AC1921-2023 (2023-02491-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC1921-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02491-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil Municipal de Rionegro (Antioquia) y Cuarenta y Tres Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C., dentro del proceso de imposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica promovido por Hidroel\u00e9ctrica del Alto Porce S.A.S. E.S.P.- Hidralpor S.A.S.- contra Morroplano S.A.S. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- En la demanda presentada ab initio ante el juez civil del circuito de Rionegro, la parte actora solicit\u00f3 la imposici\u00f3n de una servidumbre legal de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, sobre el predio de matr\u00edcula inmobiliaria 020-12532 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Rionegro. <\/p>\n
En el ac\u00e1pite titulado \u00abCOMPETENCIA\u00bb, indic\u00f3 que el conocimiento del asunto correspond\u00eda a esa autoridad, \u00abpor la naturaleza del asunto, la cuant\u00eda y el lugar de ubicaci\u00f3n del inmueble\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2.- Mediante auto de 5 de abril de 2018, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro, rechaz\u00f3 la demanda en virtud del factor cuant\u00eda y, en consecuencia, orden\u00f3 remitir el proceso al juez civil municipal. <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil Municipal de Rionegro, en auto de 7 de mayo de 2018, admiti\u00f3 la demanda; luego de adelantar el correspondiente tr\u00e1mite, en prove\u00eddo de 10 de febrero de 2023, declar\u00f3 su falta de competencia. <\/p>\n
Con fundamento en el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso sostuvo que, como la demandante presta un servicio p\u00fablico, el juez competente es el civil municipal de esta ciudad por raz\u00f3n de su domicilio. <\/p>\n
3.- El Juzgado Cuarenta y Tres Civil Municipal de Bogot\u00e1, mediante auto del 18 de abril de 2023 resolvi\u00f3 declarar su falta de competencia y promover conflicto negativo. <\/p>\n
Argument\u00f3 que, si bien la actora presta un servicio p\u00fablico, no significa que sea una entidad p\u00fablica, m\u00e1xime que \u00abla entidad demandante comunica en su p\u00e1gina web estar creada c\u00f3mo una iniciativa privada, constituida y financiada con recursos propios de la sociedad (\u2026) lo que invalida su calidad de entidad p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, no es dable sustraerse de la competencia al juzgado remitente una vez asumido el conocimiento del proceso, puesto que c\u00f3mo ha referido esta Sala en AC268-2019, aprehendida la competencia, el \u00fanico legitimado para discutirla es el demandado. <\/p>\n
\u202f <\/p>\n
4.- As\u00ed las cosas, se pasa a resolver lo que corresponda previas las siguientes, <\/p>\n
1.- Atendiendo que el conflicto de competencia que se analiza se establece entre dos autoridades judiciales de diferentes distritos, a esta Corte ata\u00f1e dirimirla como superior funcional com\u00fan de ambos, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- El ordenamiento jur\u00eddico consagra los par\u00e1metros para la asignaci\u00f3n de los procesos entre las distintas autoridades judiciales, a partir de diversos factores de competencia tales como el objetivo, el subjetivo, el funcional, el de atracci\u00f3n o conexidad y el territorial. <\/p>\n
Con respecto al factor territorial, la competencia se determina con sujeci\u00f3n al denominado fuero personal (domicilio del demandado), real (lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes), contractual (lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones), social (establece la competencia en los procesos relacionados con sociedades), sucesoral o hereditario (\u00faltimo domicilio del causante), y de administraci\u00f3n (lugar en donde se verific\u00f3 la administraci\u00f3n o gesti\u00f3n objeto del proceso). <\/p>\n
El factor subjetivo por su parte responde a las calidades especiales de las partes del litigio, el cual otorga, entre otros, un fuero preferente para las entidades del Estado (n\u00fam. 10\u00ba art.28 del C. G. P.). <\/p>\n
3.- En los procesos de servidumbres, el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra una \u00abcompetencia privativa\u00bb, que atiende el fuero real, dado que prev\u00e9 que, \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (\u2026) servidumbres (\u2026) ser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
