AC1949-2023 (2023-02487-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC1949-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02487-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor promueve acci\u00f3n colectiva para que se protejan las garant\u00edas constitucionales descritas en su escrito de postulaci\u00f3n y, como consecuencia, se adopten los siguientes pronunciamientos: <\/p>\n
PRIMERO. Que sea investigado por los entes de control del gobierno colombiano como se emiti\u00f3 la licencia ambiental No 500.36.22.0317 del 17 de marzo del 2022, ya que la comunidad afectada no ha sido socializada ni contactada para conocer su posici\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Solicitamos a la ANLA, que revoque la licencia ambiental otorgado por CORPORINOQUIA a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n No 500.36.22.0317 del 17 de marzo del 2022, ya que parte de la informaci\u00f3n suministrada como la socializaci\u00f3n con la comunidad no se ha dado. <\/p>\n
TERCERO: Solicitamos a la gobernaci\u00f3n del Casanare, a la procuradur\u00eda y contralor\u00eda departamental, que inicie investigaci\u00f3n sobre los funcionarios que dieron el permiso por parte de Corporinoquia seg\u00fan expediente 500.26.1.19-078, si estuvieron ajustados a la ley y normas para emitir el permiso. <\/p>\n
CUARTO: Que se haga un estudio del acu\u00edfero por parte de los demandados de las actuales condiciones que esta el \u00e1rea de influencia del proyecto la mesa de san pedro, con el fin de conocer si los recursos h\u00eddricos tienen suficiente cantidad de agua para no afectar a la comunidad, as\u00ed como un estudio de la calidad actual del aire que respiramos <\/p>\n
QUINTA: Que sea invitado a todo lo relacionado con este tema en las socializaciones, reuniones y todo lo relacionado con este proyecto como representante de las 1.200 familias que represento en la vereda el aeropuerto de Villanueva Casanare. <\/p>\n
En sustento narr\u00f3, en s\u00edntesis, que Refoenergy est\u00e1 adelantando un proyecto de generaci\u00f3n de energ\u00eda con biomasa en las instalaciones de Refocosta, localizadas en el Municipio de Villanueva, Casanare, y para tal fin construy\u00f3 un pozo profundo que compite con el acueducto del cual se abastecen los habitantes de la Vereda Aeropuerto de esa urbe, raz\u00f3n por la que estos ven amenazados sus derechos colectivos al medio ambiente, vida y salud, toda vez que se podr\u00eda poner en riesgo el suministro de agua potable necesaria para atender sus necesidades b\u00e1sicas, aunado a que \u00abla embajada de Francia en Colombia estuvo presente en la inauguraci\u00f3n de la planta y patrocina directamente este proyecto\u00bb. <\/p>\n
2. El asunto fue repartido al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal, quien, en auto de 13 de junio de 2023, lo rechaz\u00f3 y remiti\u00f3 a esta Corte, en su especialidad Civil, con sustento en que involucra a la Embajada de Francia en Colombia, la cual es un agente diplom\u00e1tico y que, por tanto, se debe seguir la regla de atribuci\u00f3n prevista en el numeral sexto, art\u00edculo 30 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El ordenamiento jur\u00eddico le atribuye a la Corte Suprema de Justicia los procesos contenciosos en que sea parte un agente diplom\u00e1tico acreditado ante el Gobierno de esta Naci\u00f3n, pues, en el art\u00edculo 30, numeral sexto del C\u00f3digo General del Proceso, le asigna a la Sala de Casaci\u00f3n Civil el conocimiento de \u00ablos procesos contenciosos en que sea parte un Estado Extranjero, un agente diplom\u00e1tico acreditado ante el gobierno de la Rep\u00fablica, en los casos previstos por el derecho internacional\u00bb (se enfatiza). <\/p>\n
