\n
3. Para dirimir este tipo de asuntos, la reciente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n se ha decantado por acudir al precepto contenido en el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes (\u2026) Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u00bb. As\u00ed fue sentado en prove\u00eddo AC140- 2020. Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien. Sin embargo, en el evento en que sea parte una entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 el del domicilio de esta, como regla de principio. Tal conclusi\u00f3n no se ve afectada por la realizaci\u00f3n de algunas actuaciones por parte del juzgador no competente, ni por la manifestaci\u00f3n de renuncia de la garant\u00eda que haga la entidad p\u00fablica. Sobre este \u00faltimo punto, recuerda esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
(\u2026) esa forma de disciplinar la competencia para los factores funcional y subjetivo, trae consigo otra cuesti\u00f3n sumamente importante, cu\u00e1l es la imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis6. <\/p>\n
En efecto, si el legislador opt\u00f3 por establecer el car\u00e1cter improrrogable a los citados foros de distribuci\u00f3n, lo que se traduce en que de ellos no se puede disponer ni aun bajo el consentimiento de las partes, y determin\u00f3 que aunque lo actuado por el juzgador sin jurisdicci\u00f3n y competencia conserva validez, menos la sentencia, lo que finalmente consagr\u00f3 fue una excepci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis. <\/p>\n
Finalmente, en virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.), surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia t\u00e1cita a la prerrogativa que confieren, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del citado estatuto. <\/p>\n
En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. (AC140-2020, 24 de enero de 2020, rad. 2019-00320-00; ver recientemente en AC5036-2021, 27 de octubre de 2021, rad. 2021-03589-00). <\/p>\n
4. El asunto que origin\u00f3 la atenci\u00f3n de la Corte, concierne a un proceso ejecutivo hipotecario que promovi\u00f3 el Fondo Nacional del Ahorro -Carlos Lleras Restrepo- contra Mart\u00edn Vargas Escalante. Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones esgrimidas en precedencia, y al ser el Fondo Nacional del Ahorro una \u00abEmpresa Industrial y Comercial del Estado, de car\u00e1cter financiero de Orden Nacional, con Personer\u00eda Jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y capital independiente, estar\u00e1 vinculado al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial\u00bb7, creada mediante Decreto Ley No. 3118 del 26 de diciembre de 1968, la competencia para conocer del proceso se determina y radica en el juez del lugar de su domicilio, correspondiente a la ciudad de Bogot\u00e18. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Treinta y Ocho Civil Municipal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
SEGUNDO: Notificar esta providencia al Juzgado Tercero Civil Municipal de Piedecuesta. <\/p>\n
TERCERO: Por Secretar\u00eda, remitir el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta decisi\u00f3n. Librar los oficios correspondientes y dejar las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folio 108-113, archivo \u201c02- Demanda.pdf\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c05- AutoLibraMandamientoPago.pdf\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c10-AutoRemiteProcesoJTercerCmpalPiedecuesta.pdf\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c13-AutoRemiteCompetencia.pdf\u201d. <\/p>\n
5\u0002 Archivo \u201c20-2023-00387 CONFLICTO DE COMPETENCIA.pdf\u201d. <\/p>\n
6\u0002 El cual alude a que una vez asumida la competencia por el juez, esta queda establecida y no puede dicho funcionario variarla o modificarla de oficio. <\/p>\n
7\u0002 Folio 97, archivo \u201c02- Demanda.pdf\u201d. <\/p>\n
8\u0002 Art\u00edculo 1\u00ba, Ley 432 de 1998. <\/p>\n
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