A su turno, el numeral 10\u00ba del mencionado art\u00edculo contempla una \u00abcompetencia privativa\u00bb en atenci\u00f3n al fuero personal, dado que dispone que, \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, cuando se pretende la imposici\u00f3n de servidumbre por parte de una entidad del Estado, en principio podr\u00eda entenderse que es competente de manera privativa, tanto el juez del domicilio de la entidad como el del lugar de ubicaci\u00f3n del inmueble. <\/p>\n
Sin embargo, frente a esta concurrencia de fueros, la Sala resolvi\u00f3 con el voto de la mayor\u00eda en auto AC140-2020, que el enfrentamiento entre los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe dilucidarse atendiendo la prelaci\u00f3n que el art\u00edculo 29 ejusdem reconoce al fuero personal. <\/p>\n
En dicha providencia, reiterada entre otras en AC527-2022, y AC4063-2022, se indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinn\u00famero de oportunidades, que \u201cen las controversias donde concurran los dos fueros privativos antes citados, prevalecer\u00e1 el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad p\u00fablica, por expresa disposici\u00f3n legal\u00bb (AC4272-2018)\u201d (resaltado intencional). <\/p>\n
4.- En el caso bajo estudio se advierte que, de conformidad con la documental obrante en el expediente, no puede colegirse que la sociedad demandante sea una entidad p\u00fablica y, por el contrario, se evidencia que corresponde a una empresa de servicios p\u00fablicos constituida como Sociedad por Acciones Simplificada de naturaleza jur\u00eddica privada. <\/p>\n
Lo anterior porque sus inversiones son realizadas en un 100% por personas jur\u00eddicas de derecho privado, tema que ratific\u00f3 la misma sociedad demandante en el escrito mediante el cual interpuso recurso de reposici\u00f3n contra el auto mediante el cual el Juzgado Primero Civil Municipal de Rionegro declar\u00f3 su falta de competencia. <\/p>\n
Y no se diga que por el hecho de prestar un servicio p\u00fablico la convierta per se en una entidad p\u00fablica, que torne imperativa la aplicaci\u00f3n de la competencia privativa fijada en raz\u00f3n de la calidad de la parte (art. 29 C\u00f3digo General del Proceso) toda vez que la Carta Pol\u00edtica, sin perjuicio de los deberes y responsabilidades a cargo del Estado (Naci\u00f3nDepartamentos- Municipios) en el art\u00edculo 365 establece que estos \u00abpodr\u00e1n ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares\u00bb (se resalta), lo que significa que, aun cuando estas empresas tengan una tipolog\u00eda especial, como lo ha reconocido la Corte Constitucional en la sentencia C-736 de 2007, no significa que las mismas se conviertan autom\u00e1ticamente en entidades p\u00fablicas, pues ello depender\u00e1 de \u00abla forma en la que fueron creadas y de su composici\u00f3n accionaria (AC864-2023). <\/p>\n
De manera que, si la demandante corresponde a una sociedad de \u00abnaturaleza jur\u00eddica privada\u00bb, no hay lugar a aplicar lo previsto en el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso porque para tal efecto es necesario que sea parte una entidad territorial, o descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, cosa que no ocurre en este caso, tema sobre el que se ha dicho: <\/p>\n
[A]l ser la empresa Hidroel\u00e9ctrica del Alto Porce S.A.S. E.S.P. de naturaleza jur\u00eddica privada y al estar ubicado \u00abel predio 113\u00bb en la \u00abVereda Los Pinos\u00bb del municipio de Rionegro (Antioquia), la pauta llamada a gobernar la definici\u00f3n de la competencia por el fuero territorial es el privativo establecido por el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso (AC864-2023). <\/p>\n
De manera que, no asiste raz\u00f3n al Juzgado Primero Civil Municipal de Rionegro al declarar su falta de competencia fundado en el fuero subjetivo porque de lo incorporado al expediente no puede colegirse que la demandante sea una entidad p\u00fablica y, por tanto, lo que en este caso determina la competencia en atenci\u00f3n al factor territorial es el fuero real consagrado en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
5.- Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al despacho de Rionegro por ser el juez del lugar donde est\u00e1 ubicado el inmueble objeto de imposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica, determinaci\u00f3n que se informar\u00e1 tanto al otro funcionario involucrado como a las partes vinculadas al tr\u00e1mite. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Primero Civil Municipal de Rionegro (Antioquia), es el competente para continuar conociendo del tr\u00e1mite de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado al Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Municipal de Bogot\u00e1 D.C., as\u00ed como a las partes vinculadas al tr\u00e1mite. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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