Al tenor de ese precepto se infiere que esta Corte puede asumir el conocimiento de controversias civiles, comerciales y agrarias en las que se pretenda la intervenci\u00f3n de una naci\u00f3n for\u00e1nea o de uno de sus agentes, siempre que as\u00ed lo permitan los instrumentos internacionales suscritos por Colombia o sea admitido conforme a la costumbre internacional. <\/p>\n
2. La Convenci\u00f3n sobre Relaciones Diplom\u00e1ticas de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas, firmada en Viena el 18 de abril de 1961, aprobada por Colombia mediante la Ley 6\u00aa de 1972 y en vigor desde el 5 de abril de 1973, le atribuye la condici\u00f3n de agente diplom\u00e1tico a los embajadores de las naciones extranjeras y en su art\u00edculo 31, numeral primero establece que: <\/p>\n
El agente diplom\u00e1tico gozar\u00e1 de inmunidad de la jurisdicci\u00f3n penal del Estado receptor. Gozar\u00e1 tambi\u00e9n de inmunidad su jurisdicci\u00f3n civil y administrativa, excepto si se trata: a) de una acci\u00f3n real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado receptor, a menos que el agente diplom\u00e1tico lo posea por cuenta del Estado acreditante para los fines de la misi\u00f3n; b) de una acci\u00f3n sucesoria en la que el agente diplom\u00e1tico figure, a t\u00edtulo privado y no en nombre del Estado acreditante, como ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario; c) de una acci\u00f3n referente a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por el agente diplom\u00e1tico en el Estado receptor, fuera de sus funciones oficiales (se enfatiza). <\/p>\n
Ello significa, para decirlo sin rodeos, que la Corte tiene circunscritas sus atribuciones a los asuntos relativos a derechos reales, sucesorales y propios de actividades profesionales o comerciales de los delegados for\u00e1neos, siempre que se den los supuestos previstos en el art\u00edculo 31 de la Convenci\u00f3n sobre Relaciones Diplom\u00e1ticas de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas, sin que pueda conocer de otros, pues carece de jurisdicci\u00f3n para ello. <\/p>\n
3. En lo que respecta a los estados, es admitida la existencia de una costumbre internacional consuetudinaria, la cual impide que cualquiera de ellos pueda ser sometido a la justicia de otro pa\u00eds, pues de lo contrario estar\u00eda en entredicho su soberan\u00eda, independencia e igualdad jur\u00eddica, al suponer una especie de sometimiento entre ellos. <\/p>\n
Sobre tan importante restricci\u00f3n, en CSJ AC 08 mar. 2013, rad. 2013-00256-00, se reiter\u00f3 que: <\/p>\n
\u201ctambi\u00e9n gozan de inmunidad de jurisdicci\u00f3n, en los t\u00e9rminos dichos, porque como igualmente se ha indicado, \u2018no resultar\u00eda l\u00f3gico que la tuviese el agente diplom\u00e1tico y no la tuviese el Estado acreditante\u2019 , y porque como se ha \u2018sostenido por la doctrina internacional, (\u2026) los Estados deben gozar de inmunidad de jurisdicci\u00f3n, en raz\u00f3n de principios como los de soberan\u00eda, independencia e igualdad jur\u00eddica\u2019 (Auto de 12 de junio de 1992, p\u00e1g. 555, G.J. t. CCXVI, reiterado en auto 184 del 23 de septiembre del 2002, Exp. 00175-01 y AC 28 nov. 2011, rad. 2011-02466-00)\u00bb. <\/p>\n
Esa prohibici\u00f3n no es banal y tampoco atiende a una simple formalidad en el \u00e1mbito del escenario diplom\u00e1tico suscitado ante el derecho p\u00fablico internacional, sino que constituye una m\u00e1xima sobre la que se erige el actuar estatal, a partir de la cual se evita que una naci\u00f3n se abrogue la prerrogativa de intervenir en los asuntos o decisiones de sus pares o que limite o incida en las actuaciones que estos puedan realizar en el foro internacional. <\/p>\n
Precisamente, en CSJ AC7245-2016 la Sala insisti\u00f3 en la importancia de observar tal par\u00e1metro de inmunidad jurisdiccional en el \u00e1mbito de las relaciones p\u00fablicas internacionales y enfatiz\u00f3: <\/p>\n
Sobre la hermen\u00e9utica de estas reglas, la jurisprudencia patria tiene por admitido que se consagr\u00f3 una inmunidad jurisdiccional, la cual impide a los jueces locales conocer o juzgar los actos de estado (iure imperii) de otras naciones o de sus diplom\u00e1ticos. Y es que los pa\u00edses deben actuar con autonom\u00eda en sus decisiones, aunque lo hagan dentro del territorio de otro, excluy\u00e9ndose cualquier forma de injerencia a trav\u00e9s del control judicial. <\/p>\n
Dicha comprensi\u00f3n no se exhibe novedosa, sino m\u00e1s bien coherente y en contexto con los lineamientos otrora aplicados en torno a la inmunidad de que est\u00e1n revestidos los Estados extranjeros y tambi\u00e9n los agentes diplom\u00e1ticos reconocidos por esta naci\u00f3n. <\/p>\n
N\u00f3tese c\u00f3mo en SC 23 sept. 2002, rad. 00175-01, la Sala analiz\u00f3 un caso en el que se pretend\u00eda enjuiciar a la embajada de Ecuador en Colombia y, tras seguir los derroteros fijados por la Convenci\u00f3n de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplom\u00e1ticas, exterioriz\u00f3 que \u00ab\u2026 la Embajada de Ecuador goza de inmunidad de jurisdicci\u00f3n y en virtud de ello no la tiene la Corte para conocer del presente asunto, por lo que, precisamente por falta de jurisdicci\u00f3n debe rechazarse la presente demanda, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 85 c\u00f3digo de procedimiento civil\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1os m\u00e1s tarde, y en concordancia con esa l\u00ednea interpretativa, en CSJ AC 26 oct. 2009, rad. 2009-01781-00, sigui\u00f3 el mismo derrotero y dispuso: <\/p>\n
Lo propio hizo en AC 12 ene. 2012, rad. 2011-02466-00, al exponer que: <\/p>\n
Dado que la providencia atacada rechaz\u00f3 el libelo porque \u2018el asunto al que se contrae (\u2026) no encaja en ninguna de las tres excepciones anotadas\u2019 comportando falta de \u2018jurisdicci\u00f3n\u2019, se impone se\u00f1alar que en raz\u00f3n de la inmunidad diplom\u00e1tica que cobija al Estado accionado, de acuerdo con la citada regla de derecho internacional, tal demanda se debe rechazar, habida cuenta que la promovida no corresponde a una acci\u00f3n real, ni sucesoria, como tampoco referida a una \u2018actividad profesional o comercial\u2019 ejercida por \u2018agente diplom\u00e1tico en el Estado receptor fuera de sus funciones oficiales\u2019; y seg\u00fan lo acabado de exponer, los referidos tres eventos son los \u00fanicos que except\u00faan la inmunidad jurisdiccional que ampara a los aludidos agentes. <\/p>\n
Cabe decir que, en ese pronunciamiento judicial, tambi\u00e9n llam\u00f3 la atenci\u00f3n respecto a que: <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta corporaci\u00f3n ha planteado que \u201c(\u2026) para garantizar el orden jur\u00eddico internacional se hace indispensable afirmar tambi\u00e9n, como un postulado fundamental, que preside las relaciones entre los Estados que \u2018Par in parem non habet Imperium\u2019, lo que significa que \u2018los Estados deben gozar de inmunidad de jurisdicci\u00f3n, en raz\u00f3n de principios como los de Soberan\u00eda, Independencia, e Igualdad jur\u00eddica\u2019, tal cual se dijo por la Corte, entre otros, en autos de 12 de junio de 1992 (ordinario de Pablo Alberto Sintura contra los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, representado por su Embajador, y el Colegio Nueva Granada), 5 de octubre de 1992 (Exp. 4103), y 11 de abril de 1994 (Exp. 4903) (Auto de 3 de diciembre de 1997 exp. 6925). <\/p>\n
Asimismo, en AC 8 mar. 2013, rad. 2013-00256-01 sigui\u00f3 ese mismo criterio jur\u00eddico y resalt\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) En lo que se refiere a la inmunidad jurisdiccional de los Estados y sus bienes, corresponde a un principio aceptado en el derecho internacional consuetudinario, que incluso condujo a una Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas adoptada el 2 de diciembre de 2004 y en la actualidad surte el tr\u00e1mite interno de aprobaci\u00f3n por Colombia, y seg\u00fan la cual \u201ctodo estado goza, para s\u00ed y sus bienes, de inmunidad de jurisdicci\u00f3n ante los tribunales de otro Estado\u201d bajo los t\u00e9rminos all\u00ed pactados. <\/p>\n
Al citar como parte a la Embajada Americana en Colombia, lo que quiere decir es que la litis se pretende trabar directamente con los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, raz\u00f3n por la cual no existe competencia funcional, en atenci\u00f3n a la inmunidad jurisdiccional de que goza dicho pa\u00eds\u2026 <\/p>\n
Por lo tanto, no se admitir\u00e1 el escrito introductor por la inmunidad judicial de que es titular Estados Unidos de Norteam\u00e9rica. <\/p>\n
Igualmente, en AC7000-2017, despu\u00e9s de analizar el ordenamiento jur\u00eddico aplicable, realiz\u00f3 similar discernimiento cuando dilucid\u00f3 que: <\/p>\n
De acuerdo con los preceptos antes transcritos, la competencia all\u00ed prevista, se concibe s\u00f3lo en los eventos \u00abprevistos por el derecho internacional\u00bb, ordenamiento jur\u00eddico \u00e9ste que con fundamento en los principios de soberan\u00eda, autonom\u00eda, independencia e igualdad, hist\u00f3ricamente ha \u00abreconocido las denominadas inmunidades, esto es, el privilegio que por regla general se otorga a los Estados, a sus dignatarios, y a quienes pertenecen a su delegaci\u00f3n diplom\u00e1tica, para no ser sometidos a la jurisdicci\u00f3n de otros Estados\u00bb <\/p>\n
Con todo y ello, siguiendo la evoluci\u00f3n del derecho internacional, se ha admitido un caso adicional para que los pa\u00edses puedan conocer de asuntos en que se vincula a otro estado o a uno de sus diplom\u00e1ticos, consistente en la renuncia voluntaria que el interesado haga de su fuero y, como consecuencia de ella, se d\u00e9 su sometimiento a la justicia nacional. <\/p>\n
Esa tesitura se fundamenta, principalmente, en que por fuerza de la autonom\u00eda de la voluntad se puede declinar a la protecci\u00f3n derivada de la exenci\u00f3n jurisdiccional con el objeto de promover una acci\u00f3n civil, o para atender una demanda en la que se pretenda la vinculaci\u00f3n del estado extranjero, ora de un agente diplom\u00e1tico. <\/p>\n
No obstante, para que la renuncia produzca plenos efectos jur\u00eddicos, es preciso que est\u00e9 referida a un acto \u00abiure gestionis\u00bb, esto es, a una actuaci\u00f3n en la que el estado se comporta como un particular. No puede juzgarse, de ninguna manera, los actos de estado, ya que su \u00fanico control es el interno de cada pa\u00eds; y tal dimisi\u00f3n debe ser expresa, toda vez que significa inaplicar una deferencia estatal que constituye uno de los ejes sobre los que se conduce el derecho internacional p\u00fablico. A pesar de ello, y por v\u00eda de excepci\u00f3n, se admite la renuncia t\u00e1cita cuandoquiera que el estado o el agente diplom\u00e1tico act\u00faen como demandantes, siempre que no adviertan sobre su inmunidad. <\/p>\n
Lo anterior tiene pleno respaldo en la Convenci\u00f3n sobre Relaciones Diplom\u00e1ticas, cuyo art\u00edculo 32 determina que: <\/p>\n
1. El Estado acreditante puede renunciar a la inmunidad de jurisdicci\u00f3n de sus agentes diplom\u00e1ticos y de las personas que gocen de inmunidad conforme al Art\u00edculo 37. <\/p>\n
2. La renuncia ha de ser siempre expresa. <\/p>\n
3. Si un agente diplom\u00e1tico o una persona que goce de inmunidad de jurisdicci\u00f3n conforme al art\u00edculo 37 entabla una acci\u00f3n judicial, no le ser\u00e1 permitido invocar la inmunidad de jurisdicci\u00f3n respecto de cualquier reconvenci\u00f3n directamente ligada a la demanda principal. <\/p>\n
4. La renuncia a la inmunidad de jurisdicci\u00f3n respecto de las acciones civiles o administrativas no ha de entenderse que entra\u00f1a renuncia a la inmunidad en cuanto a la ejecuci\u00f3n del fallo, para lo cual ser\u00e1 necesaria una nueva renuncia (negrita fuera de texto). <\/p>\n
Algo similar prev\u00e9 la Convenci\u00f3n sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes, a saber: <\/p>\n
Art\u00edculo 7. Consentimiento expreso al ejercicio de jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
1. Ning\u00fan Estado podr\u00e1 hacer valer la inmunidad de jurisdicci\u00f3n en un proceso ante un tribunal de otro Estado en relaci\u00f3n con una cuesti\u00f3n o un asunto si ha consentido expresamente en que ese tribunal ejerza jurisdicci\u00f3n en relaci\u00f3n con esa cuesti\u00f3n o ese asunto: a) por acuerdo internacional; b) en un contrato escrito; o c) por una declaraci\u00f3n ante el tribunal o por una comunicaci\u00f3n escrita en un proceso determinado (\u2026) <\/p>\n
Art\u00edculo 8. Efecto de la participaci\u00f3n en un proceso ante un tribunal. <\/p>\n
1. Ning\u00fan Estado podr\u00e1 hacer valer la inmunidad de jurisdicci\u00f3n en un proceso ante un tribunal de otro Estado: a) si \u00e9l mismo ha incoado ese proceso; o b) si ha intervenido en ese proceso o ha realizado cualquier otro acto en relaci\u00f3n con el fondo. No obstante, el Estado, si prueba ante el tribunal que no pudo haber tenido conocimiento de hechos en que pueda fundarse una demanda de inmunidad hasta despu\u00e9s de haber realizado aquel acto, podr\u00e1 hacer valer la inmunidad bas\u00e1ndose en esos hechos, con tal de que lo haga sin dilaci\u00f3n. <\/p>\n
2. No se entender\u00e1 que un Estado ha consentido en que un tribunal de otro Estado ejerza jurisdicci\u00f3n si interviene en un proceso o realiza cualquier otro acto con el solo objeto de: a) hacer valer la inmunidad; o b) hacer valer un derecho o inter\u00e9s sobre bienes objeto de litigio en el proceso (\u2026). <\/p>\n
Aunque esta \u00faltima Convenci\u00f3n no ha sido aprobada por el Estado colombiano, la Corte Constitucional en T-462 de 2015 admiti\u00f3 que puede ser utilizada como muestra de los est\u00e1ndares aceptados universalmente, toda vez que recoge la costumbre internacional que respecto de la materia viene siendo reconocida desde comienzos del Siglo XIX y que fue codificada y desarrollada progresivamente en la Convenci\u00f3n de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplom\u00e1ticas. <\/p>\n
Frente a ello, hay que resaltar que esta Corte reconoci\u00f3 la posibilidad de la renuncia a la inmunidad de jurisdicci\u00f3n, como se advierte de lo resuelto el 28 de julio de 2011, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
(\u2026) si la inmunidad de jurisdicci\u00f3n se torna relativa en trat\u00e1ndose de actos \u00abiure gestionis\u00bb, por no obedecer al cumplimiento de funciones de car\u00e1cter estrictamente oficial, debe entenderse que, en trat\u00e1ndose del juzgamiento de ese tipo de actos es posible la renuncia de la inmunidad, pues el sometimiento de los miembros del cuerpo diplom\u00e1tico a los jueces nacionales, por efectos pr\u00e1cticos y para materializar el principio de eficacia de los derechos, no entra\u00f1ar\u00eda un irrespeto a la soberan\u00eda extranjera, ni podr\u00eda generar un conflicto pol\u00edtico entre el Estado acreditante y el Estado receptor. Por el contrario, con tal medida se abona terreno para lograr la realizaci\u00f3n del derecho sustancial, de manera pronta y con respeto a las formalidades adjetivas internas, cuesti\u00f3n que, por dem\u00e1s, garantiza de mejor manera las posibilidades de contradicci\u00f3n y defensa para el demandado. <\/p>\n
De hecho, el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 32 de la Convenci\u00f3n de Viena sobre Relaciones Diplom\u00e1ticas, establece que \u201csi un agente diplom\u00e1tico o una persona que goce de inmunidad de jurisdicci\u00f3n conforme al art\u00edculo 37 entabla una acci\u00f3n judicial, no le ser\u00e1 permitido invocar la inmunidad de jurisdicci\u00f3n respecto de cualquier reconvenci\u00f3n directamente ligada a la demanda principal\u201d, de donde se infiere que en aquellos casos en que la inmunidad no es absoluta, tal prerrogativa puede ser declinada por su titular con el fin de ejercer las acciones que considere pertinentes en el Estado receptor, sin que luego le sea admisible valerse de la inmunidad para repeler la contrademanda que le puedan llegar a formular (AC, rad. n\u00b0 2011-00521-00). <\/p>\n
Lo propio reiter\u00f3 en providencia de 23 de marzo de 2012 al expresar que: <\/p>\n
A partir de la Segunda Guerra Mundial y en raz\u00f3n del incremento de las relaciones comerciales y econ\u00f3micas a nivel global, comenz\u00f3 a perfilarse un r\u00e9gimen de inmunidad restringida por cuya virtud la norma de derecho internacional general o consuetudinario sigui\u00f3 siendo la de la inmunidad de jurisdicci\u00f3n; pero se admitieron casos en los cuales \u00e9sta no es observada y los Estados extranjeros quedan en la misma situaci\u00f3n de los particulares y como tales pueden ser juzgados. <\/p>\n
La piedra de toque de esa excepci\u00f3n y, por lo tanto, del r\u00e9gimen general de inmunidades en el sistema de derecho internacional p\u00fablico, la constituye la distinci\u00f3n entre las especies de actos que realizan los Estados: cuando act\u00faan como Estado soberano (acta iure imperio), y cuando obran como particulares (acta iure gestionis). <\/p>\n
La primera clase de actos sigue cobijada por el sistema de inmunidad jurisdiccional absoluta, en tanto que la segunda implica excepciones taxativas a dicha inmunidad, con la consecuencia de que el Estado del foro puede ejercer en estos \u00faltimos casos jurisdicci\u00f3n sobre el Estado extranjero sin violar por ello el derecho internacional. <\/p>\n
Seg\u00fan las normas del derecho internacional, los Estados pueden invocar o renunciar a su inmunidad, la cual ha de ser o bien expresa, ora t\u00e1cita, como cuando el Estado comparece en juicio ante los tribunales del Estado del foro. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Todo lo anterior no es m\u00e1s que el reflejo del sometimiento del Estado extranjero a la jurisdicci\u00f3n del Estado del foro, cuando el primero ha renunciado a su inmunidad por ser sujeto de la relaci\u00f3n jur\u00eddica que es materia del litigio, sea como demandante o como demandado (AC, rad. n\u00b0 2011-00521-00). <\/p>\n
En \u00e9poca m\u00e1s reciente, al zanjar la acci\u00f3n de tutela entablada por la Rep\u00fablica \u00c1rabe de Egipto en Colombia contra la negativa judicial de tramitar una demanda por ella promovida, la Sala volvi\u00f3 sobre el tema y expuso: <\/p>\n
En criterio de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil las inmunidades jurisdiccionales otorgadas a las sedes extranjeras de otro pa\u00eds no pueden ser absolutas (\u2026) <\/p>\n
De esa manera, el mencionado privilegio puede ser declinado por el titular del Estado acreditante cuando \u00e9ste decide ejercer las acciones que considere pertinentes en el pa\u00eds receptor, como en este caso ocurre, sin resultarle luego admisible valerse de la inmunidad para atacar la contrademanda que le puedan llegar a formular (STC004, 13 en. 2016, rad. n\u00b0 2015-02659-00). <\/p>\n
Eso mismo hizo en el ya citado CSJ AC7245-2016, al establecer que: <\/p>\n
Aplicadas las anteriores consideraciones al caso, se tiene que la Corte debe rechazar la demanda interpuesta, por cuanto los accionados est\u00e1n cobijados por un r\u00e9gimen de inmunidad jurisdiccional y no se acredit\u00f3 la renuncia a la misma. <\/p>\n
(\u2026) no hay evidencia en el plenario que la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela o la se\u00f1ora Veras Morales, hubieran renunciado expresamente a su privilegio; tampoco fungen como demandantes, por lo que no es dable presumir el abandono t\u00e1cito de su fuero; y no se trata de un asunto en que se discutan tem\u00e1ticas sobre derechos reales, aspectos sucesorales o el ejercicio de actividades comerciales o profesionales. <\/p>\n
En resumen, esta Corte no puede adelantar procesos en que sean parte estados o agentes diplom\u00e1ticos. Empero, tal inmunidad es relativa porque no aplica en litigios en que act\u00faen estos \u00faltimos, y que est\u00e9n referidos a cualquiera de las siguientes materias: <\/p>\n
b).- Acciones sucesorias en que el aforado intervenga a t\u00edtulo personal y no en nombre del estado acreditante, como ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario. <\/p>\n
c).- Controversias en desarrollo de actividades comerciales o profesionales en el estado receptor que sean ajenas a las funciones oficiales del agente extranjero. <\/p>\n
Tampoco procede tal dispensa en litigios en que act\u00faen estados extranjeros o sus agentes diplom\u00e1ticos, cuandoquiera que aqu\u00e9llos o \u00e9stos hayan declinado de forma expresa a su inmunidad a trav\u00e9s de instrumentos internacionales, contratos o manifestaciones de voluntad realizadas en los respectivos procesos; o cuando sean ellos los que impulsen las actuaciones judiciales, ya sea como demandantes o intervinientes, pues en tal evento podr\u00eda advertirse una abdicaci\u00f3n t\u00e1cita a su indemnidad. <\/p>\n
4. La inmunidad as\u00ed consagrada, adquiere la condici\u00f3n de l\u00edmite al acceso a la administraci\u00f3n de justicia para los nacionales colombianos, pues frente a los reclamos que no se subsuman dentro de los casos de excepci\u00f3n ser\u00e1 imposible someterlos al conocimiento de jueces locales y, por tanto, deber\u00e1n promoverse en el pa\u00eds extranjero, con los costos que ello supondr\u00eda, as\u00ed como el sometimiento a un r\u00e9gimen normativo diferente. <\/p>\n
Sin embargo, ello no excluye la posibilidad de que el estado colombiano pueda ser compelido a reparar a las v\u00edctimas por el da\u00f1o antijur\u00eddico derivado del rompimiento de la igualdad ante las cargas p\u00fablicas, pues estas erogaciones se generan del hecho de admitir la inmunidad de jurisdicci\u00f3n, lo cual es imputable a una decisi\u00f3n soberana de nuestro pa\u00eds. La Corte Constitucional al analizar el punto subray\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) la Corte concluye que las inmunidades e inviolabilidades previstas por el tratado bajo revisi\u00f3n armonizan con la Carta. Con todo, podr\u00eda argumentarse que la inmunidad de jurisdicci\u00f3n podr\u00eda afectar gravemente en determinados casos el derecho de acceso a la justicia, pues impedir\u00eda a los nacionales demandar a los miembros de las misiones diplom\u00e1ticas que les hubieren podido ocasionar un da\u00f1o. Sin embargo, la Corte considera que ese reparo no se encuentra justificado, no s\u00f3lo porque esa inmunidad es un elemento esencial del derecho diplom\u00e1tico sino adem\u00e1s por cuanto, en esos eventos, la persona puede obtener una reparaci\u00f3n del Estado colombiano, ya que habr\u00eda sido v\u00edctima de un da\u00f1o antijur\u00eddico (CP art. 90) (C-315\/04). <\/p>\n
Esa misma orientaci\u00f3n ha sido puesta de presente por el Consejo de Estado en providencia de 25 de agosto de 1998, rad. IJ-001, as\u00ed como por esta Sala en reiteradas decisiones, entre ellas A-003-1999 (20 ene.), rad. 7434, A-184-2002 (23 sept.), rad. 2002-00175-01, AC 26 oct. 2009, rad. 2009-01781-00 y AC7245-2016, rad. 2016-02866-00. <\/p>\n
5. Todo lo anterior hace que la Corte se abstenga de tramitar la demanda colectiva interpuesta, comoquiera que la Embajada de Francia en Colombia est\u00e1 cobijada por un r\u00e9gimen de inmunidad jurisdiccional y no se acredit\u00f3 la renuncia a esa dispensa. <\/p>\n
Lo anterior porque dicha embajada no es un sujeto diferente al pa\u00eds al que pertenece, pues constituye, precisamente, su representante en suelo colombiano, de ah\u00ed que la acci\u00f3n dirigida frente a ella equivale a demandar a esa naci\u00f3n, por lo que se encuentra cobijada por el fuero jurisdiccional, sin que se haya acreditado alguno de los supuestos de excepci\u00f3n para la inoperancia de la inmunidad, lo cual se echa de menos en el caso. <\/p>\n
Justamente, no hay evidencia de que la Rep\u00fablica Semipresidencialista Unitaria Francesa, haya renunciado expresamente a su privilegio; tampoco funge como demandante, por lo que no es dable presumir el abandono t\u00e1cito de su fuero. <\/p>\n
Por lo anterior, se concluye que no es dable promover la acci\u00f3n entablada por Jos\u00e9 Adolfo D\u00edaz Ladino frente a la Embajada de Francia en Colombia, situaci\u00f3n que suscita el rechazo de la demanda. <\/p>\n
6. En suma, como la acci\u00f3n colectiva fue promovida contra la embajada de Francia en Colombia, ello determina que la Corte no pueda asumir su estudio al haberse establecido que frente a esa convocada hay falta de jurisdicci\u00f3n. Y, aunque fue dirigida conjuntamente contra la aludida misi\u00f3n y otras personas, esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n carece de atribuci\u00f3n para referirse sobre lo planteado respecto de estas \u00faltimas, de ah\u00ed que tampoco pueda definir, motu proprio, si es dable admitirla frente a ellas. <\/p>\n
Ese panorama tambi\u00e9n impide generar conflicto negativo de competencia ante la Corte Constitucional al tenor del art\u00edculo 241, numeral 111 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, toda vez que ab initio la demanda fue repartida al Juzgado Tercero Oral Administrativo de Yopal, el cual la envi\u00f3 a esta Corte por virtud del art\u00edculo 30, numeral sexto ejusdem, sin que ese razonamiento haya resultado desfasado, pues, en principio, el tema incumb\u00eda a esta Corte, solo que el reclamo superlativo involucr\u00f3 a un estado extranjero, el cual, seg\u00fan se vio, no puede ser demandado ante esta naci\u00f3n por la inmunidad de jurisdicci\u00f3n que lo cobija. <\/p>\n
7. En conclusi\u00f3n, se impone el rechazo de plano de la demanda popular, por falta de jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero. Rechazar la acci\u00f3n popular rese\u00f1ada en el encabezado de esta providencia, en virtud del fuero de que es beneficiaria la Embajada de Francia en Colombia, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
Segundo. Por Secretar\u00eda, se deber\u00e1 dar cumplimiento al art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso, y dejar las constancias a que haya lugar. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Adicionado por el art\u00edculo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015. <\/p>\n
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AC1949-2023 (2023-02487-00) AC1949-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02487-00 Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANTECEDENTES 1. El actor promueve acci\u00f3n colectiva para que se protejan las garant\u00edas constitucionales descritas en su escrito de postulaci\u00f3n y, como consecuencia, se adopten los siguientes pronunciamientos: PRIMERO. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-74428","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74428","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74428"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74428\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74428"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74428"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74428"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}